REFORMA CONSTITUCIONAL: UNA PUESTA EN ESCENA CONSERVADORA

Por Mario Sosa

Desde la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en asuntos relacionados con el deterioro, debilidad, deficiencia e ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen político supuestamente democrático. 

Desde este enfoque, el problema del sistema de partidos políticos se ubica en las deficiencias de institucionalización que estos presentan, por lo que se requiere promover cambios legales y esfuerzos que permitan su capacitación, transparencia y democratización. A partir de ahí, se afirma, será posible que los partidos cumplan con sus funciones de intermediación, representación y agregación de intereses, y con su tarea de ser vehículos idóneos para la competencia electoral.

Es desde esta perspectiva que los organismos ejecutivo, legislativo y judicial,  hicieron pública la propuesta de reformas constitucionales relacionadas con el sistema de justicia y lanzaron la convocatoria al “Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia”. Lo efectuaron conjuntamente con el Ministerio Público, el Procurador de Derechos Humanos, y con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH-, y de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

Proponen cambios constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. En específico pretenden fortalecer la independencia judicial y dotar al sistema de nuevas normas, capacidades, roles, procedimientos y mecanismos que permitan transparentar y hacer eficiente la función de las distintas entidades de justicia. En esa dirección proponen instituir la carrera judicial y el servicio civil, supresión del antejuicio para algunos funcionarios públicos, reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas, entre otras propuestas.

Aun cuando algunas de estas reformas pudieran ser benéficas para el sistema de justicia, lo cierto es que no han sido del consenso ni siquiera de los proponentes, siendo las desavenencias entre organismos del Estado en materia de antejuicio para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales para los pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada y, por consiguiente, su impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado por la carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado. Como ejemplo, sólo la baja carga impositiva resulta un problema para garantizar eficiencia y eficacia en el sistema de justicia.

Como parte del llamado “diálogo nacional”, sobresale el espacio de las mesas de trabajo que se realizan a partir de mecanismos y preguntas delimitadas por quienes convocan. Tales mesas de trabajo hacen parte de un proceso en el cual, los distintos actores interesados en intervenir, han sido excluidos de participar en la formulación de la propuesta inicial y en el diseño del proceso. Lo previsto es que las opiniones de quienes participan en tales mesas, serán incluidas, mediadas o despreciadas por la visión y el interés de los organismos convocantes y los funcionarios que persiguen apoyo para la propuesta y quienes finalmente decidirán al respecto.

En el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento limitado al sistema jurídico de los pueblos indígenas, es previsible que esta sea objeto de reformulación para acotar los cambios propuestos o sea excluida finalmente, siendo el veto al respecto expresado por la oligarquía y por quienes operan el paradigma jurídico imperante en el Estado.

Desde un inicio, además, se excluyó cualquier posibilidad para propuestas y demandas  relacionadas con reformas constitucionales integrales o con un nuevo proceso constituyente del cual surja una nueva constitución política, que implique la concreción de un nuevo pacto social que nos enrumbe al futuro sin el tutelaje imperial y sin el yugo oligárquico y racista.

Estamos entonces, ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con una metodología que limita la participación protagónica de los distintos sujetos que integran la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían llamados a pensar y acordar tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios integrales y transformadores, que trascienden el marco desde el cual están siendo planteadas las reformas en materia de justicia.

En todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de reforma constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales reformas por el Congreso de la República y, posteriormente, la consulta popular. Ya veremos qué sucede cuando tales reformas lleguen a manos del actual organismo legislativo y cuando se despliegue con toda su capacidad la estrategia de condicionamiento y vetos de la oligarquía local.

https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-constitucional-una-puesta-en-escena-conservadora

http://connuestraamerica.blogspot.com/2016/05/reforma-constitucional-en-guatemala-una.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212749

http://www.alainet.org/es/articulo/177708

REFORMA, REFUNDACIÓN Y CREACIÓN DE UN NUEVO ESTADO EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En varias ocasiones he afirmado que este Estado no nos sirve y nunca nos ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este país.

Los profundos y extensos problemas nacionales, los indicadores sociales y las demandas y reivindicaciones de diversos sujetos sociales así lo confirman. El Estado ha sido útil, no obstante, para una oligarquía que, mediante su control y dirección estratégica, ha garantizado un modelo de acumulación de capital, un régimen político y una hegemonía que garantizan su reproducción como clase dominante.

Siendo el Estado la concreción de una correlación de fuerzas históricas, se constata que la gran ganadora ha sido la oligarquía. Esa oligarquía que hoy se configura principalmente a partir de grupos corporativos en proceso de expansión local y transnacional, controlados por familias autoidentificadas como criollas y blancas, cuyo paradigma de sociedad está afincado en su origen español, en su supuesta superioridad racial y en el Occidente consumista y degradado de Miami o del cliché de la cultura europea. Esa oligarquía que tiene en el Cacif a su principal partido político (en sentido gramsciano), a la mayoría de instituciones políticas (partidos políticos en sentido liberal-institucionalista) como operadores en los organismos Legislativo y Ejecutivo, oficinas de abogados corporativos como principales operadores en el Organismo Judicial y medios de difusión masiva como principales instrumentos para la construcción de hegemonía. Circula en su entorno otro conjunto de actores que intentan antagonizar y negociar cuotas de acumulación tanto en el ámbito de la economía como en el Estado.

