CORTE POLÍTICA DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Tal como se esperaba, en la Corte de Constitucionalidad empezó a concretarse la orden del Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, para retrotraer, entrampar y, finalmente, anular la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

En su resolución del 20 de mayo, dicho tribunal ordenó retrotraer al 19 de abril de 2013 el juicio contra José Efraín Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983, y contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia, con lo que invalidaron la sentencia en la cual, el primero de los mencionados, había sido declarado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, y sentenciado a 80 años de cárcel.

Hoy, es claro, que la Corte de Constitucionalidad* se ha sumado institucionalmente a la protección de gobernantes de facto cuyas ejecutorias fueron criminales y genocidas. Bajo criterios como “ser el supremo interprete de la Constitución Política de la República”, “encargado de la defensa del orden constitucional”, “las resoluciones –de ahí emanadas- tienen plenos efectos frente a todos”, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, quienes votaron a favor del recurso objeto de la resolución, pretenden que aceptemos y acatemos un fallo que indudablemente acuerpa jurídicamente a quienes cometieron actos de genocidio en el país, en este caso en contra del Pueblo Ixil. Pretenden que aceptemos un fallo que hace eco de la estrategia güisachera y falta de ética que ha venido desarrollando la defensa de los militares acusados y sentenciados, y que tiende a garantizar impunidad a otros militares -como el mismo presidente Otto Pérez-, acusados e implicados en crímenes durante el conflicto armado. Es un fallo que constituye un insulto contra las víctimas y un atentado contra un sistema de justicia en franco deterioro y desprestigio.

Atrás quedaron los años en que se creía que la Corte de Constitucionalidad era el órgano que garantizaba credibilidad al régimen imperante. Hoy, el descarado ejercicio de poder, ha revelado que su orientación emana desde quienes detentan el poder económico y político fundamental en el país y, consiguientemente, que su verdadero carácter es político antes que jurídico. Es decir, un órgano al servicio de intereses corporativos y fascistas, contrario a los intereses de bien común y justicia que formalmente garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es por todo ello que la Corte de Constitucionalidad ha pasado a convertirse en objeto de impugnación ciudadana. Organizaciones de víctimas del genocidio, de instituciones y organizaciones sociales, de derechos humanos, quienes se han sometido al orden jurídico para exigir justicia por masacres, asesinatos, violaciones sexuales, entre otros crímenes cometidos por el ejército guatemalteco, hoy acusan a la Corte de Constitucionalidad de actos de ilegalidad por haberse extralimitado maliciosamente en este caso. Esto porque contrariamente, la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad abona a la impunidad en el país y, con ello, hoy se ha ubicado en el mismo orden de organismos como el Congreso de la República, por demás cuestionados y desprestigiados.

Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se ha convertido en una corte política de constitucionalidad, ha generado evidentes consecuencias jurídicas y en materia de Derechos Humanos, denunciadas inclusive por los dos magistrados que votaron en contra de la misma. Las consecuencias políticas e institucionales producto del cuestionamiento ciudadano, que la observa como una Corte política al servicio del CACIF y de los genocidas, se determinarán seguramente en el curso de las próximas semanas y meses.

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* La Corte de Constitucionalidad, tribunal encargado de garantizar el orden constitucional, ha devenido en el órgano al cual acuden por cualquier asunto contrario a sus intereses, grupos corporativos, empresarios, políticos y, como en este caso, operadores jurídicos que intentan garantizar impunidad a sus defendidos después de haber sido hallados culpables por tribunal competente. Esto debido, como ha sido usual, a que la Corte de Constitucionalidad gesta la vigencia de una Constitución Política de la República (1985) que garantiza la continuidad del régimen económico y social imperante y que deviene de la política contrainsurgente instituida por el Estado guatemalteco antes y posterior a la aprobación de dicho instrumento jurídico-político.

