Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de febrero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-041.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142909
http://www.kaosenlared.net/component/k2/itemlist/user/1626-marioenriquesosavel%C3%A1squez.html
http://alainet.org/active/52500&lang=es
Es evidente que se ha venido caminando por un sendero que lleva al despeñadero a la humanidad entera. Las pretensiones de dominio mundial y la estupidez de las elites de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros, nos están acercando a un enfrentamiento bélico con consecuencias impredecibles en su magnitud.
En su afán por apropiarse de recursos estratégicos, por controlar militarmente nuevos territorios y cercar el avance económico de potencias como China, Rusia e India, han avanzado en una estrategia de guerra en países como Irak, Afganistán, Libia, sin contar con aquellos países a los cuales controlan directamente a través del llamado gobierno indirecto o indirect rule, clásico de las ocupaciones coloniales.
En esa dirección, hoy se encuentran desplegando, además de su despliegue militar por el Golfo Pérsico, una ofensiva mediática, diplomática y económica, en contra de países como Siria e Irán principalmente. Un despliegue que está antecedido por declaraciones como las de Barack Obama, quien afirmó que Estados Unidos “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”[1]
Siria y su gobierno actual (2000-2012) habían sido aliados de Estados Unidos, hasta que este último decidió cambiar su política para controlar y apropiarse de los recursos de dicho territorio. Es decir, Estados Unidos fue sostén de un régimen dinástico y represivo, que hoy pretende derrocar a través del impulso de una campaña que –como sucedió recientemente en Libia– incluye: el financiamiento y asesoramiento militar de fuerzas insurgentes y la negación permanente de la negociación, el manejo de la Liga Árabe para avalar las sanciones y la intervención militar, declaraciones como las de la secretaria de Estado de EE.UU., Hilary Clinton, quien plantea que el actual presidente sirio, Al Asad, debe dejar el poder en manos de su vicepresidente, y la presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU legitime y legalice la intervención bélica. Más allá de una salida al régimen de Al Asad, al conflicto político-militar en marcha, y de gestar una alternativa soberana para que el pueblo sirio decida su propio destino, lo evidente es que está en marcha una intervención militar, tan genocida como en Irak, Afganistán y Libia, que han devenido –según los planes invasores– en ocupaciones militares y en la instauración de regímenes represivos y sumisos al saqueo por los países imperiales. Vale decir que frente a estos planes, Rusia y China se han opuesto hasta el momento y, como es evidente, por sus propios intereses que resultan amenazados.
Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea han decretado un bloqueo económico contra Irán, el cual ha sido contradicho por Rusia, China e India. Con la excusa del programa nuclear iraní (que dicho país ha afirmado es con el objetivo de producir energía necesaria para su desarrollo) y la acusación sobre el avance en la fabricación de armas atómicas (como acusaron a Irak de poseer armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas), dichas potencias han avanzado en su pretensión por doblegar y someter al país persa a su control y ordenanzas, objetivo que empata con las pretensiones expansionistas de Israel. Más allá de esto, es atendible la interpretación del diario mexicano La Jornada, que en su editorial del 30 de enero, sabiamente afirma que “… las potencias europeas y Estados Unidos buscan liquidar o cuando menos someter a un Estado con determinación independiente y soberana; por la otra, propiciar el surgimiento de nuevos escenarios bélicos o prebélicos, cuando las guerras contra Irak y Afganistán se encuentran agotadas, en un escenario de economías desesperadas en la que la industria militar parece ser la única capaz de sacar a los países de la Unión Europea (UE) del precipicio en el que los ha hundido la desmedida especulación financiera.” Es la expresión de lo que David Harvey denominaría acumulación por desposesión[2].
El bloqueo económico y las amenazas europeas de suspender la compra de petróleo iraní, han generado que el gobierno de dicho país advierta que se dispone a interrumpir el suministro de crudo a la región agresora. Asimismo, ante las amenazas bélicas que se han concretado en la presencia y despliegue militar estadounidense por el área, Irán también ha respondido con la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el flujo comercial petrolero hacia Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo.
Las agresiones a Siria e Irán indudablemente van contra el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos. Efectivamente, legitiman la respuesta que estos países pudieran implementar para derrotar la injerencia y la posible agresión militar. La intervención militar de EE.UU., de la Unión Europea y del mismo Israel, abren la posibilidad de un conflicto bélico de grandes dimensiones, especialmente por la capacidad militar de Irán, las insospechadas respuestas de otros pueblos en el mundo árabe y de potencias como Rusia, China e India al sentirse amenazadas.
De concretarse una agresión militar contra Siria e Irán, Estados Unidos y la Unión Europea avanzar en llevar al mundo hacia un punto de no retorno, en donde la seguridad y la subsistencia misma de la humanidad se ponen en peligro. Ante esto, los pueblos todos debemos levantar nuestra voz e impulsar acciones de distinto orden para derrotar las pretensiones y acciones imperiales, por instaurar regímenes respetuosos del derecho de los pueblos a la autodeterminación y porque la paz mundial prevalezca.
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[1] Ver el artículo “Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz” del 6 de enero de 2012 en www.albedrio.org
[2] Harvey, David (2007) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. En Socialist Register, CLACSO, Buenos Aires. bibliotecavirtual.clacso.org.arg/ar/libros/social/Harvey.pdf.
6 de febrero de 2012
Ríos Montt: un genocida en la antesala de su condena
Por Mario Sosa - Guatemala, 27 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-040.html
http://alainet.org/active/52371&lang=es
http://rebelion.org/noticia.php?id=143651
http://kaosenlared.net/component/k2/item/5667-ríos-montt-un-genocida-en-la-antesala-a-su-condena.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/general/113994/otro-genocida-que-paga
El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.
Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.
En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.
Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.
Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.
Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.
Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes, desde dentro y fuera del Estado, no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.
En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-040.html
http://alainet.org/active/52371&lang=es
http://rebelion.org/noticia.php?id=143651
http://kaosenlared.net/component/k2/item/5667-ríos-montt-un-genocida-en-la-antesala-a-su-condena.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/general/113994/otro-genocida-que-paga
El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.
Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.
En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.
Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.
Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.
Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.
Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes, desde dentro y fuera del Estado, no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.
En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.
La impunidad actual para un crimen imperial en Guatemala
Por Mario Sosa
11 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-038.html
http://www.alainet.org/active/52029&lang=es
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3479-la-impunidad-actual-para-un-crimen-imperial-en-guatemala.html
El año recién pasado se conoció públicamente de experimentos con seres humanos que Estados Unidos había realizado en Guatemala con la complicidad de algunas autoridades que formaban parte del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en el período de 1945 a 1951.
Tales experimentos consistieron en exponer a enfermedades de transmisión sexual a 2,082 guatemaltecos, cual ratones de laboratorio. Un acto a todas luces criminal, falto de ética y un acto de agravia a todo el pueblo guatemalteco, del cual tienen responsabilidad los funcionarios estatales de Estados Unidos como de Guatemala, a quienes el peso de la ley debiera aplicárseles con rigurosidad. Pero también son responsables ambos Estados, por concebir, aplicar o permitir la realización de este tipo de prácticas deleznables.
Estos hechos generaron durante el 2011, una investigación sobre la cual ya se rindió informe y donde se demuestran tales hechos. Han salido a luz pública, asimismo, las presiones para ocultar a responsables que todavía están vivos y que mantienen influencias de poder importantes. Es, en este caso como el de tantos otros, un círculo vicioso en el que se impone la injusticia y la reproducción del régimen imperante que se ensaña contra el indefenso y deja en la impunidad a los poderosos.
Ante lo evidente e incuestionable de las evidencias, el señor Obama, presidente de Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius secretaria de salud y servicios sociales del mismo país, hicieron públicas sus disculpas por tales experimentos. Pero como imperio es imperio, auto atribuyéndose y legislándose impunidad para sí, en noticias de la Agencia AP, del martes 10 de enero, se confirma que el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que las víctimas no pueden demandar a este país, sin importar –así lo afirma– lo vergonzoso que hayan sido los estudios. Asimismo, desde el Departamento de Justicia de dicho país, se argumenta que la “inmunidad soberana” protege a los funcionarios federales de salud de litigios resultantes del estudio. Dicho gobierno argumenta que la ley federal de reclamación de daños y perjuicios protege a Estados Unidos de demandas basadas en daños sufridos en el extranjero, aun si los actos que causaron los daños se planearon en Estados Unidos; esto no obstante que se violaron derechos humanos, que se violó la prohibición internacional de la experimentación médica en humanos sin consentimiento, tal y como lo hico el régimen nazi de Adolfo Hitler.
Más cosas veredes respetados lectores. El imperio debe ser cuestionado y su impunidad debe ser derrotada, y en esto tiene responsabilidad pública el Estado guatemalteco y los altos funcionarios públicos.
Como era de esperarse, la condena moral de muchos guatemaltecos y desde otras partes del mundo no se hizo esperar. Sí hace falta, en cambio, que el Ministerio Público, actúe de oficio persiguiendo a los responsables vivos e inicie o acompañe la demanda que las víctimas decidan impulsar.
Las declaraciones del presidente Alvaro Colom, quien se sumó a las demandas públicas de compensación a los sobrevivientes y sus descendientes por los posibles daños transmitidos, han sido acertadas pero insuficientes.
Al ser un asunto público, la responsabilidad ha estado tibiamente en manos del actual gobierno, pero la responsabilidad de dar continuidad a esta demanda recae en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien deberá demostrar en los hechos y de forma coherentemente para qué fue elegido, sin olvidar su carácter de funcionario público, al servicio de los ciudadanos guatemaltecos y de la soberanía nacional, y no de poderes imperiales.
11 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-038.html
http://www.alainet.org/active/52029&lang=es
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3479-la-impunidad-actual-para-un-crimen-imperial-en-guatemala.html
El año recién pasado se conoció públicamente de experimentos con seres humanos que Estados Unidos había realizado en Guatemala con la complicidad de algunas autoridades que formaban parte del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en el período de 1945 a 1951.
Tales experimentos consistieron en exponer a enfermedades de transmisión sexual a 2,082 guatemaltecos, cual ratones de laboratorio. Un acto a todas luces criminal, falto de ética y un acto de agravia a todo el pueblo guatemalteco, del cual tienen responsabilidad los funcionarios estatales de Estados Unidos como de Guatemala, a quienes el peso de la ley debiera aplicárseles con rigurosidad. Pero también son responsables ambos Estados, por concebir, aplicar o permitir la realización de este tipo de prácticas deleznables.
Estos hechos generaron durante el 2011, una investigación sobre la cual ya se rindió informe y donde se demuestran tales hechos. Han salido a luz pública, asimismo, las presiones para ocultar a responsables que todavía están vivos y que mantienen influencias de poder importantes. Es, en este caso como el de tantos otros, un círculo vicioso en el que se impone la injusticia y la reproducción del régimen imperante que se ensaña contra el indefenso y deja en la impunidad a los poderosos.
Ante lo evidente e incuestionable de las evidencias, el señor Obama, presidente de Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius secretaria de salud y servicios sociales del mismo país, hicieron públicas sus disculpas por tales experimentos. Pero como imperio es imperio, auto atribuyéndose y legislándose impunidad para sí, en noticias de la Agencia AP, del martes 10 de enero, se confirma que el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que las víctimas no pueden demandar a este país, sin importar –así lo afirma– lo vergonzoso que hayan sido los estudios. Asimismo, desde el Departamento de Justicia de dicho país, se argumenta que la “inmunidad soberana” protege a los funcionarios federales de salud de litigios resultantes del estudio. Dicho gobierno argumenta que la ley federal de reclamación de daños y perjuicios protege a Estados Unidos de demandas basadas en daños sufridos en el extranjero, aun si los actos que causaron los daños se planearon en Estados Unidos; esto no obstante que se violaron derechos humanos, que se violó la prohibición internacional de la experimentación médica en humanos sin consentimiento, tal y como lo hico el régimen nazi de Adolfo Hitler.
Más cosas veredes respetados lectores. El imperio debe ser cuestionado y su impunidad debe ser derrotada, y en esto tiene responsabilidad pública el Estado guatemalteco y los altos funcionarios públicos.
Como era de esperarse, la condena moral de muchos guatemaltecos y desde otras partes del mundo no se hizo esperar. Sí hace falta, en cambio, que el Ministerio Público, actúe de oficio persiguiendo a los responsables vivos e inicie o acompañe la demanda que las víctimas decidan impulsar.
Las declaraciones del presidente Alvaro Colom, quien se sumó a las demandas públicas de compensación a los sobrevivientes y sus descendientes por los posibles daños transmitidos, han sido acertadas pero insuficientes.
Al ser un asunto público, la responsabilidad ha estado tibiamente en manos del actual gobierno, pero la responsabilidad de dar continuidad a esta demanda recae en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien deberá demostrar en los hechos y de forma coherentemente para qué fue elegido, sin olvidar su carácter de funcionario público, al servicio de los ciudadanos guatemaltecos y de la soberanía nacional, y no de poderes imperiales.