Estamos ante un Estado construido como un aparato de clase para garantizar los intereses de esa oligarquía que, en tanto núcleo dirigente principal de la burguesía local, ha sabido sortear las crisis en las cuales su poder ha sido impugnado y ha sorteado hábilmente las estrategias reformistas o revolucionarias. Es este Estado el que está en cuestionamiento y en disputa.

Por un lado, quienes controlan el régimen (entre los que habrá que incluir la Embajada de Estados Unidos) pretenden una reforma limitada al sector justicia tal que permita un respiro al sistema por la vía de cambios acotados predispuestos, de un supuesto diálogo que limite la participación de sujetos sociales y de un procedimiento que deje en manos de un Congreso cuestionable la aprobación final y la convocatoria a consulta popular. Es una reforma que persigue hacer gobernable la implementación de planes económicos y geoestratégicos.

Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este Estado. En general, unos se orientan por una vía de reforma constitucional integral, que se oriente a disminuir el poder de la oligarquía y democratice la economía y la competencia por el control de los organismos del Estado. Otros, si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por una asamblea nacional constituyente que permita la redacción de una Constitución Política nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y popular, es decir, una estrategia democrática y de ruptura.

En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1992), quien después de intentar un golpe de Estado salió del país a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta de la cual se han desmarcado sujetos que proponen un nuevo Estado plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que pretenden reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de poder dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos históricos que pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un nuevo Estado.

https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-refundacion-y-creacion-de-un-nuevo-estado-en-guatemala

http://www.alainet.org/es/articulo/177554

CRIMINALIZACIÓN DE LA RESISTENCIA SOCIAL EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En los últimos tres lustros se ha incrementado la resistencia social de comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales a los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, de palma aceitera, caña de azúcar, banano, entre otros, que son expresión de un modelo de acumulación, mal llamado de desarrollo.

Dicha resistencia es objeto de una política de criminalización, en la cual se articulan empresas interesadas en mermar la protesta contra la expansión e intensificación del extractivismo, el Estado que facilita la acumulación de capital y un conjunto de aparatos ideológicos entre los cuales se cuentan medios masivos de difusión, fundaciones, oenegés y operadores políticos, judiciales y periodistas.

Como parte de la mascarada son contratados abogados corporativos que accionan a partir de la fabricación de cargos criminales, tales como: injuria, difamación, hurto, secuestro, intento de asesinato, hasta acusaciones de terrorismo. Esto forma parte de procesos planificados de acusación y persecución judicial, como también de acciones de intimidación y amenaza, represión policial y militar, y no pocos atentados y ejecuciones extrajudiciales[1]. Así se explica la persecución penal en contra de Daniel Pascual[2] y el apresamiento político –camuflado  de judicial–  de dirigentes sociales entre los cuales están: Rigoberto Juárez, Arturo Pablo, Ermitaño López, Rigoberto Patzán, Domingo Baltazar, Mynor López, Adalberto Villatoro, Chico Palas, Alonzo de Jesús Torres, Valerio Carrillo y Jorge Lopez.[3] El asesinato de Walter Méndez, presidente de la Cooperativa La Lucha (Las Cruces, Petén), ocurrido el 16 de marzo del presente año, y el de Diego Esteban, comunicador en la radio Sembrador y parte de la lucha contra proyectos hidroeléctricos (Ixcán, El Quiché), sucedido el primero de mayo, constituyen casos de ejecución extrajudicial con fuertes indicios de ser resultado de esta política represiva. En todos los casos estamos ante la criminalización y represión de defensores del derecho al agua, a la madre tierra, al territorio, a la vida y a la libertad de expresión del pensamiento.

¿Qué evidencia la estrategia de criminalización y represión contra la resistencia social al modelo de acumulación de capital? Evidencia un Estado que penaliza el derecho a defender derechos reconocidos por la Constitución Política y en convenios internacionales ratificados por Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT que faculta a los pueblos indígenas para decidir sobre su propio desarrollo y sobre proyectos que pudieran afectarles, como los mineros, hidroeléctricos, etc. Asimismo, la existencia de actores empresariales y estatales que reprimen y criminalizan a luchadores y líderes sociales con el objetivo de garantizar intereses de empresas locales y transnacionales. También un Estado que, por acción y omisión, viola derechos humanos e incumple sus deberes constitucionales para garantizar el bien común.

