Por Mario Sosa
Desde
la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y
estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en asuntos
relacionados con el deterioro, debilidad, deficiencia e ineficacia de la
institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es interpretada como pilar del
ilusorio consenso social y de un régimen político supuestamente democrático.
Desde
este enfoque, el problema del sistema de partidos políticos se ubica en las
deficiencias de institucionalización que estos presentan, por lo que se
requiere promover cambios legales y esfuerzos que permitan su capacitación,
transparencia y democratización. A partir de ahí, se afirma, será posible que
los partidos cumplan con sus funciones de intermediación, representación y
agregación de intereses, y con su tarea de ser vehículos idóneos para la
competencia electoral.
Es
desde esta perspectiva que los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, hicieron pública
la propuesta de reformas constitucionales relacionadas con el sistema de
justicia y lanzaron la convocatoria al “Diálogo Nacional: Hacia la
Reforma de la Justicia”. Lo efectuaron conjuntamente con el Ministerio Público,
el Procurador de Derechos Humanos, y con el apoyo de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
-OACNUDH-, y de la Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.
Proponen
cambios constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio
Público y la Corte de Constitucionalidad. En específico pretenden fortalecer la
independencia judicial y dotar al sistema de nuevas normas, capacidades, roles,
procedimientos y mecanismos que permitan transparentar y hacer eficiente la
función de las distintas entidades de justicia. En esa dirección proponen instituir
la carrera judicial y el servicio civil, supresión del antejuicio para algunos
funcionarios públicos, reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades
indígenas, entre otras propuestas.
Aun
cuando algunas de estas reformas pudieran ser benéficas para el sistema de
justicia, lo cierto es que no han sido del consenso ni siquiera de los
proponentes, siendo las desavenencias entre organismos del Estado en materia de
antejuicio para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales para
los pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada y, por consiguiente, su
impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado por la
carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado. Como ejemplo, sólo
la baja carga impositiva resulta un problema para garantizar eficiencia y
eficacia en el sistema de justicia.
Como
parte del llamado “diálogo nacional”, sobresale el espacio de las mesas de
trabajo que se realizan a partir de mecanismos y preguntas delimitadas por
quienes convocan. Tales mesas de trabajo hacen parte de un proceso en el cual,
los distintos actores interesados en intervenir, han sido excluidos de
participar en la formulación de la propuesta inicial y en el diseño del proceso.
Lo previsto es que las opiniones de quienes participan en tales mesas, serán incluidas,
mediadas o despreciadas por la visión y el interés de los organismos
convocantes y los funcionarios que persiguen apoyo para la propuesta y quienes finalmente
decidirán al respecto.
En
el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento limitado al sistema
jurídico de los pueblos indígenas, es previsible que esta sea objeto de
reformulación para acotar los cambios propuestos o sea excluida finalmente,
siendo el veto al respecto expresado por la oligarquía y por quienes operan el
paradigma jurídico imperante en el Estado.
Desde
un inicio, además, se excluyó cualquier posibilidad para propuestas y
demandas relacionadas con reformas
constitucionales integrales o con un nuevo proceso constituyente del cual surja
una nueva constitución política, que implique la concreción de un nuevo pacto
social que nos enrumbe al futuro sin el tutelaje imperial y sin el yugo
oligárquico y racista.
Estamos
entonces, ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con una metodología
que limita la participación protagónica de los distintos sujetos que integran
la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían llamados a pensar y acordar
tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios integrales y transformadores,
que trascienden el marco desde el cual están siendo planteadas las reformas en
materia de justicia.
En
todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de reforma
constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales reformas por el
Congreso de la República y, posteriormente, la consulta popular. Ya veremos qué
sucede cuando tales reformas lleguen a manos del actual organismo legislativo y
cuando se despliegue con toda su capacidad la estrategia de condicionamiento y
vetos de la oligarquía local.
https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-constitucional-una-puesta-en-escena-conservadora
http://connuestraamerica.blogspot.com/2016/05/reforma-constitucional-en-guatemala-una.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212749
http://www.alainet.org/es/articulo/177708