Cambio de administrador en Guatemala
Por Mario Sosa - Guatemala, 15 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-039.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3863-cambio-de-administrador-en-guatemala.html
El pueblo de Guatemala continúa viviendo un viacrucis histórico. La explotación, opresión y miseria siguen siendo los principales problemas que no permiten que su situación cambie radicalmente hacia condiciones de buen vivir. Es más, en el marco de su dominio, el que adolezca del conocimiento histórico sobre las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, impide que se pueda asumir como sujeto en la búsqueda por decidir su proyecto y camino hacia su efectiva libertad. Contrariamente, el predominio de la superstición, la esperanza sin fundamentos y su sumisión, hacen que cada cuatro años, haga parte de la zarabanda y se engañe al creer que elige a un nuevo administrador del Estado, con la falsa creencia, además, que éste será la salvación y solución para sus problemas, sin considerar que es más seguro que vote por otro verdugo que ahondará su sufrimiento.
Hoy, 14 de enero de 2012, estamos ante otra puesta en escena del poder formal del Estado. Himno, banderas, bandas, trajes de “alta costura”, peinados y perfumes de ocasión, discursos de “me voy con la frente en alto” o de “seremos el gobierno para la gente”, forman parte de esta comparsa. Obviamente, los discursos sin contenido y las presencias de poder que legitiman la sucesión fueron planificados: la oligarquía y cámaras empresariales, los presidentes de organismos estatales, los curas y pastores, las edecanes, así como las porras partidarias, hacen parte del momento de investidura presidencial, preámbulo para el festín donde quedarán, ahora sí, sólo los escogidos, los del poder, los que desde fuera y dentro del Estado tomaran las decisiones fundamentales y estratégicas. No falta, en efecto, el capitán general, los oidores y los corregidores procedentes de la Embajada estadounidense, quienes en acto oculto ya habían untado las túnicas de la nueva administración como expresión del indirect rule, con el cual aparentan ser simples cooperantes de un país supuestamente democrático y de un Estado supuestamente soberano.
Escenarios y descripciones mediáticas hacen de éste un evento de consumo masivo y con el cual pretenden quedar bien con el nuevo supuesto “mandamás” que, en eso sí, tendrá la capacidad de decidir sobre flujos y montos de dinero público para satisfacer, por la vía de la propaganda gubernamental, la voracidad de medios televisivos, escritos y radiales.
No faltaron, asimismo, los cañones, los blindados, los guaruras y las botas militares, así como los lenguajes corporales de prepotencia de quienes hoy se sienten poseedores de la verdad y capaces de agarrar al león de sus parte nobles. Todo esto es parte de la comparsa de una sucesión de gobierno que para el pueblo puede estar representando muchas cosas: un “que me importa” y “será más de lo mismo”, una solución a los problemas compartidos, una nueva oportunidad para salir adelante, un signo venido de los cielos al cual hay que rendirle obediencia, o una vuelta al pasado de genocidio y militarismo, una profundización de la miseria, la explotación y la opresión, una nueva frustración histórica.
Lo cierto del caso es que asistimos a la toma de posesión de un gobierno que –aun con sus matices–, al igual que Arzú y Berger principalmente, pero también de la misma forma que los gobiernos de Cerezo, Serrano, de León, Portillo y Colom, darán continuidad al modelo de acumulación de capital, que por la vía de la explotación o el despojo (de recursos naturales, de recursos del Estado, del ahorro de miles de trabajadores, de la privatización, de las concesiones, de la apropiación del espacio público, etc.) han hecho crecer las históricas y nuevas fortunas de la oligarquía y la burguesía local, y de las transnacionales que antes y ahora impulsan el expolio y el desangramiento de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
No me cabe la menor duda, que muchas organizaciones y movimientos sociales procedentes de las clases explotadas, de los pueblos que configuran la nación guatemalteca y otros segmentos en condiciones de opresión, discriminación y exclusión, continuarán sus luchas para resistir y hacer avanzar sus demandas históricas, tratando de salir de la marginalidad en la que hoy nos encontramos. Nos enfrentaremos, eso sí, ante un gobierno de derecha que se preocupará por servirse a sí mismo, a sus financistas, a quienes detentan el poder real en el país y en los territorios regionales, y al imperio estadounidense, al cual rindieron pleitesía desde antes de la toma de posesión y en su propia territorialidad. Para lograrlo, no es difícil pensar en que pueda recurrir a los métodos de siempre: la cooptación, el desprestigio, la amenaza y hasta la represión sistemática e institucionalizada, focalizada en líderes y resistencias.
En este marco, será un reto que las personas, organizaciones y movimiento sociales, como expresiones conscientes de este pueblo en condición de opresión e ignorancia, encontremos la sabiduría y la decisión, para articular nuestras luchas, recuperando programa político coherente, una dirigencia renovada y colectiva, una estrategia acertada y una cultura política popular y revolucionaria.
Es mi saludo, entonces, a ese pueblo que desde siempre se ha ganado el derecho a ser sujeto de su propio destino: libre, digno, soberano y solidario, y no comparsa del poder, “de los del Norte y los de acá”, que históricamente nos ha explotado y oprimido.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-039.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3863-cambio-de-administrador-en-guatemala.html
El pueblo de Guatemala continúa viviendo un viacrucis histórico. La explotación, opresión y miseria siguen siendo los principales problemas que no permiten que su situación cambie radicalmente hacia condiciones de buen vivir. Es más, en el marco de su dominio, el que adolezca del conocimiento histórico sobre las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, impide que se pueda asumir como sujeto en la búsqueda por decidir su proyecto y camino hacia su efectiva libertad. Contrariamente, el predominio de la superstición, la esperanza sin fundamentos y su sumisión, hacen que cada cuatro años, haga parte de la zarabanda y se engañe al creer que elige a un nuevo administrador del Estado, con la falsa creencia, además, que éste será la salvación y solución para sus problemas, sin considerar que es más seguro que vote por otro verdugo que ahondará su sufrimiento.
Hoy, 14 de enero de 2012, estamos ante otra puesta en escena del poder formal del Estado. Himno, banderas, bandas, trajes de “alta costura”, peinados y perfumes de ocasión, discursos de “me voy con la frente en alto” o de “seremos el gobierno para la gente”, forman parte de esta comparsa. Obviamente, los discursos sin contenido y las presencias de poder que legitiman la sucesión fueron planificados: la oligarquía y cámaras empresariales, los presidentes de organismos estatales, los curas y pastores, las edecanes, así como las porras partidarias, hacen parte del momento de investidura presidencial, preámbulo para el festín donde quedarán, ahora sí, sólo los escogidos, los del poder, los que desde fuera y dentro del Estado tomaran las decisiones fundamentales y estratégicas. No falta, en efecto, el capitán general, los oidores y los corregidores procedentes de la Embajada estadounidense, quienes en acto oculto ya habían untado las túnicas de la nueva administración como expresión del indirect rule, con el cual aparentan ser simples cooperantes de un país supuestamente democrático y de un Estado supuestamente soberano.
Escenarios y descripciones mediáticas hacen de éste un evento de consumo masivo y con el cual pretenden quedar bien con el nuevo supuesto “mandamás” que, en eso sí, tendrá la capacidad de decidir sobre flujos y montos de dinero público para satisfacer, por la vía de la propaganda gubernamental, la voracidad de medios televisivos, escritos y radiales.
No faltaron, asimismo, los cañones, los blindados, los guaruras y las botas militares, así como los lenguajes corporales de prepotencia de quienes hoy se sienten poseedores de la verdad y capaces de agarrar al león de sus parte nobles. Todo esto es parte de la comparsa de una sucesión de gobierno que para el pueblo puede estar representando muchas cosas: un “que me importa” y “será más de lo mismo”, una solución a los problemas compartidos, una nueva oportunidad para salir adelante, un signo venido de los cielos al cual hay que rendirle obediencia, o una vuelta al pasado de genocidio y militarismo, una profundización de la miseria, la explotación y la opresión, una nueva frustración histórica.
Lo cierto del caso es que asistimos a la toma de posesión de un gobierno que –aun con sus matices–, al igual que Arzú y Berger principalmente, pero también de la misma forma que los gobiernos de Cerezo, Serrano, de León, Portillo y Colom, darán continuidad al modelo de acumulación de capital, que por la vía de la explotación o el despojo (de recursos naturales, de recursos del Estado, del ahorro de miles de trabajadores, de la privatización, de las concesiones, de la apropiación del espacio público, etc.) han hecho crecer las históricas y nuevas fortunas de la oligarquía y la burguesía local, y de las transnacionales que antes y ahora impulsan el expolio y el desangramiento de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
No me cabe la menor duda, que muchas organizaciones y movimientos sociales procedentes de las clases explotadas, de los pueblos que configuran la nación guatemalteca y otros segmentos en condiciones de opresión, discriminación y exclusión, continuarán sus luchas para resistir y hacer avanzar sus demandas históricas, tratando de salir de la marginalidad en la que hoy nos encontramos. Nos enfrentaremos, eso sí, ante un gobierno de derecha que se preocupará por servirse a sí mismo, a sus financistas, a quienes detentan el poder real en el país y en los territorios regionales, y al imperio estadounidense, al cual rindieron pleitesía desde antes de la toma de posesión y en su propia territorialidad. Para lograrlo, no es difícil pensar en que pueda recurrir a los métodos de siempre: la cooptación, el desprestigio, la amenaza y hasta la represión sistemática e institucionalizada, focalizada en líderes y resistencias.
En este marco, será un reto que las personas, organizaciones y movimiento sociales, como expresiones conscientes de este pueblo en condición de opresión e ignorancia, encontremos la sabiduría y la decisión, para articular nuestras luchas, recuperando programa político coherente, una dirigencia renovada y colectiva, una estrategia acertada y una cultura política popular y revolucionaria.
Es mi saludo, entonces, a ese pueblo que desde siempre se ha ganado el derecho a ser sujeto de su propio destino: libre, digno, soberano y solidario, y no comparsa del poder, “de los del Norte y los de acá”, que históricamente nos ha explotado y oprimido.
Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz
Por Mario Sosa - Guatemala, 6 de enero de 2012
www.albedrio.org
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3331-las-advertencias-de-un-premio-nobel-de-la-paz.html
Como emperador moderno, el presidente de EEUU, el afamado premio nobel de la paz y “conductor” de agresiones contra pueblos enteros, Barack Obama, amenazó al mundo que dicho país “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”
En este marco también advirtió que se fortalecerá la presencia militar en Asia y el Pacífico, calificando al continente oriental de “crucial”. Agrega: "Hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos instaurado el liderazgo de EE.UU. a nivel mundial", aseguró el mandatario, en un marco discursivo donde plantea la frase “los retos del mundo” que requieren el fortalecimiento de su ejército y donde mantiene el discurso de “la lucha contra el terrorismo”.
Como ha sido usual los últimos años, los mandatarios de Estados Unidos han mantenido la misma política en materia imperial y, en esencia, el mismo discurso, auto atribuyéndose “responsabilidades globales”, como justificaciones para el mantenimiento del presupuesto militar de su país. Obama, entonces, es la continuidad de Estado y de gobiernos demócratas o republicanos.
Es evidente que este discurso revela, en un campo de operaciones mediático, lo que Estados Unidos ha venido implementando: la apropiación por guerra y despojo de mercados, recursos estratégicos y control geoestratégico de áreas que le habían sido reñidas por poderes locales-regionales o por una correlación de fuerzas a nivel global que le impedían avanzar con mayor rapidez en el control de Estados y gobiernos por medios “pacíficos” o militares.
El avance de su dominio no obstante, presenta resistencias que están en cuestión sobre sus posibilidades de contener al imperio con pretensiones de dominio mundial. En particular está por verse hasta donde China, Rusia, principalmente, lograrán preservar su margen de influencia y seguridad regional. Asimismo, cuál es la capacidad real de Siria para sostener su régimen político actual e Irán respecto de su real capacidad para persuadir la suspensión de una posible invasión de las fuerzas militares estadounidenses y, seguramente, de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), instancia desde la cual Estados europeos también persiguen beneficiarse del botín en cada una de las conquistas modernas.
El peligro de esta política guerrerista, invasora y ocupante se extiende, asimismo, para buena parte de los países de América Latina, que están transcurriendo por senderos de soberanía y que se han salido del control histórico que había mantenido Estados Unidos, con el colaboracionismo servil de las oligarquías y burguesías locales.
Las declaraciones del señor Obama en su conjunto y algunas expresiones vertidas en ese contexto discursivo: “Vamos adelante con el Medio Oriente”, “los retos del mundo”, “responsabilidades globales”, nos hacen recordar, aquellos discursos de Hitler, cuando advertía descaradamente de sus pretensiones por dominar el mundo e imponer la superioridad de la “raza aria”, sólo que en este caso las justificaciones son “la lucha contra la dictadura” (muchas de las cuales dicho país promovió y sostuvo), la lucha contra el terrorismo (siempre y cuando no sea el suyo), “la instauración de la democracia” (la que le es útil y siempre y cuando sea para mantener y ampliar su dominio.
El atrevimiento del señor Obama cuando afirma que sus fuerzas militares están diseñadas para “…los Derechos Humanos (DD.HH.) y la dignidad humana" es simplemente risible a la luz de los miles de crímenes cometidos en sus guerras, invasiones y ocupaciones en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, como experiencias recientes, o las invasiones a Guatemala, Granada, o sus intervenciones en Chile, Argentina, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, por mencionar algunas no tan recientes.