Ahora que se discuten reformas constitucionales en materia de justicia –fundamentalmente de corte  institucional–, la pregunta que surge es si estas serán suficientes o se necesita un nuevo Estado. A la luz de las injusticias que se plasman en la criminalización de la resistencia social, enraizadas en el modelo de acumulación de capital, creo que se necesita un nuevo Estado que nos garantice un modelo económico que priorice al ser humano y la madre tierra.

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[1] Al menos 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2013, algo que hace suponer una política contra el  sindicalismo y sus luchas. Red de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala2015, (Guatemala: RDDHG, 2016).

[2] Véase Mario Sosa, “Daniel Pascual, perseguido político en Guatemala”, Plaza Pública, 4 de mayo de 2016, acceso el 6 de mayo de 2016,  https://www.plazapublica.com.gt/content/daniel-pascual-perseguido-politico-en-guatemala.

[3] En Huehuetenango se reportan diecinueve defensores del territorio encarcelados injustamente entre el 2 de mayo de 2012 a la fecha.

DANIEL PASCUAL, PERSEGUIDO POLÍTICO EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Daniel Pascual, hombre k’iche’, es dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas de Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.

Desde sus inicios en el CUC, Daniel se ha distinguido por su compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas agrarias y rurales para beneficio del campesinado y de las comunidades indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y por sucesivos gobiernos.

Daniel ha participado en la conducción de luchas contra políticas y leyes nocivas, de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional, como la llamada ley Monsanto y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, cuyos impactos significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural. Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los territorios indígenas ante la embestida extractivista. La última de estas luchas fue la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.

En la actualidad, Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es objeto de un proceso de criminalización. Esto forma parte de la persecución contra el movimiento campesino e indígena y las comunidades y los pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los proyectos y a las políticas extractivas.

Daniel es acusado de supuestas injuria, difamación y calumnia. Lo acusa Ricardo Méndez Ruiz, exmilitar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la Fundación contra el Terrorismo, financiada por empresarios, realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.

No hay duda de que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma esto porque la denuncia contra Daniel se origina en declaraciones emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del pensamiento y en su legítimo derecho a expresar su apoyo a la resistencia de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En especial, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez Ruiz, lo acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente campesino. Es evidente también su pretensión de inmovilizar políticamente a Daniel Pascual, ya que persigue que sea objeto de arraigo y embargo de sus bienes[1].

Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía ordinaria del Código Penal y con la intervención de un tribunal de imprenta, y no por la Ley constitucional de Emisión del Pensamiento. En este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel con el argumento de que la ley mencionada solo se aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la Constitución Política en esta materia. Por esta razón, la jueza Toaspern fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.

La Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías procesales. Actualmente está en manos de la Corte de Constitucionalidad resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.

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[1] Sobre Méndez Ruiz pesa una sanción por incitación al odio contra activistas de derechos humanos emitida en 2013 por el Procurador de los Derechos Humanos.

https://www.plazapublica.com.gt/content/daniel-pascual-perseguido-politico-en-guatemala

http://www.alainet.org/es/articulo/177209

http://www.movimientos.org/es/content/daniel-pascual-perseguido-pol%C3%ADtico-en-guatemala

LA MARCHA POR EL AGUA: UNA LUCHA ESTRATÉGICA DE TODOS

Por Mario Sosa

Desde el 11 de abril han empezado a movilizarse miles de guatemaltecas y guatemaltecos que han decidido caminar cientos de kilómetros como parte de una lucha que es vital y estratégica: la lucha por el agua. Esta movilización ha sido denominada Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida y se desarrolla en tres vertientes que iniciaron su recorrido desde Tecún Umán (San Marcos), Purulhá (Baja Verapaz) y La Mesilla (Huehuetenango).

La marcha, organizada por la Asamblea Social y Popular (ASP), a la cual se han sumado un sinnúmero de organizaciones, comunidades y barrios, tiene argumentos sólidos para realizarse. La misma ASP plantea que el 97 % de las fuentes de agua dulce del país están contaminadas y que la desertificación en el país actualmente sobrepasa los 20 000 kilómetros cuadrados (18.5 % del territorio).

Así las cosas, la marcha resulta fundamental como movilización y protesta ciudadana. En primer lugar, porque cientos de comunidades, barrios y colonias padecen la falta de acceso a agua, originada del avance en la apropiación legal e ilegal del agua que empresas capitalistas han estado realizando con el objetivo de garantizar el riego de sus cultivos de caña de azúcar, café, palma aceitera, banano, y la producción de bebidas embotelladas, entre otros. Cientos de comunidades están siendo despojadas de sus fuentes naturales de aprovisionamiento del vital líquido, ríos y riachuelos, lagunas y lagos, sin que las autoridades nacionales y municipales hagan nada al respecto. Más allá, las ciudades pequeñas, intermedias y grandes estamos sufriendo también de ese despojo, ya que dependemos de tales fuentes para surtir nuestros sistemas de aprovisionamiento de agua potable.

