Por Mario Sosa
En varias ocasiones he afirmado que este Estado no nos sirve y nunca nos
ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este
país.
Los profundos y extensos problemas nacionales, los indicadores sociales
y las demandas y reivindicaciones de diversos sujetos sociales así lo
confirman. El Estado ha sido útil, no obstante, para una oligarquía que,
mediante su control y dirección estratégica, ha garantizado un modelo de
acumulación de capital, un régimen político y una hegemonía que garantizan su
reproducción como clase dominante.
Siendo el Estado la concreción de una correlación de fuerzas históricas,
se constata que la gran ganadora ha sido la oligarquía. Esa oligarquía que hoy
se configura principalmente a partir de grupos corporativos en proceso de
expansión local y transnacional, controlados por familias autoidentificadas
como criollas y blancas, cuyo paradigma de sociedad está afincado en su origen español,
en su supuesta superioridad racial y en el Occidente consumista y degradado de
Miami o del cliché de la cultura europea. Esa oligarquía que tiene en el Cacif
a su principal partido político (en sentido gramsciano), a la mayoría de
instituciones políticas (partidos políticos en sentido
liberal-institucionalista) como operadores en los organismos Legislativo y
Ejecutivo, oficinas de abogados corporativos como principales operadores en el
Organismo Judicial y medios de difusión masiva como principales instrumentos
para la construcción de hegemonía. Circula en su entorno otro conjunto de
actores que intentan antagonizar y negociar cuotas de acumulación tanto en el
ámbito de la economía como en el Estado.
Estamos ante un Estado construido como un aparato de clase para
garantizar los intereses de esa oligarquía que, en tanto núcleo dirigente
principal de la burguesía local, ha sabido sortear las crisis en las cuales su
poder ha sido impugnado y ha sorteado hábilmente las estrategias reformistas o
revolucionarias. Es este Estado el que está en cuestionamiento y en disputa.
Por un lado, quienes controlan el régimen (entre los que habrá que incluir la Embajada de Estados Unidos) pretenden una reforma limitada al sector justicia tal que permita un respiro al sistema por la vía de cambios acotados predispuestos, de un supuesto diálogo que limite la participación de sujetos sociales y de un procedimiento que deje en manos de un Congreso cuestionable la aprobación final y la convocatoria a consulta popular. Es una reforma que persigue hacer gobernable la implementación de planes económicos y geoestratégicos.
Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este
Estado. En general, unos se orientan por una vía de reforma constitucional
integral, que se oriente a disminuir el poder de la oligarquía y democratice la
economía y la competencia por el control de los organismos del Estado. Otros,
si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por
una asamblea nacional constituyente que permita la redacción de una
Constitución Política nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y
popular, es decir, una estrategia democrática y de ruptura.
En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada
por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1992), quien después de intentar
un golpe de Estado salió del país a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta
de la cual se han desmarcado sujetos que proponen un nuevo Estado
plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que pretenden
reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese
liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de
poder dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos
históricos que pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un
nuevo Estado.
https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-refundacion-y-creacion-de-un-nuevo-estado-en-guatemala
http://www.alainet.org/es/articulo/177554