Vale afirmar, por último, el demérito de un Premio Nobel de la Paz que se instituyó para los propósitos y prácticas contrarias a las del Estado estadounidense y su actual presidente. Cosas veredes apreciados lectores: un “ganador” del premio nobel de la paz que advierte de planes de guerra “conducidos” por él mismo y que hoy más que nunca nos estarían acercando a una Tercera Guerra Mundial y a la posibilidad de que esta adquiera un carácter atómico.
www.albedrio.org
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3331-las-advertencias-de-un-premio-nobel-de-la-paz.html
Como emperador moderno, el presidente de EEUU, el afamado premio nobel de la paz y “conductor” de agresiones contra pueblos enteros, Barack Obama, amenazó al mundo que dicho país “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”
En este marco también advirtió que se fortalecerá la presencia militar en Asia y el Pacífico, calificando al continente oriental de “crucial”. Agrega: "Hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos instaurado el liderazgo de EE.UU. a nivel mundial", aseguró el mandatario, en un marco discursivo donde plantea la frase “los retos del mundo” que requieren el fortalecimiento de su ejército y donde mantiene el discurso de “la lucha contra el terrorismo”.
Como ha sido usual los últimos años, los mandatarios de Estados Unidos han mantenido la misma política en materia imperial y, en esencia, el mismo discurso, auto atribuyéndose “responsabilidades globales”, como justificaciones para el mantenimiento del presupuesto militar de su país. Obama, entonces, es la continuidad de Estado y de gobiernos demócratas o republicanos.
Es evidente que este discurso revela, en un campo de operaciones mediático, lo que Estados Unidos ha venido implementando: la apropiación por guerra y despojo de mercados, recursos estratégicos y control geoestratégico de áreas que le habían sido reñidas por poderes locales-regionales o por una correlación de fuerzas a nivel global que le impedían avanzar con mayor rapidez en el control de Estados y gobiernos por medios “pacíficos” o militares.
El avance de su dominio no obstante, presenta resistencias que están en cuestión sobre sus posibilidades de contener al imperio con pretensiones de dominio mundial. En particular está por verse hasta donde China, Rusia, principalmente, lograrán preservar su margen de influencia y seguridad regional. Asimismo, cuál es la capacidad real de Siria para sostener su régimen político actual e Irán respecto de su real capacidad para persuadir la suspensión de una posible invasión de las fuerzas militares estadounidenses y, seguramente, de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), instancia desde la cual Estados europeos también persiguen beneficiarse del botín en cada una de las conquistas modernas.
El peligro de esta política guerrerista, invasora y ocupante se extiende, asimismo, para buena parte de los países de América Latina, que están transcurriendo por senderos de soberanía y que se han salido del control histórico que había mantenido Estados Unidos, con el colaboracionismo servil de las oligarquías y burguesías locales.
Las declaraciones del señor Obama en su conjunto y algunas expresiones vertidas en ese contexto discursivo: “Vamos adelante con el Medio Oriente”, “los retos del mundo”, “responsabilidades globales”, nos hacen recordar, aquellos discursos de Hitler, cuando advertía descaradamente de sus pretensiones por dominar el mundo e imponer la superioridad de la “raza aria”, sólo que en este caso las justificaciones son “la lucha contra la dictadura” (muchas de las cuales dicho país promovió y sostuvo), la lucha contra el terrorismo (siempre y cuando no sea el suyo), “la instauración de la democracia” (la que le es útil y siempre y cuando sea para mantener y ampliar su dominio.
El atrevimiento del señor Obama cuando afirma que sus fuerzas militares están diseñadas para “…los Derechos Humanos (DD.HH.) y la dignidad humana" es simplemente risible a la luz de los miles de crímenes cometidos en sus guerras, invasiones y ocupaciones en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, como experiencias recientes, o las invasiones a Guatemala, Granada, o sus intervenciones en Chile, Argentina, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, por mencionar algunas no tan recientes.
Vale afirmar, por último, el demérito de un Premio Nobel de la Paz que se instituyó para los propósitos y prácticas contrarias a las del Estado estadounidense y su actual presidente. Cosas veredes apreciados lectores: un “ganador” del premio nobel de la paz que advierte de planes de guerra “conducidos” por él mismo y que hoy más que nunca nos estarían acercando a una Tercera Guerra Mundial y a la posibilidad de que esta adquiera un carácter atómico.
Unión Fenosa contra el pueblo guatemalteco
De como Unión Fenosa expolia al pueblo guatemalteco, con la complicidad del Estado y de sucesivos gobiernos entreguistas.
Mario Sosa
19-1-2010
www.kaosenlared.net/noticia/union-fenosa-contra-pueblo-guatemalteco
Mientras un crimen con implicaciones políticas parece resolverse políticamente y se convierte en un circo que vende en todos los medios de consumo masivo, y mientras un gobierno ejecutivo y legislativo justifican sus incapacidades, la problemática nacional sigue intacta con el descaro tanto de los organismos del Estado como de las elites de poder que, en todo caso, siguen acumulando riqueza a costa de todo un pueblo que se desangra y que languidece y fenece por falta de frijol y tortilla.
Uno de tales problemas puede ser formulado como falta de soberanía energética y expolio generado por la producción, distribución y servicio que padece el consumidor final, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, obrera y campesina.
Así, desde los negocios turbios con el sector eléctrico del ex presidente Álvaro Arzú, continuados en los subsiguientes gobiernos, las empresas transnacionales con la complicidad de testaferros locales, se han apoderado de la producción, distribución y servicio de energía eléctrica.
Uno de estos casos, relacionado con la distribución y prestación del servicio eléctrico, es el de la transnacional de inicio española, Unión Fenosa, empresa que a través de sus figuras jurídicas locales, DEOCSA Y DEORSA, logró apropiarse de bastos territorios y poblaciones a quienes ha venido expoliando por largos años, no sin tener la resistencia de los consumidores a través de su fuerza organizativa local y, a lo sumo, regional.
En este sentido, diversas comunidades y municipios, principalmente del occidente del país, han denunciado múltiples abusos y cobros leoninos que esta empresa ha venido cometiendo en contra de familias del área urbana y rural, especialmente en condición de pobreza. Apropiación de redes de distribución eléctrica comunitaria, altas deficiencias en el fluido eléctrico con constantes apagones que han ocasionado daños en electrodomésticos, lectura anómala de contadores, incrementos no autorizados en el servicio, cobro de pago fijo sumado al consumo y alumbrado eléctrico (inexistente en comunidades rurales), cobro de ajuste por “redondeo” y pago de mora (antecedido de retrasos en la entrega de facturas), cortes de servicio de forma arbitraria, cobros indebidos por re-conexión, así como incumplimiento de acuerdos y convenios firmados previamente, han sido algunas de las denuncias. Todo ello sin la intervención de las autoridades del sector eléctrico y del gobierno, quienes simplemente se limitan a avalar las “reglas” del mercado, garantizar a Unión Fenosa la posibilidad de profundizar en el expolio, dejando de cumplir con su obligación constitucional de proteger al ciudadano y garantizar el interés social.
Además de la extorción económica, se han venido sucediendo distintos hechos orientadas a amedrentar, amenazar y violar elementales derechos humanos y ciudadanos. Varios líderes locales que han siendo parte de este movimiento han sufrido atentados y dos han perdido la vida: Víctor Gálvez, líder de Malacatán el 24 de octubre de 2009 y de Evelina Ramírez Reyes, líder en Ocós, el 13 de enero de 2010, hecho en el cual salieron heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo así como la desaparición de Freddy Rodas.
El mismo día 13, cientos de ciudadanos provenientes de Nuevo Progreso, San Marcos, llegaron a la ciudad capital a manifestar su desacuerdo por las presiones al alcalde municipal para que firme un convenio en el cual los alcaldes son comprometidos a garantizar el cobro de las facturas vencidas, que las comunidades se han negado a pagar antes los cobros fraudulentos y la deficiente calidad del servicio.
El incremento de la resistencia en contra Unión Fenosa activó la protección del Estado, a favor de Unión Fenosa como es de esperarse en un sistema capitalista. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno de Colom decretó estado de prevención en el departamento de San Marcos, mientras sus ministros de Gobernación y Defensa se auto alagan por los logros en materia de gobernabilidad y seguridad para la empresa a partir de la medida. Con esta acción represiva no solamente se coartó el derecho ciudadano a la protesta y resistencia, sino fue el contexto para presionar a los alcaldes municipales que también se sumaron a la protesta ciudadana. Esto ha provocado que, con excepción del alcalde de Nuevo Progreso, los alcaldes inconformes acepten firmar un convenio en el cual se comprometen a garantizar el cobreo de las facturas vencidas, con la inconformidad de los usuarios.
Esta problemática no cesará en el corto plazo y la resistencia se seguirá manifestando en torno a esta o las demás problemáticas –como la minería, la telefonía, el agua, etcétera– que aquejan a nuestro pueblo. Y continuará en tanto continúe este modelo económico que garantiza los intereses de las empresas mientras reprime los intereses de las grandes mayorías.
Similar a lo que pasa con el sector eléctrico, ha venido sucediendo con la minería, la telefonía y las comunicaciones en general, con la construcción de carreteras.
Mientras las áreas estratégicas como la generación, distribución y consumo estén dominadas por el capital y no por el Estado, la problemática no solo continuará sino se profundizará. Por ello la solución que garantice seguridad y soberanía energética, así como un servicio justo hacia los usuarios, no pasa por las reglas del mercado, sino por su nacionalización. Nacionalización que debe ser parte del proyecto político a impulsar en esta coyuntura, manifiesto en un esfuerzo por extender la lucha a nivel nacional. Sólo de esta manera se irá resolviendo la contradicción entre el interés capitalista de la máxima ganancia y el interés común de millones de guatemaltecos pertenecientes a la clase campesina y obrera y a los pueblos indígenas.
Mario Sosa
19-1-2010
www.kaosenlared.net/noticia/union-fenosa-contra-pueblo-guatemalteco
Mientras un crimen con implicaciones políticas parece resolverse políticamente y se convierte en un circo que vende en todos los medios de consumo masivo, y mientras un gobierno ejecutivo y legislativo justifican sus incapacidades, la problemática nacional sigue intacta con el descaro tanto de los organismos del Estado como de las elites de poder que, en todo caso, siguen acumulando riqueza a costa de todo un pueblo que se desangra y que languidece y fenece por falta de frijol y tortilla.
Uno de tales problemas puede ser formulado como falta de soberanía energética y expolio generado por la producción, distribución y servicio que padece el consumidor final, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, obrera y campesina.
Así, desde los negocios turbios con el sector eléctrico del ex presidente Álvaro Arzú, continuados en los subsiguientes gobiernos, las empresas transnacionales con la complicidad de testaferros locales, se han apoderado de la producción, distribución y servicio de energía eléctrica.
Uno de estos casos, relacionado con la distribución y prestación del servicio eléctrico, es el de la transnacional de inicio española, Unión Fenosa, empresa que a través de sus figuras jurídicas locales, DEOCSA Y DEORSA, logró apropiarse de bastos territorios y poblaciones a quienes ha venido expoliando por largos años, no sin tener la resistencia de los consumidores a través de su fuerza organizativa local y, a lo sumo, regional.
En este sentido, diversas comunidades y municipios, principalmente del occidente del país, han denunciado múltiples abusos y cobros leoninos que esta empresa ha venido cometiendo en contra de familias del área urbana y rural, especialmente en condición de pobreza. Apropiación de redes de distribución eléctrica comunitaria, altas deficiencias en el fluido eléctrico con constantes apagones que han ocasionado daños en electrodomésticos, lectura anómala de contadores, incrementos no autorizados en el servicio, cobro de pago fijo sumado al consumo y alumbrado eléctrico (inexistente en comunidades rurales), cobro de ajuste por “redondeo” y pago de mora (antecedido de retrasos en la entrega de facturas), cortes de servicio de forma arbitraria, cobros indebidos por re-conexión, así como incumplimiento de acuerdos y convenios firmados previamente, han sido algunas de las denuncias. Todo ello sin la intervención de las autoridades del sector eléctrico y del gobierno, quienes simplemente se limitan a avalar las “reglas” del mercado, garantizar a Unión Fenosa la posibilidad de profundizar en el expolio, dejando de cumplir con su obligación constitucional de proteger al ciudadano y garantizar el interés social.
Además de la extorción económica, se han venido sucediendo distintos hechos orientadas a amedrentar, amenazar y violar elementales derechos humanos y ciudadanos. Varios líderes locales que han siendo parte de este movimiento han sufrido atentados y dos han perdido la vida: Víctor Gálvez, líder de Malacatán el 24 de octubre de 2009 y de Evelina Ramírez Reyes, líder en Ocós, el 13 de enero de 2010, hecho en el cual salieron heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo así como la desaparición de Freddy Rodas.
El mismo día 13, cientos de ciudadanos provenientes de Nuevo Progreso, San Marcos, llegaron a la ciudad capital a manifestar su desacuerdo por las presiones al alcalde municipal para que firme un convenio en el cual los alcaldes son comprometidos a garantizar el cobro de las facturas vencidas, que las comunidades se han negado a pagar antes los cobros fraudulentos y la deficiente calidad del servicio.
El incremento de la resistencia en contra Unión Fenosa activó la protección del Estado, a favor de Unión Fenosa como es de esperarse en un sistema capitalista. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno de Colom decretó estado de prevención en el departamento de San Marcos, mientras sus ministros de Gobernación y Defensa se auto alagan por los logros en materia de gobernabilidad y seguridad para la empresa a partir de la medida. Con esta acción represiva no solamente se coartó el derecho ciudadano a la protesta y resistencia, sino fue el contexto para presionar a los alcaldes municipales que también se sumaron a la protesta ciudadana. Esto ha provocado que, con excepción del alcalde de Nuevo Progreso, los alcaldes inconformes acepten firmar un convenio en el cual se comprometen a garantizar el cobreo de las facturas vencidas, con la inconformidad de los usuarios.