Esta problemática también se expresa en otros datos aportados por la ASP, que afirma: «Con relación a las actividades económicas y al uso del agua, para el 2003 la agricultura y la ganadería utilizaron el 53 % del agua, las industrias el 30 % y el suministro de electricidad, gas y agua el 12 %. Si se habla del uso del agua en riego de cultivos agrícolas, solo la caña de azúcar y la palma de aceite (o africana) consumieron el 61 % para el 2010, y el banano, el plátano y el melón, el 22 %, en cuyos casos la mayor fuente utilizada son los ríos. Siendo que la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano han ampliado su área de producción, en el 2016 consumen más agua en riego en comparación con el 2010, año en el que consumieron entre el 55 y el 63 % del agua utilizada por las actividades económicas en general. Le siguen la producción de melón con el 3.35 % y de mango con 2.14 %. Mientras, la extracción de agua para uso doméstico es solo del 3 % aproximadamente»[1].

Los efectos, asimismo, se hacen sentir sobre la agricultura familiar y la economía campesina, de las cuales dependen cientos de miles de familias en el país. Estos ámbitos de producción alimentaria se ven imposibilitados de irrigar sus cultivos y padecen la destrucción de sus territorios, ya que ríos robados y desviados hacia las grandes fincas y hacia los agronegocios impiden la irrigación natural de aquellos, con los consiguientes efectos sobre la vida animal y vegetal y sobre la productividad de quienes proveen de alimentos a todo el país.

Complementariamente, Gobiernos municipales —como el encabezado por Álvaro Arzú en la capital— dirigen una política que prioriza la provisión de agua al gran negocio y a las colonias de la burguesía, mientras deja en la escasez a los barrios y a las colonias marginales y populares. Mientras, toleran la contaminación de ríos, lagunas y lagos y son incapaces de garantizar el tratamiento de las aguas y la provisión de agua potable a toda la ciudadanía.

Esto sucede en un contexto donde el Estado capitalista desarrolla una política que permite y facilita el despojo de las aguas y su contaminación y reprime la protesta social cuando se levantan exigencias y luchas ciudadanas ante la indefensión que padece la inmensa mayoría de comunidades, barrios y colonias.

En vista de que el capitalismo y el Estado capitalista están negando y violando el derecho humano al agua, la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida se justifica y se legitima plenamente.

La Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida es una lucha estratégica de todas y todos. Siendo así, como ciudadanas y ciudadanos conscientes sobre la problemática del agua, debemos organizarnos, solidarizarnos y sumarnos a la marcha, que llegará a la capital el 22 de abril.

Levantemos nuestra voz para resolver un problema de carácter nacional y estratégico que afecta nuestra propia supervivencia como sociedad.

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[1] Estos datos coinciden con información aportada por estudios del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de Guatemala y del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar, disponibles en sus respectivas páginas electrónicas.

En: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-marcha-por-el-agua-una-lucha-estrategica-de-todos

OTRO ESTADO: EL PROBLEMA DEL SUJETO

PONENCIA PRESENTADA A LA IV JORNADA DE HISTORIA RECIENTE

Escuela de Historia (USAC) y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

6 y 7 de de abril

Guatemala

CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON LEÓN ENRIQUE ÁVILA Y AGUSTÍN ÁVILA ROMERO DE LA UNICH

El Grupo de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), manifiesta su profunda preocupación por las acciones de desprestigio, hostigamiento, acoso laboral y acciones penales en contra de nuestros compañeros León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero, así como de Yaneth Rosario Cruz, Alejandra Álvarez, Valentín Arguello, José Luna Jimenez, Edith Vásquez, Oliver Rodríguez Gómez, todos profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Como autores de estos hechos han sido señalados el actual Rector de la Unich, Miguel Angel Yáñez, quien también es señalado por prácticas incoherentes con el carácter y fines de una universidad como la Unich. Asimismo es señalado el gobernador del Estado de Chiapas. Las posibles causas de estos ataques se debe a la acción de denuncia por la reducción en el presupuesto de la Unich que se ha implementado desde la gobernación de dicho Estado y por el boicot que realizó la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas a la presentación del libro de John Ackerman.  

En particular León Enrique Ávila y Agustín Ávila Romero son académicos largamente conocidos por nosotros. Damos fe de su capacidad investigativa y docente, su compromiso social y su consecuencia con la defensa de los derechos a la vida, al territorio de los pueblos originarios y al ambiente. Su participación en los Grupos de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) son una parte de su reconocido trabajo y su compromiso.

Como Grupo de Trabajo de CLACSO, expresamos la más completa  solidaridad para León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero y los demás académicos que son objeto de persecuciones, ataques laborales y amenzas de judicialización por no ser afines a las políticas cuestionables del actual rector de la Unich. Asimismo, respaldamos las acciones de los profesores y su lucha por evitar que se disminuya el presupuesto público de la universidad y por minar su valioso papel en la formación e investigación social comprometida con las culturas y prácticas de las comunidades indígenas. Exigimos el cese de hostilidades y la desacreditación y calumnias contra nuestros compañeros.