LA OLIGARQUÍA GUATEMATLECA EN DEFENSA DE SUS SERVIDORES

Por Mario Sosa

El máximo órgano del capital organizado en Guatemala, el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, ha salido a la defensa de uno de sus cuadros militares más efectivos: Ríos Montt. Y no podría ser otra manera, siendo que dicho ex dictador fue uno de los más fieles servidores y defensores del régimen de explotación, saqueo y opresión que ha existido históricamente en Guatemala, el cual ha sido construido y del cual se han beneficiado quienes ahí se integran, un régimen que ha condenado a la mayoría de esta pueblo, a la miseria, desnutrición, analfabetismo, desempleo, emigración, etc.

Han salido de sus palacetes quienes han manejado el país como su finca, quienes nos siguen viendo a los ciudadanos y ciudadanas como sus mozos, y a los jueces como parte de sus equipos de capataces. Han salido en defensa de uno de los operadores del genocidio, política en la cual también participaron civiles que facilitaron sus fincas, actuaron en órganos como el partido de la violencia organizada, el llamado Movimiento de Liberación Nacional, y quienes desde sus lujosas oficinas daban conducción estratégica a su instrumento máximo de dominio: el Estado.

En comunicado y conferencia de prensa, han salido a descalificar al tribunal que condenó por genocidio a Ríos Mott, afirmando: “…el Tribunal hizo una calificación inadecuada de la figura de genocidio” y han acusado a la comunidad internacional –a falta de poder argumentar el cuco del comunismo, del narcotráfico o del terrorismo– de haber presionado para que se diera tal condena. Además, como una amenaza velada desde su poder, se han declarado en sesión permanente para analizar las consecuencias de la condena y entre líneas han ordenado públicamente a la Corte de Constitucionalidad –donde operan sus cuadros más lúcidos en materia de jurisprudencia- “anular la condena, preservar la gobernabilidad y el futuro del país”. Niegan y se anteponen a lo que documentos, testimonios de víctimas y peritos han corroborado: el genocidio y la política contrainsurgente con carácter clasista, racista y homofóbica.

Cuando condenan a uno de los suyos o de sus servidores, el CACIF no está de acuerdo. Y cuando esto pasa, además de oficiosa defensa, empieza a construir argumentaciones y justificaciones ideológicas como plantear que los tribunales han sido presa del “conflicto ideológico”, que el veredicto “abona a la polarización”. Además, se ubican como los adalides del país cuando afirman que se debe recular para “mantener el Estado de Derecho” y argumentan que por esa razón no pueden “aceptar estas resoluciones ilegales”.

Lo grave de esta actitud del CACIF es que, implícitamente, viene a alentar a ciertas organizaciones y redes que están propagando discursos anticomunistas y que están lanzando amenazas e intimidaciones a granel en contra de víctimas, activistas y líderes sociales que han ejercido su legítimo derecho de exigir justicia.

Quienes nos asumimos como ciudadanos libres no podemos aceptar que un grupo minoritario representado en el CACIF, quiera imponer su ley, que se atreva a descalificar a la autoridad jurídica y que conmine a la Corte de Constitucionalidad a aceptar su designio oligárquico.

Los hechos históricos y las pruebas jurídicas son contundentes. Si se da marcha atrás en la condena, CACIF y sus servidores en el organismo judicial, serán los responsables de atentar contra los derechos de las víctimas y contra la justicia.

EL GOBIERNO DE LA MANO DURA EN TERRITORIO XINCA

Por Mario Sosa

Desde su inicio, el gobierno del militar Otto Pérez Molina ha preferido llevar a cabo una agenda que mantuvo oculta durante la campaña electoral y que impuso por sobre una agenda orientada a resolver los problemas que enfrenta la mayoría de nuestro pueblo. Este gobierno se ha volcado, por un lado, a garantizar los negocios a sus financistas y, por otro y de forma complementaria, a garantizar el saqueo de la minería, hidroeléctricas y demás proyectos extractivos.