Esta problemática no cesará en el corto plazo y la resistencia se seguirá manifestando en torno a esta o las demás problemáticas –como la minería, la telefonía, el agua, etcétera– que aquejan a nuestro pueblo. Y continuará en tanto continúe este modelo económico que garantiza los intereses de las empresas mientras reprime los intereses de las grandes mayorías.
Similar a lo que pasa con el sector eléctrico, ha venido sucediendo con la minería, la telefonía y las comunicaciones en general, con la construcción de carreteras.
Mientras las áreas estratégicas como la generación, distribución y consumo estén dominadas por el capital y no por el Estado, la problemática no solo continuará sino se profundizará. Por ello la solución que garantice seguridad y soberanía energética, así como un servicio justo hacia los usuarios, no pasa por las reglas del mercado, sino por su nacionalización. Nacionalización que debe ser parte del proyecto político a impulsar en esta coyuntura, manifiesto en un esfuerzo por extender la lucha a nivel nacional. Sólo de esta manera se irá resolviendo la contradicción entre el interés capitalista de la máxima ganancia y el interés común de millones de guatemaltecos pertenecientes a la clase campesina y obrera y a los pueblos indígenas.
11 de mayo de 2011
GOLDCORP AUMENTA GANACIAS, EL PUEBLO DE GUATEMALA SU MISERIA
Por Mario Sosa
Mientras la Goldcorp Inc, dueña de la mina Marlin en Guatemala, aumenta sustancialmente sus riquezas, el pueblo guatemalteco se debate entre la pobreza y la miseria. Sólo un hecho terrible lo demuestra: más del 50% de los niños presenta desnutrición crónica.
Goldcorp Inc logró ganancias por 651 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, 419 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Si la cosas siguen tan bien para esta transnacional, sus ganancias sólo para este año serán de alrededor de 2,600 millones.
Sólo la mina Marlin en Guatemala produjo 77 mil 800 onzas de oro, un incremento del 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre de 2010, a un costo operativo de US$324 por onza. Además produjo 1.76 millones de onzas de plata para un aumento del 41 por ciento (el periódico 11/05/11).
Capitalismo a secas: acumulación de riqueza en pocas manos, reproducción de pobreza, deterioro ambiental y efectos negativos para la salud en la mayoría de nuestro pueblo. Todo ello con la complicidad de sucesivos gobiernos: Portillo, Berger y Colom.
Pero hagamos cuentas: si una onza de oro vale 1,394 dólares y se le resta 324 dólares de producción y operaciones, por cada onza se obtiene una ganancia de 1,074 dólares. Esto implica que si la extracción de oro fuera una actividad nacionalizada, y considerando las 77 mil 800 onzas de oro producidas por la mina Marlin en este primer trimestre del año, el Estado de Guatemala obtendría una ganancia de 81 millones de dólares (alrededor de 627 millones de quetzales), lo que implicaría un ingreso anual posible de 324 millones de dólares, equivalentes a 2,511 millones de quetzales, tan sólo de esta mina y excluyendo otros productos extraídos como la plata.
Es decir, si la producción minera estuviera nacionalizada, el Estado podría garantizar recursos para solventar los graves problemas, necesidades y deficiencias en materia de salud, educación, empleo, etc. Recuperaríamos nuestra dignidad y soberanía y garantizaríamos una verdadera solidaridad.
Mientras la Goldcorp Inc, dueña de la mina Marlin en Guatemala, aumenta sustancialmente sus riquezas, el pueblo guatemalteco se debate entre la pobreza y la miseria. Sólo un hecho terrible lo demuestra: más del 50% de los niños presenta desnutrición crónica.
Goldcorp Inc logró ganancias por 651 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, 419 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Si la cosas siguen tan bien para esta transnacional, sus ganancias sólo para este año serán de alrededor de 2,600 millones.
Sólo la mina Marlin en Guatemala produjo 77 mil 800 onzas de oro, un incremento del 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre de 2010, a un costo operativo de US$324 por onza. Además produjo 1.76 millones de onzas de plata para un aumento del 41 por ciento (el periódico 11/05/11).
Capitalismo a secas: acumulación de riqueza en pocas manos, reproducción de pobreza, deterioro ambiental y efectos negativos para la salud en la mayoría de nuestro pueblo. Todo ello con la complicidad de sucesivos gobiernos: Portillo, Berger y Colom.
Pero hagamos cuentas: si una onza de oro vale 1,394 dólares y se le resta 324 dólares de producción y operaciones, por cada onza se obtiene una ganancia de 1,074 dólares. Esto implica que si la extracción de oro fuera una actividad nacionalizada, y considerando las 77 mil 800 onzas de oro producidas por la mina Marlin en este primer trimestre del año, el Estado de Guatemala obtendría una ganancia de 81 millones de dólares (alrededor de 627 millones de quetzales), lo que implicaría un ingreso anual posible de 324 millones de dólares, equivalentes a 2,511 millones de quetzales, tan sólo de esta mina y excluyendo otros productos extraídos como la plata.
Es decir, si la producción minera estuviera nacionalizada, el Estado podría garantizar recursos para solventar los graves problemas, necesidades y deficiencias en materia de salud, educación, empleo, etc. Recuperaríamos nuestra dignidad y soberanía y garantizaríamos una verdadera solidaridad.
8 de febrero de 2011
LA SOBERANÍA NACIONAL TRANSADA
Por Mario Sosa
En su edición del lunes 7 de febrero, el diario conservador español, El país, dio a conocer un cable divulgado por WikiLeaks, sobre un hecho que revela la injerencia que Estados Unidos mantiene en nuestro país y el carácter servil de la burguesía local.
El gobierno de la oligarquía entre 2003 y 2007, Oscar Berger, vetó la Ley que permitiría la venta de medicamentos genéricos en Guatemala, los cuales son una opción para que la mayoría empobrecida de nuestro pueblo pueda acceder a medicina de este tipo.
Esto en su momento lo criticamos y acusamos a dicho gobierno de ser un títere servil del capital transnacional, en particular, de las empresas farmacéuticas, a las cuales en su afán de lograr la mayor acumulación de capital no les importa que millones de seres humanos mueran por falta de medicamentos obtenidos a un precio justo. En otros artículos y pronunciamientos también criticamos el carácter lacayo de dicho gobierno, al servicio de empresas, organismos financieros internacionales y de Estados Unidos.
Pero los cables revelados por WikiLeaks, describen el papel de la Embajada estadounidense y de sus embajadores, como operadores políticos de su país y de las empresas que desde ahí operan. En particular, se describe las presiones de los entonces embajadores John Hamilton y Peter Allgeier, quienes amenazaron con excluir al país del mal llamado Tratado de “Libre” Comercio e hicieron que –servilmente-- el ex presidente Berger vetara la ley que liberaba la compra de medicamentos genéricos. Y como parte de su estrategia, se revela como La Embajada imperial, a través de columnistas y editorialistas de los medios de prensa escrita, radial y televisiva --incluido el programa del oligarca Dionisio Gutiérrez (del grupo corporativo Multi Inversiones)--, impulsó una campaña ideológica para posicionar criterios de defensa a los derechos de autor y de libre empresa, como superiores al derecho que tienen los pueblos a la salud. Asimismo actuaron con los partidos políticos que, también servilmente, dieron marcha atrás en la decisión que con anterioridad habían tomado en el Congreso.
Dichos cables revelan entonces algo que no nos cansamos de repetir. El capital actúa para lograr la máxima ganancia; no está interesado en los seres humanos y sus necesidades. Y para lograr la máxima ganancia, ha logrado articular un sistema mundial en donde imperios como Estados Unidos, actúan para promover sus intereses –los del capital y los suyos, que son finalmente lo mismo— y desarrollan una permanente política injerencista, violadora del derecho de los pueblos a su soberanía.
También nos revela cómo las burguesías y oligarquías actúan servilmente con el capital transnacional y, en este caso, con Estados Unidos como el imperio que ejerce su poder en la región. Servilismo que se hace evidente cuando sus intereses pueden verse afectados, por ejemplo, al ser excluidos del igualmente entreguista Tratado de “Libre” Comercio que aceptaron firmar. Soberanía nacional transada a cambio de beneficios comerciales para sus empresas.
Asimismo sale a luz pública, cómo quienes controlan localmente los Estados y gobiernos: burguesía/oligarquía, partidos políticos, medios de difusión masiva, constituyen actores e instrumentos que reproducen en la superestructura (ideología, leyes) los intereses del imperialismo, del capital.
Burguesía/oligarquía, ni países que se autodenominan amigos como Estados Unidos, partidos políticos, medios de difusión masiva, son parte de ese sistema que a nivel local reproducen un régimen capitalista que en ningún momento se orienta a beneficiar o defender los intereses de nuestro pueblo.
Por eso, la alternativa es construir un nuevo régimen, donde la propiedad, la producción, el comercio, se orienten al beneficio de todo el pueblo, y donde el Estado y gobierno, estén al servicio de la colectividad y no de intereses minoritarios.
Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Especialmente en la existencia de programas revolucionarios que son los que permiten avanzar con coherencia hacia la construcción de sociedades y Estados justos, que es lo que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos. Nuestro pueblo no se merece estos gobiernos lacayos y serviles. Nuestro pueblo merece y necesita gobernarse por sí mismo.
En su edición del lunes 7 de febrero, el diario conservador español, El país, dio a conocer un cable divulgado por WikiLeaks, sobre un hecho que revela la injerencia que Estados Unidos mantiene en nuestro país y el carácter servil de la burguesía local.
El gobierno de la oligarquía entre 2003 y 2007, Oscar Berger, vetó la Ley que permitiría la venta de medicamentos genéricos en Guatemala, los cuales son una opción para que la mayoría empobrecida de nuestro pueblo pueda acceder a medicina de este tipo.
Esto en su momento lo criticamos y acusamos a dicho gobierno de ser un títere servil del capital transnacional, en particular, de las empresas farmacéuticas, a las cuales en su afán de lograr la mayor acumulación de capital no les importa que millones de seres humanos mueran por falta de medicamentos obtenidos a un precio justo. En otros artículos y pronunciamientos también criticamos el carácter lacayo de dicho gobierno, al servicio de empresas, organismos financieros internacionales y de Estados Unidos.
Pero los cables revelados por WikiLeaks, describen el papel de la Embajada estadounidense y de sus embajadores, como operadores políticos de su país y de las empresas que desde ahí operan. En particular, se describe las presiones de los entonces embajadores John Hamilton y Peter Allgeier, quienes amenazaron con excluir al país del mal llamado Tratado de “Libre” Comercio e hicieron que –servilmente-- el ex presidente Berger vetara la ley que liberaba la compra de medicamentos genéricos. Y como parte de su estrategia, se revela como La Embajada imperial, a través de columnistas y editorialistas de los medios de prensa escrita, radial y televisiva --incluido el programa del oligarca Dionisio Gutiérrez (del grupo corporativo Multi Inversiones)--, impulsó una campaña ideológica para posicionar criterios de defensa a los derechos de autor y de libre empresa, como superiores al derecho que tienen los pueblos a la salud. Asimismo actuaron con los partidos políticos que, también servilmente, dieron marcha atrás en la decisión que con anterioridad habían tomado en el Congreso.
Dichos cables revelan entonces algo que no nos cansamos de repetir. El capital actúa para lograr la máxima ganancia; no está interesado en los seres humanos y sus necesidades. Y para lograr la máxima ganancia, ha logrado articular un sistema mundial en donde imperios como Estados Unidos, actúan para promover sus intereses –los del capital y los suyos, que son finalmente lo mismo— y desarrollan una permanente política injerencista, violadora del derecho de los pueblos a su soberanía.
También nos revela cómo las burguesías y oligarquías actúan servilmente con el capital transnacional y, en este caso, con Estados Unidos como el imperio que ejerce su poder en la región. Servilismo que se hace evidente cuando sus intereses pueden verse afectados, por ejemplo, al ser excluidos del igualmente entreguista Tratado de “Libre” Comercio que aceptaron firmar. Soberanía nacional transada a cambio de beneficios comerciales para sus empresas.
Asimismo sale a luz pública, cómo quienes controlan localmente los Estados y gobiernos: burguesía/oligarquía, partidos políticos, medios de difusión masiva, constituyen actores e instrumentos que reproducen en la superestructura (ideología, leyes) los intereses del imperialismo, del capital.
Burguesía/oligarquía, ni países que se autodenominan amigos como Estados Unidos, partidos políticos, medios de difusión masiva, son parte de ese sistema que a nivel local reproducen un régimen capitalista que en ningún momento se orienta a beneficiar o defender los intereses de nuestro pueblo.
Por eso, la alternativa es construir un nuevo régimen, donde la propiedad, la producción, el comercio, se orienten al beneficio de todo el pueblo, y donde el Estado y gobierno, estén al servicio de la colectividad y no de intereses minoritarios.
Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Especialmente en la existencia de programas revolucionarios que son los que permiten avanzar con coherencia hacia la construcción de sociedades y Estados justos, que es lo que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos. Nuestro pueblo no se merece estos gobiernos lacayos y serviles. Nuestro pueblo merece y necesita gobernarse por sí mismo.
