Por Mario Sosa
Continuadas han sido las denuncias y
pruebas presentadas por el gobierno de Nicolás Madura, sobre la relación íntima
de las fuerzas opositoras y el gobierno de los EEUU, en su búsqueda por derrocarlo
a través de un golpe de Estado. Esta política del imperio estadounidense es la
continuidad de la estrategia que fue iniciada con la llegada de Hugo Chávez
Frías al poder en 1999, debido a que implementó políticas soberanas e
independientes. Es parte, además, del continuum injerencista y agresor,
aplicado sobre Latinoamérica en su conjunto y sobre otros países en otras
regiones del mundo, como sucede en la actualidad con Rusia, Siria, entre otros.
Para el caso de Guatemala, el
intervencionismo de Estados Unidos ha sido experimentado a través de acciones
político-militares, como sucedió con el derrocamiento del gobierno legítimo de
Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, y como se repitió a través del financiamiento,
asesoría y venta de armamento (de forma cruzada a través de Israel) hacia los
gobiernos militares que incurrieron en crímenes de lesa humanidad durante el
guerra interna. Asimismo, con acciones de presión “blandas”, como sucede en la
actualidad.
Lo anterior viene a colación de la
orden presidencial de Obama, del lunes 9 de marzo, en la cual
impone sanciones a funcionarios venezolanos con el falso argumento
de sancionar a personas implicadas en la erosión de derechos humanos, la
persecución de oponentes políticos, la restricción a la libertad de prensa y el
uso de violencia. Argumento falso siendo que el gobierno venezolano ha venido
enfrentando a una oposición violenta, que por esta vía ha pretendido
derrocarlo. Es decir, ha venido enfrentando los atentados en contra de un
gobierno legítimamente electo. Es ese gobierno legítimo y el poder judicial de
Venezuela, los que han detenido y sometido a proceso judicial a los líderes
opositores golpistas y que han dirigido la “guarimbas”, es decir, hordas que
han asesinado a otros ciudadanos venezolanos. Además, la supuesta restricción a
la libertad de prensa no puede sino entenderse en un contexto en el cual, los
empresarios dueños de los principales medios de difusión masiva, han sido parte
de dichas intentonas golpistas, pero donde las críticas al gobierno de Maduro
se expresan libremente. Además, está demostrado que han sido las fuerzas
desestabilizadoras las que han asesinado a militantes y simpatizantes del
gobierno de Nicolás Maduro, y en aquellas excepciones en las cuales policías o
militares han sido los responsables, estos han sido sometidos a proceso
judicial.
Las justificaciones de la orden de
Obama, que constituyen la implementación de una ley estadounidense aprobada por
el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2014, no son más que su deseo
por generar una matriz de opinión que justifique la continuidad de su política
imperialista. Es una decisión a todas luces abusiva, injerencista y agresiva
sobre asuntos y sobre un Estado soberano, como el de la República Bolivariana
de Venezuela.
¿Acaso el gobierno de Obama no
perseguiría policial y judicialmente a personas, fuerzas políticas o empresas
de prensa que estuvieran impulsando acciones para concretar un golpe de Estado
en ese país?
Lo más grave de la orden presidencial
de Obama, además de la asesoría y financiamiento a buena parte del liderazgo de
la oposición venezolana, es el discurso que utiliza en dicha medida, cuando
declara la situación en Venezuela como una "amenaza extraordinaria e
inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses". Y es
grave porque las acciones del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
han sido en respuesta a las acciones previas de Estados Unidos: su injerencia a
través de la asesoría, financiamiento y conducción de los planes golpistas, así
como las sanciones en contra de funcionarios públicos del gobierno legítimo y
democráticamente elector de Nicolás Maduro. Y aún más grave, porque al realizar
tal declaración, Estados Unidos estaría preparando acciones de distinto orden
para derrocar al gobierno de Maduro, incluidas acciones militares.
Es obvio que Venezuela no está
amenazando ni tiene la capacidad para amenazar la seguridad nacional de Estados
Unidos. Contrario a lo que significan dichas medidas y declaraciones en contra
de la República Bolivariana de Venezuela.
La defensa legítima y sin vacilación del gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, no se ha hecho esperar. Ha impuesto sanciones a
funcionarios y ex funcionarios estadounidenses, por sus acciones injerencistas
en contra de Venezuela y por violaciones a Derechos Humanos, como son los casos
probados de George W. Bush y Dick Cheney. Ha impuesto condiciones de visado
similares a las que exige Estados Unidos a los venezolanos para ingresar a su
territorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado,
asimismo, que Estados Unidos no tiene ninguna jurisdicción para imponer ninguna
ley, norma o sanción contra la institucionalidad y soberanía de Venezuela. Y
como respuesta inmediata a la medida de Obama del lunes 9 de marzo, ha llamado
a consulta inmediata a su encargado de negocios en Estados Unidos.
A la acción injerencista de Estados Unidos ha correspondido la reacción
legítima, digna y soberana de la República Bolivariana de Venezuela, así como
el respaldo de bloques regionales como el de UNASUR al gobierno de Nicolás
Maduro ante las intentonas golpistas.
Con la agresión e injerencia contra la República Bolivariana de Venezuela a
manos de Estados Unidos, este país agrede nuevamente a Latinoamérica. Ojalá los gobiernos
democráticos y progresistas de la Patria Grande y sobre todo los pueblos
latinoamericanos, estemos a la altura para responder contundente y
unitariamente a esta nueva agresión, en el entendido que una agresión a la
República Bolivariana de Venezuela es una agresión contra todos nuestros
pueblos.
