16 de abril de 2012
EL FRACASO DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Por Mario Sosa
La Cumbre de las Américas, instancia creada desde la OEA para operar los lineamientos de las elites empresariales locales/regionales, del capital global y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, ha resultado un retundo fracaso en su sexta edición del 14 al 16 de abril.
Es necesario recordar que dicho espacio corresponde al obsoleto esquema de la OEA, útil fundamentalmente para garantizar el dominio de Estados Unidos en la región, tal y como lo demuestra el camino y las políticas instituidas por ese organismo a lo largo de los años, y que ha venido a ser cuestionado por la conformación de nuevos bloques, siendo el más relevante el de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La OEA y la Cumbre de las Américas, han sido planteadas por sus promotores como la concreción de la unidad del continente, cuando en realidad han constituido espacios de imposición de un lado y de sumisión por otro, con sus valiosas excepciones: el digno papel de denuncia a la intervención estadounidense que realizara Guillermo Toriello Garrido, embajador de Guatemala ante la OEA, cuando desde el imperio se promovía, financiaba y dirigía el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954 (caso emblemático especialmente para Guatemala) o el digno papel que embajadores como los de la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, han venido realizando ante el seno del organismo regional por la defensa de su independencia y soberanía (casos emblemáticos para Nuestra América, la de Martí, para la Patria Grande, la de Bolívar).
La Cumbre de las Américas empezó a declinar cuando buena parte de los países latinoamericanos y caribeños lograron frenar la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la IV Cumbre realizada en Mar del Plata, Argentina, en el 2005. Después de ese acto, de digna y coherente insubordinación, se fueron fortaleciendo espacios alternativos como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) creado en 1991 pero con renovado impulso en la actualidad, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) instituida en el 2005, y recientemente la CELAC creada en el 2010.
Se llega a la VI Cumbre de las Américas con este acumulado, con el agregado de otros asuntos de trascendental importancia como: 1) el llamado a la inclusión de Cuba, propuesta por varios países latinoamericanos y que lleva a presidentes como Correa de Ecuador y Ortega de Nicaragua a no asistir a la cumbre en solidaridad con la isla, demanda que nuevamente es vetada por Estados Unidos; 2) el llamado a apoyar el hermano pueblo de Argentina en su demanda por la soberanía sobre las Islas Malvinas, secundada por la mayoría de países latinoamericanos, pero bloqueada por Estados Unidos y Canadá, quienes priorizaron los intereses del imperio inglés, su aliado de aventuras de agresión, invasión, ocupación y saqueo en el mundo. Un tercer tema relevante fue la propuesta de reconsiderar la política de combate al narcotráfico, corolario de esta edición de la Cumbre y que, no obstante, hizo evidente el fracaso de la estrategia impuesta por Estados Unidos en la materia.
De tal manera que, ante el avance de procesos de independencia y soberanía, de dignidad y solidaridad, que se concretan en varios países latinoamericanos, y de la gestión de una política regional radicalmente diferente a la que se concreta en la OEA y en este tipo de reuniones, el resultado no podía ser otro: el rotundo fracaso de la VI Cumbre de las Américas.
No hubo acuerdo y menos consenso, no hubo declaración final.
Sí hubo resultados positivos: 1) La solidaridad con Cuba en la recuperación de sus derechos plenos como Estado; 2) La solidaridad con Argentina en su lucha por poner fin a la ocupación inglesa de las Islas Malvinas y por recuperar la soberanía sobre las mismas; 3) La apertura a la búsqueda de alternativas en el combate al narcotráfico.
Ante los discursos sobre el resquebrajamiento de la unidad de las Américas, que parecieran convertirse en dominantes en las grandes medios de difusión masiva, en los organismos del viejo régimen (hasta el momento todavía vigentes) y en los corrillos de la burocracias de la diplomacia sumisa y servil, hoy se está gestando una unidad objetiva, de gobiernos y pueblos, que transcurre por caminos de insumisión.
Ya no será posible la unidad servil a Estados Unidos.
O se constituye una unidad basada en el respeto pleno a la soberanía, sin intervención, sin imposición, sin conspiración, o no será.
Será la unidad alternativa, la unidad de la CELAC, del ALBA, la unidad de los pueblos.
Estamos entonces ante una coyuntura en la cual está por dilucidarse el rumbo que tomarán en definitiva nuestros pueblos: sumisión o rebelión, dependencia o soberanía. He ahí el dilema de Nuestra América, de la Patria Grande.
22 de marzo de 2012
REINVENTANDO EL MUNDO CON SARCASMOS
Lo real maravilloso. Esta frase es frecuentemente utilizada para referirse a la literatura latinoamericana. Inicialmente planteada por Alejo Carpentier, ha sido reveladora de lo extraordinariamente maravillosa de nuestra realidad plasmada en la obra literaria, principalmente. Una fusión de lo mágico y lo real que transcurre hacia el realismo social o la construcción mítica, irreal e ideal de lo humano histórico, que ronda la razón y la locura, lo realmente existente y lo mítico, lo más inhumano y lo extraordinariamente humano, todo fundido en novelas, poesía, ensayos, pintura, escultura, etc.
Y es que la realidad, esa que nos muestra los polos –antagónicos al mismo tiempo que complementarios– del Ser Humano, es capaz de maravillarnos a tal punto que nos obnubila o nos asombra al extremo de conmovernos hasta en lo más profundo de nuestro ser: las entrañas, e inspirarnos a escribir la obra más sublime. O preguntémonos si acaso el asesinato de una niña, la masacre, la invasión, la bomba atómica, el apartheid en sus múltiples formas, la complicidad del lacayo y del mediático, el discurso que lo oculta o manipula, la práctica del caudillo, la mente retorcidamente hipócrita del genocida, por un lado, o la capacidad de dar la vida por la otredad, la sonrisa de un infante, la caricia de una madre, el beso de la amada, el abrazo del hermano, no es parte de lo que nos sorprende y conmueve a quienes mantenemos una mínima sensibilidad y un mínimo sentido crítico de esa realidad.
Pues bien. Ha llegado a tal punto la sorpresa y la conmoción envolvente de nuestra realidad, que en el afán de transformarla, nos genera la necesidad de recrearla, cómo utopía que sirve de orientación, como ambición que se funde en lo colectivo, como destrucción imaginada de lo que nos duele. Una recreación que se convierte en discurso que al mismo tiempo es praxis, aun cuando en su construcción se caiga en lo a-histórico, en lo real maravilloso antojadizo, construido con hechos que se antojan inalcanzables en el tiempo corto, pero que nos ayudan a pensar hacia dónde vamos y hacia dónde debiéramos conducirnos como sujetos, como pueblo, como humanidad.
Invenciones sarcásticas para Guatemala:
1. Guatemala conmemoró el cuarto año de promulgación de su nueva constitución política: La Carta Magna del Pueblo. Con ella, el país logra refundar el Estado, instaurar un nuevo régimen económico y social, reinventar su sistema político basado en la democracia participativa, las autonomías y en la unidad nacional en la diversidad. Constituye un hito histórico, con el cual el nuevo país ha avanzado en resolver sustancial y sostenidamente sus históricos y crónicos problemas nacionales.
2. Ayer Guatemala logró erradicar la desnutrición crónica infantil. Coincidentemente fue reconocido por la comunidad global, su esfuerzo al iniciar la última fase con la cual será derrotado el analfabetismo de su pueblo. Se espera que este país, el más rezagado de América Latina, lleve en los próximos quince años al 100% de su población al nivel de vida digna, del Utz K’aslemal (Buen Vivir) como idea potente y energética desde la cual repensó su paradigma de desarrollo. Todo ello ha sido posible en un nuevo régimen económico, social y político, encabezado por Pueblo Unido y por su máximo dirigente Juan Toj Xajil, un obrero maya nacido en la región multiétnica del Ixcán.
3. Hoy se conmemoran cinco años de la ratificación de la Ley de Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, firmada por el gobierno guatemalteco encabezado por el ex militar retirado, Otto Pérez Molina. Este fue el último acto del último gobierno del ancient regime, al cual se vio obligado ante la presión de la Gran Marcha Campesina que inició en las Verapaces y concluyó en la ciudad capital, y a la cual se unió solidariamente todo el pueblo. Con esto dio inicio un ciclo de vida plena de los pueblos mayas y de las comunidades campesinas y rurales en Guatemala, coincidente con el término de un ciclo de cuanta larga y el inicio del nuevo Baktun.
4. Los políticos han desaparecido en Guatemala. Ningún guatemalteco y guatemalteca ha querido ser vinculada siguiera con este término, al convertirse en un sinónimo de ofensa y sanción social para hechos de inmoralidad. A partir del año pasado se instituyó que todos los funcionarios públicos electos popularmente se denominen servidores, cuya profesión y ejercicio se considera una dignidad, un honor, siendo que la misma se ejerce ad honorem o devengando no más de Q 5 mil mensuales, suficiente para garantizar el costo de la canasta básica vital.
5. La niñez guatemalteca ha recuperado las calles que antaño eran espacio de juego y recreación. A partir de una nueva disposición que prohíbe a los vehículos circular el día domingo y después de haber logrado erradicar la delincuencia y violencia por métodos humanistas y alternativos, hoy padres e hijos han convertido las calles de todas las ciudades, pueblos y comunidades, en verdaderos espacios para la creación y recreación lúdica y artística, donde las risas abarrotan las miradas y la hermandad ennoblece los corazones. Una nueva era ha comenzado.
Invenciones sarcásticas para la comunidad global
6. La ONU ha condenado a Estados Unidos por violaciones a los Derechos Humanos en el mundo. Dicho país ha aceptado su responsabilidad y ha dado inicio al resarcimiento material, moral, espiritual, cultural, ambiental, político en todos aquellos territorios agredidos. En Guatemala, por de pronto, ha retirado sus tropas militares, ha desintegrado sus órganos de inteligencia, ha prometido nunca más volver a intervenir en el destino que escoja su propio pueblo y ha pedido perdón por el genocidio del cual también fue responsable.
7. Israel ha destruido la última bomba atómica existente en el mundo y que aun estaba en su poder, con lo cual la humanidad cierra una historia negra y una puerta que pudo haberla llevado a la aniquilación completa. El mundo entero ha realizado un homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki –primer y último atentado irracional con bombas atómicas–, guardando un minuto de silencio global.
8. El pueblo judío y el pueblo palestino han concluido la maratón del abrazo. Esta fiesta popular y masiva conmemora el Día del Hermanamiento, con el cual pusieron fin a sus disputas y agresiones, e iniciaron un nuevo tiempo de convivencia pacífica, cimentado en sus fuentes de humanismo. Hoy los muros y fronteras entre ambos pueblos han desaparecido.
9. Hoy por la madrugada dio inicio la Gran Ceremonia por la Humanidad, donde confluyen cristianos, islamistas, hinduistas, budistas, judíos, etc. Esta tradición interreligiosa y filosóficamente diversa, surge de la decisión por construir un mundo donde la fe pueda ser vivida en libertad y basada en el respeto pleno a todas las creencias religiosas. Para este año, el consenso ha sido que la Gran Ceremonia por la Humanidad genere una energía espiritual de bienestar que irradie a la humanidad entera.
10. Se ha creado una nueva articulación global de Estados, que sustituyó a la obsoleta Organización de Naciones Unidas. La Asamblea de los Pueblos ha aprobado una nueva carta de entendimiento y relación horizontal y democrática, fraternal y solidaria, para la convivencia pacífica, la preservación de la Madre Tierra y la construcción de la nueva Humanidad.
11. Hemos logrado la meta: reducir la emisión de gases de efecto invernadero al nivel de 1920. La capa de ozono se recupera, se ha estimulado un nuevo ciclo de acumulación de diversidad biológica. El aire está limpio como nunca. Los bebés encuentran en la tierra una incubadora natural y un ámbito vital para ser en su máxima posibilidad.
Invenciones sarcásticas, pretendidamente cuerdas, insuficientes, que resultan en recurso de supervivencia y mecanismos para reflejar apenas una pisca de lo real maravilloso, de esta nuestra realidad que nos duele en el alma, contra la cual seguiremos revelándonos hasta el último aliento de humanidad que nos sea posible y más allá, imaginándonos y construyendo un mundo radicalmente libre, digno y humano.
Y es que la realidad, esa que nos muestra los polos –antagónicos al mismo tiempo que complementarios– del Ser Humano, es capaz de maravillarnos a tal punto que nos obnubila o nos asombra al extremo de conmovernos hasta en lo más profundo de nuestro ser: las entrañas, e inspirarnos a escribir la obra más sublime. O preguntémonos si acaso el asesinato de una niña, la masacre, la invasión, la bomba atómica, el apartheid en sus múltiples formas, la complicidad del lacayo y del mediático, el discurso que lo oculta o manipula, la práctica del caudillo, la mente retorcidamente hipócrita del genocida, por un lado, o la capacidad de dar la vida por la otredad, la sonrisa de un infante, la caricia de una madre, el beso de la amada, el abrazo del hermano, no es parte de lo que nos sorprende y conmueve a quienes mantenemos una mínima sensibilidad y un mínimo sentido crítico de esa realidad.
Pues bien. Ha llegado a tal punto la sorpresa y la conmoción envolvente de nuestra realidad, que en el afán de transformarla, nos genera la necesidad de recrearla, cómo utopía que sirve de orientación, como ambición que se funde en lo colectivo, como destrucción imaginada de lo que nos duele. Una recreación que se convierte en discurso que al mismo tiempo es praxis, aun cuando en su construcción se caiga en lo a-histórico, en lo real maravilloso antojadizo, construido con hechos que se antojan inalcanzables en el tiempo corto, pero que nos ayudan a pensar hacia dónde vamos y hacia dónde debiéramos conducirnos como sujetos, como pueblo, como humanidad.
Invenciones sarcásticas para Guatemala:
1. Guatemala conmemoró el cuarto año de promulgación de su nueva constitución política: La Carta Magna del Pueblo. Con ella, el país logra refundar el Estado, instaurar un nuevo régimen económico y social, reinventar su sistema político basado en la democracia participativa, las autonomías y en la unidad nacional en la diversidad. Constituye un hito histórico, con el cual el nuevo país ha avanzado en resolver sustancial y sostenidamente sus históricos y crónicos problemas nacionales.
2. Ayer Guatemala logró erradicar la desnutrición crónica infantil. Coincidentemente fue reconocido por la comunidad global, su esfuerzo al iniciar la última fase con la cual será derrotado el analfabetismo de su pueblo. Se espera que este país, el más rezagado de América Latina, lleve en los próximos quince años al 100% de su población al nivel de vida digna, del Utz K’aslemal (Buen Vivir) como idea potente y energética desde la cual repensó su paradigma de desarrollo. Todo ello ha sido posible en un nuevo régimen económico, social y político, encabezado por Pueblo Unido y por su máximo dirigente Juan Toj Xajil, un obrero maya nacido en la región multiétnica del Ixcán.
3. Hoy se conmemoran cinco años de la ratificación de la Ley de Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, firmada por el gobierno guatemalteco encabezado por el ex militar retirado, Otto Pérez Molina. Este fue el último acto del último gobierno del ancient regime, al cual se vio obligado ante la presión de la Gran Marcha Campesina que inició en las Verapaces y concluyó en la ciudad capital, y a la cual se unió solidariamente todo el pueblo. Con esto dio inicio un ciclo de vida plena de los pueblos mayas y de las comunidades campesinas y rurales en Guatemala, coincidente con el término de un ciclo de cuanta larga y el inicio del nuevo Baktun.
4. Los políticos han desaparecido en Guatemala. Ningún guatemalteco y guatemalteca ha querido ser vinculada siguiera con este término, al convertirse en un sinónimo de ofensa y sanción social para hechos de inmoralidad. A partir del año pasado se instituyó que todos los funcionarios públicos electos popularmente se denominen servidores, cuya profesión y ejercicio se considera una dignidad, un honor, siendo que la misma se ejerce ad honorem o devengando no más de Q 5 mil mensuales, suficiente para garantizar el costo de la canasta básica vital.
5. La niñez guatemalteca ha recuperado las calles que antaño eran espacio de juego y recreación. A partir de una nueva disposición que prohíbe a los vehículos circular el día domingo y después de haber logrado erradicar la delincuencia y violencia por métodos humanistas y alternativos, hoy padres e hijos han convertido las calles de todas las ciudades, pueblos y comunidades, en verdaderos espacios para la creación y recreación lúdica y artística, donde las risas abarrotan las miradas y la hermandad ennoblece los corazones. Una nueva era ha comenzado.
Invenciones sarcásticas para la comunidad global
6. La ONU ha condenado a Estados Unidos por violaciones a los Derechos Humanos en el mundo. Dicho país ha aceptado su responsabilidad y ha dado inicio al resarcimiento material, moral, espiritual, cultural, ambiental, político en todos aquellos territorios agredidos. En Guatemala, por de pronto, ha retirado sus tropas militares, ha desintegrado sus órganos de inteligencia, ha prometido nunca más volver a intervenir en el destino que escoja su propio pueblo y ha pedido perdón por el genocidio del cual también fue responsable.
7. Israel ha destruido la última bomba atómica existente en el mundo y que aun estaba en su poder, con lo cual la humanidad cierra una historia negra y una puerta que pudo haberla llevado a la aniquilación completa. El mundo entero ha realizado un homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki –primer y último atentado irracional con bombas atómicas–, guardando un minuto de silencio global.
8. El pueblo judío y el pueblo palestino han concluido la maratón del abrazo. Esta fiesta popular y masiva conmemora el Día del Hermanamiento, con el cual pusieron fin a sus disputas y agresiones, e iniciaron un nuevo tiempo de convivencia pacífica, cimentado en sus fuentes de humanismo. Hoy los muros y fronteras entre ambos pueblos han desaparecido.
9. Hoy por la madrugada dio inicio la Gran Ceremonia por la Humanidad, donde confluyen cristianos, islamistas, hinduistas, budistas, judíos, etc. Esta tradición interreligiosa y filosóficamente diversa, surge de la decisión por construir un mundo donde la fe pueda ser vivida en libertad y basada en el respeto pleno a todas las creencias religiosas. Para este año, el consenso ha sido que la Gran Ceremonia por la Humanidad genere una energía espiritual de bienestar que irradie a la humanidad entera.