10 de diciembre de 2010
INDIGNACIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA
Indignación ha sido el sentimiento dominante y exigencia de justicia ha sido la posición de muchos que hoy lamentamos el asesinato de Emilia Quan Staackmann, joven socióloga quien, a través de su aporte científico, estaba siendo constructora de un país distinto como el que pretendemos construir millones de guatemaltecas y guatemaltecos.
Emilia trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala CEDFOG, institución que desde ese rinconcito devino de nuestro territorio nacional, ha venido revelando dinámicas y procesos que desde esa región huehueteca desnudan a nuestro país y nos hablan de los caminos torcidos de nuestra patria; pero también nos muestran los caminos éticos, sociales, económicos, étnicos y políticos por los cuales habremos de transitar en dirección a construir una nueva nación y un nuevo Estado.
El secuestro momentáneo y las agresiones padecidas por Víctor López, trabajador también del CEDFOG, y el secuestro y asesinato de Emilia deben ser esclarecidos y los responsables llevados a la justicia. Esto es lo mínimo que podemos exigir.
El asesinato de Emilia se suma a la de miles de guatemaltecos que están siendo presa de la delincuencia y el crimen que se han convertido en una problemática endémica para nuestro pueblo, pero al mismo tiempo un jugoso negocio para quienes en la ilegalidad y la legalidad, aumentan sus ganancias capitalistas a costa del dolor y la muerte. Es un problema nacional al cual el este Estado ha sido incapaz de resolver, dejándonos en la indefensión absoluta.
Nuestro pésame a la familia de Emilia, a sus amigos, compañeros y al CEDFOG. Su asesinato nos indigna, pero esa indignación debe llevarnos a actuar en dirección a exigir JUSTICIA y a construir un nuevo país.
Emilia trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala CEDFOG, institución que desde ese rinconcito devino de nuestro territorio nacional, ha venido revelando dinámicas y procesos que desde esa región huehueteca desnudan a nuestro país y nos hablan de los caminos torcidos de nuestra patria; pero también nos muestran los caminos éticos, sociales, económicos, étnicos y políticos por los cuales habremos de transitar en dirección a construir una nueva nación y un nuevo Estado.
El secuestro momentáneo y las agresiones padecidas por Víctor López, trabajador también del CEDFOG, y el secuestro y asesinato de Emilia deben ser esclarecidos y los responsables llevados a la justicia. Esto es lo mínimo que podemos exigir.
El asesinato de Emilia se suma a la de miles de guatemaltecos que están siendo presa de la delincuencia y el crimen que se han convertido en una problemática endémica para nuestro pueblo, pero al mismo tiempo un jugoso negocio para quienes en la ilegalidad y la legalidad, aumentan sus ganancias capitalistas a costa del dolor y la muerte. Es un problema nacional al cual el este Estado ha sido incapaz de resolver, dejándonos en la indefensión absoluta.
Nuestro pésame a la familia de Emilia, a sus amigos, compañeros y al CEDFOG. Su asesinato nos indigna, pero esa indignación debe llevarnos a actuar en dirección a exigir JUSTICIA y a construir un nuevo país.
21 de septiembre de 2010
EMPLAZO AL REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE HUMANIDADES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
De los 41 miembros del CSU-USAC, el Lic. Héctor Hugo Lima Conde representa al Colegio de Humanidades de Guatemala,al cual estoy adscrito. Desconozco las actividades que realiza para promover el mejoramiento de los profesionales adscritos y estamos desinformados sobre el uso del dinero de las cuotas que aportamos mensualmente. Ante su silencio, deseo saber ¿cuál es su postura en la actual crisis de la USAC?, ¿votó usted a favor del desalojo en la Universidad? Ha formulado otras alternativas que tiendan al diálogo y a esclarecer los manejos financieros y de los recursos de las actuales autoridades universitarias?
EXIJO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS/LOS ESTUDIANTES NO SE EJERZA EN MI NOMBRE, que controlen los usos comerciales de los recursos de la Universidad, que se esclarezcan las actividades sin transparencia, y que termine el cada vez más escalofriante hundimiento de la San Carlos en la mediocridad académica en la que se encuentra.
MARIO SOSA
Antropólogo
Colegiado NO. 6437
EXIJO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS/LOS ESTUDIANTES NO SE EJERZA EN MI NOMBRE, que controlen los usos comerciales de los recursos de la Universidad, que se esclarezcan las actividades sin transparencia, y que termine el cada vez más escalofriante hundimiento de la San Carlos en la mediocridad académica en la que se encuentra.
MARIO SOSA
Antropólogo
Colegiado NO. 6437
17 de septiembre de 2010
HACIA LA REFORMA UNIVERSITARIA
El movimiento estudiantil universitario, encabaezado por EPA, refleja una problemática con solución postergada. Esa solución sólo vendrá de un proceso demócrático y participativo de Reforma Universitaria, para lograr resolver nuestro problemas históricos como Universidad y construirla como una Escuela Superior Pública, Nacional, Laica, Obligatoria, Democrática y Popular.
Por una solución negociada, que tienda a resolver los problemas estructurales de la USAC.
Por una solución sin violencia.
Por una solución negociada, que tienda a resolver los problemas estructurales de la USAC.
Por una solución sin violencia.
24 de agosto de 2010
Lucha contra el narcotráfico y defensa de la soberanía nacional
Por Mario Sosa* - Guatemala, 24 de agosto de 2010
Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.
Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.
Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.
El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.
Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.
Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.
La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.
Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.
Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.
--------------------------------------------------------------------------------
[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.
"Hacer es el mejor modo de decir"
José Martí
(*) Coordinador de Organización del Frente Popular
www.albedrio.org
Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.
Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.
Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.
El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.
Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.
Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.
La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.
Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.
Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.
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[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.
"Hacer es el mejor modo de decir"
José Martí
(*) Coordinador de Organización del Frente Popular
www.albedrio.org
6 de agosto de 2010
José Martí, procer antioligárquico y antiimperialista
Mario Sosa
Coordinador de Organización del Frente Popular
Hoy, América Latina se encuentra en una encrucijada. O avanza hacia la unidad y la liberación de sus pueblos, en clara batalla contra el imperialismo y el capitalismo y hacia la construcción de una sociedad nueva, o daremos un paso hacia atrás que puede significarnos otros 200 años de opresión de las oligarquías y del monstruo conocido por Martí desde dentro y que oportunamente nos advirtió de sus tentáculos y venenos.
Y por qué hablamos de esto en este homenaje a uno de los más extraordinarios pensadores que ha dado nuestra Patria Grande. Porque seguramente, el mismo estaría encabezando estos procesos de liberación y estaría haciéndonos pensar en la mejor forma de transitar hacia ese futuro a construir; estaría en la vanguardia de esta batalla, como lo estuvo en el momento de su gloriosa trascendencia, ese 19 de mayo, hace 115 años atrás.
Las enseñanzas de Martí, desde la poseía y desde el ensayo, se vieron coherentemente realizadas con su práctica revolucionaria. El mismo le escribía a Manuel Mercado …ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
José Martí, ese profeta de su tierra que es Cuba y que también es Nuestra América. José Martí, ese hombre que dio su vida para curarle la enfermedad a su madre patria y que fue antítesis de aquellos que llevan letrero de traidor en la espalda. José Martí, aquel que nos llamó a despertar, a acostarnos con las armas de almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.
Es ese José Martí al que hoy rendimos homenaje, no como riqueza etérea para contemplar una vez cada año, sino como espada desenvainada ante los enemigos de Nuestra América, ante las oligarquías lacayas y el imperialismo en todas sus formas. Porque es ahí donde adquieren sentido sus palabras, cuando nos dice: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.
Hoy, cuando la marcha unida de los pueblos de Nuestra América abre sendero hacia la independencia definitiva, cuando el ALBA empieza a ser esperanza de unidad soberana, digna y solidaria, José Martí adquiere mayor relevancia, pues su pensamiento y práctica, como lo fueron las ideas y acciones de Simón Bolívar y Francisco Morazán, es raíz y guía necesaria para enfrentar los embates de nuestros enemigos históricos.
En este marco, con el pensamiento revolucionario de José Martí y con el arte que aporta vínculos entre el pasado presente y el presente futuro, podremos andar el camino hacia la libertad de Nuestra América, de la Patria Grande, y hacer de nuestra revolución una creación humanista e integral. Es esta la trascendencia y el aporte de la Exposición pictórica colectiva José Martí, Nuestra América, en su V edición, que hoy presenta el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la cual desde la creación artística nos liga a un personaje, a un proceso, a una utopía realizable: la de Nuestra América libre, soberana, digna y solidaria.
Nuestro reconocimiento pues al STAP y, como mención especial, a su Secretario General, Fernando Minera, por concedernos esta herencia que desde el arte comprometido forma parte ya del camino que estamos recorriendo por recuperar el proyecto histórico para Guatemala y por construir ese futuro promisorio para Nuestra América.
Concluyo entonces diciendo: Martí vive, porque vive revolucionario el pueblo que le vio nacer y porque continúa en la vanguardia contra las oligarquías y contra el imperialismo, por la construcción de Nuestra América.
Coordinador de Organización del Frente Popular
Hoy, América Latina se encuentra en una encrucijada. O avanza hacia la unidad y la liberación de sus pueblos, en clara batalla contra el imperialismo y el capitalismo y hacia la construcción de una sociedad nueva, o daremos un paso hacia atrás que puede significarnos otros 200 años de opresión de las oligarquías y del monstruo conocido por Martí desde dentro y que oportunamente nos advirtió de sus tentáculos y venenos.
Y por qué hablamos de esto en este homenaje a uno de los más extraordinarios pensadores que ha dado nuestra Patria Grande. Porque seguramente, el mismo estaría encabezando estos procesos de liberación y estaría haciéndonos pensar en la mejor forma de transitar hacia ese futuro a construir; estaría en la vanguardia de esta batalla, como lo estuvo en el momento de su gloriosa trascendencia, ese 19 de mayo, hace 115 años atrás.
Las enseñanzas de Martí, desde la poseía y desde el ensayo, se vieron coherentemente realizadas con su práctica revolucionaria. El mismo le escribía a Manuel Mercado …ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
José Martí, ese profeta de su tierra que es Cuba y que también es Nuestra América. José Martí, ese hombre que dio su vida para curarle la enfermedad a su madre patria y que fue antítesis de aquellos que llevan letrero de traidor en la espalda. José Martí, aquel que nos llamó a despertar, a acostarnos con las armas de almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.
Es ese José Martí al que hoy rendimos homenaje, no como riqueza etérea para contemplar una vez cada año, sino como espada desenvainada ante los enemigos de Nuestra América, ante las oligarquías lacayas y el imperialismo en todas sus formas. Porque es ahí donde adquieren sentido sus palabras, cuando nos dice: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.
Hoy, cuando la marcha unida de los pueblos de Nuestra América abre sendero hacia la independencia definitiva, cuando el ALBA empieza a ser esperanza de unidad soberana, digna y solidaria, José Martí adquiere mayor relevancia, pues su pensamiento y práctica, como lo fueron las ideas y acciones de Simón Bolívar y Francisco Morazán, es raíz y guía necesaria para enfrentar los embates de nuestros enemigos históricos.
En este marco, con el pensamiento revolucionario de José Martí y con el arte que aporta vínculos entre el pasado presente y el presente futuro, podremos andar el camino hacia la libertad de Nuestra América, de la Patria Grande, y hacer de nuestra revolución una creación humanista e integral. Es esta la trascendencia y el aporte de la Exposición pictórica colectiva José Martí, Nuestra América, en su V edición, que hoy presenta el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la cual desde la creación artística nos liga a un personaje, a un proceso, a una utopía realizable: la de Nuestra América libre, soberana, digna y solidaria.
Nuestro reconocimiento pues al STAP y, como mención especial, a su Secretario General, Fernando Minera, por concedernos esta herencia que desde el arte comprometido forma parte ya del camino que estamos recorriendo por recuperar el proyecto histórico para Guatemala y por construir ese futuro promisorio para Nuestra América.
Concluyo entonces diciendo: Martí vive, porque vive revolucionario el pueblo que le vio nacer y porque continúa en la vanguardia contra las oligarquías y contra el imperialismo, por la construcción de Nuestra América.
Llamado histórico a la juventud
Mario Sosa
http://www.url.edu.gt/brujula/opinion.html
Es indudable, en la juventud guatemalteca se cuenta con una visión crítica de la situación que generaciones precedentes nos han heredado. Es una juventud ávida de cambio y manifiesta diversas acciones a través de las cuales trata de contribuir mejorar las condiciones actuales. Es y debe ser su compromiso actual y futuro: construir una sociedad radicalmente distinta: justa, digna, soberana, solidaria, desarrollada y en paz.
Pero lograr esa sociedad anhelada requiere una visión objetiva, histórica y estratégica, desde la cual sea posible idear con coherencia las soluciones y el camino a seguir, para que en su calidad de sujetos, pueda constituirse en el motor fundamental para sacar al país del atraso y la miseria y para resolver la crisis histórica y estructural que predomina y que las fuerzas dominantes no han sido y no muestran capacidad de resolver.
Ese deseo de cambio y el entusiasmo, no obstante, es insuficiente. Toda acción, para ser transformativa, debe partir de una perspectiva crítica que de paso a una acción planificada, basada en principios, con objetivos y estrategia coherente, y con un liderazgo que nazca del proceso que genuinamente abandere el cambio que nuestra matria, Guatemala, necesita.
