CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON LEÓN ENRIQUE ÁVILA Y AGUSTÍN ÁVILA ROMERO DE LA UNICH

El Grupo de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), manifiesta su profunda preocupación por las acciones de desprestigio, hostigamiento, acoso laboral y acciones penales en contra de nuestros compañeros León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero, así como de Yaneth Rosario Cruz, Alejandra Álvarez, Valentín Arguello, José Luna Jimenez, Edith Vásquez, Oliver Rodríguez Gómez, todos profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Como autores de estos hechos han sido señalados el actual Rector de la Unich, Miguel Angel Yáñez, quien también es señalado por prácticas incoherentes con el carácter y fines de una universidad como la Unich. Asimismo es señalado el gobernador del Estado de Chiapas. Las posibles causas de estos ataques se debe a la acción de denuncia por la reducción en el presupuesto de la Unich que se ha implementado desde la gobernación de dicho Estado y por el boicot que realizó la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas a la presentación del libro de John Ackerman.  

En particular León Enrique Ávila y Agustín Ávila Romero son académicos largamente conocidos por nosotros. Damos fe de su capacidad investigativa y docente, su compromiso social y su consecuencia con la defensa de los derechos a la vida, al territorio de los pueblos originarios y al ambiente. Su participación en los Grupos de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) son una parte de su reconocido trabajo y su compromiso.

Como Grupo de Trabajo de CLACSO, expresamos la más completa  solidaridad para León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero y los demás académicos que son objeto de persecuciones, ataques laborales y amenzas de judicialización por no ser afines a las políticas cuestionables del actual rector de la Unich. Asimismo, respaldamos las acciones de los profesores y su lucha por evitar que se disminuya el presupuesto público de la universidad y por minar su valioso papel en la formación e investigación social comprometida con las culturas y prácticas de las comunidades indígenas. Exigimos el cese de hostilidades y la desacreditación y calumnias contra nuestros compañeros.

2 de marzo de 2016.

                                                                   

Mario E. Sosa V.                                            Eraldo da Silva Ramos Filho

Investigador Universidad Rafael Landívar           Investigador U. Federal de Sergipe

Coordinador Grupo de Trabajo                          CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON

LEÓN ENRIQUE ÁVILA Y AGUSTÍN ÁVILA ROMERO DE LA UNICH

El Grupo de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), manifiesta su profunda preocupación por las acciones de desprestigio, hostigamiento, acoso laboral y acciones penales en contra de nuestros compañeros León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero, así como de Yaneth Rosario Cruz, Alejandra Álvarez, Valentín Arguello, José Luna Jimenez, Edith Vásquez, Oliver Rodríguez Gómez, todos profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Como autores de estos hechos han sido señalados el actual Rector de la Unich, Miguel Angel Yáñez, quien también es señalado por prácticas incoherentes con el carácter y fines de una universidad como la Unich. Asimismo es señalado el gobernador del Estado de Chiapas. Las posibles causas de estos ataques se debe a la acción de denuncia por la reducción en el presupuesto de la Unich que se ha implementado desde la gobernación de dicho Estado y por el boicot que realizó la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas a la presentación del libro de John Ackerman.  

En particular León Enrique Ávila y Agustín Ávila Romero son académicos largamente conocidos por nosotros. Damos fe de su capacidad investigativa y docente, su compromiso social y su consecuencia con la defensa de los derechos a la vida, al territorio de los pueblos originarios y al ambiente. Su participación en los Grupos de Trabajo “Desarrollo Rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) son una parte de su reconocido trabajo y su compromiso.

Como Grupo de Trabajo de CLACSO, expresamos la más completa  solidaridad para León Enrique Ávila, Agustín Ávila Romero y los demás académicos que son objeto de persecuciones, ataques laborales y amenzas de judicialización por no ser afines a las políticas cuestionables del actual rector de la Unich. Asimismo, respaldamos las acciones de los profesores y su lucha por evitar que se disminuya el presupuesto público de la universidad y por minar su valioso papel en la formación e investigación social comprometida con las culturas y prácticas de las comunidades indígenas. Exigimos el cese de hostilidades y la desacreditación y calumnias contra nuestros compañeros.