10. Se ha creado una nueva articulación global de Estados, que sustituyó a la obsoleta Organización de Naciones Unidas. La Asamblea de los Pueblos ha aprobado una nueva carta de entendimiento y relación horizontal y democrática, fraternal y solidaria, para la convivencia pacífica, la preservación de la Madre Tierra y la construcción de la nueva Humanidad.
11. Hemos logrado la meta: reducir la emisión de gases de efecto invernadero al nivel de 1920. La capa de ozono se recupera, se ha estimulado un nuevo ciclo de acumulación de diversidad biológica. El aire está limpio como nunca. Los bebés encuentran en la tierra una incubadora natural y un ámbito vital para ser en su máxima posibilidad.
Invenciones sarcásticas, pretendidamente cuerdas, insuficientes, que resultan en recurso de supervivencia y mecanismos para reflejar apenas una pisca de lo real maravilloso, de esta nuestra realidad que nos duele en el alma, contra la cual seguiremos revelándonos hasta el último aliento de humanidad que nos sea posible y más allá, imaginándonos y construyendo un mundo radicalmente libre, digno y humano.
15 de marzo de 2012
GUATEMALA: UN PAÍS RICO QUE LANGUIDECE EN LA MISERIA
Por Mario Sosa - Guatemala,15 de marzo de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-043.html
Guatemala llora sangre, se diría en lenguaje coloquial. Esto se explica en una de sus contradicciones fundamentales, o al menos en una de sus manifestaciones más evidentes.
Por un lado, más del 54% del pueblo guatemalteco vive en condiciones de pobreza si tomamos en cuenta el criterio de medición del Banco Mundial, claramente cuestionables si partirnos del hecho que Q 16 (US$2) por día son insuficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades vitales de un Ser Humano.
Al considerar las necesidades básicas vitales de una familia de cinco miembros, en cuyo caso sólo uno de sus integrantes vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, este requeriría percibir para satisfacerlas Q 151.71 al día; y si los cinco miembros estuvieran en condiciones y con posibilidades de vender sus capacidades, cada uno requeriría un ingreso mínimo de Q 30.34 al día. Sólo estos datos demuestran que los índices de pobreza en nuestro país no son los que se miden a partir del falso indicador del Banco Mundial; son porcentajes evidentemente superiores a los que reflejan las cifras oficiales devenidas de la burocracia capitalista globalmente organizada y que las instituciones estatales y no gubernamentales locales y transnacionales han asumido para medir la pobreza.
Adicionalmente, el 50% de la niñez guatemalteca se debate entre la desnutrición crónica y la muerte, cifra que asciende a un 82% en regiones donde predomina la presencia de los pueblos originarios de ascendencia maya. Somos además el primer lugar en América Latina y el sexto lugar a nivel mundial con este flagelo. Esto es el impacto de salarios de hambre, desempleo y subempleo, falta de medios de producción y capital financiero, así como de la inseguridad y falta de soberanía alimentaria que afecta a las grandes mayorías y que predomina en el país.
Considerando el Índice de Desarrollo Humano, Guatemala se ubica con un 0,574, muy por debajo de la media de América Latina que se encuentra en el 0,731; además, ubica al país en el lugar 131 de los 187 países para los que se disponen de datos comparables. Las estadísticas también muestran que el 20% de la población percibe el 60% de la riqueza socialmente producida, mientras el 20% menos favorecido, percibe apenas el 3%. Esto nos dibuja un país profundamente desigual e inequitativo, aún más cuando dicho análisis también se hace desde la perspectiva étnica, de género y de edad.
Esta cruda realidad se explica por siglos de colonización, saqueo y explotación, por un régimen económico y político ideado para su reproducción, pero también se explica por políticas actuales que sostienen un modelo de acumulación en donde lo que interesa es obtener y garantizar la máxima ganancia al capital. Es decir, en donde predomina el antidesarrollo, imposible de superar con las actuales concepciones, prácticas y políticas “de desarrollo” imperantes en el ámbito del Estado y de la sociedad civil.
Estas orientaciones del modelo de acumulación y las políticas que le acompañan son entre otras:
A) La explotación de la clase trabajadora en el campo y la ciudad, con salarios de hambre, explotación infantil(i), condiciones de trabajo inhumanas, jornadas laborales que sobrepasan las 8 horas en muchos casos(ii), y con el juego engañoso del salario mínimo que oculta y distrae de la demanda de aumento generalizado al salario.
La pobreza y miseria de nuestro pueblo se sigue agravando, siendo que los salarios mínimos son incumplidos, son insuficientes y los salarios nominales (los que se perciben vía el salario o sueldo) no registran un aumento sustancial. Además, los salarios reales cada vez son menores, lo que significa que alcanzan para consumir cada día menos.
El caso del salario mínimo ilustra esta realidad. Para el 2012, éste se encuentra en Q68 diarios para el sector agrícola y no agrícola, y Q62.50 para el sector maquila. No obstante los irrisorios aumentos que se han dado año con año, son incumplidos, en particular por los empresarios privados. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), el salario promedio nacional es 9% menor que el salario mínimo legal.
En tanto, las recientes cifras aportadas por el mismo Instituto, evidencian que el costo de la Canasta Básica de Alimentos ascendió a Q 2 mil 494.20 mensuales para una familia promedio de 5 miembros –datos al mes de febrero del presente año–, lo cual hace que el salario mínimo sea absolutamente insuficiente para cubrirla. Aun más insuficiente es para cubrir la Canasta Básica Vital que incluye alimentación, salud, educación, vestuario, vivienda, mobiliario, transporte, recreación, cultura, y otros bienes y servicios indispensables; para el mismo mes la Canasta Básica Vital ascendió a Q4 mil 551.46 mensuales. Ambas Canastas registraron un incremento de 13% y 14% con relación al mismo mes del año anterior.
Si consideramos el salario mínimo, por demás un juego político y una trampa para el trabajador, cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos requeriría que el salario mínimo efectivo y sostenido en el tiempo fuera no menor a Q84 diarios y para cubrir el Costo de la Canasta Vital no menor a Q152.
Como se demuestra, el salario mínimo vigente en la actualidad y que percibe el trabajador –aquel tiene “la suerte” que el sistema capitalista periférico lo integre por esta vía–, comparado con las necesidades de consumo, éste no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de alimentos y contenidos nutricionales de su familia.
Es en este juego del salario mínimo en el cual, además, han entrado la mayoría de los escasos sindicatos(iii), los cuales han obviado la lucha por el aumento generalizado al salario y la lucha por el aumento del salario real a través de la conquista de mejores y mayores servicios públicos.
B) El mantenimiento de una masa enorme de población en condición de desempleo, subempleo o en la informalidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (INEI, 2011), un 4% de la población económicamente activa (PEA, que ascendía a 5.769.762 habitantes) se encontraba desempleada. En este caso, el 63% corresponde a población rural, el 64% a población indígena y el 74% a población joven.
De ese 96% de población con empleo, en realidad más del 55% está subempleada o con un empleo informal. Es de esperar que esta cifra se haya incrementado –como ya sucedió entre el 2002 y el 2011: 1%–, producto del escaso crecimiento de la economía, de la expulsión campesina que está generando la expansión de agrocombutibles y del aumento de la expulsión de migrantes realizada por Estados Unidos.
Resaltan en este sentido, la masa de campesinos que históricamente ha estado marginada del salario o del empleo formal y permanente, que se ha mantenido en la infra subsistencia y que, en tanto está en descomposición por el avance del latifundio y el agronegocio, presenta condiciones de miseria, de inseguridad alimentaria y nutricional que se profundizan día con día. Asimismo es relevante la masa de trabajadores de la economía informal, quienes subsisten con sus pequeñas inversiones, sin seguridad social, con jornadas de alrededor de 12 horas diarias, expuestos a las inclemencias de la delincuencia y el clima, sin días de descanso y, eso sí, vendiendo la mercancía producida por el capital local y transnacional. Son parte de la cadena que al final materializa la plusvalía generada en el proceso productivo.
C) La violación a la legislación en materia laboral y ambiental.
Recientemente, un medio de periodismo electrónico, Plaza Pública (Arce y Rodríguez, 2012), a través de una investigación in situ, demostró la existencia de niños menores de 14 años trabajando en las fincas cañeras. Uno de estos casos ocurre en la propiedad de Otto Kuhsiek, presidente de la Cámara del Agro; tanto él como sus cercanos justificaron el hecho denominándola “una cuestión cultural”.
Es evidente, además, cómo la industria y la agroindustria están contribuyendo al deterioro progresivo de los elementos de la naturaleza, así como a la apropiación de recursos como el agua, demostrado por estudios periódicos realizados por instituciones universitarias(iv). En materia ambiental, la legislación es tan permisiva que permite a las empresas la contratación de consultoras o consultores privados para realizar estudios de impacto ambiental que validan las acciones extractivas y otras, y con un aval formal del Estado que legitima los informes que de ahí proceden(v).
D) La apropiación por despojo y compra del principal medio de producción: la tierra. Esto sucede recientemente y con mayor dinamismo en las tierras bajas del Petén, Alta Verapaz, Izabal y El Quiché, hacia donde se han expandido los agrocombustibles y los agronegocios.
Estas dinámicas están generando la imposición de la propiedad privada e individual sobre las tierras que aún subsisten en propiedad campesina y comunal, y bajo un régimen de economía campesina, de tal manera que puedan ser objeto de compra y venta en el mercado del capital. Esto permite la agilización en la adquisición de tierras campesinas por vía de la compra o por la cesión de derechos al gran capital local y transnacional(vi).
E) En este mismo orden, recientemente también se han dado casos de apropiación de ahorros de trabajadores y capas medias por bancos privados como Bancafe y Banco de Comercio, los cuales siguen todavía en la impunidad, no sólo en materia de enjuiciamiento y condena de los responsables sino también con relación a la devolución de lo que fue objeto de hurto.
Asimismo, han avanzado políticas para apropiarse de las pensiones que la clase trabajadora ha acumulado por largos años de sudor obrero y campesino y que forman parte de la escaza y raquítica seguridad social que se concentra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS(vii).
F) La concesión o entrega de los recursos naturales (minerales, petróleo, gas natural, aguas) a la explotación y apropiación privada.
Además de las reveladoras concesiones mineras, otro ejemplo ilustra lo afirmado. En mayo de 2010, el gobierno de Colom firmó la extensión del contrato de explotación petrolera a la empresa francesa Perenco, en el seno del área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre, en el departamento de El Petén. Esto no obstante que tres ministros estuvieron en desacuerdo, incluido el ministro de ambiente y recursos naturales renovables, y que diversas universidades y organizaciones ambientales denunciaron la ilegalidad e inconsecuencia con las pretensiones de sostenibilidad y conservación del Estado, plasmadas en falsos discursos gubernamentales. Seis meses después, además, el mismo gobierno hizo funcionar el Batallón Verde, un contingente militar organizado con la explícita y supuesta justificación de proteger Laguna del Tigre ante las acciones ilegales del narcotráfico y ganaderos que afectan el área protegida.
Dicha concesión, que demuestra el entreguismo del gobierno de Colom, ha sido confirmada, por omisión en este caso, por la gestión gubernamental actual, la cual entre otras decisiones ha nombrado como ministra de ambiente a una abogada ambiental señalada de ser operadora de intereses corporativos.
Adicional y complementariamente, la política implementada por estos gobiernos ha sido permisiva con la explotación descontrolada, legal e ilegal de los elementos de la naturaleza. Un ejemplo de esto último, es la explotación sin control de la masa boscosa del país; de hecho estudios revelan que un 95% de la pérdida vegetal en Guatemala es ilegal. Tanto la ley como las políticas aplicadas por sucesivos gobiernos han sido proclives y facilitadoras del expolio.
G) La concesión de obras a la empresa privada a través del subterfugio de las “alianzas público-privadas”.
Bajo esta modalidad se impide al Estado ejecutar obras de gran envergadura, le obliga a pagar grandes costos a constructoras y conceder posteriormente a éstas el mantenimiento y cobro por el uso que tanto las instituciones gubernamentales como la ciudadanía realice de las mismas, tal y como sucede con proyecto carreteros. Este es uno de los mecanismos para extraer del Estado recursos financieros, con los cuales burguesía tradicional o emergente han venido incrementando sus ganancias en la venta de productos, obras y servicios, a través de dos figuras jurídicas: empresas privadas y organizaciones no gubernamentales.
H) La política estatal para facilitar y respaldar financiamientos para la inversión privada.
Los ejemplos pueden ser varios, pero sobresale la inversión para la expansión del agronegocio. Uno de estos casos refiere a préstamos que el BID otorgó a la empresa Chabil Utzaj, para activar un proyecto de producción de palma aceitera o africana en el Polochic, Alta Verapaz. Además del aval para el préstamo y la acción oficiosa de funcionarios públicos, incluidos los gobiernos de Berger (2004-2008) y Colom (2008-2012), la política gubernamental ha incluido la la implementación de acciones represivas contra población campesina, con participación de la policía nacional civil y el ejército, con cauda de un muerto, varios heridos, viviendas y cultivos destruidos, desplazamiento de población y generación de mayores condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
I) La prohibición al Estado para que no pueda hacerse préstamos a través del Banco de Guatemala.
Esto obliga al Estado a recurrir al sistema bancario privado para la consecución de financiamiento. No obstante que esta norma fue aprobada en la reforma constitucional sometida a consulta en 1994, su implicación actual es que por esa vía, el capital financiero logra captar altos intereses por los préstamos que el Estado realiza. A estos se suman otras normas que obligan a la contratación de fideicomisos, otra de las formas que utiliza el capital financiero para garantizarse jugosas y seguras ganancias. Fórmulas que han resultado ideales como forma de expolio al Estado.
J) La concepción y práctica permisiva para que la gran propiedad subsista con un régimen impositivo regresivo –ratificado en el paquetazo fiscal del recién electo gobierno de Pérez Molina–, se apropie de recursos como los minerales y contamine otros recursos como el agua tal y como sucede con la industria del azúcar.
K) La persecución permanente en contra del movimiento campesino y obrero. Un informe del MSICG (2010) reporta el asesinato de 47 dirigentes ejecutados entre el 2007 a septiembre de 2010. Los despidos, amenazas, intimidaciones, desalojos violentos, acoso y violaciones sexuales, incumplimiento de pactos colectivos, obstáculos a la sindicalización, tercerización en la contratación, persecución y criminalización de la lucha campesina y sindical, violaciones a las leyes laborales en general y las políticas anti-sindicales impulsadas en el ámbito del Estado y la empresa privada, constituyen parte del panorama que vive la clase trabajadora y que impide una mayor y mejor defensa de los intereses de las clases mayoritarias en el campo y la ciudad. Son política que van orientadas a minar la resistencia del trabajo y, por consiguiente, allanar el camino de la explotación y el expolio del capital.
Un caso especial del régimen de expolio imperante es el de la minería. Recientemente fue conocido que la mina Marlín (propiedad de la Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, ubicada en Canada), alcanzó ganancias por Q4 mil 716.9 millones (US$607 millones) en el año 2011, lo cual se traduce en un aumento del 125% con relación a lo obtenido en el 2010, que ascendió a Q2 mil 90.4 millones (US$269 millones). Esto en un marco del aumento de producción (21% más que en el 2010), incremento del precio de la onza de oro y plata en el marcado mundial y de un costo de producción de apenas una quinta parte del precio de venta.
En cuentas populares y si tales ganancias fueran percibidas por el Estado, tales recursos habrían sido útiles para garantizar la Canasta Básica de Alimentos por un año a 157 mil 596 ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas o la Canasta Básica Vital a 86 mil 354 ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, con el agregado que dicho consumo habría estimulado dinámicas de producción y comercio en los ámbitos de la economía campesina y popular. O, en otro esquema de inversión con interés público, habría servido para proteger y estimular la producción campesina y avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria.
No obstante las enormes ganancias de la extracción y contradictoriamente con las necesidades y problemas nacionales, en lugar de optar por alguna opción digna, como la nacionalización de la producción minera o un aumento considerable de impuestos a para por dichas empresas, y abrir cause a la satisfacción de las necesidades básicas y vitales, el actual gobierno nacional, encabezado por el general Otto Pérez Molina, optó por firmar un “acuerdo” con el sector minero. Las empresas mineras se han comprometido, por voluntad propia, a cancelar el 5% de regalías sobre ingresos brutos.
Este hecho revela la concepción y orientación de la política del actual gobierno, el cual obvia: a) La voluntad ciudadana en rechazo a la minería, expresada en 63 consultas comunitarias/municipales. b) La necesidad de fortalecer los ingresos fiscales ante un Estado cada vez más deficitario y disminuido. c) Este aumento “voluntario”, que otorga privilegios fiscales, no llega a sobrepasar el 6% de regalías que las empresas mineras pagaban hasta antes de las reformas a la Ley de Minería aprobadas durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). d) Se ignoran las históricas y enormes necesidades que padece nuestro pueblo.
Llora sangre nuestra Matria, no le parece respetada y respetado lector. Somos un país con enormes riquezas, expoliado por el capital que incrementa de forma sostenida sus ganancias, con la gestión oficiosa de las elites de poder. Mientras esto sucede, el pueblo muere –literalmente– de hambre y languidece –literalmente– en la miseria. Son lágrimas de sangre las que emanan de los ojos de nuestra Matria y de cada una de sus mejores hijas e hijos
Fuentes:
1. Alonso-Fradejas, Alberto, José Luis Caal Hub y Teresita Chinchilla Miranda (2011) Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
2. Alonso-Fradejas, Alberto, Fernando Alonzo y Jochen Dür (2008) Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y domino en Guatemala (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
3. Arce, Alberto y Martín Rodríguez Pellecer (2012) Plaza Pública y la explotación infantil en la caña de azúcar. Plaza Pública, 12 de enero de 2012 http://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-en-el-azucar-de-guatemala, página consultada el 10 de marzo de 2012.