En este sentido, el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Sin reconocer lo que hemos sido, será imposible comprender lo que somos y, por consiguiente, lo que queremos ser en el futuro. La historia está contenida de experiencias y aprendizajes, asidero del cual no podemos prescindir.
La historia reciente de nuestro país está marcada por la rebelión cívico militar de 1944, que derrocó la dictadura de los 14 años encabezada por Jorge Ubico y Federico Ponce, en la cual participa la juventud y se incorpora, bajo la dirección de dos grandes estadistas: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, al proceso de construcción de una sociedad profundamente democrática y orientada al bienestar de las grandes mayorías, cambiando radicalmente la orientación del Estado. Es una juventud moral y éticamente solvente, que demostró su compromiso con el prójimo, que tuvo una intachable gestión pública y que hoy es reconocida por sus legados humanistas y revolucionarios.
Esa juventud fue artífice de cambios sin precedentes generados durante la década revolucionaria (1944-1954). Se instituyeron leyes y políticas orientadas a lograr que el país fuera democrático, independiente y capitalistamente desarrollado, tales como: una constitución democrática, el código de trabajo, el IGSS, la autonomía municipal y universitaria, una reforma agraria que empezaba a dinamizar el campo y el mercado interno, ruptura con monopolios extranjeros en materia de energía eléctrica y ferrocarril, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, carreteras estratégicas como la del Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla. Asimismo, suprimió el trabajo forzoso y se garantizó la protección laboral, se avanzó como nunca en garantizar educación gratuita y obligatoria y salud a través de la ampliación y mejora cualitativa de servicios. Fue un período en donde se democratizó políticamente el país y se promovió y respeto a la organización y participación sindical, campesina y social en general.
Los avances logrados fueron truncados por la invasión estadounidense y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. La contrarrevolución de 1954, representa para el país consecuencias que se extienden hasta hoy. No solamente hemos retrocedido en un conjunto de conquistas sociales, sino además nos han heredado un país -que nadie puede negar- se debate en el atraso y la miseria, la delincuencia y la impunidad, la dependencia y el expolio, la injusticia y la desigualdad, el racismo y la discriminación.
Monseñor Romero afirmó “La paz es fruto de la justicia” y para lograrla es necesario que la juventud recupere perspectiva histórica y recree el presente y futuro, con principios democráticos, siendo protagonista en la construcción de una Nación y un Estado capaz de lograr la justicia
http://www.url.edu.gt/brujula/opinion.html
Es indudable, en la juventud guatemalteca se cuenta con una visión crítica de la situación que generaciones precedentes nos han heredado. Es una juventud ávida de cambio y manifiesta diversas acciones a través de las cuales trata de contribuir mejorar las condiciones actuales. Es y debe ser su compromiso actual y futuro: construir una sociedad radicalmente distinta: justa, digna, soberana, solidaria, desarrollada y en paz.
Pero lograr esa sociedad anhelada requiere una visión objetiva, histórica y estratégica, desde la cual sea posible idear con coherencia las soluciones y el camino a seguir, para que en su calidad de sujetos, pueda constituirse en el motor fundamental para sacar al país del atraso y la miseria y para resolver la crisis histórica y estructural que predomina y que las fuerzas dominantes no han sido y no muestran capacidad de resolver.
Ese deseo de cambio y el entusiasmo, no obstante, es insuficiente. Toda acción, para ser transformativa, debe partir de una perspectiva crítica que de paso a una acción planificada, basada en principios, con objetivos y estrategia coherente, y con un liderazgo que nazca del proceso que genuinamente abandere el cambio que nuestra matria, Guatemala, necesita.
En este sentido, el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Sin reconocer lo que hemos sido, será imposible comprender lo que somos y, por consiguiente, lo que queremos ser en el futuro. La historia está contenida de experiencias y aprendizajes, asidero del cual no podemos prescindir.
La historia reciente de nuestro país está marcada por la rebelión cívico militar de 1944, que derrocó la dictadura de los 14 años encabezada por Jorge Ubico y Federico Ponce, en la cual participa la juventud y se incorpora, bajo la dirección de dos grandes estadistas: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, al proceso de construcción de una sociedad profundamente democrática y orientada al bienestar de las grandes mayorías, cambiando radicalmente la orientación del Estado. Es una juventud moral y éticamente solvente, que demostró su compromiso con el prójimo, que tuvo una intachable gestión pública y que hoy es reconocida por sus legados humanistas y revolucionarios.
Esa juventud fue artífice de cambios sin precedentes generados durante la década revolucionaria (1944-1954). Se instituyeron leyes y políticas orientadas a lograr que el país fuera democrático, independiente y capitalistamente desarrollado, tales como: una constitución democrática, el código de trabajo, el IGSS, la autonomía municipal y universitaria, una reforma agraria que empezaba a dinamizar el campo y el mercado interno, ruptura con monopolios extranjeros en materia de energía eléctrica y ferrocarril, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, carreteras estratégicas como la del Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla. Asimismo, suprimió el trabajo forzoso y se garantizó la protección laboral, se avanzó como nunca en garantizar educación gratuita y obligatoria y salud a través de la ampliación y mejora cualitativa de servicios. Fue un período en donde se democratizó políticamente el país y se promovió y respeto a la organización y participación sindical, campesina y social en general.
Los avances logrados fueron truncados por la invasión estadounidense y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. La contrarrevolución de 1954, representa para el país consecuencias que se extienden hasta hoy. No solamente hemos retrocedido en un conjunto de conquistas sociales, sino además nos han heredado un país -que nadie puede negar- se debate en el atraso y la miseria, la delincuencia y la impunidad, la dependencia y el expolio, la injusticia y la desigualdad, el racismo y la discriminación.
Monseñor Romero afirmó “La paz es fruto de la justicia” y para lograrla es necesario que la juventud recupere perspectiva histórica y recree el presente y futuro, con principios democráticos, siendo protagonista en la construcción de una Nación y un Estado capaz de lograr la justicia
Acción colectiva, territorio y autonomía indígena en Guatemala
Esta ponencia, presentada al Foro de Universidades Jesuitas “Realidad geopolítica, realidad centroamericana y Universidad”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 28 y 29 de octubre de 2009, se fundamenta en datos empíricos producto de observación directa, consulta de fuentes de organizaciones indígenas y campesinas, fuentes periodísticas y en textos propios y de otros académicos, así como en dos estudios: “Un Estado otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación política en Guatemala, de Ramos, Belinda y Mario Sosa, publicado en 2008 por el INGEP-URL, y Gestión Ambiental y gobernabilidad local, de Sosa, Mario y Carlos Quezada (en edición), por el IARNA e INGEP. Sin embargo, por la necesidad de síntesis, se excluyen muchas referencias empíricas y se abona sobretodo en el análisis e interpretación necesaria para abonar al debate pretendido en este Seminario.
Mario Sosa
En Realidad geopolítica, situación centroamericana y universidad. Memoria del Foro Regional de Universidades Jesuitas. INTRAPAZ-URL y Konrad Adenauer Stiftung, marzo 2010, pp. 72-83.
La historia de nuestros países centroamericanos, desde la invasión española, ha estado determinada por distintas etapas de acumulación de capital que han implicado nuevos y renovados despojos de los territorios y medios de vida vitales de los pueblos originarios, legales o ilegales, todos ellos ilegítimos. Tales etapas han sido aparejadas con regímenes políticos de opresión, algunos más represivos que otros, dependiendo de las necesidades de expolio y apaciguamiento de la resistencia que han presentado tales pueblos y movimientos que de ellos emanan.
En este marco, los pueblos indígenas han sido orillados a territorios carentes de atractivo extractivo o expoliador por parte del capital, pensados como los reservorios de fuerza de trabajo semiesclava o barata, o como masa de electores que garanticen la sustitución de unas elites por otras en el poder. De tal manera que estos han sido los segmentos principales de la población que, en el marco de nuestros Estados, han padecido los avatares de los intereses de las fuerzas principales del capital y sus consecuencias en materia de condiciones sociales, económicas y políticas, altamente cargadas de discriminación y racismo como justificación y como sistema para reproducir su opresión y exclusión. Son sujetos que en materia de derechos se encuentran con mayores rezagos en la posibilidad de ejercer ciudadanía, ya no digamos derechos de carácter colectivo.
Esto se sigue registrando en la actualidad. Así, el modelo económico actual, como organización para la acumulación de capital que se impulsa en Guatemala y, con diferencias secundarias, en los países centroamericanos en general, se basa en una estructura agraria concentradora de la tierra y con fuerte desigualdad en el acceso a medios de producción y capital para población campesina e indígena, fuerzas productivas dependientes y atrasadas, orientado y dependiente del mercado internacional en su calidad de productor de materias primas. Es un modelo que se adecúa no solamente a ese papel, sino a los vaivenes de la demanda internacional y los ejes principales de acumulación que hoy resultan ser tres: la instalación y expansión de mega cultivos para la producción de agro combustibles y aceites (palma africana, piñón, caña de azúcar, otros), la explotación minera, petrolera, y los mega proyectos, tal el caso de las grandes represas ligadas a la distribución y servicio de energía que representa altas ganancias, carreteras como la FTN y los proyectos etno-eco-turísticos de alto impacto como el Parque de los Cuatro Balam para la región de El Petén. (Para ampliar ver El Observador, Nos. 19
Dicho modelo, en la medida que tiende a acrecentar la acumulación de tierras y territorios, no solamente está ampliando aceleradamente la frontera agrícola y extractiva (como sucede en áreas como el Polochic), sino continúa el proceso histórico de disminución de áreas de cultivo de alimentos y la apropiación y privatización de recursos vitales y estratégicos como el agua, minerales, bosques, aceleración del deterioro de la naturaleza, cadenas productivas y comerciales principales con mayor concentración, disminución de fuentes de empleo, expulsión de población, aparejado de una política consistente en la re militarización de los territorios locales-regionales y la criminalización de la lucha social en general, todas estas condiciones generadoras de conflictividad.
En este marco, hoy como durante la colonia y el régimen oligárquico de la república cafetalera, los pueblos indígenas —sus territorios, cultura, organización sociopolítica— son los más afectados — no solamente en Guatemala, sino en el continente—, pues están siendo amenazados sus medios vitales de vida. En ese sentido, no es casual que determinadas configuraciones sociales con identidades étnicas —como la maya—, que basándose en los recursos culturales que disponen, redefinen su posición en la sociedad, desarrollan un conjunto de acciones de resistencia, se plantean una visión de la sociedad en la que no quieren vivir y en la que querrían hacerlo, buscando de esta manera la transformación de la estructura social sea entendida desde una perspectiva de clase, de étnica o de ambas. (Ver Ramos y Sosa, 2008: 506)
Esta resistencia de los pueblos indígenas, en general, está transcurriendo a partir de dos formas de acción política íntimamente relaciones: como movimiento social, particularmente como campesino y e indígena, y como movilización de comunidades y pueblos, que por razones analíticas y por la importancia de las mediaciones organizativas que intervienen se separan, aunque podrían ser analizadas como parte de un todo.
De la acción política desde las comunidades y pueblos indígenas
Esta forma de acción política del sujeto indígena ha estado históricamente presente en formas de acción como los llamados “motines de indios” durante de época colonial, que desde los “pueblos de indios” expresaban su rebeldía ante la esclavitud, la semi esclavitud, los aumentos impositivos, los tratos crueles, etc. Ha actuado a través de sus formas de organización, autoridad y representación política, expresadas por ejemplo, como comunidades, pueblos circunscritos a entidades municipales y alcaldías indígenas, formas que conllevan procesos normativos, organizativos y de poder históricos y que son la expresión de entidades con etnicidad e identidad étnica diferenciada al interior del Estado-nación. Como tal, han sido siempre formas de acción colectiva en contra de la explotación y opresión, en defensa de sus medios de vida vital y por la reapropiación del territorio, que en determinados contextos han constituido formas de autogobierno a veces tuteladas o impuestas, pero finalmente formas de autonomía con distintas posibilidades de decisión y movilización social sobre asuntos que les afectan.
Es ahí donde se entienden las comunidades y pueblos indígenas que en la actualidad se movilizan por la defensa de sus recursos, territorios y derechos colectivos, una de cuyas formas principales hoy se expresa en la realización autogestionada de consultas comunitarias o ciudadanas, en la cuales se está decidiendo de manera colectiva sobre actividades económicas, principalmente extractivas (como la minería a cielo abierto), aunque en algunos casos también referidas a represas y últimamente a las empresas transnacionales que sirven energía eléctrica a precios y condiciones cuestionadas.
Las consultas comunitarias, que se han realizado en cerca de 30 municipios, principalmente en el occidente del país, hoy constituyen una expresión de búsqueda de ejercer derechos que, en tanto vinculan a sus formas de organización, autoridad y representación, a poblaciones enteras, aunque vinculen en el proceso a gobiernos municipales que son representación estatal en los municipios y otras instituciones ubicadas en el ámbito de la sociedad civil, también pueden ser interpretadas como un proceso de empoderamiento y apoderamiento, germen de formas de autogobierno o autonomía de hecho.
A través de este tipo de procedimientos, legales, legítimos y pacíficos, han decidido su desacuerdo a la minería, lo que es decir a concreciones de un modelo de desarrollo que garantiza la explotación y el saqueo a manos de elites empresariales, locales y transnacionales, y que resulta contrario a los intereses mayoritarios, al bien común.