2 de marzo de 2016.

                                                                   

Mario E. Sosa V.                                          Eraldo da Silva Ramos Filho

Coordinador Grupo de Trabajo                        Coordinador Grupo de Trabajo

Gabriel Tobón Quintero                                 Stalin Gonzalo Herrera

Coordinador Grupo de Trabajo                        Coordinador Grupo de Trabajo

Crisis en Guatemala: entre movilización popular e intereses geopolíticos de EEUU

POR REDACCIÓN · 1 SEPTIEMBRE, 2015

http://www.urng-maiz.org.gt/2015/09/crisis-en-guatemala-entre-movilizacion-popular-e-intereses-geopoliticos-de-eeuu/ 

Desde hace meses que Guatemala se encuentra inmersa en una profunda crisis institucional. Mario Sosa investigador y docente en la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos de Guatemala, analizó los factores históricos, así como también internos y externos que desencadenaron la situación actual.

Entrevistado por el programa radial L’Ombelico del Mondo, Sosa explicó lo que ha generado la revelación de la red de corrupción conocida como “La Línea” en el mes de abril que desencadenó la renuncia de diversos funcionarios nacionales -incluida la vicepresidenta del país-, así como también enormes movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la suspensión de las elecciones del próximo 6 de septiembre.

- ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha venido sucediendo las últimas semanas en el país, incluida la detención de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti?

– A partir del descubrimiento de “La Línea”, esta red criminal que se ocupaba de operar la evasión de impuestos para medianos y grandes empresarios en el país, se inicia un momento político trascendental porque se logra determinar la implicación de funcionarios públicos de todos los niveles que están involucrados en este caso de corrupción pero también en otros dentro del Estado.

Esto responde a varios factores. Uno tiene que ver con que el Estado acepta la continuidad, presencia y apoyo en materia de investigación criminal de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que es un organismo de Naciones Unidas. Este organismo logró determinar la existencia y pruebas que incriminan a este conjunto de funcionarios.

Dos, estos hechos vienen a formar parte de una disputa de poder por el control del Estado. Por un lado entre la vieja oligarquía -que históricamente lo controló en función de sus intereses- y una burguesía emergente que se fue asentando a la luz de negocios regionales, la evasión de impuestos y sus vínculos con el narcotráfico.

La Línea es una estructura que tiene su origen en los 80 y venía gestándose producto de estos vínculos de la burguesía. Entonces forma parte de estas estructuras de poder económico reciente que le están disputando el control del Estado a la vieja oligarquía.

Pero lo que revela la existencia de esta red, es la crisis en que se encuentra el Estado y el sistema político guatemalteco… Se ha instalado en el control del poder legislativo y ejecutivo una clase política rentista que busca reproducirse y mantenerse en esos organismos de poder para generar una serie de negocios que les permitan acumular riqueza. Y aquí hay que hablar no solo de los políticos per se, sino también de esa burguesía que se ha beneficiado de esta situación.

También hay que decir que está en crisis un Estado que ha venido siendo cuestionado por múltiples factores: porque no está garantizando el bien común; porque ha estado facilitando sobre todo las actividades económicas de carácter extractivo (que son un vil despojo de los recursos del país); porque ha seguido reprimiendo a sujetos colectivos como los pueblos indígenas, el campesinado, entre otros.

Todo eso está entrando en juego en este nuevo momento político de Guatemala. Además,  la movilización tiene como punto central la renuncia del presidente y el enjuiciamiento tanto de él como de todos los funcionarios implicados.

- Estamos hablando de un caso de corrupción enorme junto con una movilización y paro nacional que exige la renuncia del presidente Otto Pérez Molina a pocos días de las elecciones ¿cuál es el escenario, en este contexto, para el desarrollo de los comicios?