4. Batres, Alexis (2011) Adictos al trabajo. Sección economía de Elperiodico, sección economía, del 11 de noviembre de 2011. Guatemala. http://www.elperiodico.com.gt/es/20111108/economia/203382/, página consultada el 13 de marzo de 2012.
5. Frente Popular (2012) Entreguismo del gobierno de Pérez Molina. En Voz Popular, No.4, febrero 2012. www.albedrio.org, página consultada el 13 de marzo de 2012.
6. Instituto Nacional de Estadísticas (2012). Mercado Laboral. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2011- (Guatemala: INE)
7. Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco MSICG (2010) Segundo informe Guatemala: el costo de la libertad sindical. (Guatemala: MSICS)
8. Sosa Velásquez, Mario Enrique (2009) Gestión ambiental y gobernabilidad local. (Guatemala: URL, IARNA e INGEP). http://www.infoiarna.org.gt/media/file/publicaciones/compartidas/Pub_comp_coed_14.pdf.pdf
Páginas Web
http://www.albedrio.org/
http://www.elperiodico.com.gt/
http://www.ine.gob.gt/
http://www.infoiarna.org.gt/
http://plazapublica.com.gt/
http://www.prensalibre.com.gt/
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(i) Según el INE (2011), en el país existen 291,467 niños entre 10 y 15 años que participan en el mercado laboral. Dos tercios se emplean en labores agrícolas y son indígenas, un 26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 22% del salario mínimo y es más bajo en el comercio y la industria.
(ii) Según una encuesta de la consultora Regus, que incluyó a 12 mil trabajadores en 85 países, en Guatemala el 23% de los empleados trabaja de 9 a 11 horas diarias y 18% lo hace por más de 11 horas (Batres, 2011)
(iii) Datos del MSICG reportan para el 2010, una tasa de sindicalización del 2.2% de la población económicamente activa, porcentaje del cual el 89% corresponde a trabajadoras y trabajadores en situación de dependencia, 78 se encuentran en el ámbito del Estado y sólo el 12% de los sindicatos se constituyen en empresas privadas, producto de una práctica antisindical que por diversos mecanismos impiden su organización de clase.
(iv) Uno de estos estudios es el Perfil Ambiental de Guatemala, producido por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. Tanto este como otros valiosos hallazgos investigativos, pueden ser consultados en http://www.infoiarna.org.gt
(v) Ver entre otros Sosa, 2009.
(vi) Varios estudios revelan esta dinámica, entre los cuales se encuentran: Alonso et al. 2011, Alonso et al. 2008 y Hurtado 2008.
(vii) El seguro social oficial abarca sólo el 18% de la población ocupada, en su mayoría del sector privado. Los asegurados por el IGSS son 41% del área urbana metropolitana, 29% del resto urbano y el 30% del rural nacional (INE, 2012).
5 de marzo de 2012
Intento de fuga de un genocida en Guatemala
Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de marzo de 2012
El general en retiro y ex jefe de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), uno de los más sanguinarios gobernantes que tuvo el país durante la implementación de la política de seguridad nacional de Estados Unidos y de la consecuente estrategia terrorista de carácter contrainsurgente, ha fallado en intentar evadir la justicia por medio de argucias leguyescas.
Evidenciando un cambio de estrategia, los nuevos abogados defensores del militar, intentaron le fuera aplicada la Ley de Reconciliación Nacional (decreto 8-86), emitida por otro general genocida, Oscar Humberto Mejía Víctores (1983 a 1986). Buscan con ello, evadir un juicio por los delitos de lesa humanidad por los cuales se le acusa, siendo uno de los jefes de Estado que, durante la década de los 80, implementaron masacres en contra de comunidades indígenas, campesinas y rurales, actos que son tipificados como genocidio.
El argumento del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero “B” de Mayor Riesgo, para no concederle tal “beneficio” ideado con objetivos contrainsurgentes y de impunidad es sencillo. Esta Ley se aplica en el caso de delitos políticos y comunes conexos, y no de lesa humanidad.
Por esa razón, Efraín Ríos Montt continuará ligado a proceso y, si se impone la legalidad ante las incuestionables evidencias y la proclamada igualdad ante la ley, el militar en retiro deberá purgar el resto de su vida en una cárcel común.
La condena definitiva al militar retirado, permitirá que la sociedad guatemalteca avance hacia la reconciliación y la paz, con base en la imprescindible justicia.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-042.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/9827-intento-de-fuga-de-un-genocida-en-guatemala.html?tmpl=component&print=1
http://alainet.org/active/53109&lang=es
El general en retiro y ex jefe de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), uno de los más sanguinarios gobernantes que tuvo el país durante la implementación de la política de seguridad nacional de Estados Unidos y de la consecuente estrategia terrorista de carácter contrainsurgente, ha fallado en intentar evadir la justicia por medio de argucias leguyescas.
Evidenciando un cambio de estrategia, los nuevos abogados defensores del militar, intentaron le fuera aplicada la Ley de Reconciliación Nacional (decreto 8-86), emitida por otro general genocida, Oscar Humberto Mejía Víctores (1983 a 1986). Buscan con ello, evadir un juicio por los delitos de lesa humanidad por los cuales se le acusa, siendo uno de los jefes de Estado que, durante la década de los 80, implementaron masacres en contra de comunidades indígenas, campesinas y rurales, actos que son tipificados como genocidio.
El argumento del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero “B” de Mayor Riesgo, para no concederle tal “beneficio” ideado con objetivos contrainsurgentes y de impunidad es sencillo. Esta Ley se aplica en el caso de delitos políticos y comunes conexos, y no de lesa humanidad.
Por esa razón, Efraín Ríos Montt continuará ligado a proceso y, si se impone la legalidad ante las incuestionables evidencias y la proclamada igualdad ante la ley, el militar en retiro deberá purgar el resto de su vida en una cárcel común.
La condena definitiva al militar retirado, permitirá que la sociedad guatemalteca avance hacia la reconciliación y la paz, con base en la imprescindible justicia.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-042.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/9827-intento-de-fuga-de-un-genocida-en-guatemala.html?tmpl=component&print=1
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6 de febrero de 2012
Estados Unidos y la Unión Europea nos llevan al despeñadero
Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de febrero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-041.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142909
http://www.kaosenlared.net/component/k2/itemlist/user/1626-marioenriquesosavel%C3%A1squez.html
http://alainet.org/active/52500&lang=es
Es evidente que se ha venido caminando por un sendero que lleva al despeñadero a la humanidad entera. Las pretensiones de dominio mundial y la estupidez de las elites de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros, nos están acercando a un enfrentamiento bélico con consecuencias impredecibles en su magnitud.
En su afán por apropiarse de recursos estratégicos, por controlar militarmente nuevos territorios y cercar el avance económico de potencias como China, Rusia e India, han avanzado en una estrategia de guerra en países como Irak, Afganistán, Libia, sin contar con aquellos países a los cuales controlan directamente a través del llamado gobierno indirecto o indirect rule, clásico de las ocupaciones coloniales.
En esa dirección, hoy se encuentran desplegando, además de su despliegue militar por el Golfo Pérsico, una ofensiva mediática, diplomática y económica, en contra de países como Siria e Irán principalmente. Un despliegue que está antecedido por declaraciones como las de Barack Obama, quien afirmó que Estados Unidos “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”[1]
Siria y su gobierno actual (2000-2012) habían sido aliados de Estados Unidos, hasta que este último decidió cambiar su política para controlar y apropiarse de los recursos de dicho territorio. Es decir, Estados Unidos fue sostén de un régimen dinástico y represivo, que hoy pretende derrocar a través del impulso de una campaña que –como sucedió recientemente en Libia– incluye: el financiamiento y asesoramiento militar de fuerzas insurgentes y la negación permanente de la negociación, el manejo de la Liga Árabe para avalar las sanciones y la intervención militar, declaraciones como las de la secretaria de Estado de EE.UU., Hilary Clinton, quien plantea que el actual presidente sirio, Al Asad, debe dejar el poder en manos de su vicepresidente, y la presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU legitime y legalice la intervención bélica. Más allá de una salida al régimen de Al Asad, al conflicto político-militar en marcha, y de gestar una alternativa soberana para que el pueblo sirio decida su propio destino, lo evidente es que está en marcha una intervención militar, tan genocida como en Irak, Afganistán y Libia, que han devenido –según los planes invasores– en ocupaciones militares y en la instauración de regímenes represivos y sumisos al saqueo por los países imperiales. Vale decir que frente a estos planes, Rusia y China se han opuesto hasta el momento y, como es evidente, por sus propios intereses que resultan amenazados.
Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea han decretado un bloqueo económico contra Irán, el cual ha sido contradicho por Rusia, China e India. Con la excusa del programa nuclear iraní (que dicho país ha afirmado es con el objetivo de producir energía necesaria para su desarrollo) y la acusación sobre el avance en la fabricación de armas atómicas (como acusaron a Irak de poseer armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas), dichas potencias han avanzado en su pretensión por doblegar y someter al país persa a su control y ordenanzas, objetivo que empata con las pretensiones expansionistas de Israel. Más allá de esto, es atendible la interpretación del diario mexicano La Jornada, que en su editorial del 30 de enero, sabiamente afirma que “… las potencias europeas y Estados Unidos buscan liquidar o cuando menos someter a un Estado con determinación independiente y soberana; por la otra, propiciar el surgimiento de nuevos escenarios bélicos o prebélicos, cuando las guerras contra Irak y Afganistán se encuentran agotadas, en un escenario de economías desesperadas en la que la industria militar parece ser la única capaz de sacar a los países de la Unión Europea (UE) del precipicio en el que los ha hundido la desmedida especulación financiera.” Es la expresión de lo que David Harvey denominaría acumulación por desposesión[2].
El bloqueo económico y las amenazas europeas de suspender la compra de petróleo iraní, han generado que el gobierno de dicho país advierta que se dispone a interrumpir el suministro de crudo a la región agresora. Asimismo, ante las amenazas bélicas que se han concretado en la presencia y despliegue militar estadounidense por el área, Irán también ha respondido con la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el flujo comercial petrolero hacia Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo.
Las agresiones a Siria e Irán indudablemente van contra el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos. Efectivamente, legitiman la respuesta que estos países pudieran implementar para derrotar la injerencia y la posible agresión militar. La intervención militar de EE.UU., de la Unión Europea y del mismo Israel, abren la posibilidad de un conflicto bélico de grandes dimensiones, especialmente por la capacidad militar de Irán, las insospechadas respuestas de otros pueblos en el mundo árabe y de potencias como Rusia, China e India al sentirse amenazadas.
De concretarse una agresión militar contra Siria e Irán, Estados Unidos y la Unión Europea avanzar en llevar al mundo hacia un punto de no retorno, en donde la seguridad y la subsistencia misma de la humanidad se ponen en peligro. Ante esto, los pueblos todos debemos levantar nuestra voz e impulsar acciones de distinto orden para derrotar las pretensiones y acciones imperiales, por instaurar regímenes respetuosos del derecho de los pueblos a la autodeterminación y porque la paz mundial prevalezca.
________________________________________
[1] Ver el artículo “Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz” del 6 de enero de 2012 en www.albedrio.org
[2] Harvey, David (2007) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. En Socialist Register, CLACSO, Buenos Aires. bibliotecavirtual.clacso.org.arg/ar/libros/social/Harvey.pdf.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-041.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142909
http://www.kaosenlared.net/component/k2/itemlist/user/1626-marioenriquesosavel%C3%A1squez.html
http://alainet.org/active/52500&lang=es
Es evidente que se ha venido caminando por un sendero que lleva al despeñadero a la humanidad entera. Las pretensiones de dominio mundial y la estupidez de las elites de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros, nos están acercando a un enfrentamiento bélico con consecuencias impredecibles en su magnitud.
En su afán por apropiarse de recursos estratégicos, por controlar militarmente nuevos territorios y cercar el avance económico de potencias como China, Rusia e India, han avanzado en una estrategia de guerra en países como Irak, Afganistán, Libia, sin contar con aquellos países a los cuales controlan directamente a través del llamado gobierno indirecto o indirect rule, clásico de las ocupaciones coloniales.
En esa dirección, hoy se encuentran desplegando, además de su despliegue militar por el Golfo Pérsico, una ofensiva mediática, diplomática y económica, en contra de países como Siria e Irán principalmente. Un despliegue que está antecedido por declaraciones como las de Barack Obama, quien afirmó que Estados Unidos “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”[1]
Siria y su gobierno actual (2000-2012) habían sido aliados de Estados Unidos, hasta que este último decidió cambiar su política para controlar y apropiarse de los recursos de dicho territorio. Es decir, Estados Unidos fue sostén de un régimen dinástico y represivo, que hoy pretende derrocar a través del impulso de una campaña que –como sucedió recientemente en Libia– incluye: el financiamiento y asesoramiento militar de fuerzas insurgentes y la negación permanente de la negociación, el manejo de la Liga Árabe para avalar las sanciones y la intervención militar, declaraciones como las de la secretaria de Estado de EE.UU., Hilary Clinton, quien plantea que el actual presidente sirio, Al Asad, debe dejar el poder en manos de su vicepresidente, y la presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU legitime y legalice la intervención bélica. Más allá de una salida al régimen de Al Asad, al conflicto político-militar en marcha, y de gestar una alternativa soberana para que el pueblo sirio decida su propio destino, lo evidente es que está en marcha una intervención militar, tan genocida como en Irak, Afganistán y Libia, que han devenido –según los planes invasores– en ocupaciones militares y en la instauración de regímenes represivos y sumisos al saqueo por los países imperiales. Vale decir que frente a estos planes, Rusia y China se han opuesto hasta el momento y, como es evidente, por sus propios intereses que resultan amenazados.
Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea han decretado un bloqueo económico contra Irán, el cual ha sido contradicho por Rusia, China e India. Con la excusa del programa nuclear iraní (que dicho país ha afirmado es con el objetivo de producir energía necesaria para su desarrollo) y la acusación sobre el avance en la fabricación de armas atómicas (como acusaron a Irak de poseer armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas), dichas potencias han avanzado en su pretensión por doblegar y someter al país persa a su control y ordenanzas, objetivo que empata con las pretensiones expansionistas de Israel. Más allá de esto, es atendible la interpretación del diario mexicano La Jornada, que en su editorial del 30 de enero, sabiamente afirma que “… las potencias europeas y Estados Unidos buscan liquidar o cuando menos someter a un Estado con determinación independiente y soberana; por la otra, propiciar el surgimiento de nuevos escenarios bélicos o prebélicos, cuando las guerras contra Irak y Afganistán se encuentran agotadas, en un escenario de economías desesperadas en la que la industria militar parece ser la única capaz de sacar a los países de la Unión Europea (UE) del precipicio en el que los ha hundido la desmedida especulación financiera.” Es la expresión de lo que David Harvey denominaría acumulación por desposesión[2].
El bloqueo económico y las amenazas europeas de suspender la compra de petróleo iraní, han generado que el gobierno de dicho país advierta que se dispone a interrumpir el suministro de crudo a la región agresora. Asimismo, ante las amenazas bélicas que se han concretado en la presencia y despliegue militar estadounidense por el área, Irán también ha respondido con la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el flujo comercial petrolero hacia Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo.
Las agresiones a Siria e Irán indudablemente van contra el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos. Efectivamente, legitiman la respuesta que estos países pudieran implementar para derrotar la injerencia y la posible agresión militar. La intervención militar de EE.UU., de la Unión Europea y del mismo Israel, abren la posibilidad de un conflicto bélico de grandes dimensiones, especialmente por la capacidad militar de Irán, las insospechadas respuestas de otros pueblos en el mundo árabe y de potencias como Rusia, China e India al sentirse amenazadas.
De concretarse una agresión militar contra Siria e Irán, Estados Unidos y la Unión Europea avanzar en llevar al mundo hacia un punto de no retorno, en donde la seguridad y la subsistencia misma de la humanidad se ponen en peligro. Ante esto, los pueblos todos debemos levantar nuestra voz e impulsar acciones de distinto orden para derrotar las pretensiones y acciones imperiales, por instaurar regímenes respetuosos del derecho de los pueblos a la autodeterminación y porque la paz mundial prevalezca.
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[1] Ver el artículo “Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz” del 6 de enero de 2012 en www.albedrio.org
[2] Harvey, David (2007) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. En Socialist Register, CLACSO, Buenos Aires. bibliotecavirtual.clacso.org.arg/ar/libros/social/Harvey.pdf.
Ríos Montt: un genocida en la antesala de su condena
Por Mario Sosa - Guatemala, 27 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-040.html
http://alainet.org/active/52371&lang=es
http://rebelion.org/noticia.php?id=143651
http://kaosenlared.net/component/k2/item/5667-ríos-montt-un-genocida-en-la-antesala-a-su-condena.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/general/113994/otro-genocida-que-paga
El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.
Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.
En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.
Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.
Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.
Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.
Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes, desde dentro y fuera del Estado, no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.
En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-040.html
http://alainet.org/active/52371&lang=es
http://rebelion.org/noticia.php?id=143651
http://kaosenlared.net/component/k2/item/5667-ríos-montt-un-genocida-en-la-antesala-a-su-condena.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/general/113994/otro-genocida-que-paga
El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.
Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.
En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.
Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.
Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.
Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.
Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes, desde dentro y fuera del Estado, no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.
En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.
La impunidad actual para un crimen imperial en Guatemala
Por Mario Sosa
11 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-038.html
http://www.alainet.org/active/52029&lang=es
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3479-la-impunidad-actual-para-un-crimen-imperial-en-guatemala.html
El año recién pasado se conoció públicamente de experimentos con seres humanos que Estados Unidos había realizado en Guatemala con la complicidad de algunas autoridades que formaban parte del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en el período de 1945 a 1951.
Tales experimentos consistieron en exponer a enfermedades de transmisión sexual a 2,082 guatemaltecos, cual ratones de laboratorio. Un acto a todas luces criminal, falto de ética y un acto de agravia a todo el pueblo guatemalteco, del cual tienen responsabilidad los funcionarios estatales de Estados Unidos como de Guatemala, a quienes el peso de la ley debiera aplicárseles con rigurosidad. Pero también son responsables ambos Estados, por concebir, aplicar o permitir la realización de este tipo de prácticas deleznables.