El caso de Sipacapa
San Marcos, como otras regiones del país, es objeto de interés para la actividad minera, generación de energía eléctrica y proyectos etno-eco turísticos, como formas de acumulación de capital principalmente en manos de transnacionales, los cuales en muy poco benefician los procesos de desarrollo productivos soberanos en general y de los pueblos indígenas en particular. En este contexto, en el territorio de San Miguel Ixtahuacán (mam) y Sipacapa (sipakapense) se implantó el Proyecto Minero Marlin, de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, el cual constituyó una imposición a dos pueblos que reivindican su derecho a ser sujetos en este tipo de procesos.
Mas allá de las gestiones en materia ambiental y social, fuertemente cuestionadas por diversidad de actores nacionales, regionales y locales, la empresa Montana ha venido desarrollando campañas de propaganda y proyectos de distinto tipo orientados a sectores o comunidades de influencia directa e indirecta, con el objetivo de lograr la aceptación de sus actividades en un contexto de beneplácito de sucesivos gobiernos. Sin embargo, los prontos cuestionamientos sociales, políticos y ambientales surgidos, hacen que desde el inicio de su construcción (2003) se constituya en un detonante sociopolítico en el ámbito regional y local. Desde el inicio, el proyecto minero Marlin generó oposición de diversos movimientos y sectores, incluidos líderes y comunidades sipakapenses que participaron en movilización sucedidas desde inicios del 2004
Sintéticamente y sin entrar a los pormenores del proyecto minero, las características de su imposición, así como de una descripción detallada del caso que puede ser consultado en el estudio “Gestión ambiental en territorios en disputa”, en Sipacapa asistimos a un proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, y la movilización se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.
Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Y esto ha estado cimentado en la identidad étnica, la cual jugó un papel relevante en los discursos , reivindicaciones, defensa de derechos colectivos y en la retoma de un sentido colectivo referido a la colectividad sipakapense y su territorio, ante el proyecto minero que fue visto como una incursión y apropiación externa.
La consulta comunitaria significó la búsqueda de defensa y reapropiación del territorio a partir de plantear un valor diferenciado sobre la naturaleza, no como mercancía, y sobre la cual se plantean derechos colectivos, étnicos en este caso. Y es que, como afirma Enrique Leff, “La reapropiación cultural de la naturaleza entraña una política del ser y del tiempo, de la identidad y de la diferencia que están arraigadas en la tierra, incorporadas en el Ser y hechas historia a través del tiempo… de formas de significación como construcción de sus territorios de vida.” (2004: 395) que se confronta a las formas de apropiación del territorio que realiza el capital y el Estado.
Los actores étnicos locales han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal y su apropiación, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de capital, como apropiación y explotación de recursos naturales. Tal estrategia permite concretar un proceso de apoderamiento y empoderamiento desde sus formas de organización, autoridad y representación comunitaria y sectoriales, tradicionales y novedosas, asumiendo la instancia estatal más importante en la localidad: el gobierno municipal, en dirección a demandar y reivindicar derechos colectivos y a potenciar como idea fuerza la constitución del pueblo sipakapense que reivindica su derecho a ser sujeto de su proceso de desarrollo.
Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada. Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas, la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la naturaleza, entre otros.
En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y contradictorio.
Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité cívico –una especie de partido político local-- que configura un nuevo gobierno municipal que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE, gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada: el pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa del territorio.
Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.
Trascendiendo la visión e intereses transnacionales y de la institucionalidad que apera en función de estos, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la institucionalidad y la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local, constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.
Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso en donde aparece la política minera, en buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y políticas que fundamentan el proceso desde lo local, pero también una normativa que impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está perfilando en el municipio. En este sentido, el proceso que privilegia la acción gubernamental y lo público institucional nacional y su real o potencial eficacia y legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y ambientales del territorio local.
En estos territorios en disputa, se observa claros obstáculos para el impulso de proyectos productivos de alto impacto debido a que se carece del acuerdo social, con base no solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales el Estado está llamado a garantizar. Esto debido a que la acción gubernamental, lo público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios (equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.
El caso de Sipacapa ilustra un proceso procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de autonomía o autogobierno local con una lógica y con contenidos y formas diferentes, la política pública pretendida desde lo global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones para su impugnación.
En ese sentido, un proceso democrático supone la representación, la participación, la legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar. Esto, en buena medida tiene mayores posibilidades de concretarse desde el proceso de autogobierno o autonomía indígena, y menos posibilidades desde la imposición manifiesta en las política minera, de seguridad e inclusive ambiental del Estado, y menos aun en los intereses extractivos del capital transnacional ahí presente.
Es ahí donde da inicio –que también es continuidad—un proceso autonómico del pueblo sipakapense, una autonomía entendida como proceso de empoderamiento y apoderamiento plasmado en una forma de autogobierno que se ejerce en el marco del régimen político establecido, que procede de la comunidad y que pasa por el gobierno municipal que es visto como autoridad local, antes que autoridad estatal, ha sido ejercida en confrontación al capital transnacional, en particular a una de sus principales formas de acumulación que sin duda puede ser interpretada como expolio.
No hablamos de una forma teóricamente concebida o definida, sino de un proceso sintetizado en el gobierno comunitario/municipal, como proceso actual y desde la perspectiva e intereses autodefinidos por el sujeto colectivo: el pueblo sipakapense. Hablamos de una forma de autogobierno que sin duda resulta de un proceso histórico y de una re semantización del gobierno municipal, que ha pasado de ser representación del Estado –que formalmente y realmente sigue siéndolo en varios aspectos--a ser representación política propia. Esta autonomía ha sido un ejercicio contra aquella institucionalidad del Estado cuyas decisiones y políticas de participación, minera –especialmente en su defensa de la minería- y ambiental, han sido cuestionadas, frenadas y redefinidas, no por una ciudadanía a secas, sino por un sujeto colectivo de carácter étnico.
Este proceso, basado en un acuerdo social como expresión de una nueva hegemonía local, establece el marco de lo que es posible hacer y la posibilidad de relación política e institucional en el contexto local, incluida la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una autogestión (que no significa renunciar a recursos externos y estatales) que se encamine a potenciar las decisiones alcanzadas y los objetivos y resultados planteados.
El sujeto de este proceso autonómico, el pueblo sipakapense, aparece rebelde contra el Estado-nacional que lo niega en las decisiones trascendentales que les afectan directa e indirectamente, que lo oprime con la imposición de proyectos económicos del interés del capital transnacional y nacional que lo amenaza con despojarlos de sus recursos (tierras, territorios) y, por consiguiente, de su ambiente vital. Es un sujeto que surge o resurge con legitimidad y apropiándose de parte de la legalidad, poniendo en cuestión la institucionalidad del poder utilizada para crear las condiciones para la acumulación y garantizar el dominio de los intereses del capital. De hecho, es un sujeto que se enfrenta a las formas de acumulación de capital y a las formas de representación de la democracia liberal-representativa-elitista imperante. Además de rechazar la minería, también lo ha hecho con las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada y, como parte de ésta, con los partidos políticos, en tanto estos entes llamados teóricamente a ser los intermediarios y representantes de la ciudadanía ante el Estado no se vinculan y no logran representar e intermediar los intereses procedentes de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Contrariamente, dicho sujeto étnico constituye una expresión de democracia entendida como construcción de poder con implicaciones de autogobierno desde abajo, con carácter ético y más horizontal, ligado a la cotidianeidad y ser de las comunidades, surgido de las formas propias de organización, autoridad y representación.
De hecho, este proceso de autonomía se asienta en el carácter dado a la pregunta que se formuló para la consulta comunitaria y en la decisión mayoritaria alcanzada a favor del “No a la minería” y que se opone a la imposición y el carácter injusto de la política y explotación minera. Una pregunta y respuesta que conlleva la reivindicación de autonomía local, social y política, que se plasma en su derecho a decidir. Una autonomía en la cual ha sido esencial la decisión, estrategia y dirigencia política propia, que ha sabido apropiarse de legislación nacional que le faculta avanzar en esa dirección. Una autonomía que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica; identidad que se expresa y articula como discurso y práctica sociopolítica y que se potencia a partir de la defensa del territorio.
Este proceso autonómico conlleva el cuestionamiento al modelo de “desarrollo” impulsado por el Estado, evidencia las contradicciones de la institucionalidad y política estatal (entre la política minera y ambiental, por ejemplo) y concreta el impulso de un modelo de desarrollo y política alternativa. Asistimos a un proceso en el cual, desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
El proceso de Sipacapa constituye una experiencia que enseña un proceso de revalorización y reapropiación sociopolítica y productiva del territorio, basado en objetivos que pueden ser catalogados en el marco del desarrollo sostenible, que se fundamenta en una perspectiva étnica en la cual emerge el ser de pueblo sipakapense, que reivindica su concepción y su derecho a ser sujeto.
Desde el pueblo sipakapense, desde sus actores hegemónicos, se ha fortalecido una concepción del desarrollo que es autodefinida como legítima, pues plasma sus intereses y objetivos en la defensa de los recursos naturales, el ambiente, la salud, entre otros elementos. Es una concepción en la cual se ubican como sujetos y no como objetos del desarrollo y, en ese sentido, reivindican un conjunto de derechos individuales y colectivos que como ciudadanos y pueblo les asiste según la normativa nacional plasmada en la Constitución Política de la República y en instrumentos legales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y el Convenio 169.
Este proceso autonómico ha tenido implicaciones todavía parciales en el ámbito de la producción, pero sustanciales en las posibilidades y limitaciones en torno al territorio, el ambiente y los elementos de la naturaleza, al gobierno local, la conflictividad, la cultura política y la participación social y comunitaria. Sus posibilidades, no obstante, pueden ser objeto de regresión a menos que se trascienda la oposición a la minería y se avance en la articulación y apropiación colectiva de un proyecto político compartido, que se plasme en políticas organizadas, sistemáticas y logrando resultados concretos que permitan disminuir la dependencia y la opresión que es ejercida por poderes económicos como el capital y políticos como el Estado oligárquico y mono cultural.
La autonomía étnica, entonces, no es algo etéreo, teórico y nebuloso, sino un proceso de ejercicio de poder desde abajo, desde el sujeto étnico por excelencia: el pueblo indígena, en defensa de sus derechos y de su territorio como ámbito esencial de vida ante un modelo de acumulación de capital que lo amenaza, desarrollando y potenciando sus formas de organización, autoridad y representación política (incluidas comunidades mestizas como representación del “Otro” que no lo es en todo sentido) y avanzando en competencias que le permitan ser sujeto de su propio destino. Es, en el caso de Sipacapa, un proceso de resistencia hacia el empoderamiento y apoderamiento como sujeto colectivo.
De la acción política como movimiento campesino e indígena
Esta se expresa como movimiento campesino y como movimiento indígena –muchas veces indisolubles-, dependiendo de lo que el liderazgo o las mediaciones organizativas determinan como más importante de reivindicar discursivamente y en los proceso de diálogo y búsqueda de negociación en los cuales han participado. Así se mezclan intereses y demandas relativas a la tierra, al crédito, a insumos necesarios para la reproducción de la producción campesina –con todo lo heterogénea que puede resultar en nuestro contexto-, con otro tipo de planteamientos relacionados con la defensa de los territorios indígenas y en oposición a mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas. En este sentido, aun con su heterogeneidad y fragmentación, es manifiesta la búsqueda por incidir en la gestión gubernamental, principalmente, tratando de abrir espacios de diálogo y negociación, hasta el momento con mínimos resultados que responden a su capacidad organizativa y política y a sucesivos gobiernos gestores de la estructura y modelo económico imperante.
Es indudable que en ambas dimensiones de movilización, los pueblos indígenas expresan el cuestionamiento profundo no solamente al modelo económico sino al régimen y sucesivos gobiernos lo sostienen. Hacen explícito dos conflictos principales de la formación social guatemalteca: el relativo a las clases sociales y a la configuración étnica. En su expresión de comunidades y pueblos, cuestionan al régimen que reproduce las condiciones económicas, sociales y políticas que reproducen el expolio y la opresión étnica, y en su expresión de clase campesinas, se enfrentan al capital local y transnacional que amenaza sus condiciones ya paupérrimas de reproducción.
En ambos casos pueden ser concebidos como parte de un movimiento social de carácter étnico. Son formas de acción colectiva que se enraízan en la historia, en el carácter de la nación y el Estado, en la estructura social y sus contradicciones, en este caso ubicada en las características el modelo económico imperante. Es desde ahí que se cuestiona el régimen económico y jurídico a través de ocupaciones de tierras, toma de carreteras, que han tenido respuestas ideológicas (como la criminalización de la lucha social), represivas (desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, persecución legal y enjuiciamiento a líderes indígenas y campesinos) y políticas (de cooptación a partir de espacios de diálogo dilatorio, inclusión al asistencialismo gubernamental como en la política llamada de cohesión social), todo ello para controlar sus expresiones, aunque en este caso, quienes ejercen el poder han tendido a realizar algunas concesiones como la suspensión momentánea de licencias de exploración y explotación minera.