– El actual presidente goza de pocos apoyos. Tiene el respaldo de una fracción de altos oficiales del ejército y en el gobierno tiene una alianza con el partido que hasta este momento ha encabezado las encuestas de cara a las elecciones del 6 de septiembre. Son los factores que lo sostienen en el poder.

Pérez Molina ha estado insistiendo en que no renuncia y se somete al proceso de antejuicio que abriría la posibilidad para que entonces comience el proceso judicial en su contra. La negativa a renunciar genera que la ciudadanía se exacerbe y convoque movilizaciones tan importantes e históricas como las que estamos viendo.

De cara a las elecciones lo que se ha venido dando es un proceso de profundización en el cuestionamiento, no sólo a la clase política rentista, si no del sistema de partidos en su conjunto y del proceso electoral.

En este momento hay elementos para afirmar que estas elecciones tienen un carácter fraudulento, ilegal e ilegítimo. Por eso hay una exigencia ciudadana para que los comicios se pospongan y se aprueben reformas a la ley electoral y de partidos políticos que una vez en vigencia permitan una nueva convocatoria.

Este cuestionamiento podría devenir en un boicot a las elecciones. Adicionalmente se han venido dando signos de violencia política entre partidos que pueden acompañar la tónica del proceso electoral.

Se prevé entonces que las elecciones, que en otro momento pudieran haber sido la forma de resolver o aminorar la crisis, en este momento podría ser parte del problema, por lo que la crisis podría profundizarse y extenderse.

- Durante el último año en varios países centroamericanos se ha dado una situación similar. El presidente hondureño está siendo cuestionado justamente por haberse hecho de dinero del seguro social para su campaña. En Costa Rica y Panamá también ha habido casos similares. Lo de Guatemala es quizás el proceso más avanzado. ¿Cómo analiza esto que está pasando con los liderazgos y gobiernos en Centroamérica que tienen esta pauta tan común respecto a la corrupción?

– Se han desarrollado políticas y se han estado implementando dinámicas institucionales que han revelado un fenómeno que históricamente se ha dado dentro de los Estados centroamericanos que es la corrupción.

Para el caso guatemalteco tendríamos que remontarnos a la dictadura donde los militares utilizaron al Estado para enriquecerse y aburguesarse.

A partir del momento en que entra en vigencia, en 1985, la Constitución que actualmente nos rige, se instalan gobiernos democráticos, entre comillas, que también utilizaron al Estado en beneficio personal y para beneficiar a las distintas expresiones del capital local y transnacional.

En la actualidad hay planes también de carácter geoestratégico avanzando sobre nosotros. Estados Unidos en este momento pretende implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centro América que tiene varios objetivos. Primero contener el avance de los procesos de cambio y transformación social que provienen de América del Sur. Es un esfuerzo para que de Nicaragua no pase el avance de estos movimientos que como sabemos han mermado la capacidad de control de EEUU sobre la región en su conjunto. Segundo, es evidente que Washington pretende contener también el avance de capitales chinos y rusos.

Entonces la descomposición institucional podría ser un elemento explicativo secundario ante los planes geoestratégicos que se expresan en esto que está ocurriendo.  La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que es un plan impuesto por EEUU, implica a Honduras, El Salvador y Guatemala. Pretende contener la inmigración de centroamericanos a EEUU y generar condiciones de seguridad y gobernabilidad que sean manejables.

La solución aparente es la presencia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que en materia de investigación criminal ha presionado al Ministerio Público para que cumpla con su razón de ser. Es esta misma comisión la que está siendo promovida en Honduras y El Salvador. ¿Quién la promueve? Las embajadas de EEUU en esos países.

Más allá de lo benéfico que ha sido esta Comisión para el caso guatemalteco, hay planes a nivel centroamericano en los cuales este tipo de figuras externas de investigación criminal están queriéndose implementar en función de garantizar ciertos controles desde EEUU.