Estos hechos generaron durante el 2011, una investigación sobre la cual ya se rindió informe y donde se demuestran tales hechos. Han salido a luz pública, asimismo, las presiones para ocultar a responsables que todavía están vivos y que mantienen influencias de poder importantes. Es, en este caso como el de tantos otros, un círculo vicioso en el que se impone la injusticia y la reproducción del régimen imperante que se ensaña contra el indefenso y deja en la impunidad a los poderosos.
Ante lo evidente e incuestionable de las evidencias, el señor Obama, presidente de Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius secretaria de salud y servicios sociales del mismo país, hicieron públicas sus disculpas por tales experimentos. Pero como imperio es imperio, auto atribuyéndose y legislándose impunidad para sí, en noticias de la Agencia AP, del martes 10 de enero, se confirma que el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que las víctimas no pueden demandar a este país, sin importar –así lo afirma– lo vergonzoso que hayan sido los estudios. Asimismo, desde el Departamento de Justicia de dicho país, se argumenta que la “inmunidad soberana” protege a los funcionarios federales de salud de litigios resultantes del estudio. Dicho gobierno argumenta que la ley federal de reclamación de daños y perjuicios protege a Estados Unidos de demandas basadas en daños sufridos en el extranjero, aun si los actos que causaron los daños se planearon en Estados Unidos; esto no obstante que se violaron derechos humanos, que se violó la prohibición internacional de la experimentación médica en humanos sin consentimiento, tal y como lo hico el régimen nazi de Adolfo Hitler.
Más cosas veredes respetados lectores. El imperio debe ser cuestionado y su impunidad debe ser derrotada, y en esto tiene responsabilidad pública el Estado guatemalteco y los altos funcionarios públicos.
Como era de esperarse, la condena moral de muchos guatemaltecos y desde otras partes del mundo no se hizo esperar. Sí hace falta, en cambio, que el Ministerio Público, actúe de oficio persiguiendo a los responsables vivos e inicie o acompañe la demanda que las víctimas decidan impulsar.
Las declaraciones del presidente Alvaro Colom, quien se sumó a las demandas públicas de compensación a los sobrevivientes y sus descendientes por los posibles daños transmitidos, han sido acertadas pero insuficientes.
Al ser un asunto público, la responsabilidad ha estado tibiamente en manos del actual gobierno, pero la responsabilidad de dar continuidad a esta demanda recae en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien deberá demostrar en los hechos y de forma coherentemente para qué fue elegido, sin olvidar su carácter de funcionario público, al servicio de los ciudadanos guatemaltecos y de la soberanía nacional, y no de poderes imperiales.
11 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-038.html
http://www.alainet.org/active/52029&lang=es
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3479-la-impunidad-actual-para-un-crimen-imperial-en-guatemala.html
El año recién pasado se conoció públicamente de experimentos con seres humanos que Estados Unidos había realizado en Guatemala con la complicidad de algunas autoridades que formaban parte del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en el período de 1945 a 1951.
Tales experimentos consistieron en exponer a enfermedades de transmisión sexual a 2,082 guatemaltecos, cual ratones de laboratorio. Un acto a todas luces criminal, falto de ética y un acto de agravia a todo el pueblo guatemalteco, del cual tienen responsabilidad los funcionarios estatales de Estados Unidos como de Guatemala, a quienes el peso de la ley debiera aplicárseles con rigurosidad. Pero también son responsables ambos Estados, por concebir, aplicar o permitir la realización de este tipo de prácticas deleznables.
Estos hechos generaron durante el 2011, una investigación sobre la cual ya se rindió informe y donde se demuestran tales hechos. Han salido a luz pública, asimismo, las presiones para ocultar a responsables que todavía están vivos y que mantienen influencias de poder importantes. Es, en este caso como el de tantos otros, un círculo vicioso en el que se impone la injusticia y la reproducción del régimen imperante que se ensaña contra el indefenso y deja en la impunidad a los poderosos.
Ante lo evidente e incuestionable de las evidencias, el señor Obama, presidente de Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius secretaria de salud y servicios sociales del mismo país, hicieron públicas sus disculpas por tales experimentos. Pero como imperio es imperio, auto atribuyéndose y legislándose impunidad para sí, en noticias de la Agencia AP, del martes 10 de enero, se confirma que el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que las víctimas no pueden demandar a este país, sin importar –así lo afirma– lo vergonzoso que hayan sido los estudios. Asimismo, desde el Departamento de Justicia de dicho país, se argumenta que la “inmunidad soberana” protege a los funcionarios federales de salud de litigios resultantes del estudio. Dicho gobierno argumenta que la ley federal de reclamación de daños y perjuicios protege a Estados Unidos de demandas basadas en daños sufridos en el extranjero, aun si los actos que causaron los daños se planearon en Estados Unidos; esto no obstante que se violaron derechos humanos, que se violó la prohibición internacional de la experimentación médica en humanos sin consentimiento, tal y como lo hico el régimen nazi de Adolfo Hitler.
Más cosas veredes respetados lectores. El imperio debe ser cuestionado y su impunidad debe ser derrotada, y en esto tiene responsabilidad pública el Estado guatemalteco y los altos funcionarios públicos.
Como era de esperarse, la condena moral de muchos guatemaltecos y desde otras partes del mundo no se hizo esperar. Sí hace falta, en cambio, que el Ministerio Público, actúe de oficio persiguiendo a los responsables vivos e inicie o acompañe la demanda que las víctimas decidan impulsar.
Las declaraciones del presidente Alvaro Colom, quien se sumó a las demandas públicas de compensación a los sobrevivientes y sus descendientes por los posibles daños transmitidos, han sido acertadas pero insuficientes.
Al ser un asunto público, la responsabilidad ha estado tibiamente en manos del actual gobierno, pero la responsabilidad de dar continuidad a esta demanda recae en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien deberá demostrar en los hechos y de forma coherentemente para qué fue elegido, sin olvidar su carácter de funcionario público, al servicio de los ciudadanos guatemaltecos y de la soberanía nacional, y no de poderes imperiales.
Cambio de administrador en Guatemala
Por Mario Sosa - Guatemala, 15 de enero de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-039.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3863-cambio-de-administrador-en-guatemala.html
El pueblo de Guatemala continúa viviendo un viacrucis histórico. La explotación, opresión y miseria siguen siendo los principales problemas que no permiten que su situación cambie radicalmente hacia condiciones de buen vivir. Es más, en el marco de su dominio, el que adolezca del conocimiento histórico sobre las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, impide que se pueda asumir como sujeto en la búsqueda por decidir su proyecto y camino hacia su efectiva libertad. Contrariamente, el predominio de la superstición, la esperanza sin fundamentos y su sumisión, hacen que cada cuatro años, haga parte de la zarabanda y se engañe al creer que elige a un nuevo administrador del Estado, con la falsa creencia, además, que éste será la salvación y solución para sus problemas, sin considerar que es más seguro que vote por otro verdugo que ahondará su sufrimiento.
Hoy, 14 de enero de 2012, estamos ante otra puesta en escena del poder formal del Estado. Himno, banderas, bandas, trajes de “alta costura”, peinados y perfumes de ocasión, discursos de “me voy con la frente en alto” o de “seremos el gobierno para la gente”, forman parte de esta comparsa. Obviamente, los discursos sin contenido y las presencias de poder que legitiman la sucesión fueron planificados: la oligarquía y cámaras empresariales, los presidentes de organismos estatales, los curas y pastores, las edecanes, así como las porras partidarias, hacen parte del momento de investidura presidencial, preámbulo para el festín donde quedarán, ahora sí, sólo los escogidos, los del poder, los que desde fuera y dentro del Estado tomaran las decisiones fundamentales y estratégicas. No falta, en efecto, el capitán general, los oidores y los corregidores procedentes de la Embajada estadounidense, quienes en acto oculto ya habían untado las túnicas de la nueva administración como expresión del indirect rule, con el cual aparentan ser simples cooperantes de un país supuestamente democrático y de un Estado supuestamente soberano.
Escenarios y descripciones mediáticas hacen de éste un evento de consumo masivo y con el cual pretenden quedar bien con el nuevo supuesto “mandamás” que, en eso sí, tendrá la capacidad de decidir sobre flujos y montos de dinero público para satisfacer, por la vía de la propaganda gubernamental, la voracidad de medios televisivos, escritos y radiales.
No faltaron, asimismo, los cañones, los blindados, los guaruras y las botas militares, así como los lenguajes corporales de prepotencia de quienes hoy se sienten poseedores de la verdad y capaces de agarrar al león de sus parte nobles. Todo esto es parte de la comparsa de una sucesión de gobierno que para el pueblo puede estar representando muchas cosas: un “que me importa” y “será más de lo mismo”, una solución a los problemas compartidos, una nueva oportunidad para salir adelante, un signo venido de los cielos al cual hay que rendirle obediencia, o una vuelta al pasado de genocidio y militarismo, una profundización de la miseria, la explotación y la opresión, una nueva frustración histórica.
Lo cierto del caso es que asistimos a la toma de posesión de un gobierno que –aun con sus matices–, al igual que Arzú y Berger principalmente, pero también de la misma forma que los gobiernos de Cerezo, Serrano, de León, Portillo y Colom, darán continuidad al modelo de acumulación de capital, que por la vía de la explotación o el despojo (de recursos naturales, de recursos del Estado, del ahorro de miles de trabajadores, de la privatización, de las concesiones, de la apropiación del espacio público, etc.) han hecho crecer las históricas y nuevas fortunas de la oligarquía y la burguesía local, y de las transnacionales que antes y ahora impulsan el expolio y el desangramiento de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
No me cabe la menor duda, que muchas organizaciones y movimientos sociales procedentes de las clases explotadas, de los pueblos que configuran la nación guatemalteca y otros segmentos en condiciones de opresión, discriminación y exclusión, continuarán sus luchas para resistir y hacer avanzar sus demandas históricas, tratando de salir de la marginalidad en la que hoy nos encontramos. Nos enfrentaremos, eso sí, ante un gobierno de derecha que se preocupará por servirse a sí mismo, a sus financistas, a quienes detentan el poder real en el país y en los territorios regionales, y al imperio estadounidense, al cual rindieron pleitesía desde antes de la toma de posesión y en su propia territorialidad. Para lograrlo, no es difícil pensar en que pueda recurrir a los métodos de siempre: la cooptación, el desprestigio, la amenaza y hasta la represión sistemática e institucionalizada, focalizada en líderes y resistencias.
En este marco, será un reto que las personas, organizaciones y movimiento sociales, como expresiones conscientes de este pueblo en condición de opresión e ignorancia, encontremos la sabiduría y la decisión, para articular nuestras luchas, recuperando programa político coherente, una dirigencia renovada y colectiva, una estrategia acertada y una cultura política popular y revolucionaria.
Es mi saludo, entonces, a ese pueblo que desde siempre se ha ganado el derecho a ser sujeto de su propio destino: libre, digno, soberano y solidario, y no comparsa del poder, “de los del Norte y los de acá”, que históricamente nos ha explotado y oprimido.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-039.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3863-cambio-de-administrador-en-guatemala.html
El pueblo de Guatemala continúa viviendo un viacrucis histórico. La explotación, opresión y miseria siguen siendo los principales problemas que no permiten que su situación cambie radicalmente hacia condiciones de buen vivir. Es más, en el marco de su dominio, el que adolezca del conocimiento histórico sobre las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, impide que se pueda asumir como sujeto en la búsqueda por decidir su proyecto y camino hacia su efectiva libertad. Contrariamente, el predominio de la superstición, la esperanza sin fundamentos y su sumisión, hacen que cada cuatro años, haga parte de la zarabanda y se engañe al creer que elige a un nuevo administrador del Estado, con la falsa creencia, además, que éste será la salvación y solución para sus problemas, sin considerar que es más seguro que vote por otro verdugo que ahondará su sufrimiento.
Hoy, 14 de enero de 2012, estamos ante otra puesta en escena del poder formal del Estado. Himno, banderas, bandas, trajes de “alta costura”, peinados y perfumes de ocasión, discursos de “me voy con la frente en alto” o de “seremos el gobierno para la gente”, forman parte de esta comparsa. Obviamente, los discursos sin contenido y las presencias de poder que legitiman la sucesión fueron planificados: la oligarquía y cámaras empresariales, los presidentes de organismos estatales, los curas y pastores, las edecanes, así como las porras partidarias, hacen parte del momento de investidura presidencial, preámbulo para el festín donde quedarán, ahora sí, sólo los escogidos, los del poder, los que desde fuera y dentro del Estado tomaran las decisiones fundamentales y estratégicas. No falta, en efecto, el capitán general, los oidores y los corregidores procedentes de la Embajada estadounidense, quienes en acto oculto ya habían untado las túnicas de la nueva administración como expresión del indirect rule, con el cual aparentan ser simples cooperantes de un país supuestamente democrático y de un Estado supuestamente soberano.
Escenarios y descripciones mediáticas hacen de éste un evento de consumo masivo y con el cual pretenden quedar bien con el nuevo supuesto “mandamás” que, en eso sí, tendrá la capacidad de decidir sobre flujos y montos de dinero público para satisfacer, por la vía de la propaganda gubernamental, la voracidad de medios televisivos, escritos y radiales.
No faltaron, asimismo, los cañones, los blindados, los guaruras y las botas militares, así como los lenguajes corporales de prepotencia de quienes hoy se sienten poseedores de la verdad y capaces de agarrar al león de sus parte nobles. Todo esto es parte de la comparsa de una sucesión de gobierno que para el pueblo puede estar representando muchas cosas: un “que me importa” y “será más de lo mismo”, una solución a los problemas compartidos, una nueva oportunidad para salir adelante, un signo venido de los cielos al cual hay que rendirle obediencia, o una vuelta al pasado de genocidio y militarismo, una profundización de la miseria, la explotación y la opresión, una nueva frustración histórica.
Lo cierto del caso es que asistimos a la toma de posesión de un gobierno que –aun con sus matices–, al igual que Arzú y Berger principalmente, pero también de la misma forma que los gobiernos de Cerezo, Serrano, de León, Portillo y Colom, darán continuidad al modelo de acumulación de capital, que por la vía de la explotación o el despojo (de recursos naturales, de recursos del Estado, del ahorro de miles de trabajadores, de la privatización, de las concesiones, de la apropiación del espacio público, etc.) han hecho crecer las históricas y nuevas fortunas de la oligarquía y la burguesía local, y de las transnacionales que antes y ahora impulsan el expolio y el desangramiento de la clase trabajadora del campo y la ciudad.
No me cabe la menor duda, que muchas organizaciones y movimientos sociales procedentes de las clases explotadas, de los pueblos que configuran la nación guatemalteca y otros segmentos en condiciones de opresión, discriminación y exclusión, continuarán sus luchas para resistir y hacer avanzar sus demandas históricas, tratando de salir de la marginalidad en la que hoy nos encontramos. Nos enfrentaremos, eso sí, ante un gobierno de derecha que se preocupará por servirse a sí mismo, a sus financistas, a quienes detentan el poder real en el país y en los territorios regionales, y al imperio estadounidense, al cual rindieron pleitesía desde antes de la toma de posesión y en su propia territorialidad. Para lograrlo, no es difícil pensar en que pueda recurrir a los métodos de siempre: la cooptación, el desprestigio, la amenaza y hasta la represión sistemática e institucionalizada, focalizada en líderes y resistencias.
En este marco, será un reto que las personas, organizaciones y movimiento sociales, como expresiones conscientes de este pueblo en condición de opresión e ignorancia, encontremos la sabiduría y la decisión, para articular nuestras luchas, recuperando programa político coherente, una dirigencia renovada y colectiva, una estrategia acertada y una cultura política popular y revolucionaria.
Es mi saludo, entonces, a ese pueblo que desde siempre se ha ganado el derecho a ser sujeto de su propio destino: libre, digno, soberano y solidario, y no comparsa del poder, “de los del Norte y los de acá”, que históricamente nos ha explotado y oprimido.
Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz
Por Mario Sosa - Guatemala, 6 de enero de 2012
www.albedrio.org
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3331-las-advertencias-de-un-premio-nobel-de-la-paz.html
Como emperador moderno, el presidente de EEUU, el afamado premio nobel de la paz y “conductor” de agresiones contra pueblos enteros, Barack Obama, amenazó al mundo que dicho país “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”
En este marco también advirtió que se fortalecerá la presencia militar en Asia y el Pacífico, calificando al continente oriental de “crucial”. Agrega: "Hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos instaurado el liderazgo de EE.UU. a nivel mundial", aseguró el mandatario, en un marco discursivo donde plantea la frase “los retos del mundo” que requieren el fortalecimiento de su ejército y donde mantiene el discurso de “la lucha contra el terrorismo”.
Como ha sido usual los últimos años, los mandatarios de Estados Unidos han mantenido la misma política en materia imperial y, en esencia, el mismo discurso, auto atribuyéndose “responsabilidades globales”, como justificaciones para el mantenimiento del presupuesto militar de su país. Obama, entonces, es la continuidad de Estado y de gobiernos demócratas o republicanos.
Es evidente que este discurso revela, en un campo de operaciones mediático, lo que Estados Unidos ha venido implementando: la apropiación por guerra y despojo de mercados, recursos estratégicos y control geoestratégico de áreas que le habían sido reñidas por poderes locales-regionales o por una correlación de fuerzas a nivel global que le impedían avanzar con mayor rapidez en el control de Estados y gobiernos por medios “pacíficos” o militares.
El avance de su dominio no obstante, presenta resistencias que están en cuestión sobre sus posibilidades de contener al imperio con pretensiones de dominio mundial. En particular está por verse hasta donde China, Rusia, principalmente, lograrán preservar su margen de influencia y seguridad regional. Asimismo, cuál es la capacidad real de Siria para sostener su régimen político actual e Irán respecto de su real capacidad para persuadir la suspensión de una posible invasión de las fuerzas militares estadounidenses y, seguramente, de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), instancia desde la cual Estados europeos también persiguen beneficiarse del botín en cada una de las conquistas modernas.
