Por Mario Sosa
Recientemente, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzó públicamente una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República (1985). Con esto, la derecha en el poder ha marcado la cancha en la coyuntura política y siguen siendo el jugador dominante en este juego falsamente democrático.
Mientras esto pasa, la fragmentación y la marginalidad sigue siendo un signo definitorio de nuestra izquierda, incapaz de insertarse siquiera en la discusión. Esto a pesar de las múltiples y variadas luchas de resistencia al modelo de acumulación y al régimen político, las cuales no obstante adolecen de la suficiente articulación, así como de un programa y una estrategia con perspectiva nacional y una dirigencia nacional capaz de convocar.
Se afirma lo anterior puesto que resulta ser un elemento de primer orden cuando se piensa en hacer consideraciones con relación a la reforma de la Constitución Política. El contenido y su resultado, al final de cuentas, dependerá de la correlación de fuerzas realmente existente.
Para quiénes nos ubicamos en los sectores de izquierda y revolucionarios, el actual modelo político se agotó, siendo que procede de una transición política tutelada por Estados Unidos y por el ejército, además de ser la concreción del dominio de la oligarquía que logra que sean fuerzas principalmente de derecha las que administren o gestionen los aparatos de poder estatal. Un modelo político que, además, está plagado y reproduce relaciones racistas, clientelares, corruptas, etcétera. Un modelo político reproductor del régimen de explotación, expolio, opresión, desigualdad y miseria.
Es decir, desde nuestra perspectiva, estamos ante un Estado y un modelo político que le resulta útil a quienes históricamente han mantenido el poder económico y político, con lo cual han logrado reproducir sus condiciones de existencia como clase social. Sin embargo, es un Estado y un modelo político que resulta inservible para las grandes mayorías de la clase trabajadora, pueblos indígenas y sectores sumidos en el desempleo y la pobreza.
Por eso y desde ahí, un punto de inicio para la reflexión sobre las reformas constitucionales que se propone, es hacerse preguntas tales como: ¿Qué tipo de reformas se están planteando desde el actual bloque en el gobierno? ¿Constituyen una propuesta para cambiar la correlación de fuerzas histórica? ¿Constituyen una posibilidad de cambio en el régimen político? ¿Concretan una modificación o transformación del modelo de acumulación de capital actual? ¿Generarán mejores condiciones para garantizar la dignidad y soberanía nacional? ¿Son una salida para democratizar al país? ¿Se plantea el carácter rector del Estado en la economía? ¿Contienen la alternativa para lograr el desarrollo nacional, o mejor dicho, otro tipo de desarrollo nacional?
También ¿Las reformas en materia de seguridad y justicia son estrictamente institucionales? ¿Se abre la posibilidad de resolver las causas históricas y estructurales de la inseguridad e injusticia? ¿Genera las condiciones para que paguen más lo que más perciben de la riqueza socialmente producida? ¿Se orienta a disminuir la desigualdad y la pobreza? ¿Genera mejores condiciones para la defensa tutelar de la clase trabajadora por parte del Estado? ¿Establece la recuperación del control de los recursos y actividades estratégicas para el país? ¿Se disminuye la presencia normativa y hasta de veto del gran empresariado en ámbitos clave de la política pública?
Para ubicarnos del lado que nos corresponde en el espectro político, vale preguntarse asimismo: ¿Cuáles son las posibilidades de las izquierdas y de los sujetos sociales democráticos y proclives a la transformación social para incidir en el tipo de reformas necesarias? ¿Se buscará una acción fragmentada y sectorial para buscar incidir en esta posible coyuntura política en el país? ¿Cuáles son las opciones en materia de estrategia política? ¿Cuál es la mejor opción en términos de estrategia política para enfrentar esta intentona de reforma constitucional? ¿Cuáles son las tareas que debiéramos estar realizando para avanzar en dirección a mejorar nuestra correlación de fuerzas?
Vale concluir que la tentativa del presidente y el éxito de su pretensión dependerá de si esta es una nueva cortina de humo (como lo fue la jugada de la despenalización del narcotráfico) o del carácter determinante que resulte ser el veto oligárquico a la reforma constitucional, que ha sido anunciado el 8 de julio a través de una conferencia de prensa de la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. Estará por verse si este veto será definitivo y definitorio del intento del actual gobierno.
Estos y otros asuntos que nos sugieren estas y otras preguntas, serán el objeto de artículos venideros.