2 de marzo de 2016.

                                                                   

Mario E. Sosa V.                                            Eraldo da Silva Ramos Filho

Investigador Universidad Rafael Landívar           Investigador U. Federal de Sergipe

Coordinador Grupo de Trabajo                          CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON

LEÓN ENRIQUE ÁVILA Y AGUSTÍN ÁVILA ROMERO DE LA UNICH

El Grupo de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), manifiesta su profunda preocupación por las acciones de desprestigio, hostigamiento, acoso laboral y acciones penales en contra de nuestros compañeros León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero, así como de Yaneth Rosario Cruz, Alejandra Álvarez, Valentín Arguello, José Luna Jimenez, Edith Vásquez, Oliver Rodríguez Gómez, todos profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Como autores de estos hechos han sido señalados el actual Rector de la Unich, Miguel Angel Yáñez, quien también es señalado por prácticas incoherentes con el carácter y fines de una universidad como la Unich. Asimismo es señalado el gobernador del Estado de Chiapas. Las posibles causas de estos ataques se debe a la acción de denuncia por la reducción en el presupuesto de la Unich que se ha implementado desde la gobernación de dicho Estado y por el boicot que realizó la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas a la presentación del libro de John Ackerman.  

En particular León Enrique Ávila y Agustín Ávila Romero son académicos largamente conocidos por nosotros. Damos fe de su capacidad investigativa y docente, su compromiso social y su consecuencia con la defensa de los derechos a la vida, al territorio de los pueblos originarios y al ambiente. Su participación en los Grupos de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) son una parte de su reconocido trabajo y su compromiso.

Como Grupo de Trabajo de CLACSO, expresamos la más completa  solidaridad para León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero y los demás académicos que son objeto de persecuciones, ataques laborales y amenzas de judicialización por no ser afines a las políticas cuestionables del actual rector de la Unich. Asimismo, respaldamos las acciones de los profesores y su lucha por evitar que se disminuya el presupuesto público de la universidad y por minar su valioso papel en la formación e investigación social comprometida con las culturas y prácticas de las comunidades indígenas. Exigimos el cese de hostilidades y la desacreditación y calumnias contra nuestros compañeros.

2 de marzo de 2016.

                                                                   

Mario E. Sosa V.                                          Eraldo da Silva Ramos Filho

Coordinador Grupo de Trabajo                        Coordinador Grupo de Trabajo

Gabriel Tobón Quintero                                 Stalin Gonzalo Herrera

Coordinador Grupo de Trabajo                        Coordinador Grupo de Trabajo

Crisis en Guatemala: entre movilización popular e intereses geopolíticos de EEUU

POR REDACCIÓN · 1 SEPTIEMBRE, 2015

http://www.urng-maiz.org.gt/2015/09/crisis-en-guatemala-entre-movilizacion-popular-e-intereses-geopoliticos-de-eeuu/ 

Desde hace meses que Guatemala se encuentra inmersa en una profunda crisis institucional. Mario Sosa investigador y docente en la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos de Guatemala, analizó los factores históricos, así como también internos y externos que desencadenaron la situación actual.

Entrevistado por el programa radial L’Ombelico del Mondo, Sosa explicó lo que ha generado la revelación de la red de corrupción conocida como “La Línea” en el mes de abril que desencadenó la renuncia de diversos funcionarios nacionales -incluida la vicepresidenta del país-, así como también enormes movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la suspensión de las elecciones del próximo 6 de septiembre.

- ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha venido sucediendo las últimas semanas en el país, incluida la detención de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti?

– A partir del descubrimiento de “La Línea”, esta red criminal que se ocupaba de operar la evasión de impuestos para medianos y grandes empresarios en el país, se inicia un momento político trascendental porque se logra determinar la implicación de funcionarios públicos de todos los niveles que están involucrados en este caso de corrupción pero también en otros dentro del Estado.

Esto responde a varios factores. Uno tiene que ver con que el Estado acepta la continuidad, presencia y apoyo en materia de investigación criminal de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que es un organismo de Naciones Unidas. Este organismo logró determinar la existencia y pruebas que incriminan a este conjunto de funcionarios.

Dos, estos hechos vienen a formar parte de una disputa de poder por el control del Estado. Por un lado entre la vieja oligarquía -que históricamente lo controló en función de sus intereses- y una burguesía emergente que se fue asentando a la luz de negocios regionales, la evasión de impuestos y sus vínculos con el narcotráfico.

La Línea es una estructura que tiene su origen en los 80 y venía gestándose producto de estos vínculos de la burguesía. Entonces forma parte de estas estructuras de poder económico reciente que le están disputando el control del Estado a la vieja oligarquía.