El peligro de esta política guerrerista, invasora y ocupante se extiende, asimismo, para buena parte de los países de América Latina, que están transcurriendo por senderos de soberanía y que se han salido del control histórico que había mantenido Estados Unidos, con el colaboracionismo servil de las oligarquías y burguesías locales.
Las declaraciones del señor Obama en su conjunto y algunas expresiones vertidas en ese contexto discursivo: “Vamos adelante con el Medio Oriente”, “los retos del mundo”, “responsabilidades globales”, nos hacen recordar, aquellos discursos de Hitler, cuando advertía descaradamente de sus pretensiones por dominar el mundo e imponer la superioridad de la “raza aria”, sólo que en este caso las justificaciones son “la lucha contra la dictadura” (muchas de las cuales dicho país promovió y sostuvo), la lucha contra el terrorismo (siempre y cuando no sea el suyo), “la instauración de la democracia” (la que le es útil y siempre y cuando sea para mantener y ampliar su dominio.
El atrevimiento del señor Obama cuando afirma que sus fuerzas militares están diseñadas para “…los Derechos Humanos (DD.HH.) y la dignidad humana" es simplemente risible a la luz de los miles de crímenes cometidos en sus guerras, invasiones y ocupaciones en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, como experiencias recientes, o las invasiones a Guatemala, Granada, o sus intervenciones en Chile, Argentina, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, por mencionar algunas no tan recientes.
Vale afirmar, por último, el demérito de un Premio Nobel de la Paz que se instituyó para los propósitos y prácticas contrarias a las del Estado estadounidense y su actual presidente. Cosas veredes apreciados lectores: un “ganador” del premio nobel de la paz que advierte de planes de guerra “conducidos” por él mismo y que hoy más que nunca nos estarían acercando a una Tercera Guerra Mundial y a la posibilidad de que esta adquiera un carácter atómico.
www.albedrio.org
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/3331-las-advertencias-de-un-premio-nobel-de-la-paz.html
Como emperador moderno, el presidente de EEUU, el afamado premio nobel de la paz y “conductor” de agresiones contra pueblos enteros, Barack Obama, amenazó al mundo que dicho país “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”
En este marco también advirtió que se fortalecerá la presencia militar en Asia y el Pacífico, calificando al continente oriental de “crucial”. Agrega: "Hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos instaurado el liderazgo de EE.UU. a nivel mundial", aseguró el mandatario, en un marco discursivo donde plantea la frase “los retos del mundo” que requieren el fortalecimiento de su ejército y donde mantiene el discurso de “la lucha contra el terrorismo”.
Como ha sido usual los últimos años, los mandatarios de Estados Unidos han mantenido la misma política en materia imperial y, en esencia, el mismo discurso, auto atribuyéndose “responsabilidades globales”, como justificaciones para el mantenimiento del presupuesto militar de su país. Obama, entonces, es la continuidad de Estado y de gobiernos demócratas o republicanos.
Es evidente que este discurso revela, en un campo de operaciones mediático, lo que Estados Unidos ha venido implementando: la apropiación por guerra y despojo de mercados, recursos estratégicos y control geoestratégico de áreas que le habían sido reñidas por poderes locales-regionales o por una correlación de fuerzas a nivel global que le impedían avanzar con mayor rapidez en el control de Estados y gobiernos por medios “pacíficos” o militares.
El avance de su dominio no obstante, presenta resistencias que están en cuestión sobre sus posibilidades de contener al imperio con pretensiones de dominio mundial. En particular está por verse hasta donde China, Rusia, principalmente, lograrán preservar su margen de influencia y seguridad regional. Asimismo, cuál es la capacidad real de Siria para sostener su régimen político actual e Irán respecto de su real capacidad para persuadir la suspensión de una posible invasión de las fuerzas militares estadounidenses y, seguramente, de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), instancia desde la cual Estados europeos también persiguen beneficiarse del botín en cada una de las conquistas modernas.
El peligro de esta política guerrerista, invasora y ocupante se extiende, asimismo, para buena parte de los países de América Latina, que están transcurriendo por senderos de soberanía y que se han salido del control histórico que había mantenido Estados Unidos, con el colaboracionismo servil de las oligarquías y burguesías locales.
Las declaraciones del señor Obama en su conjunto y algunas expresiones vertidas en ese contexto discursivo: “Vamos adelante con el Medio Oriente”, “los retos del mundo”, “responsabilidades globales”, nos hacen recordar, aquellos discursos de Hitler, cuando advertía descaradamente de sus pretensiones por dominar el mundo e imponer la superioridad de la “raza aria”, sólo que en este caso las justificaciones son “la lucha contra la dictadura” (muchas de las cuales dicho país promovió y sostuvo), la lucha contra el terrorismo (siempre y cuando no sea el suyo), “la instauración de la democracia” (la que le es útil y siempre y cuando sea para mantener y ampliar su dominio.
El atrevimiento del señor Obama cuando afirma que sus fuerzas militares están diseñadas para “…los Derechos Humanos (DD.HH.) y la dignidad humana" es simplemente risible a la luz de los miles de crímenes cometidos en sus guerras, invasiones y ocupaciones en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, como experiencias recientes, o las invasiones a Guatemala, Granada, o sus intervenciones en Chile, Argentina, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, por mencionar algunas no tan recientes.
Vale afirmar, por último, el demérito de un Premio Nobel de la Paz que se instituyó para los propósitos y prácticas contrarias a las del Estado estadounidense y su actual presidente. Cosas veredes apreciados lectores: un “ganador” del premio nobel de la paz que advierte de planes de guerra “conducidos” por él mismo y que hoy más que nunca nos estarían acercando a una Tercera Guerra Mundial y a la posibilidad de que esta adquiera un carácter atómico.
Unión Fenosa contra el pueblo guatemalteco
De como Unión Fenosa expolia al pueblo guatemalteco, con la complicidad del Estado y de sucesivos gobiernos entreguistas.
Mario Sosa
19-1-2010
www.kaosenlared.net/noticia/union-fenosa-contra-pueblo-guatemalteco
Mientras un crimen con implicaciones políticas parece resolverse políticamente y se convierte en un circo que vende en todos los medios de consumo masivo, y mientras un gobierno ejecutivo y legislativo justifican sus incapacidades, la problemática nacional sigue intacta con el descaro tanto de los organismos del Estado como de las elites de poder que, en todo caso, siguen acumulando riqueza a costa de todo un pueblo que se desangra y que languidece y fenece por falta de frijol y tortilla.
Uno de tales problemas puede ser formulado como falta de soberanía energética y expolio generado por la producción, distribución y servicio que padece el consumidor final, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, obrera y campesina.
Así, desde los negocios turbios con el sector eléctrico del ex presidente Álvaro Arzú, continuados en los subsiguientes gobiernos, las empresas transnacionales con la complicidad de testaferros locales, se han apoderado de la producción, distribución y servicio de energía eléctrica.
Uno de estos casos, relacionado con la distribución y prestación del servicio eléctrico, es el de la transnacional de inicio española, Unión Fenosa, empresa que a través de sus figuras jurídicas locales, DEOCSA Y DEORSA, logró apropiarse de bastos territorios y poblaciones a quienes ha venido expoliando por largos años, no sin tener la resistencia de los consumidores a través de su fuerza organizativa local y, a lo sumo, regional.
En este sentido, diversas comunidades y municipios, principalmente del occidente del país, han denunciado múltiples abusos y cobros leoninos que esta empresa ha venido cometiendo en contra de familias del área urbana y rural, especialmente en condición de pobreza. Apropiación de redes de distribución eléctrica comunitaria, altas deficiencias en el fluido eléctrico con constantes apagones que han ocasionado daños en electrodomésticos, lectura anómala de contadores, incrementos no autorizados en el servicio, cobro de pago fijo sumado al consumo y alumbrado eléctrico (inexistente en comunidades rurales), cobro de ajuste por “redondeo” y pago de mora (antecedido de retrasos en la entrega de facturas), cortes de servicio de forma arbitraria, cobros indebidos por re-conexión, así como incumplimiento de acuerdos y convenios firmados previamente, han sido algunas de las denuncias. Todo ello sin la intervención de las autoridades del sector eléctrico y del gobierno, quienes simplemente se limitan a avalar las “reglas” del mercado, garantizar a Unión Fenosa la posibilidad de profundizar en el expolio, dejando de cumplir con su obligación constitucional de proteger al ciudadano y garantizar el interés social.
Además de la extorción económica, se han venido sucediendo distintos hechos orientadas a amedrentar, amenazar y violar elementales derechos humanos y ciudadanos. Varios líderes locales que han siendo parte de este movimiento han sufrido atentados y dos han perdido la vida: Víctor Gálvez, líder de Malacatán el 24 de octubre de 2009 y de Evelina Ramírez Reyes, líder en Ocós, el 13 de enero de 2010, hecho en el cual salieron heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo así como la desaparición de Freddy Rodas.
El mismo día 13, cientos de ciudadanos provenientes de Nuevo Progreso, San Marcos, llegaron a la ciudad capital a manifestar su desacuerdo por las presiones al alcalde municipal para que firme un convenio en el cual los alcaldes son comprometidos a garantizar el cobro de las facturas vencidas, que las comunidades se han negado a pagar antes los cobros fraudulentos y la deficiente calidad del servicio.
El incremento de la resistencia en contra Unión Fenosa activó la protección del Estado, a favor de Unión Fenosa como es de esperarse en un sistema capitalista. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno de Colom decretó estado de prevención en el departamento de San Marcos, mientras sus ministros de Gobernación y Defensa se auto alagan por los logros en materia de gobernabilidad y seguridad para la empresa a partir de la medida. Con esta acción represiva no solamente se coartó el derecho ciudadano a la protesta y resistencia, sino fue el contexto para presionar a los alcaldes municipales que también se sumaron a la protesta ciudadana. Esto ha provocado que, con excepción del alcalde de Nuevo Progreso, los alcaldes inconformes acepten firmar un convenio en el cual se comprometen a garantizar el cobreo de las facturas vencidas, con la inconformidad de los usuarios.
Esta problemática no cesará en el corto plazo y la resistencia se seguirá manifestando en torno a esta o las demás problemáticas –como la minería, la telefonía, el agua, etcétera– que aquejan a nuestro pueblo. Y continuará en tanto continúe este modelo económico que garantiza los intereses de las empresas mientras reprime los intereses de las grandes mayorías.
Similar a lo que pasa con el sector eléctrico, ha venido sucediendo con la minería, la telefonía y las comunicaciones en general, con la construcción de carreteras.
Mientras las áreas estratégicas como la generación, distribución y consumo estén dominadas por el capital y no por el Estado, la problemática no solo continuará sino se profundizará. Por ello la solución que garantice seguridad y soberanía energética, así como un servicio justo hacia los usuarios, no pasa por las reglas del mercado, sino por su nacionalización. Nacionalización que debe ser parte del proyecto político a impulsar en esta coyuntura, manifiesto en un esfuerzo por extender la lucha a nivel nacional. Sólo de esta manera se irá resolviendo la contradicción entre el interés capitalista de la máxima ganancia y el interés común de millones de guatemaltecos pertenecientes a la clase campesina y obrera y a los pueblos indígenas.
Mario Sosa
19-1-2010
www.kaosenlared.net/noticia/union-fenosa-contra-pueblo-guatemalteco
Mientras un crimen con implicaciones políticas parece resolverse políticamente y se convierte en un circo que vende en todos los medios de consumo masivo, y mientras un gobierno ejecutivo y legislativo justifican sus incapacidades, la problemática nacional sigue intacta con el descaro tanto de los organismos del Estado como de las elites de poder que, en todo caso, siguen acumulando riqueza a costa de todo un pueblo que se desangra y que languidece y fenece por falta de frijol y tortilla.
Uno de tales problemas puede ser formulado como falta de soberanía energética y expolio generado por la producción, distribución y servicio que padece el consumidor final, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, obrera y campesina.
Así, desde los negocios turbios con el sector eléctrico del ex presidente Álvaro Arzú, continuados en los subsiguientes gobiernos, las empresas transnacionales con la complicidad de testaferros locales, se han apoderado de la producción, distribución y servicio de energía eléctrica.
Uno de estos casos, relacionado con la distribución y prestación del servicio eléctrico, es el de la transnacional de inicio española, Unión Fenosa, empresa que a través de sus figuras jurídicas locales, DEOCSA Y DEORSA, logró apropiarse de bastos territorios y poblaciones a quienes ha venido expoliando por largos años, no sin tener la resistencia de los consumidores a través de su fuerza organizativa local y, a lo sumo, regional.
En este sentido, diversas comunidades y municipios, principalmente del occidente del país, han denunciado múltiples abusos y cobros leoninos que esta empresa ha venido cometiendo en contra de familias del área urbana y rural, especialmente en condición de pobreza. Apropiación de redes de distribución eléctrica comunitaria, altas deficiencias en el fluido eléctrico con constantes apagones que han ocasionado daños en electrodomésticos, lectura anómala de contadores, incrementos no autorizados en el servicio, cobro de pago fijo sumado al consumo y alumbrado eléctrico (inexistente en comunidades rurales), cobro de ajuste por “redondeo” y pago de mora (antecedido de retrasos en la entrega de facturas), cortes de servicio de forma arbitraria, cobros indebidos por re-conexión, así como incumplimiento de acuerdos y convenios firmados previamente, han sido algunas de las denuncias. Todo ello sin la intervención de las autoridades del sector eléctrico y del gobierno, quienes simplemente se limitan a avalar las “reglas” del mercado, garantizar a Unión Fenosa la posibilidad de profundizar en el expolio, dejando de cumplir con su obligación constitucional de proteger al ciudadano y garantizar el interés social.
Además de la extorción económica, se han venido sucediendo distintos hechos orientadas a amedrentar, amenazar y violar elementales derechos humanos y ciudadanos. Varios líderes locales que han siendo parte de este movimiento han sufrido atentados y dos han perdido la vida: Víctor Gálvez, líder de Malacatán el 24 de octubre de 2009 y de Evelina Ramírez Reyes, líder en Ocós, el 13 de enero de 2010, hecho en el cual salieron heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo así como la desaparición de Freddy Rodas.
El mismo día 13, cientos de ciudadanos provenientes de Nuevo Progreso, San Marcos, llegaron a la ciudad capital a manifestar su desacuerdo por las presiones al alcalde municipal para que firme un convenio en el cual los alcaldes son comprometidos a garantizar el cobro de las facturas vencidas, que las comunidades se han negado a pagar antes los cobros fraudulentos y la deficiente calidad del servicio.
El incremento de la resistencia en contra Unión Fenosa activó la protección del Estado, a favor de Unión Fenosa como es de esperarse en un sistema capitalista. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno de Colom decretó estado de prevención en el departamento de San Marcos, mientras sus ministros de Gobernación y Defensa se auto alagan por los logros en materia de gobernabilidad y seguridad para la empresa a partir de la medida. Con esta acción represiva no solamente se coartó el derecho ciudadano a la protesta y resistencia, sino fue el contexto para presionar a los alcaldes municipales que también se sumaron a la protesta ciudadana. Esto ha provocado que, con excepción del alcalde de Nuevo Progreso, los alcaldes inconformes acepten firmar un convenio en el cual se comprometen a garantizar el cobreo de las facturas vencidas, con la inconformidad de los usuarios.
Esta problemática no cesará en el corto plazo y la resistencia se seguirá manifestando en torno a esta o las demás problemáticas –como la minería, la telefonía, el agua, etcétera– que aquejan a nuestro pueblo. Y continuará en tanto continúe este modelo económico que garantiza los intereses de las empresas mientras reprime los intereses de las grandes mayorías.
Similar a lo que pasa con el sector eléctrico, ha venido sucediendo con la minería, la telefonía y las comunicaciones en general, con la construcción de carreteras.
Mientras las áreas estratégicas como la generación, distribución y consumo estén dominadas por el capital y no por el Estado, la problemática no solo continuará sino se profundizará. Por ello la solución que garantice seguridad y soberanía energética, así como un servicio justo hacia los usuarios, no pasa por las reglas del mercado, sino por su nacionalización. Nacionalización que debe ser parte del proyecto político a impulsar en esta coyuntura, manifiesto en un esfuerzo por extender la lucha a nivel nacional. Sólo de esta manera se irá resolviendo la contradicción entre el interés capitalista de la máxima ganancia y el interés común de millones de guatemaltecos pertenecientes a la clase campesina y obrera y a los pueblos indígenas.
11 de mayo de 2011
GOLDCORP AUMENTA GANACIAS, EL PUEBLO DE GUATEMALA SU MISERIA
Por Mario Sosa
Mientras la Goldcorp Inc, dueña de la mina Marlin en Guatemala, aumenta sustancialmente sus riquezas, el pueblo guatemalteco se debate entre la pobreza y la miseria. Sólo un hecho terrible lo demuestra: más del 50% de los niños presenta desnutrición crónica.
Goldcorp Inc logró ganancias por 651 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, 419 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Si la cosas siguen tan bien para esta transnacional, sus ganancias sólo para este año serán de alrededor de 2,600 millones.
Sólo la mina Marlin en Guatemala produjo 77 mil 800 onzas de oro, un incremento del 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre de 2010, a un costo operativo de US$324 por onza. Además produjo 1.76 millones de onzas de plata para un aumento del 41 por ciento (el periódico 11/05/11).
Capitalismo a secas: acumulación de riqueza en pocas manos, reproducción de pobreza, deterioro ambiental y efectos negativos para la salud en la mayoría de nuestro pueblo. Todo ello con la complicidad de sucesivos gobiernos: Portillo, Berger y Colom.
Pero hagamos cuentas: si una onza de oro vale 1,394 dólares y se le resta 324 dólares de producción y operaciones, por cada onza se obtiene una ganancia de 1,074 dólares. Esto implica que si la extracción de oro fuera una actividad nacionalizada, y considerando las 77 mil 800 onzas de oro producidas por la mina Marlin en este primer trimestre del año, el Estado de Guatemala obtendría una ganancia de 81 millones de dólares (alrededor de 627 millones de quetzales), lo que implicaría un ingreso anual posible de 324 millones de dólares, equivalentes a 2,511 millones de quetzales, tan sólo de esta mina y excluyendo otros productos extraídos como la plata.