Con ello no solamente está vulnerando aun más los derechos a la salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros, sino además gesta la profundización de un modelo de “desarrollo” que supedita la seguridad y soberanía alimentaria, las necesidades del área rural y de la economía campesina, la demanda de empleo formal y digno para todas y todos los guatemaltecos, la seguridad que fue una de sus promesas de campaña, sólo para mencionar algunos de los graves efectos de las políticas de este gobierno militar y corporativo.

Una gestión así, entonces, no puede sino generar descontento y protesta social. Ante un modelo basado en la explotación, el expolio y la exclusión exacerbada, los movimientos sociales, comunidades, pueblos y diversos sectores, entre ellos el científico, han reaccionado planteando críticas, propuestas y demandas. Comunidades y pueblos a través de autoridades propias y gobiernos municipales, han llevado su ejercicio ciudadano al extremo, y han realizado más de setenta consultas comunitarias como actos de profunda democracia para decidir sobre actividades que son consideradas lesivas para el ambiente, la economía campesina, local y nacional. Son consultas que desde un gobierno verdaderamente democrática permitirían gestar un modelo de desarrollo alternativo para garantizar la solución de los problemas nacionales, satisfacer las necesidades mayoritarias, convertirnos en un país soberano y no supeditado a la ideología e interés de las empresas transnacionales y grupos corporativos locales.

La falta de respuestas coherentes del Estado y del gobierno actual a la demanda y actitud democrática ciudadana, explican por qué varias comunidades, pueblos y movimientos sociales, además de consultas, han generado otro tipo de acciones para hacerse escuchar ante proyectos impuestos. Y siendo el carácter militar y corporativo del actual gobierno, su respuesta ha sido el uso de la fuerza extrema, como la utilizada en contra del pueblo k’iche’ en la Cumbre de Alaska, o el estado de sitio y represión en Santa Cruz Barillas, la presencia militar y policial en San José del Golfo, entre otros casos ilustrativos.

Estas acciones corroboran la orientación del gobierno señalada al inicio de este artículo: gestión de una política para facilitar el saqueo de nuestros territorios. Pero más allá, no solamente actúa contra los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino además, instituye la continuidad del Estado racista, que sigue negando la existencia de sujetos colectivos como los pueblos indígenas, de sus sistemas jurídicos, de sus formas de organización, consulta, decisión y autoridad, con lo cual viola, asimismo, el Convenio 169 de la OIT (de carácter constitucional al ser materia de Derechos Humanos), instrumento que los faculta a decidir sobre su propio desarrollo, a ser consultados por el Estado cuando existan proyectos que puedan afectarles.

Es esto lo que ocurre con el estado de sitio en municipios de Jalapa y Santa Rosa, donde el pueblo xinca ha desplegado sus formas de organización, toma de decisiones y sus estructuras de autoridad, en contra de un proyecto minero impuesto. Y la respuesta del gobierno ha sido reprimir y establecer un estado de sitio con dantesca presencia militar que recuerda los años de terror implementados por el Estado a través del ejército y la policía, todo ello para perseguir a las autoridades xincas y amedrentar la resistencia de un pueblo que exige decidir sobre su propio destino. Un estado de sitio justificado falsamente en el combate al narcotráfico y crimen organizado, amparado en una constitución de origen contrainsurgente y avalado por medios escritos, radiales y televisivos propiedad de los grupos corporativos y del capital transnacional, sin faltar la venia del capital organizado en el CACIF.

Con este estado de sitio que, como dicen autoridades xincas, es más un estado de guerra contra su pueblo, el gobierno está asumiendo una práctica fascista antagónica a las búsquedas democráticas. Asimismo, está generando las condiciones para lograr todo lo contrario de lo que argumenta para justificar su estado de sitio: ingobernabilidad, orden militarizado e inseguridad para la ciudadanía.

En lugar de llevar escuelas, hospitales, vivienda digna, apoyo a la economía campesina, etc. al pueblo xinca, el gobierno de la mano dura está llevando ametralladoras, tanquetas, amenazas, saqueo minero.