Es palpable como a través de las expresiones de movimiento campesino e indígena, como de la acción procedente desde las comunidades y pueblos, han potenciado una legitimidad que tiene su asiento en el ser étnico, con interpretaciones y adhesiones actuales que se manifiestan en asumir la legalidad al basar la consultas, por ejemplo, en leyes establecidas, desde donde han encontrado sustento para hacer valer política y jurídicamente sus formas de consulta y decisión ante asuntos de interés colectivo, aun cuando el mismo régimen, a través de empresas transnacionales y la misma institucionalidad estatal, han accionado para impedir el carácter vinculante de tales decisiones. Pero también se observa esta legitimidad asentada en el ser social antes que en el régimen político, cuando se activan las formas de organización, autoridad y representación política propia de tales comunidades y pueblos, cuando se retoman normas, códigos éticos y políticos que rigen la búsqueda de ser sujetos colectivos en la lucha contra la minería, generando luchas contenidas de significados sobre lo que es bueno para la comunidad, sobre los comportamientos y relaciones aceptadas, sobre las prácticas de poder –en este caso mas horizontales, como expresión de democracia participativa y directa- que se hacen manifiestas en discursos y prácticas que limitan la posibilidad de maniobra política no solamente de las empresas extractivas sino de las representaciones estatales que actúan como operadoras de estas últimas, antes que de las comunidades y pueblos indígenas.
En especial la movilización de comunidades y pueblos han resultado de la confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de ONG, de expresiones religiosas –como parroquias y comunidades de base católicas- y liderazgos y redes que, asentados en la cotidianeidad territorial, han logrado concretar lo que a nivel nacional ha resultado en la coyuntura actual imposible, y han constituido un poder que ha configurado una correlación de fuerzas local favorable a la constitución de sujetos colectivos heterogéneos pero unificados en el objetivo de realizar las consultas ciudadanas y lograr el triunfo de la oposición a la minería, o no ha dejado mas opción que apoyarlas, tal el caso de autoridades municipales que manifestaron renuncia.
En ambas dimensiones de acción colectiva ha estado presente, asimismo, la identidad étnica y campesina, a veces íntimamente relacionada por los liderazgos y organizaciones mediadoras, que expresan una autoidentificación y un origen que traducido en elementos de cosmovisión, de auto historicidad, etc. Han constituido ideas fuerzas del sentido de pertenencia a una entidad social común (el pueblo indígena particular o el pueblo maya en general) y, por consiguiente, un factor de primer orden en la concepción, la adhesión y movilización sociopolítica. Es desde ahí, que se han planteado, asimismo, una idea particular de los oponentes: las transnacionales como agentes externos y representación del expolio histórico, las autoridades gubernamentales como gestores de éstas y al Estado como representación del poder “ladino” como representación de racismo y opresión étnica. Han sido componentes importantes para la construcción de movimiento, de comunidad, de pueblo, como sujetos actuantes.
Hoy, estas formas en las que se expresa la acción colectiva asentada en los pueblos indígenas, constituyen parte importante del cuestionamiento al régimen económico, social, étnico y político establecido, en un contexto que aun con la alta desarticulación política existente en el movimiento sociopolítico alternativo, no dejan de tener una importancia y significado de primer orden en las posibilidades de construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes a los que actualmente conocemos. Por ejemplo: aportan al proceso de democratizar la sociedad y el Estado, pues expresan rebeldías necesarias y desarrollan ejercicios de democracia participativa y directa, poniendo en cuestión intereses, ejerciendo derechos colectivos y reivindicando sistemas políticos propios que debieran ser reconocidos como base de sistemas autonómicos en territorios determinados, con competencias inclusive para decidir sobre actividades productivas, como las extractivas. Están expresando un sentido ético de la política y desde los intereses ciudadanos históricamente relegados, un sentido humanista y de ver la naturaleza, no como un recurso, sino como medio vital de vida y parte del ser social integralmente considerado,
Son parte de un movimiento indígena que expresa demandas y reivindicaciones que se convierten en objetivos de resistencia y tibiamente todavía, en objetivos de transformación social general, que inclusive plantean discursos relativos a pasar de la resistencia a la toma del poder. Son, entonces, expresiones que no dejan de abonar a la construcción de un sujeto social de primer orden en la formación social guatemalteca.
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Del sujeto político en Guatemala: algunos retos para la construcción y articulación
Ponencia presentada en la IV Jornada de Estudios y Experiencias sobre Territorio, Poder y Política. Sujeto Político y Movimientos Sociales en Guatemala. CEDFOG, Huehuetenango, 18-20 de noviembre de 2009.
Mario Sosa
Coordinador de Organización y Movilización Política
Frente Popular
Es evidente que no hemos asimilado la derrota militar, política e ideológica, lo cual se debe, en buena medida a que no hemos logrado recuperar nuestra historia de lucha revolucionaria para establecer los aciertos y errores en su justa dimensión, como recuperación de experiencia y búsqueda de aprendizajes para la nueva etapa que significó pasar de la lucha armada como expresión militar-política para la transformación social a la lucha estrictamente política. Antes que eso, en lugar de ser creadores de una forma de impulsar la revolución por otros medios, nos convertimos en un movimiento institucional e institucionalista que abandonó los fundamentos teóricos y políticos, el proyecto histórico, los principios. Y hablamos de dichos fundamentos, no para hacer un calco a-histórico de ellos, sino para recrearlos, reconociendo aquellos elementos que con justificación o sin ella significaron concepciones y prácticas que en poco o nada tenían que ver con una coherencia revolucionaria, y para potenciar aquellos otros útiles y necesarios para enfrentar la nueva etapa de lucha.
Este proceso devino en una estrategia conservadora de enfrentar la lucha política, en donde las negociaciones tras telón y su fiel cumplimiento, llevaron no solamente a desmovilizar al movimiento social, sino a abandonar el esfuerzo por construir relaciones diferentes, basadas en la autonomía de las organizaciones sociopolíticas pero manteniendo una relación con base en un programa, una estrategia y un liderazgo renovado e incluyente, que permitiera la expresión y representación de aquellos sujetos que habían venido siendo construidos al fragor de la lucha campesina, indígena, sindical, feminista, de juventud, etc. No se supo valorar coherentemente esfuerzos como los generados en torno al FDNG, y contrariamente, hubo un empecinamiento en mantener estructuras de dirección que estaban dejando de contar con la legitimidad necesaria para conducir el proceso, no solamente por la irrupción de sujetos sino por la gestación de nuevos liderazgos.
En este marco, se articuló un proceso que por un lado las organizaciones sociopolíticas exigieron autonomía y la organización partidaria perdió su legitimidad, y por otro lado, el nuevo instrumento devino en una imposición de una concepción de unidad entendida como un decreto que haría desaparecer estructuras organizativas (las de las cuatro organizaciones revolucionarias), identidades y liderazgos, lo cual no solamente no sucedió sino se reprodujo al interior del partido de “la unidad”, que evadió la discusión política e ideológica interna a partir de la justificación de no poner en riesgo “la unidad”, y que pronto devino en abandonos y rompimientos cuyas consecuencias hoy son parte de la explicación de la fragmentación en la cual nos encontramos.
Pero todo este proceso se descentró. Una descentración que no llega a ser entendida, de tal manera que hoy encontramos esfuerzos para avanzar en la unidad de la izquierda con organismos centralizados, urbano-capitalinos, que en buena medida, atados en esquemas como el de separar “lo político” de “lo social”, obvian la necesidad de abrirse y constituirse, antes que en vanguardia imposible, en promotores de la necesaria articulación política de actores con diversas identidades, intereses, formas de organización y representación, bajo esquemas que, indudablemente, deben ser radicalmente distintos a los que nos marcaban los “cánones” revolucionarios de los años 60, 70 y 80, y alejados de las lógicas cortoplacistas, pragmáticas y pro-sistémicas de lo electoralista, que lo son en tanto devienen en una simple participación que avala la sustitución de una elites por otras en el ejercicio de gobierno y nos mantienen en la marginalidad política tratándose de lo electoral mismo. Pero esa descentración significó, asimismo, un camino de abandono del proyecto político y el asentamiento de identidades específicas, que hoy parecieran avanzar muy lentamente pero aportando valiosas luchas y aprendizajes, hacia una recuperación de la necesaria articulación y unidad.
Avanzar en ese camino, dando saltos importantes pero sin perder sustancias, se nos plantean retos que exigen fundamentación, debate y construcción en el ámbito de los discursos, relaciones y luchas en las que estamos comprometidos y comprometidas.
Algunos de estos retos que proponemos considerar son:
A partir del reconocimiento de actores y sujetos específicos, repensar el sujeto revolucionario, que además de recuperar la alternativa al capitalismo y por consiguiente recuperar la concepción de clase, como mínimo debe considerar que su integración actuante y protagónica debe ser multiforme y multiidentitaria, y por consiguiente con concreciones que contengan representatividad de tales sujetos específicos.
Articular a partir de las propuestas de los múltiples actores y sujetos específicos, una propuesta de programa político y de proyecto histórico –que proponemos sea el Socialismo-, que recoja coherentemente las reivindicaciones, derechos, demandas y propuestas que permitan idear un nuevo Estado y una nueva comunidad de comunidades (seguramente como unidad de pueblos), con relaciones sociales basadas en la apropiación colectiva, en la dignidad, la solidaridad, la justicia, la equidad, la soberanía, entre otros principios que obviamente debemos llevarlos a la práctica desde al ahora. Esto pasa por trascender el pragmatismo o el minimalismo que más que hacernos avanzar se nos han convertido en parámetros de estancamiento, sin perspectiva y proyección histórica. Esto para nosotros es la recuperación creadora del proyecto histórico y al programa de la revolución.
Coherentemente con lo anterior, idear una estrategia revolucionaria en donde dimensionemos o redimensionemos las formas de lucha. Esto desde nuestra perspectiva pasa por repensar el papel de lo electoral; por articular una estrategia que incluya la construcción de nuevo poder, la potenciación de los poderes con los que ya contamos, y por la necesaria toma del poder del Estado; por replantearnos las formas de articulación, que a la luz del proceso actual, pareciera ser más coherente hacerlo desde los territorio y los sujetos que se desarrollan desde ahí; por recuperar prácticas de formación (de reeducación política diría uno de nuestros compañeros), esfuerzos de organización y articulación, y movilización reconociendo los ámbitos donde nos estamos jugando nuestro presente y futuro que siempre –y así debiéramos comprenderlo- es compartido; por impulsar la lucha económica, política e ideológica; por fortalecer la resistencia pero haciéndola trascender en dirección a construir al sujeto revolucionario, avanzar en su programa y estrategia, que recupere su carácter ofensivo; por enlazar nuestras luchas a los procesos emancipatorios que se están dando en América Latina y en donde resulta necesario pensar en la Patria Grande de Bolívar y Nuestra América en palabras de Martí. Estos y otros aspectos formarían parte de lo que nosotros llamamos la recuperación creadora de la estrategia revolucionaria.
La recuperación de la teoría revolucionaria, donde incluimos el marxismo como cimiento, pero sin dogmatismo y recreándolo a partir de nuestros contextos y procesos, abriéndonos a aportes que desde otras matrices de pensamiento revolucionario, nos aportan elementos para pensar y repensar nuestras realidades y nuestras luchas por la transformación radical. Es necesario, pues, recuperar la teoría, los ideales y las luchas revolucionarias que se han desarrollado en Guatemala, en Latinoamérica y el mundo, y que nos pueden permitir liberarnos de todo tipo de yugos. Así, pensamiento marxista, bolivariano, martiano, morazanista, sumado a los aportes liberadores de otras matrices de pensamiento y conocimiento como el de los pueblos indígenas, debieran constituir nuestras fuentes.
La construcción de una cultura popular revolucionaria, que destierre aquella cultura de derecha y conservadora que subsiste dentro de nuestras organizaciones y movimientos y que se expresa en: jerarquización, machismo, racismo; la incomunicación y el chisme como eje de “comunicación”, entendimiento y relación con el Otro; el clientelismo y el electoralismo; el pragmatismo y la falta de vigencia de principios; la sumisión; la corrupción y la cooptación; el autoritarismo; la falta de debate serio y fraternal; la priorización del conflicto con mi hermano o mi aliado, por sobre la lucha frente a nuestros enemigos, etc. Contrariamente, que potencie, construya o reconstruya una cultura política basada en principios y valores que se centren en el Ser Humano, en relaciones dialógicas, en el intercambio de saberes, experiencias y sueños, en la recuperación de nuestra memoria y perspectiva histórica que potencie nuestras prácticas y acciones de hoy, con todas sus posibilidades y limitaciones; en el reconocimiento de identidades y sujetos de cambio, donde los liderazgos y dirigencias surjan del fragor de las luchas y no de imposiciones verticalistas, donde nuestras búsquedas de transformación abarquen el ámbito de lo política y no solamente de la política.
Estas son algunas ideas que proponemos para su discusión y debate y que indudablemente no agotan y mas bien complementan los aportes que desde todas y todos, desde nuestros conocimientos, saberes, experiencias y aportes, podemos agregar y continuar este esfuerzo que ya es de articulación y que ojalá trascendiera a prácticas y luchas unitarias antes que a desencuentros innecesarios.
ALGUNAS FUENTES UTILIZADAS
1. Frente Popular (2009). Programa político. I Congreso Político Nacional, 27 de junio de 2009, Guatemala.
2. Sosa, Mario (2008). Régimen y cultura política: un ensayo introductorio. En Lo político y la política. Una mirada desde la antropología. Guatemala: ASOGAP.
3. __________ (2007) Movimientos sociales: retos para su construcción. Documentos para la formación política. Escuela de Formación Política “Alfonso Bauer Paiz y Carlos Paz Tejada”, Guatemala.
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