Es decir, si la producción minera estuviera nacionalizada, el Estado podría garantizar recursos para solventar los graves problemas, necesidades y deficiencias en materia de salud, educación, empleo, etc. Recuperaríamos nuestra dignidad y soberanía y garantizaríamos una verdadera solidaridad.
Mientras la Goldcorp Inc, dueña de la mina Marlin en Guatemala, aumenta sustancialmente sus riquezas, el pueblo guatemalteco se debate entre la pobreza y la miseria. Sólo un hecho terrible lo demuestra: más del 50% de los niños presenta desnutrición crónica.
Goldcorp Inc logró ganancias por 651 millones de dólares en el primer trimestre del año 2011, 419 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Si la cosas siguen tan bien para esta transnacional, sus ganancias sólo para este año serán de alrededor de 2,600 millones.
Sólo la mina Marlin en Guatemala produjo 77 mil 800 onzas de oro, un incremento del 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre de 2010, a un costo operativo de US$324 por onza. Además produjo 1.76 millones de onzas de plata para un aumento del 41 por ciento (el periódico 11/05/11).
Capitalismo a secas: acumulación de riqueza en pocas manos, reproducción de pobreza, deterioro ambiental y efectos negativos para la salud en la mayoría de nuestro pueblo. Todo ello con la complicidad de sucesivos gobiernos: Portillo, Berger y Colom.
Pero hagamos cuentas: si una onza de oro vale 1,394 dólares y se le resta 324 dólares de producción y operaciones, por cada onza se obtiene una ganancia de 1,074 dólares. Esto implica que si la extracción de oro fuera una actividad nacionalizada, y considerando las 77 mil 800 onzas de oro producidas por la mina Marlin en este primer trimestre del año, el Estado de Guatemala obtendría una ganancia de 81 millones de dólares (alrededor de 627 millones de quetzales), lo que implicaría un ingreso anual posible de 324 millones de dólares, equivalentes a 2,511 millones de quetzales, tan sólo de esta mina y excluyendo otros productos extraídos como la plata.
Es decir, si la producción minera estuviera nacionalizada, el Estado podría garantizar recursos para solventar los graves problemas, necesidades y deficiencias en materia de salud, educación, empleo, etc. Recuperaríamos nuestra dignidad y soberanía y garantizaríamos una verdadera solidaridad.
8 de febrero de 2011
LA SOBERANÍA NACIONAL TRANSADA
Por Mario Sosa
En su edición del lunes 7 de febrero, el diario conservador español, El país, dio a conocer un cable divulgado por WikiLeaks, sobre un hecho que revela la injerencia que Estados Unidos mantiene en nuestro país y el carácter servil de la burguesía local.
El gobierno de la oligarquía entre 2003 y 2007, Oscar Berger, vetó la Ley que permitiría la venta de medicamentos genéricos en Guatemala, los cuales son una opción para que la mayoría empobrecida de nuestro pueblo pueda acceder a medicina de este tipo.
Esto en su momento lo criticamos y acusamos a dicho gobierno de ser un títere servil del capital transnacional, en particular, de las empresas farmacéuticas, a las cuales en su afán de lograr la mayor acumulación de capital no les importa que millones de seres humanos mueran por falta de medicamentos obtenidos a un precio justo. En otros artículos y pronunciamientos también criticamos el carácter lacayo de dicho gobierno, al servicio de empresas, organismos financieros internacionales y de Estados Unidos.
Pero los cables revelados por WikiLeaks, describen el papel de la Embajada estadounidense y de sus embajadores, como operadores políticos de su país y de las empresas que desde ahí operan. En particular, se describe las presiones de los entonces embajadores John Hamilton y Peter Allgeier, quienes amenazaron con excluir al país del mal llamado Tratado de “Libre” Comercio e hicieron que –servilmente-- el ex presidente Berger vetara la ley que liberaba la compra de medicamentos genéricos. Y como parte de su estrategia, se revela como La Embajada imperial, a través de columnistas y editorialistas de los medios de prensa escrita, radial y televisiva --incluido el programa del oligarca Dionisio Gutiérrez (del grupo corporativo Multi Inversiones)--, impulsó una campaña ideológica para posicionar criterios de defensa a los derechos de autor y de libre empresa, como superiores al derecho que tienen los pueblos a la salud. Asimismo actuaron con los partidos políticos que, también servilmente, dieron marcha atrás en la decisión que con anterioridad habían tomado en el Congreso.
Dichos cables revelan entonces algo que no nos cansamos de repetir. El capital actúa para lograr la máxima ganancia; no está interesado en los seres humanos y sus necesidades. Y para lograr la máxima ganancia, ha logrado articular un sistema mundial en donde imperios como Estados Unidos, actúan para promover sus intereses –los del capital y los suyos, que son finalmente lo mismo— y desarrollan una permanente política injerencista, violadora del derecho de los pueblos a su soberanía.
También nos revela cómo las burguesías y oligarquías actúan servilmente con el capital transnacional y, en este caso, con Estados Unidos como el imperio que ejerce su poder en la región. Servilismo que se hace evidente cuando sus intereses pueden verse afectados, por ejemplo, al ser excluidos del igualmente entreguista Tratado de “Libre” Comercio que aceptaron firmar. Soberanía nacional transada a cambio de beneficios comerciales para sus empresas.
Asimismo sale a luz pública, cómo quienes controlan localmente los Estados y gobiernos: burguesía/oligarquía, partidos políticos, medios de difusión masiva, constituyen actores e instrumentos que reproducen en la superestructura (ideología, leyes) los intereses del imperialismo, del capital.
Burguesía/oligarquía, ni países que se autodenominan amigos como Estados Unidos, partidos políticos, medios de difusión masiva, son parte de ese sistema que a nivel local reproducen un régimen capitalista que en ningún momento se orienta a beneficiar o defender los intereses de nuestro pueblo.
Por eso, la alternativa es construir un nuevo régimen, donde la propiedad, la producción, el comercio, se orienten al beneficio de todo el pueblo, y donde el Estado y gobierno, estén al servicio de la colectividad y no de intereses minoritarios.
Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Especialmente en la existencia de programas revolucionarios que son los que permiten avanzar con coherencia hacia la construcción de sociedades y Estados justos, que es lo que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos. Nuestro pueblo no se merece estos gobiernos lacayos y serviles. Nuestro pueblo merece y necesita gobernarse por sí mismo.
En su edición del lunes 7 de febrero, el diario conservador español, El país, dio a conocer un cable divulgado por WikiLeaks, sobre un hecho que revela la injerencia que Estados Unidos mantiene en nuestro país y el carácter servil de la burguesía local.
El gobierno de la oligarquía entre 2003 y 2007, Oscar Berger, vetó la Ley que permitiría la venta de medicamentos genéricos en Guatemala, los cuales son una opción para que la mayoría empobrecida de nuestro pueblo pueda acceder a medicina de este tipo.
Esto en su momento lo criticamos y acusamos a dicho gobierno de ser un títere servil del capital transnacional, en particular, de las empresas farmacéuticas, a las cuales en su afán de lograr la mayor acumulación de capital no les importa que millones de seres humanos mueran por falta de medicamentos obtenidos a un precio justo. En otros artículos y pronunciamientos también criticamos el carácter lacayo de dicho gobierno, al servicio de empresas, organismos financieros internacionales y de Estados Unidos.
Pero los cables revelados por WikiLeaks, describen el papel de la Embajada estadounidense y de sus embajadores, como operadores políticos de su país y de las empresas que desde ahí operan. En particular, se describe las presiones de los entonces embajadores John Hamilton y Peter Allgeier, quienes amenazaron con excluir al país del mal llamado Tratado de “Libre” Comercio e hicieron que –servilmente-- el ex presidente Berger vetara la ley que liberaba la compra de medicamentos genéricos. Y como parte de su estrategia, se revela como La Embajada imperial, a través de columnistas y editorialistas de los medios de prensa escrita, radial y televisiva --incluido el programa del oligarca Dionisio Gutiérrez (del grupo corporativo Multi Inversiones)--, impulsó una campaña ideológica para posicionar criterios de defensa a los derechos de autor y de libre empresa, como superiores al derecho que tienen los pueblos a la salud. Asimismo actuaron con los partidos políticos que, también servilmente, dieron marcha atrás en la decisión que con anterioridad habían tomado en el Congreso.
Dichos cables revelan entonces algo que no nos cansamos de repetir. El capital actúa para lograr la máxima ganancia; no está interesado en los seres humanos y sus necesidades. Y para lograr la máxima ganancia, ha logrado articular un sistema mundial en donde imperios como Estados Unidos, actúan para promover sus intereses –los del capital y los suyos, que son finalmente lo mismo— y desarrollan una permanente política injerencista, violadora del derecho de los pueblos a su soberanía.
También nos revela cómo las burguesías y oligarquías actúan servilmente con el capital transnacional y, en este caso, con Estados Unidos como el imperio que ejerce su poder en la región. Servilismo que se hace evidente cuando sus intereses pueden verse afectados, por ejemplo, al ser excluidos del igualmente entreguista Tratado de “Libre” Comercio que aceptaron firmar. Soberanía nacional transada a cambio de beneficios comerciales para sus empresas.
Asimismo sale a luz pública, cómo quienes controlan localmente los Estados y gobiernos: burguesía/oligarquía, partidos políticos, medios de difusión masiva, constituyen actores e instrumentos que reproducen en la superestructura (ideología, leyes) los intereses del imperialismo, del capital.
Burguesía/oligarquía, ni países que se autodenominan amigos como Estados Unidos, partidos políticos, medios de difusión masiva, son parte de ese sistema que a nivel local reproducen un régimen capitalista que en ningún momento se orienta a beneficiar o defender los intereses de nuestro pueblo.
Por eso, la alternativa es construir un nuevo régimen, donde la propiedad, la producción, el comercio, se orienten al beneficio de todo el pueblo, y donde el Estado y gobierno, estén al servicio de la colectividad y no de intereses minoritarios.
Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Especialmente en la existencia de programas revolucionarios que son los que permiten avanzar con coherencia hacia la construcción de sociedades y Estados justos, que es lo que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos. Nuestro pueblo no se merece estos gobiernos lacayos y serviles. Nuestro pueblo merece y necesita gobernarse por sí mismo.
10 de diciembre de 2010
INDIGNACIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA
Indignación ha sido el sentimiento dominante y exigencia de justicia ha sido la posición de muchos que hoy lamentamos el asesinato de Emilia Quan Staackmann, joven socióloga quien, a través de su aporte científico, estaba siendo constructora de un país distinto como el que pretendemos construir millones de guatemaltecas y guatemaltecos.
Emilia trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala CEDFOG, institución que desde ese rinconcito devino de nuestro territorio nacional, ha venido revelando dinámicas y procesos que desde esa región huehueteca desnudan a nuestro país y nos hablan de los caminos torcidos de nuestra patria; pero también nos muestran los caminos éticos, sociales, económicos, étnicos y políticos por los cuales habremos de transitar en dirección a construir una nueva nación y un nuevo Estado.
El secuestro momentáneo y las agresiones padecidas por Víctor López, trabajador también del CEDFOG, y el secuestro y asesinato de Emilia deben ser esclarecidos y los responsables llevados a la justicia. Esto es lo mínimo que podemos exigir.
El asesinato de Emilia se suma a la de miles de guatemaltecos que están siendo presa de la delincuencia y el crimen que se han convertido en una problemática endémica para nuestro pueblo, pero al mismo tiempo un jugoso negocio para quienes en la ilegalidad y la legalidad, aumentan sus ganancias capitalistas a costa del dolor y la muerte. Es un problema nacional al cual el este Estado ha sido incapaz de resolver, dejándonos en la indefensión absoluta.
Nuestro pésame a la familia de Emilia, a sus amigos, compañeros y al CEDFOG. Su asesinato nos indigna, pero esa indignación debe llevarnos a actuar en dirección a exigir JUSTICIA y a construir un nuevo país.
Emilia trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala CEDFOG, institución que desde ese rinconcito devino de nuestro territorio nacional, ha venido revelando dinámicas y procesos que desde esa región huehueteca desnudan a nuestro país y nos hablan de los caminos torcidos de nuestra patria; pero también nos muestran los caminos éticos, sociales, económicos, étnicos y políticos por los cuales habremos de transitar en dirección a construir una nueva nación y un nuevo Estado.
El secuestro momentáneo y las agresiones padecidas por Víctor López, trabajador también del CEDFOG, y el secuestro y asesinato de Emilia deben ser esclarecidos y los responsables llevados a la justicia. Esto es lo mínimo que podemos exigir.
El asesinato de Emilia se suma a la de miles de guatemaltecos que están siendo presa de la delincuencia y el crimen que se han convertido en una problemática endémica para nuestro pueblo, pero al mismo tiempo un jugoso negocio para quienes en la ilegalidad y la legalidad, aumentan sus ganancias capitalistas a costa del dolor y la muerte. Es un problema nacional al cual el este Estado ha sido incapaz de resolver, dejándonos en la indefensión absoluta.
Nuestro pésame a la familia de Emilia, a sus amigos, compañeros y al CEDFOG. Su asesinato nos indigna, pero esa indignación debe llevarnos a actuar en dirección a exigir JUSTICIA y a construir un nuevo país.
21 de septiembre de 2010
EMPLAZO AL REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE HUMANIDADES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
De los 41 miembros del CSU-USAC, el Lic. Héctor Hugo Lima Conde representa al Colegio de Humanidades de Guatemala,al cual estoy adscrito. Desconozco las actividades que realiza para promover el mejoramiento de los profesionales adscritos y estamos desinformados sobre el uso del dinero de las cuotas que aportamos mensualmente. Ante su silencio, deseo saber ¿cuál es su postura en la actual crisis de la USAC?, ¿votó usted a favor del desalojo en la Universidad? Ha formulado otras alternativas que tiendan al diálogo y a esclarecer los manejos financieros y de los recursos de las actuales autoridades universitarias?
EXIJO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS/LOS ESTUDIANTES NO SE EJERZA EN MI NOMBRE, que controlen los usos comerciales de los recursos de la Universidad, que se esclarezcan las actividades sin transparencia, y que termine el cada vez más escalofriante hundimiento de la San Carlos en la mediocridad académica en la que se encuentra.
MARIO SOSA
Antropólogo
Colegiado NO. 6437
EXIJO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS/LOS ESTUDIANTES NO SE EJERZA EN MI NOMBRE, que controlen los usos comerciales de los recursos de la Universidad, que se esclarezcan las actividades sin transparencia, y que termine el cada vez más escalofriante hundimiento de la San Carlos en la mediocridad académica en la que se encuentra.
MARIO SOSA
Antropólogo
Colegiado NO. 6437
17 de septiembre de 2010
HACIA LA REFORMA UNIVERSITARIA
El movimiento estudiantil universitario, encabaezado por EPA, refleja una problemática con solución postergada. Esa solución sólo vendrá de un proceso demócrático y participativo de Reforma Universitaria, para lograr resolver nuestro problemas históricos como Universidad y construirla como una Escuela Superior Pública, Nacional, Laica, Obligatoria, Democrática y Popular.
Por una solución negociada, que tienda a resolver los problemas estructurales de la USAC.
Por una solución sin violencia.
Por una solución negociada, que tienda a resolver los problemas estructurales de la USAC.
Por una solución sin violencia.
24 de agosto de 2010
Lucha contra el narcotráfico y defensa de la soberanía nacional
Por Mario Sosa* - Guatemala, 24 de agosto de 2010
Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.
Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.
Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.
El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.
Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.
Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.
La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.
Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.
Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.
--------------------------------------------------------------------------------
[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.
"Hacer es el mejor modo de decir"
José Martí
(*) Coordinador de Organización del Frente Popular
www.albedrio.org
Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.
Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.
Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.
El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.
Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.
Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.
La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.
Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.
Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.
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[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.
"Hacer es el mejor modo de decir"
José Martí
(*) Coordinador de Organización del Frente Popular
www.albedrio.org
6 de agosto de 2010
José Martí, procer antioligárquico y antiimperialista
Mario Sosa
Coordinador de Organización del Frente Popular
Hoy, América Latina se encuentra en una encrucijada. O avanza hacia la unidad y la liberación de sus pueblos, en clara batalla contra el imperialismo y el capitalismo y hacia la construcción de una sociedad nueva, o daremos un paso hacia atrás que puede significarnos otros 200 años de opresión de las oligarquías y del monstruo conocido por Martí desde dentro y que oportunamente nos advirtió de sus tentáculos y venenos.
Y por qué hablamos de esto en este homenaje a uno de los más extraordinarios pensadores que ha dado nuestra Patria Grande. Porque seguramente, el mismo estaría encabezando estos procesos de liberación y estaría haciéndonos pensar en la mejor forma de transitar hacia ese futuro a construir; estaría en la vanguardia de esta batalla, como lo estuvo en el momento de su gloriosa trascendencia, ese 19 de mayo, hace 115 años atrás.
Las enseñanzas de Martí, desde la poseía y desde el ensayo, se vieron coherentemente realizadas con su práctica revolucionaria. El mismo le escribía a Manuel Mercado …ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
José Martí, ese profeta de su tierra que es Cuba y que también es Nuestra América. José Martí, ese hombre que dio su vida para curarle la enfermedad a su madre patria y que fue antítesis de aquellos que llevan letrero de traidor en la espalda. José Martí, aquel que nos llamó a despertar, a acostarnos con las armas de almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.
Es ese José Martí al que hoy rendimos homenaje, no como riqueza etérea para contemplar una vez cada año, sino como espada desenvainada ante los enemigos de Nuestra América, ante las oligarquías lacayas y el imperialismo en todas sus formas. Porque es ahí donde adquieren sentido sus palabras, cuando nos dice: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.
