Por Mario Sosa
Cuarenta niñas y
adolescentes guatemaltecas, que estaban bajo resguardo del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción del Estado, fueron objeto de un
crimen de lesa humanidad, debido a que fueron sometidas a privación de
libertad, torturas, violación, esclavitud sexual, embarazo forzado e,
inclusive, existen indicios que pudo haberse pretendido su exterminio. Este
crimen también puede ser catalogado de ejecución extrajudicial siendo que
existen suficientes evidencias de homicidio deliberado con la participación de
funcionarios públicos quienes violentaban, violaban y prostituían a estas niñas
y adolescentes.
Contrario a garantizar la
seguridad de estas niñas y adolescentes, funcionarios e instituciones
gubernamentales fueron negligentes e incapaces, incumplieron con sus deberes y,
por consiguiente, son responsables penal, administrativa y/o políticamente por esta
masacre. Son responsables aquellos que tenían obligación directa en el
resguardo de las niñas y adolescentes, así como el Director y la Subdirectora de
dicho centro, el Secretario de Bienestar Social de la Presidencia, el
Presidente de la República, el director de la Policía Nacional Civil, el
Ministro de Gobernación y la Procuradora General de la Nación.
Estos funcionarios son
responsables porque pudieron haber prevenido este crimen con medidas
administrativas y judiciales, haber gestado una política pública coherente y
necesaria y hecho que este centro fuera un espacio de protección y amor, y no
un infierno para las cuarenta y tres niñas y adolescentes (o más) calcinadas y otras
tantas que resultaron con graves quemaduras y están en riesgo de muerte. Este
es el resultado de un gobierno de corte empresarial/militar/neoliberal absolutamente
incapaz, desinteresado y orientado a buscar sus propios beneficios y a
gestionar los intereses de la clase dominante y del capital transnacional.
Pero este crimen también se
explica en el hecho que estamos ante un Estado neoliberal, que privilegia el
mercado por sobre el ser humano. Antes que garantizar derechos y la vigencia
del bien común, el Estado guatemalteco es el resultado de políticas de ajuste
estructural que iniciaron en los años 80 y se profundizaron desde los años 90. Es
un Estado que fue dirigido a la privatización de las empresas estatales a manos
privadas locales y transnacionales, a concesionar derechos y necesidades
sociales que en manos privadas se convirtieron en mercancía para quien pudiera
pagarlas. Así mismo, a imponer nuevas leyes y políticas desventajosas devenidas
de tratados de “libre” comercio, así como a tolerar el saqueo legal e ilegal de
los bienes públicos y comunes. Es este Estado el que sigue funcionando. Por eso
se continúan promulgando leyes para garantizar privilegios empresariales,
mientras la niñez y adolescencia continúa padeciendo hambre, violencia, falta
de escuela y salud, etc.
Esto es lo que caracteriza al
Estado guatemalteco en la actualidad: es garante de la explotación y el
expolio, carente las normativas necesarias, de las políticas coherentes, de la
institucionalidad eficaz y de los recursos financieros esenciales para asegurar
el bien común. Es un Estado que constituye factor fundamental en la
profundización de la exclusión y marginación, dejando vulnerables a las clases
y sectores más desprotegidos, como la niñez, la adolescencia y la juventud, a
quienes ha convertido en prescindibles.
Para este Estado neoliberal y los
gobiernos que lo han gestionado, los niños y niñas –especialmente procedentes
de la clase trabajadora y los pueblos indígenas y mestizos– han sido
convertidos en seres desechables, condenados a ser objeto de los más terribles
vejámenes a manos redes de crimen organizado. En lugar de protegerlos, este Estado
los criminaliza, condena y permite que sean convertidos en objeto de ultraje,
violencia, esclavitud sexual y asesinato. En especial, como sucedió con este
caso, el Estado como responsable y ejecutor de este crimen, es productor y
reproductor de un sistema patriarcal que convierte en objeto a las niñas,
adolescentes y mujeres.
Este crimen desnuda al Estado en
tanto construcción de la clase dominante que históricamente lo ha utilizado
para la gestión de sus intereses. Asimismo, del capital transnacional que,
interesado en expoliar al país, ha contribuido a mermar la capacidad del mismo
Estado. Por último, de potencias extranjeras y organismos internacionales como
el Bando Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes con sus
imposiciones han configurado este Estado neoliberal.
Sin duda, esta masacre de niñas y
adolescentes debe ser esclarecido penal, administrativa y políticamente, para
que sobre los responsables directos e indirectos caiga todo el peso de la ley y
la condena ética de la sociedad. Nuestra indignación debe crecer y debe
movilizarnos hasta alcanzar justicia en este crimen de lesa humanidad. Pero no
debemos olvidar que este crimen es resultado del Estado Neoliberal y siendo que
dicha política continúa, hechos de este tipo podrían repetirse y muy pronto.
Por eso, nuestra acción política debe orientarse estratégicamente a construir un
Estado radicalmente diferente.
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