Pero lo que revela la existencia de esta red, es la crisis en que se encuentra el Estado y el sistema político guatemalteco… Se ha instalado en el control del poder legislativo y ejecutivo una clase política rentista que busca reproducirse y mantenerse en esos organismos de poder para generar una serie de negocios que les permitan acumular riqueza. Y aquí hay que hablar no solo de los políticos per se, sino también de esa burguesía que se ha beneficiado de esta situación.

También hay que decir que está en crisis un Estado que ha venido siendo cuestionado por múltiples factores: porque no está garantizando el bien común; porque ha estado facilitando sobre todo las actividades económicas de carácter extractivo (que son un vil despojo de los recursos del país); porque ha seguido reprimiendo a sujetos colectivos como los pueblos indígenas, el campesinado, entre otros.

Todo eso está entrando en juego en este nuevo momento político de Guatemala. Además,  la movilización tiene como punto central la renuncia del presidente y el enjuiciamiento tanto de él como de todos los funcionarios implicados.

- Estamos hablando de un caso de corrupción enorme junto con una movilización y paro nacional que exige la renuncia del presidente Otto Pérez Molina a pocos días de las elecciones ¿cuál es el escenario, en este contexto, para el desarrollo de los comicios?

– El actual presidente goza de pocos apoyos. Tiene el respaldo de una fracción de altos oficiales del ejército y en el gobierno tiene una alianza con el partido que hasta este momento ha encabezado las encuestas de cara a las elecciones del 6 de septiembre. Son los factores que lo sostienen en el poder.

Pérez Molina ha estado insistiendo en que no renuncia y se somete al proceso de antejuicio que abriría la posibilidad para que entonces comience el proceso judicial en su contra. La negativa a renunciar genera que la ciudadanía se exacerbe y convoque movilizaciones tan importantes e históricas como las que estamos viendo.

De cara a las elecciones lo que se ha venido dando es un proceso de profundización en el cuestionamiento, no sólo a la clase política rentista, si no del sistema de partidos en su conjunto y del proceso electoral.

En este momento hay elementos para afirmar que estas elecciones tienen un carácter fraudulento, ilegal e ilegítimo. Por eso hay una exigencia ciudadana para que los comicios se pospongan y se aprueben reformas a la ley electoral y de partidos políticos que una vez en vigencia permitan una nueva convocatoria.

Este cuestionamiento podría devenir en un boicot a las elecciones. Adicionalmente se han venido dando signos de violencia política entre partidos que pueden acompañar la tónica del proceso electoral.

Se prevé entonces que las elecciones, que en otro momento pudieran haber sido la forma de resolver o aminorar la crisis, en este momento podría ser parte del problema, por lo que la crisis podría profundizarse y extenderse.

- Durante el último año en varios países centroamericanos se ha dado una situación similar. El presidente hondureño está siendo cuestionado justamente por haberse hecho de dinero del seguro social para su campaña. En Costa Rica y Panamá también ha habido casos similares. Lo de Guatemala es quizás el proceso más avanzado. ¿Cómo analiza esto que está pasando con los liderazgos y gobiernos en Centroamérica que tienen esta pauta tan común respecto a la corrupción?

– Se han desarrollado políticas y se han estado implementando dinámicas institucionales que han revelado un fenómeno que históricamente se ha dado dentro de los Estados centroamericanos que es la corrupción.

Para el caso guatemalteco tendríamos que remontarnos a la dictadura donde los militares utilizaron al Estado para enriquecerse y aburguesarse.

A partir del momento en que entra en vigencia, en 1985, la Constitución que actualmente nos rige, se instalan gobiernos democráticos, entre comillas, que también utilizaron al Estado en beneficio personal y para beneficiar a las distintas expresiones del capital local y transnacional.

En la actualidad hay planes también de carácter geoestratégico avanzando sobre nosotros. Estados Unidos en este momento pretende implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centro América que tiene varios objetivos. Primero contener el avance de los procesos de cambio y transformación social que provienen de América del Sur. Es un esfuerzo para que de Nicaragua no pase el avance de estos movimientos que como sabemos han mermado la capacidad de control de EEUU sobre la región en su conjunto. Segundo, es evidente que Washington pretende contener también el avance de capitales chinos y rusos.

Entonces la descomposición institucional podría ser un elemento explicativo secundario ante los planes geoestratégicos que se expresan en esto que está ocurriendo.  La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que es un plan impuesto por EEUU, implica a Honduras, El Salvador y Guatemala. Pretende contener la inmigración de centroamericanos a EEUU y generar condiciones de seguridad y gobernabilidad que sean manejables.

La solución aparente es la presencia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que en materia de investigación criminal ha presionado al Ministerio Público para que cumpla con su razón de ser. Es esta misma comisión la que está siendo promovida en Honduras y El Salvador. ¿Quién la promueve? Las embajadas de EEUU en esos países.