Hoy, cuando la marcha unida de los pueblos de Nuestra América abre sendero hacia la independencia definitiva, cuando el ALBA empieza a ser esperanza de unidad soberana, digna y solidaria, José Martí adquiere mayor relevancia, pues su pensamiento y práctica, como lo fueron las ideas y acciones de Simón Bolívar y Francisco Morazán, es raíz y guía necesaria para enfrentar los embates de nuestros enemigos históricos.
En este marco, con el pensamiento revolucionario de José Martí y con el arte que aporta vínculos entre el pasado presente y el presente futuro, podremos andar el camino hacia la libertad de Nuestra América, de la Patria Grande, y hacer de nuestra revolución una creación humanista e integral. Es esta la trascendencia y el aporte de la Exposición pictórica colectiva José Martí, Nuestra América, en su V edición, que hoy presenta el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la cual desde la creación artística nos liga a un personaje, a un proceso, a una utopía realizable: la de Nuestra América libre, soberana, digna y solidaria.
Nuestro reconocimiento pues al STAP y, como mención especial, a su Secretario General, Fernando Minera, por concedernos esta herencia que desde el arte comprometido forma parte ya del camino que estamos recorriendo por recuperar el proyecto histórico para Guatemala y por construir ese futuro promisorio para Nuestra América.
Concluyo entonces diciendo: Martí vive, porque vive revolucionario el pueblo que le vio nacer y porque continúa en la vanguardia contra las oligarquías y contra el imperialismo, por la construcción de Nuestra América.
Coordinador de Organización del Frente Popular
Hoy, América Latina se encuentra en una encrucijada. O avanza hacia la unidad y la liberación de sus pueblos, en clara batalla contra el imperialismo y el capitalismo y hacia la construcción de una sociedad nueva, o daremos un paso hacia atrás que puede significarnos otros 200 años de opresión de las oligarquías y del monstruo conocido por Martí desde dentro y que oportunamente nos advirtió de sus tentáculos y venenos.
Y por qué hablamos de esto en este homenaje a uno de los más extraordinarios pensadores que ha dado nuestra Patria Grande. Porque seguramente, el mismo estaría encabezando estos procesos de liberación y estaría haciéndonos pensar en la mejor forma de transitar hacia ese futuro a construir; estaría en la vanguardia de esta batalla, como lo estuvo en el momento de su gloriosa trascendencia, ese 19 de mayo, hace 115 años atrás.
Las enseñanzas de Martí, desde la poseía y desde el ensayo, se vieron coherentemente realizadas con su práctica revolucionaria. El mismo le escribía a Manuel Mercado …ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
José Martí, ese profeta de su tierra que es Cuba y que también es Nuestra América. José Martí, ese hombre que dio su vida para curarle la enfermedad a su madre patria y que fue antítesis de aquellos que llevan letrero de traidor en la espalda. José Martí, aquel que nos llamó a despertar, a acostarnos con las armas de almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.
Es ese José Martí al que hoy rendimos homenaje, no como riqueza etérea para contemplar una vez cada año, sino como espada desenvainada ante los enemigos de Nuestra América, ante las oligarquías lacayas y el imperialismo en todas sus formas. Porque es ahí donde adquieren sentido sus palabras, cuando nos dice: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.
Hoy, cuando la marcha unida de los pueblos de Nuestra América abre sendero hacia la independencia definitiva, cuando el ALBA empieza a ser esperanza de unidad soberana, digna y solidaria, José Martí adquiere mayor relevancia, pues su pensamiento y práctica, como lo fueron las ideas y acciones de Simón Bolívar y Francisco Morazán, es raíz y guía necesaria para enfrentar los embates de nuestros enemigos históricos.
En este marco, con el pensamiento revolucionario de José Martí y con el arte que aporta vínculos entre el pasado presente y el presente futuro, podremos andar el camino hacia la libertad de Nuestra América, de la Patria Grande, y hacer de nuestra revolución una creación humanista e integral. Es esta la trascendencia y el aporte de la Exposición pictórica colectiva José Martí, Nuestra América, en su V edición, que hoy presenta el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la cual desde la creación artística nos liga a un personaje, a un proceso, a una utopía realizable: la de Nuestra América libre, soberana, digna y solidaria.
Nuestro reconocimiento pues al STAP y, como mención especial, a su Secretario General, Fernando Minera, por concedernos esta herencia que desde el arte comprometido forma parte ya del camino que estamos recorriendo por recuperar el proyecto histórico para Guatemala y por construir ese futuro promisorio para Nuestra América.
Concluyo entonces diciendo: Martí vive, porque vive revolucionario el pueblo que le vio nacer y porque continúa en la vanguardia contra las oligarquías y contra el imperialismo, por la construcción de Nuestra América.
Llamado histórico a la juventud
Mario Sosa
http://www.url.edu.gt/brujula/opinion.html
Es indudable, en la juventud guatemalteca se cuenta con una visión crítica de la situación que generaciones precedentes nos han heredado. Es una juventud ávida de cambio y manifiesta diversas acciones a través de las cuales trata de contribuir mejorar las condiciones actuales. Es y debe ser su compromiso actual y futuro: construir una sociedad radicalmente distinta: justa, digna, soberana, solidaria, desarrollada y en paz.
Pero lograr esa sociedad anhelada requiere una visión objetiva, histórica y estratégica, desde la cual sea posible idear con coherencia las soluciones y el camino a seguir, para que en su calidad de sujetos, pueda constituirse en el motor fundamental para sacar al país del atraso y la miseria y para resolver la crisis histórica y estructural que predomina y que las fuerzas dominantes no han sido y no muestran capacidad de resolver.
Ese deseo de cambio y el entusiasmo, no obstante, es insuficiente. Toda acción, para ser transformativa, debe partir de una perspectiva crítica que de paso a una acción planificada, basada en principios, con objetivos y estrategia coherente, y con un liderazgo que nazca del proceso que genuinamente abandere el cambio que nuestra matria, Guatemala, necesita.
En este sentido, el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Sin reconocer lo que hemos sido, será imposible comprender lo que somos y, por consiguiente, lo que queremos ser en el futuro. La historia está contenida de experiencias y aprendizajes, asidero del cual no podemos prescindir.
La historia reciente de nuestro país está marcada por la rebelión cívico militar de 1944, que derrocó la dictadura de los 14 años encabezada por Jorge Ubico y Federico Ponce, en la cual participa la juventud y se incorpora, bajo la dirección de dos grandes estadistas: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, al proceso de construcción de una sociedad profundamente democrática y orientada al bienestar de las grandes mayorías, cambiando radicalmente la orientación del Estado. Es una juventud moral y éticamente solvente, que demostró su compromiso con el prójimo, que tuvo una intachable gestión pública y que hoy es reconocida por sus legados humanistas y revolucionarios.
Esa juventud fue artífice de cambios sin precedentes generados durante la década revolucionaria (1944-1954). Se instituyeron leyes y políticas orientadas a lograr que el país fuera democrático, independiente y capitalistamente desarrollado, tales como: una constitución democrática, el código de trabajo, el IGSS, la autonomía municipal y universitaria, una reforma agraria que empezaba a dinamizar el campo y el mercado interno, ruptura con monopolios extranjeros en materia de energía eléctrica y ferrocarril, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, carreteras estratégicas como la del Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla. Asimismo, suprimió el trabajo forzoso y se garantizó la protección laboral, se avanzó como nunca en garantizar educación gratuita y obligatoria y salud a través de la ampliación y mejora cualitativa de servicios. Fue un período en donde se democratizó políticamente el país y se promovió y respeto a la organización y participación sindical, campesina y social en general.
Los avances logrados fueron truncados por la invasión estadounidense y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. La contrarrevolución de 1954, representa para el país consecuencias que se extienden hasta hoy. No solamente hemos retrocedido en un conjunto de conquistas sociales, sino además nos han heredado un país -que nadie puede negar- se debate en el atraso y la miseria, la delincuencia y la impunidad, la dependencia y el expolio, la injusticia y la desigualdad, el racismo y la discriminación.
Monseñor Romero afirmó “La paz es fruto de la justicia” y para lograrla es necesario que la juventud recupere perspectiva histórica y recree el presente y futuro, con principios democráticos, siendo protagonista en la construcción de una Nación y un Estado capaz de lograr la justicia
http://www.url.edu.gt/brujula/opinion.html
Es indudable, en la juventud guatemalteca se cuenta con una visión crítica de la situación que generaciones precedentes nos han heredado. Es una juventud ávida de cambio y manifiesta diversas acciones a través de las cuales trata de contribuir mejorar las condiciones actuales. Es y debe ser su compromiso actual y futuro: construir una sociedad radicalmente distinta: justa, digna, soberana, solidaria, desarrollada y en paz.
Pero lograr esa sociedad anhelada requiere una visión objetiva, histórica y estratégica, desde la cual sea posible idear con coherencia las soluciones y el camino a seguir, para que en su calidad de sujetos, pueda constituirse en el motor fundamental para sacar al país del atraso y la miseria y para resolver la crisis histórica y estructural que predomina y que las fuerzas dominantes no han sido y no muestran capacidad de resolver.
Ese deseo de cambio y el entusiasmo, no obstante, es insuficiente. Toda acción, para ser transformativa, debe partir de una perspectiva crítica que de paso a una acción planificada, basada en principios, con objetivos y estrategia coherente, y con un liderazgo que nazca del proceso que genuinamente abandere el cambio que nuestra matria, Guatemala, necesita.
En este sentido, el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Sin reconocer lo que hemos sido, será imposible comprender lo que somos y, por consiguiente, lo que queremos ser en el futuro. La historia está contenida de experiencias y aprendizajes, asidero del cual no podemos prescindir.
La historia reciente de nuestro país está marcada por la rebelión cívico militar de 1944, que derrocó la dictadura de los 14 años encabezada por Jorge Ubico y Federico Ponce, en la cual participa la juventud y se incorpora, bajo la dirección de dos grandes estadistas: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, al proceso de construcción de una sociedad profundamente democrática y orientada al bienestar de las grandes mayorías, cambiando radicalmente la orientación del Estado. Es una juventud moral y éticamente solvente, que demostró su compromiso con el prójimo, que tuvo una intachable gestión pública y que hoy es reconocida por sus legados humanistas y revolucionarios.
Esa juventud fue artífice de cambios sin precedentes generados durante la década revolucionaria (1944-1954). Se instituyeron leyes y políticas orientadas a lograr que el país fuera democrático, independiente y capitalistamente desarrollado, tales como: una constitución democrática, el código de trabajo, el IGSS, la autonomía municipal y universitaria, una reforma agraria que empezaba a dinamizar el campo y el mercado interno, ruptura con monopolios extranjeros en materia de energía eléctrica y ferrocarril, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, carreteras estratégicas como la del Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla. Asimismo, suprimió el trabajo forzoso y se garantizó la protección laboral, se avanzó como nunca en garantizar educación gratuita y obligatoria y salud a través de la ampliación y mejora cualitativa de servicios. Fue un período en donde se democratizó políticamente el país y se promovió y respeto a la organización y participación sindical, campesina y social en general.
Los avances logrados fueron truncados por la invasión estadounidense y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. La contrarrevolución de 1954, representa para el país consecuencias que se extienden hasta hoy. No solamente hemos retrocedido en un conjunto de conquistas sociales, sino además nos han heredado un país -que nadie puede negar- se debate en el atraso y la miseria, la delincuencia y la impunidad, la dependencia y el expolio, la injusticia y la desigualdad, el racismo y la discriminación.
Monseñor Romero afirmó “La paz es fruto de la justicia” y para lograrla es necesario que la juventud recupere perspectiva histórica y recree el presente y futuro, con principios democráticos, siendo protagonista en la construcción de una Nación y un Estado capaz de lograr la justicia
Acción colectiva, territorio y autonomía indígena en Guatemala
Esta ponencia, presentada al Foro de Universidades Jesuitas “Realidad geopolítica, realidad centroamericana y Universidad”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 28 y 29 de octubre de 2009, se fundamenta en datos empíricos producto de observación directa, consulta de fuentes de organizaciones indígenas y campesinas, fuentes periodísticas y en textos propios y de otros académicos, así como en dos estudios: “Un Estado otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación política en Guatemala, de Ramos, Belinda y Mario Sosa, publicado en 2008 por el INGEP-URL, y Gestión Ambiental y gobernabilidad local, de Sosa, Mario y Carlos Quezada (en edición), por el IARNA e INGEP. Sin embargo, por la necesidad de síntesis, se excluyen muchas referencias empíricas y se abona sobretodo en el análisis e interpretación necesaria para abonar al debate pretendido en este Seminario.
Mario Sosa
En Realidad geopolítica, situación centroamericana y universidad. Memoria del Foro Regional de Universidades Jesuitas. INTRAPAZ-URL y Konrad Adenauer Stiftung, marzo 2010, pp. 72-83.
La historia de nuestros países centroamericanos, desde la invasión española, ha estado determinada por distintas etapas de acumulación de capital que han implicado nuevos y renovados despojos de los territorios y medios de vida vitales de los pueblos originarios, legales o ilegales, todos ellos ilegítimos. Tales etapas han sido aparejadas con regímenes políticos de opresión, algunos más represivos que otros, dependiendo de las necesidades de expolio y apaciguamiento de la resistencia que han presentado tales pueblos y movimientos que de ellos emanan.
En este marco, los pueblos indígenas han sido orillados a territorios carentes de atractivo extractivo o expoliador por parte del capital, pensados como los reservorios de fuerza de trabajo semiesclava o barata, o como masa de electores que garanticen la sustitución de unas elites por otras en el poder. De tal manera que estos han sido los segmentos principales de la población que, en el marco de nuestros Estados, han padecido los avatares de los intereses de las fuerzas principales del capital y sus consecuencias en materia de condiciones sociales, económicas y políticas, altamente cargadas de discriminación y racismo como justificación y como sistema para reproducir su opresión y exclusión. Son sujetos que en materia de derechos se encuentran con mayores rezagos en la posibilidad de ejercer ciudadanía, ya no digamos derechos de carácter colectivo.
Esto se sigue registrando en la actualidad. Así, el modelo económico actual, como organización para la acumulación de capital que se impulsa en Guatemala y, con diferencias secundarias, en los países centroamericanos en general, se basa en una estructura agraria concentradora de la tierra y con fuerte desigualdad en el acceso a medios de producción y capital para población campesina e indígena, fuerzas productivas dependientes y atrasadas, orientado y dependiente del mercado internacional en su calidad de productor de materias primas. Es un modelo que se adecúa no solamente a ese papel, sino a los vaivenes de la demanda internacional y los ejes principales de acumulación que hoy resultan ser tres: la instalación y expansión de mega cultivos para la producción de agro combustibles y aceites (palma africana, piñón, caña de azúcar, otros), la explotación minera, petrolera, y los mega proyectos, tal el caso de las grandes represas ligadas a la distribución y servicio de energía que representa altas ganancias, carreteras como la FTN y los proyectos etno-eco-turísticos de alto impacto como el Parque de los Cuatro Balam para la región de El Petén. (Para ampliar ver El Observador, Nos. 19
Dicho modelo, en la medida que tiende a acrecentar la acumulación de tierras y territorios, no solamente está ampliando aceleradamente la frontera agrícola y extractiva (como sucede en áreas como el Polochic), sino continúa el proceso histórico de disminución de áreas de cultivo de alimentos y la apropiación y privatización de recursos vitales y estratégicos como el agua, minerales, bosques, aceleración del deterioro de la naturaleza, cadenas productivas y comerciales principales con mayor concentración, disminución de fuentes de empleo, expulsión de población, aparejado de una política consistente en la re militarización de los territorios locales-regionales y la criminalización de la lucha social en general, todas estas condiciones generadoras de conflictividad.
En este marco, hoy como durante la colonia y el régimen oligárquico de la república cafetalera, los pueblos indígenas —sus territorios, cultura, organización sociopolítica— son los más afectados — no solamente en Guatemala, sino en el continente—, pues están siendo amenazados sus medios vitales de vida. En ese sentido, no es casual que determinadas configuraciones sociales con identidades étnicas —como la maya—, que basándose en los recursos culturales que disponen, redefinen su posición en la sociedad, desarrollan un conjunto de acciones de resistencia, se plantean una visión de la sociedad en la que no quieren vivir y en la que querrían hacerlo, buscando de esta manera la transformación de la estructura social sea entendida desde una perspectiva de clase, de étnica o de ambas. (Ver Ramos y Sosa, 2008: 506)
Esta resistencia de los pueblos indígenas, en general, está transcurriendo a partir de dos formas de acción política íntimamente relaciones: como movimiento social, particularmente como campesino y e indígena, y como movilización de comunidades y pueblos, que por razones analíticas y por la importancia de las mediaciones organizativas que intervienen se separan, aunque podrían ser analizadas como parte de un todo.
De la acción política desde las comunidades y pueblos indígenas
Esta forma de acción política del sujeto indígena ha estado históricamente presente en formas de acción como los llamados “motines de indios” durante de época colonial, que desde los “pueblos de indios” expresaban su rebeldía ante la esclavitud, la semi esclavitud, los aumentos impositivos, los tratos crueles, etc. Ha actuado a través de sus formas de organización, autoridad y representación política, expresadas por ejemplo, como comunidades, pueblos circunscritos a entidades municipales y alcaldías indígenas, formas que conllevan procesos normativos, organizativos y de poder históricos y que son la expresión de entidades con etnicidad e identidad étnica diferenciada al interior del Estado-nación. Como tal, han sido siempre formas de acción colectiva en contra de la explotación y opresión, en defensa de sus medios de vida vital y por la reapropiación del territorio, que en determinados contextos han constituido formas de autogobierno a veces tuteladas o impuestas, pero finalmente formas de autonomía con distintas posibilidades de decisión y movilización social sobre asuntos que les afectan.
Es ahí donde se entienden las comunidades y pueblos indígenas que en la actualidad se movilizan por la defensa de sus recursos, territorios y derechos colectivos, una de cuyas formas principales hoy se expresa en la realización autogestionada de consultas comunitarias o ciudadanas, en la cuales se está decidiendo de manera colectiva sobre actividades económicas, principalmente extractivas (como la minería a cielo abierto), aunque en algunos casos también referidas a represas y últimamente a las empresas transnacionales que sirven energía eléctrica a precios y condiciones cuestionadas.
