Por Mario Sosa
Latinoamérica se encuentra en un momento de efervescencia política. Esto
se explica por las contradicciones generadas por los modelos económicos, las
políticas neoliberales, la imposición de intereses imperiales y los regímenes
políticos oligárquicos que profundizan las desigualdades y reprimen la protesta
social.
En Chile, la protesta emergió contra el
aumento al pasaje del metro. Prontamente se convirtió en un mar de gente
movilizada contra la represión y la violación de derechos humanos por parte del
gobierno de Sebastián Piñera y, trascendiendo el hecho desencadenante, contra
el falso milagro económico afincado en políticas neoliberales que, a través de
recortes a las pensiones, a los salarios, a la educación y a la salud, han
profundizado la desigualdad. Así las cosas, hoy se exige la renuncia del
mandatario —que, por cierto, le declaró la guerra al
pueblo movilizado—, elecciones anticipadas y el cambio de la constitución
política surgida de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
En Ecuador, la movilización masiva se
originó a raíz del llamado paquetazo,
constituido por medidas de orientación neoliberal devenidas de compromisos del
gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre
otras medidas: la derogatoria del subsidio a los combustibles y la disminución salarial
a trabajadores públicos, así como la eliminación, la reducción y el perdón del
pago de impuestos a grandes capitales. Aun cuando se logró la derogatoria de la
eliminación del subsidio a los combustibles, las demás medidas siguen vigentes,
las heridas de la cruenta represión persisten y las fuerzas democráticas y
populares se recomponen, lo cual augura posibles nuevas movilizaciones y la
continuidad en la exigencia de renuncia del actual mandatario.
En Argentina, el rechazo popular se
originó por las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. La
disminución de prestaciones sociales, la quiebra de miles de empresas, la
pérdida de empleos y la galopante inflación, sumadas al impacto de los acuerdos
con el FMI, han generado el aumento sustancial de la desigualdad, de la miseria
y del descontento social contra las políticas gubernamentales. En este
contexto, la salida momentánea ha sido elegir como nuevo presidente a Alberto
Fernández, político progresista que formó parte de gobiernos que superaron las
afectaciones provocadas por el neoliberalismo.
Honduras experimenta un ciclo de
protesta que empezó como un rechazo al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en
2009 y que se intensificó en determinadas coyunturas, como sucedió después de
las elecciones de 2017, las cuales fueron calificadas de ilegales e ilegítimas
por los movimientos sociales. Las movilizaciones actuales comenzaron en agosto
y se dirigen a exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo
gobierno ha sido calificado de «narcodictadura». El hermano del mandatario,
Juan Antonio, fue juzgado y condenado en Estados Unidos por sus actividades
vinculadas con el narcotraficante Chapo Guzmán,
quien financió la campaña electoral para la reelección presidencial. La
respuesta represiva del Gobierno no ha logrado detener las movilizaciones
sociales, que al mismo tiempo cuestionan las políticas neoliberales.
En Brasil, el gobierno derechista de
Jair Bolsonaro fue rápidamente rechazado e impugnado por gigantescas
movilizaciones populares a lo largo del país. Su gestión representa la continuidad
de un régimen que se originó en el golpe de Estado contra la presidenta Dilma
Rousseff y la infame trama judicial contra Lula da Silva,
quien probablemente habría ganado la presidencia en 2018. Bolsonaro acumula
también el rechazo por el aumento al transporte, el recorte de los fondos de
educación y de las artes y la reforma de la seguridad social, además de que es
señalado de impulsar políticas genocidas contra los pueblos indígenas, los
campesinos y la naturaleza, evidenciadas en su inacción y en su complicidad en los incendios de la Amazonía.
En Colombia, Perú, Paraguay, Panamá,
Costa Rica y Guatemala, las resistencias y protestas populares también avanzan
a pesar de las prácticas de aniquilamiento y represión que aplican sus
Gobiernos. No obstante, crecen, maduran y podrían convertirse en movilizaciones
de gran envergadura.
Estas luchas indican que estamos ante
una coyuntura abierta por los pueblos en rebeldía, donde clases trabajadoras,
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos confrontan las políticas
neoliberales, la represión estatal y la injerencia del FMI y de Estados Unidos.
Exigen la dimisión de mandatarios antipopulares y la instauración de nuevas
políticas. Además, empiezan a ser planteados nuevos horizontes constitucionales
en seguimiento de los ensayos boliviano, venezolano y ecuatoriano.