Más allá de lo benéfico que ha sido esta Comisión para el caso guatemalteco, hay planes a nivel centroamericano en los cuales este tipo de figuras externas de investigación criminal están queriéndose implementar en función de garantizar ciertos controles desde EEUU.

Desafíos en materia de reforma del Estado en Guatemala

Por Mario Sosa*

En las últimas semanas se han renovado, han sido propuestas o se han concretado distintas iniciativas de reforma política y, en algunos casos, cambios que pasan por la reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.

En el marco de la crisis política vivida en el país entre abril y septiembre de 2015, finalmente se abrió paso la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Político procedente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual contenía algunos insumos provenientes de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta propuesta, aprobada en las primeras instancias legislativas, fue cuestionada por distintas representaciones populares, indígenas, campesinas y académicas que exigían cambios más profundos, pero también apoyada por otro conjunto de actores procedente de corrientes institucionalistas y proclives al avance de reformas mínimas.

Las reformas a dicha ley, antes de ser aprobadas en definitiva y como mecanismo para aminorar las presiones al Congreso de la República, fueron enviadas a consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC). Dicho organismo dictaminó recientemente que limitar la reelección de diputados y la postulación de disputados distritales a través de comités cívicos departamentales podía ser considerado inconstitucional. No obstante, dio opinión favorable al voto de guatemaltecos en el extranjero, la representación de minorías en la dirección de los partidos políticos, la postulación “igualitaria” de hombres y mujeres en los listados de candidaturas y al límite parcial al transfuguismo político, entre otros. Estos cambios a la ley, de aprobarse finalmente en el Congreso, resultan sin duda importantes pero insuficientes para pensar que se está ante una reforma profunda del sistema político guatemalteco.

Asimismo han surgido propuestas de reformas en materia de justicia. En particular, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público fueron aprobadas el 23 de febrero, después que el partido oficial y sus aliados en el Congreso intentaron cercenarla y desvirtuarla, en particular, condicionando la investigación criminal autónoma del Ministerio Público (MP). También se avanzó con la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y han sido planteadas otras propuestas relacionadas con el servicio civil y el régimen de compras y contrataciones del Estado.

Sin embargo, tales reformas aprobadas o en discusión resultan secundarias e insuficientes para repensar en el régimen político, siendo que es ahí donde se encuentra el meollo de las crisis y los nudos problemáticos fundamentales del Estado guatemalteco. En ese sentido, en las últimas semanas han surgido dos propuestas de reforma a la Constitución Política, que se suman a las divulgadas previo a darse el relevo gubernamental en el mes de enero. Una de ellas provino de un bloque de diputados trásfugas provenientes del partido Lider, organizados como bloque PRO, el cual adujó la necesidad de discutir asuntos superficiales y secundarios como el número de diputados en el Congreso de la República y la pena de muerte. Dicho bloque rápidamente se integró a la bancada oficialista, con lo cual dicha propuesta pareciera haber perdido soporte. La segunda propuesta plantea un proceso del cual surgirían cambios al sistema de justicia y reformas limitadas a la Constitución Política las cuales serían decididas por el Congreso de la República a la Constitución y puestas a referendo popular posteriormente. Este proceso tendría como objeto de diálogo, discusión y formulación reformas a leyes ordinarias y a la Constitución Política. La propuesta proviene del MP, el Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Es indudable que todas estas propuestas se orientan a lograr el fortalecimiento del sistema político y parten del supuesto que dicho sistema, como vehículo del régimen político, es un factor que impide la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia. A partir de ahí se plantea la necesidad de resolver nudos problemáticos que permitan la existencia de un organismo legislativo que legisle ágil y con coherencia con la problemática identificada, un organismo ejecutivo efectivo en materia de políticas públicas y un organismo judicial que sea eficaz en la administración de justicia. Claro está, los actores que lo promueven parten de concepciones enmarcadas en el establishment y tienen los recursos y condiciones institucionales para influir y que tipo de propuestas puedan abrirse cauce.

Más allá de lo que pudieran perseguir y el alcance de cada propuesta, vale decir que todas parten de la idea que el régimen político es perfectible. En su contenido ninguna de ellas plantea resolver integral y radicalmente las falencias y contradicciones de un Estado que, después de más de treinta años de la actual Constitución Política, está demostrando sus límites históricos para garantizar el bien común, para responder a las características de la sociedad guatemalteca y menos para dar respuesta a las demandas y derechos de los grupos, clases sociales y pueblos mayoritarios. Y esto es así, porque tampoco gestan la posibilidad para una correlación de fuerzas históricamente novedosa. Contrariamente, mantienen y consolidan el poder de los sujetos empresariales, mafiosos y rentistas que se relevan en el control del aparto público.

En tal sentido, pensar en la transformación del Estado y, por consiguiente, del régimen político en dirección a construir un país con justicia social, donde prime el bien común y el interés real de las grandes mayorías, requiere plantearse tres desafíos de primer orden en el proceso de formulación de propuestas.