Las consultas comunitarias, que se han realizado en cerca de 30 municipios, principalmente en el occidente del país, hoy constituyen una expresión de búsqueda de ejercer derechos que, en tanto vinculan a sus formas de organización, autoridad y representación, a poblaciones enteras, aunque vinculen en el proceso a gobiernos municipales que son representación estatal en los municipios y otras instituciones ubicadas en el ámbito de la sociedad civil, también pueden ser interpretadas como un proceso de empoderamiento y apoderamiento, germen de formas de autogobierno o autonomía de hecho.
A través de este tipo de procedimientos, legales, legítimos y pacíficos, han decidido su desacuerdo a la minería, lo que es decir a concreciones de un modelo de desarrollo que garantiza la explotación y el saqueo a manos de elites empresariales, locales y transnacionales, y que resulta contrario a los intereses mayoritarios, al bien común.
El caso de Sipacapa
San Marcos, como otras regiones del país, es objeto de interés para la actividad minera, generación de energía eléctrica y proyectos etno-eco turísticos, como formas de acumulación de capital principalmente en manos de transnacionales, los cuales en muy poco benefician los procesos de desarrollo productivos soberanos en general y de los pueblos indígenas en particular. En este contexto, en el territorio de San Miguel Ixtahuacán (mam) y Sipacapa (sipakapense) se implantó el Proyecto Minero Marlin, de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, el cual constituyó una imposición a dos pueblos que reivindican su derecho a ser sujetos en este tipo de procesos.
Mas allá de las gestiones en materia ambiental y social, fuertemente cuestionadas por diversidad de actores nacionales, regionales y locales, la empresa Montana ha venido desarrollando campañas de propaganda y proyectos de distinto tipo orientados a sectores o comunidades de influencia directa e indirecta, con el objetivo de lograr la aceptación de sus actividades en un contexto de beneplácito de sucesivos gobiernos. Sin embargo, los prontos cuestionamientos sociales, políticos y ambientales surgidos, hacen que desde el inicio de su construcción (2003) se constituya en un detonante sociopolítico en el ámbito regional y local. Desde el inicio, el proyecto minero Marlin generó oposición de diversos movimientos y sectores, incluidos líderes y comunidades sipakapenses que participaron en movilización sucedidas desde inicios del 2004
Sintéticamente y sin entrar a los pormenores del proyecto minero, las características de su imposición, así como de una descripción detallada del caso que puede ser consultado en el estudio “Gestión ambiental en territorios en disputa”, en Sipacapa asistimos a un proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, y la movilización se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.
Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Y esto ha estado cimentado en la identidad étnica, la cual jugó un papel relevante en los discursos , reivindicaciones, defensa de derechos colectivos y en la retoma de un sentido colectivo referido a la colectividad sipakapense y su territorio, ante el proyecto minero que fue visto como una incursión y apropiación externa.
La consulta comunitaria significó la búsqueda de defensa y reapropiación del territorio a partir de plantear un valor diferenciado sobre la naturaleza, no como mercancía, y sobre la cual se plantean derechos colectivos, étnicos en este caso. Y es que, como afirma Enrique Leff, “La reapropiación cultural de la naturaleza entraña una política del ser y del tiempo, de la identidad y de la diferencia que están arraigadas en la tierra, incorporadas en el Ser y hechas historia a través del tiempo… de formas de significación como construcción de sus territorios de vida.” (2004: 395) que se confronta a las formas de apropiación del territorio que realiza el capital y el Estado.
Los actores étnicos locales han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal y su apropiación, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de capital, como apropiación y explotación de recursos naturales. Tal estrategia permite concretar un proceso de apoderamiento y empoderamiento desde sus formas de organización, autoridad y representación comunitaria y sectoriales, tradicionales y novedosas, asumiendo la instancia estatal más importante en la localidad: el gobierno municipal, en dirección a demandar y reivindicar derechos colectivos y a potenciar como idea fuerza la constitución del pueblo sipakapense que reivindica su derecho a ser sujeto de su proceso de desarrollo.
Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada. Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas, la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la naturaleza, entre otros.
En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y contradictorio.
Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité cívico –una especie de partido político local-- que configura un nuevo gobierno municipal que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE, gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada: el pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa del territorio.
Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.
Trascendiendo la visión e intereses transnacionales y de la institucionalidad que apera en función de estos, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la institucionalidad y la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local, constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.
Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso en donde aparece la política minera, en buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y políticas que fundamentan el proceso desde lo local, pero también una normativa que impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está perfilando en el municipio. En este sentido, el proceso que privilegia la acción gubernamental y lo público institucional nacional y su real o potencial eficacia y legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y ambientales del territorio local.
En estos territorios en disputa, se observa claros obstáculos para el impulso de proyectos productivos de alto impacto debido a que se carece del acuerdo social, con base no solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales el Estado está llamado a garantizar. Esto debido a que la acción gubernamental, lo público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios (equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.
El caso de Sipacapa ilustra un proceso procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de autonomía o autogobierno local con una lógica y con contenidos y formas diferentes, la política pública pretendida desde lo global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones para su impugnación.
En ese sentido, un proceso democrático supone la representación, la participación, la legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar. Esto, en buena medida tiene mayores posibilidades de concretarse desde el proceso de autogobierno o autonomía indígena, y menos posibilidades desde la imposición manifiesta en las política minera, de seguridad e inclusive ambiental del Estado, y menos aun en los intereses extractivos del capital transnacional ahí presente.
Es ahí donde da inicio –que también es continuidad—un proceso autonómico del pueblo sipakapense, una autonomía entendida como proceso de empoderamiento y apoderamiento plasmado en una forma de autogobierno que se ejerce en el marco del régimen político establecido, que procede de la comunidad y que pasa por el gobierno municipal que es visto como autoridad local, antes que autoridad estatal, ha sido ejercida en confrontación al capital transnacional, en particular a una de sus principales formas de acumulación que sin duda puede ser interpretada como expolio.
No hablamos de una forma teóricamente concebida o definida, sino de un proceso sintetizado en el gobierno comunitario/municipal, como proceso actual y desde la perspectiva e intereses autodefinidos por el sujeto colectivo: el pueblo sipakapense. Hablamos de una forma de autogobierno que sin duda resulta de un proceso histórico y de una re semantización del gobierno municipal, que ha pasado de ser representación del Estado –que formalmente y realmente sigue siéndolo en varios aspectos--a ser representación política propia. Esta autonomía ha sido un ejercicio contra aquella institucionalidad del Estado cuyas decisiones y políticas de participación, minera –especialmente en su defensa de la minería- y ambiental, han sido cuestionadas, frenadas y redefinidas, no por una ciudadanía a secas, sino por un sujeto colectivo de carácter étnico.
Este proceso, basado en un acuerdo social como expresión de una nueva hegemonía local, establece el marco de lo que es posible hacer y la posibilidad de relación política e institucional en el contexto local, incluida la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una autogestión (que no significa renunciar a recursos externos y estatales) que se encamine a potenciar las decisiones alcanzadas y los objetivos y resultados planteados.
El sujeto de este proceso autonómico, el pueblo sipakapense, aparece rebelde contra el Estado-nacional que lo niega en las decisiones trascendentales que les afectan directa e indirectamente, que lo oprime con la imposición de proyectos económicos del interés del capital transnacional y nacional que lo amenaza con despojarlos de sus recursos (tierras, territorios) y, por consiguiente, de su ambiente vital. Es un sujeto que surge o resurge con legitimidad y apropiándose de parte de la legalidad, poniendo en cuestión la institucionalidad del poder utilizada para crear las condiciones para la acumulación y garantizar el dominio de los intereses del capital. De hecho, es un sujeto que se enfrenta a las formas de acumulación de capital y a las formas de representación de la democracia liberal-representativa-elitista imperante. Además de rechazar la minería, también lo ha hecho con las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada y, como parte de ésta, con los partidos políticos, en tanto estos entes llamados teóricamente a ser los intermediarios y representantes de la ciudadanía ante el Estado no se vinculan y no logran representar e intermediar los intereses procedentes de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Contrariamente, dicho sujeto étnico constituye una expresión de democracia entendida como construcción de poder con implicaciones de autogobierno desde abajo, con carácter ético y más horizontal, ligado a la cotidianeidad y ser de las comunidades, surgido de las formas propias de organización, autoridad y representación.
De hecho, este proceso de autonomía se asienta en el carácter dado a la pregunta que se formuló para la consulta comunitaria y en la decisión mayoritaria alcanzada a favor del “No a la minería” y que se opone a la imposición y el carácter injusto de la política y explotación minera. Una pregunta y respuesta que conlleva la reivindicación de autonomía local, social y política, que se plasma en su derecho a decidir. Una autonomía en la cual ha sido esencial la decisión, estrategia y dirigencia política propia, que ha sabido apropiarse de legislación nacional que le faculta avanzar en esa dirección. Una autonomía que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica; identidad que se expresa y articula como discurso y práctica sociopolítica y que se potencia a partir de la defensa del territorio.
Este proceso autonómico conlleva el cuestionamiento al modelo de “desarrollo” impulsado por el Estado, evidencia las contradicciones de la institucionalidad y política estatal (entre la política minera y ambiental, por ejemplo) y concreta el impulso de un modelo de desarrollo y política alternativa. Asistimos a un proceso en el cual, desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
El proceso de Sipacapa constituye una experiencia que enseña un proceso de revalorización y reapropiación sociopolítica y productiva del territorio, basado en objetivos que pueden ser catalogados en el marco del desarrollo sostenible, que se fundamenta en una perspectiva étnica en la cual emerge el ser de pueblo sipakapense, que reivindica su concepción y su derecho a ser sujeto.
Desde el pueblo sipakapense, desde sus actores hegemónicos, se ha fortalecido una concepción del desarrollo que es autodefinida como legítima, pues plasma sus intereses y objetivos en la defensa de los recursos naturales, el ambiente, la salud, entre otros elementos. Es una concepción en la cual se ubican como sujetos y no como objetos del desarrollo y, en ese sentido, reivindican un conjunto de derechos individuales y colectivos que como ciudadanos y pueblo les asiste según la normativa nacional plasmada en la Constitución Política de la República y en instrumentos legales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y el Convenio 169.
Este proceso autonómico ha tenido implicaciones todavía parciales en el ámbito de la producción, pero sustanciales en las posibilidades y limitaciones en torno al territorio, el ambiente y los elementos de la naturaleza, al gobierno local, la conflictividad, la cultura política y la participación social y comunitaria. Sus posibilidades, no obstante, pueden ser objeto de regresión a menos que se trascienda la oposición a la minería y se avance en la articulación y apropiación colectiva de un proyecto político compartido, que se plasme en políticas organizadas, sistemáticas y logrando resultados concretos que permitan disminuir la dependencia y la opresión que es ejercida por poderes económicos como el capital y políticos como el Estado oligárquico y mono cultural.
La autonomía étnica, entonces, no es algo etéreo, teórico y nebuloso, sino un proceso de ejercicio de poder desde abajo, desde el sujeto étnico por excelencia: el pueblo indígena, en defensa de sus derechos y de su territorio como ámbito esencial de vida ante un modelo de acumulación de capital que lo amenaza, desarrollando y potenciando sus formas de organización, autoridad y representación política (incluidas comunidades mestizas como representación del “Otro” que no lo es en todo sentido) y avanzando en competencias que le permitan ser sujeto de su propio destino. Es, en el caso de Sipacapa, un proceso de resistencia hacia el empoderamiento y apoderamiento como sujeto colectivo.
De la acción política como movimiento campesino e indígena
Esta se expresa como movimiento campesino y como movimiento indígena –muchas veces indisolubles-, dependiendo de lo que el liderazgo o las mediaciones organizativas determinan como más importante de reivindicar discursivamente y en los proceso de diálogo y búsqueda de negociación en los cuales han participado. Así se mezclan intereses y demandas relativas a la tierra, al crédito, a insumos necesarios para la reproducción de la producción campesina –con todo lo heterogénea que puede resultar en nuestro contexto-, con otro tipo de planteamientos relacionados con la defensa de los territorios indígenas y en oposición a mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas. En este sentido, aun con su heterogeneidad y fragmentación, es manifiesta la búsqueda por incidir en la gestión gubernamental, principalmente, tratando de abrir espacios de diálogo y negociación, hasta el momento con mínimos resultados que responden a su capacidad organizativa y política y a sucesivos gobiernos gestores de la estructura y modelo económico imperante.
Es indudable que en ambas dimensiones de movilización, los pueblos indígenas expresan el cuestionamiento profundo no solamente al modelo económico sino al régimen y sucesivos gobiernos lo sostienen. Hacen explícito dos conflictos principales de la formación social guatemalteca: el relativo a las clases sociales y a la configuración étnica. En su expresión de comunidades y pueblos, cuestionan al régimen que reproduce las condiciones económicas, sociales y políticas que reproducen el expolio y la opresión étnica, y en su expresión de clase campesinas, se enfrentan al capital local y transnacional que amenaza sus condiciones ya paupérrimas de reproducción.
En ambos casos pueden ser concebidos como parte de un movimiento social de carácter étnico. Son formas de acción colectiva que se enraízan en la historia, en el carácter de la nación y el Estado, en la estructura social y sus contradicciones, en este caso ubicada en las características el modelo económico imperante. Es desde ahí que se cuestiona el régimen económico y jurídico a través de ocupaciones de tierras, toma de carreteras, que han tenido respuestas ideológicas (como la criminalización de la lucha social), represivas (desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, persecución legal y enjuiciamiento a líderes indígenas y campesinos) y políticas (de cooptación a partir de espacios de diálogo dilatorio, inclusión al asistencialismo gubernamental como en la política llamada de cohesión social), todo ello para controlar sus expresiones, aunque en este caso, quienes ejercen el poder han tendido a realizar algunas concesiones como la suspensión momentánea de licencias de exploración y explotación minera.
Es palpable como a través de las expresiones de movimiento campesino e indígena, como de la acción procedente desde las comunidades y pueblos, han potenciado una legitimidad que tiene su asiento en el ser étnico, con interpretaciones y adhesiones actuales que se manifiestan en asumir la legalidad al basar la consultas, por ejemplo, en leyes establecidas, desde donde han encontrado sustento para hacer valer política y jurídicamente sus formas de consulta y decisión ante asuntos de interés colectivo, aun cuando el mismo régimen, a través de empresas transnacionales y la misma institucionalidad estatal, han accionado para impedir el carácter vinculante de tales decisiones. Pero también se observa esta legitimidad asentada en el ser social antes que en el régimen político, cuando se activan las formas de organización, autoridad y representación política propia de tales comunidades y pueblos, cuando se retoman normas, códigos éticos y políticos que rigen la búsqueda de ser sujetos colectivos en la lucha contra la minería, generando luchas contenidas de significados sobre lo que es bueno para la comunidad, sobre los comportamientos y relaciones aceptadas, sobre las prácticas de poder –en este caso mas horizontales, como expresión de democracia participativa y directa- que se hacen manifiestas en discursos y prácticas que limitan la posibilidad de maniobra política no solamente de las empresas extractivas sino de las representaciones estatales que actúan como operadoras de estas últimas, antes que de las comunidades y pueblos indígenas.
En especial la movilización de comunidades y pueblos han resultado de la confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de ONG, de expresiones religiosas –como parroquias y comunidades de base católicas- y liderazgos y redes que, asentados en la cotidianeidad territorial, han logrado concretar lo que a nivel nacional ha resultado en la coyuntura actual imposible, y han constituido un poder que ha configurado una correlación de fuerzas local favorable a la constitución de sujetos colectivos heterogéneos pero unificados en el objetivo de realizar las consultas ciudadanas y lograr el triunfo de la oposición a la minería, o no ha dejado mas opción que apoyarlas, tal el caso de autoridades municipales que manifestaron renuncia.
En ambas dimensiones de acción colectiva ha estado presente, asimismo, la identidad étnica y campesina, a veces íntimamente relacionada por los liderazgos y organizaciones mediadoras, que expresan una autoidentificación y un origen que traducido en elementos de cosmovisión, de auto historicidad, etc. Han constituido ideas fuerzas del sentido de pertenencia a una entidad social común (el pueblo indígena particular o el pueblo maya en general) y, por consiguiente, un factor de primer orden en la concepción, la adhesión y movilización sociopolítica. Es desde ahí, que se han planteado, asimismo, una idea particular de los oponentes: las transnacionales como agentes externos y representación del expolio histórico, las autoridades gubernamentales como gestores de éstas y al Estado como representación del poder “ladino” como representación de racismo y opresión étnica. Han sido componentes importantes para la construcción de movimiento, de comunidad, de pueblo, como sujetos actuantes.
Hoy, estas formas en las que se expresa la acción colectiva asentada en los pueblos indígenas, constituyen parte importante del cuestionamiento al régimen económico, social, étnico y político establecido, en un contexto que aun con la alta desarticulación política existente en el movimiento sociopolítico alternativo, no dejan de tener una importancia y significado de primer orden en las posibilidades de construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes a los que actualmente conocemos. Por ejemplo: aportan al proceso de democratizar la sociedad y el Estado, pues expresan rebeldías necesarias y desarrollan ejercicios de democracia participativa y directa, poniendo en cuestión intereses, ejerciendo derechos colectivos y reivindicando sistemas políticos propios que debieran ser reconocidos como base de sistemas autonómicos en territorios determinados, con competencias inclusive para decidir sobre actividades productivas, como las extractivas. Están expresando un sentido ético de la política y desde los intereses ciudadanos históricamente relegados, un sentido humanista y de ver la naturaleza, no como un recurso, sino como medio vital de vida y parte del ser social integralmente considerado,
Son parte de un movimiento indígena que expresa demandas y reivindicaciones que se convierten en objetivos de resistencia y tibiamente todavía, en objetivos de transformación social general, que inclusive plantean discursos relativos a pasar de la resistencia a la toma del poder. Son, entonces, expresiones que no dejan de abonar a la construcción de un sujeto social de primer orden en la formación social guatemalteca.
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