1. La necesidad de una reforma profunda para garantizar el cambio de modelo económico, el cual a lo largo de las últimas décadas muestra como principal resultado la reproducción y crecimiento de la miseria en términos absolutos y relativos. Y esto se debe al acaparamiento por parte de grupos corporativos locales y empresas transnacionales de los medios de producción como la tierra, del capital dinerario como sucede con el crédito, al expolio y deterioro de los bienes naturales y la naturaleza, el atraso de las fuerzas productivas y la concentración de poder en el control de los sectores económicos. Asimismo se debe a una política económica que garantiza el raquítico pero importante crecimiento económico, la concentración de la riqueza socialmente producida y la reproducción de políticas para beneficio de la clase dominante, contraria al interés público y al bien común. Esto conlleva la imposibilidad de garantizar medios de trabajo, empleo y salario digno para las mayorías empobrecidas, lo que orilla a la implacable y riesgosa emigración, a la “escogencia” de opciones precarias en la economía informal e, inclusive, del crimen organizado.

2. El segundo desafío concierne al régimen político, que se concretiza en un Estado con un carácter y una orientación determinada por el interés del gran capital local y transnacional, y supeditado a poderes extranjeros como el de la Embajada de EE.UU. Asimismo, por un sistema de partidos dominado por la cooptación empresarial y mafiosa, por el interés y práctica rentista de los políticos y los partidos políticos, y por el clientelismo, cacicazgo y la corrupción como relaciones articuladoras fundamentales; es decir, un Estado en el cual predomina la defensa de un establishment profundamente antidemocrático. Eso impide que dicho sistema logre siquiera hacer efectivos los principios liberales de la representación política, la intermediación y la agregación de intereses de los grupos mayoritarios y de las minorías excluidas y marginadas.

3. El tercer desafío se relaciona con el proceso de formulación de propuestas de reforma política para la construcción de un Estado democrático o un Estado distinto al actual. Esto refiere a las condiciones, los sujetos y el proceso que son fundamentales para tales cambios. En ese orden, el conjunto de actores vinculados el establishment proponen –o imponen- como límite reformas que debieran ser aprobadas por el Congreso de la República, cerrando el paso a propuestas y demandas de una Asamblea Nacional Constituyente que, inclusive, pudiera trastocar los llamados artículos pétreos, que el poder soberano del pueblo pudiera requerir sean superados. De forma implícita o explícita se le niega a sujetos sociales, como los pueblos indígenas, la clase campesina, etc. ser parte fundamental en la concepción y acuerdo para un nuevo pacto social, pues esto implica abrir paso al interés y propuesta que de ellos emanan y que antagonizan con los intereses de la clase dominante y el dominio externo en Guatemala. Por último, se establecen procedimientos pensados e institucionalizados con concepciones y políticas restrictivas, por quienes definen el proceso y las condiciones del diálogo, discusión y formulación de las propuestas.

Es evidente que el conjunto de propuestas que se abren paso, están siendo hechas por tecnócratas o por pequeñas élites que creen saber cuál es el curso que debiera tener la reforma o la transformación política del país. Al extremo, son gestadas a puerta cerrada, excluyendo a sujetos sociales de primer orden como los pueblos indígenas, se plantean como procesos de diálogo nacional mientras se integran comisiones a dedo y se expresan planteamientos autoritarios que predeterminan el alcance y límite que debieran tener tales reformas. Y lo más grave, están siendo tuteladas desde representaciones diplomáticas injerencistas y organismos que operan reformas pensadas con objetivos geoestratégicos de potencias globales.

En tales procesos y propuestas se niega la necesidad de realizar una revisión profunda y radical al régimen político, por consiguiente, al Estado y al sistema político, tal y como ha sido planteado y demandado por múltiples sectores y organizaciones que, inclusive, están planteando la creación de un Estado democrático, popular, plurinacional y con justicia social.

Así las cosas, y tal como se pinta el panorama inmediato, lo que tendremos son reformas secundarias, que a lo sumo refuncionalizarán el actual régimen. Se continuarán negando las profundas falencias y contradicciones de un Estado que, por su carácter, impide la persecución del bien común y el interés público, pues lo supedita al interés del capital y de la clase dominante.

En estas condiciones hace falta que surja una fuerza política capaz de hacer avanzar esos cambios profundos y garantizar la representación, participación protagónica y propuesta de los sujetos históricamente dominados en la gestación de un nuevo Estado necesario.

* Investigador en el Instituto de Investigaciones y Proyección sobre el Estado, Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.

En:

Agencia Latinoamericana de Información http://www.alainet.org/es/articulo/175622
Plaza Pública https://www.plazapublica.com.gt/content/desafios-en-materia-de-reforma-del-estado-en-guatemala
Rebelion http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209347
Revista Albedrio http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-075.html
Revista Con Nuestra Amércia http://connuestraamerica.blogspot.com/2016/02/desafios-en-materia-de-reforma-del.html