El día miércoles 16 de agosto del año en curso, llegó a mi
carpeta de correo la comunicación de Alberto Olvera Rivera, en el cual traslada
el posicionamiento del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones
populares y representación política" de CLACSO, titulado No es posible
seguir ignorando la tragedia de Venezuela (véase al final de esta respuesta)
Con el respeto que me merecen las personas firmantes, parto
de afirmar que el documento divulgado carece de la fundamentación necesaria
para concluir en las aseveraciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro y a la
Asamblea Nacional Constituyente actual. Menos fundamento encuentro para
solicitar a CLACSO que se pronuncie en la dirección que los suscritos desean.
Se afirma lo anterior porque:
Al calificar de "arbitraria e ilegal la creación de
una 'Asamblea Constituyente'" y afirmar que la misma viola la constitución
de 1999, los firmantes no aportan ninguna prueba o fundamentación al respecto.
Tal y como han venido repitiendo las voces opositoras
internas y externas, quienes suscriben este documento parten de una tesis
equivocada. Consideran que el llamado a la nueva constituyente debía basarse en
la constitución de 1961, aplicable –como fue– para convocar a la asamblea
constituyente de 1999. Obvian, que la constitución de 1999, que rige al Estado
venezolano en la actualidad, faculta al presidente de la república para
convocar a nueva constituyente.
En específico, en el artículo 348 de dicha constitución
vigente se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros, tal y como ocurrió. Esto hace
constitucional, es decir, legal y legítimo al sujeto de la iniciativa, al
proceso de elección y la Asamblea Nacional Constituyente que resultó de una
elección libre, secreta y auditable, en la cual participaron más de 8 millones
de venezolanos, correspondientes al 41% de los ciudadanos que acudieron a las
urnas a pesar de las condiciones de amenaza, asedio y hechos de violencia.
De tal manera que el calificativo de arbitraria e ilegal
que asignan a la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de
Venezuela los firmantes, es absolutamente infundada.
Los firmantes de este documento aseveran que la Asamblea
Constituyente vigente se erige en un poder por encima de los demás poderes. En
este sentido tienen razón. Sin embargo, obvian un fundamento de la doctrina
constitucional: una asamblea nacional constituyente es la representación del
poder soberano, del poder originario, y como tal es superior a cualquier poder
previamente constituido. De hecho, en el artículo 346 de la Constitución
Política de la República Bolivariana de Venezuela se establece que ningún poder
constituido podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la
asamblea constituyente. Los firmantes obvian, entonces, que la Asamblea
Nacional Constituyente actual cuenta con la legitimidad y podrá ejercer poder
–como lo está haciendo– por sobre los poderes del Estado venezolano actualmente
vigentes en ese hermano país. Esto explica las razones por las cuales las
máximas autoridades de varios poderes constituidos han llegado ante la Asamblea
Nacional Constituyente a reconocer su superioridad. La única que no lo hizo fue
la Asamblea Nacional (parlamento) siendo que quienes la controlan han venido
desarrollando una estrategia desestabilizadora y golpista, además de
encontrarse en desacato al mantener en sus curules a cinco diputados que cometieron
fraude electoral, incluido uno del PSUV.
Quienes firman el documento en cuestión afirman que con la
nueva Asamblea Nacional constituyente "Se ha destruido así la escasa
institucionalidad democrática que quedaba en el frágil Estado venezolano e
instituido una dictadura colectiva de la pequeña elite política que rodea a
Maduro". Contrariamente, lo que se observa en las recientes decisiones de
la Asamblea Nacional Constituyente y los poderes constituiros –en especial el
ejecutivo, judicial, electoral y del Ministerio Público venezolanos–, es su
acción para detener la ola violenta promovida por la oposición venezolana
(responsable de la mayoría de asesinatos durante los hechos de confrontación),
para indagar y procesar a los responsables materiales e intelectuales de estas
acciones (incluidos como fue evidente, algunos alcaldes, gobernadores y
diputados), para el inicio del proceso de elección de gobernadores para el cual
han inscrito candidatos la mayoría de partidos políticos opositores. Los
firmantes obvian que para el 2018, además, está planificada la elección de
Presidente de la República y que el resultado de la Asamblea Nacional
Constituyente deberá ser objeto de referendo para su aprobación por parte de
los ciudadanos y ciudadanas venezolanas.
Los académicos signatarios de este documento afirman que
"[...] el hambre, la falta de medicinas y la escasez de alimentos se
agudizan día a día, revirtiéndose en pocos años los grandes avances sociales
logrados en los primeros diez años del régimen chavista." Al respecto
dejan de señalar que la inflación en buena medida inducida por empresas como
DolarToday así como la carencia de alimentos y medicamentos son fenómenos
inducidos por quienes mantienen el control de buena parte de la producción y
comercialización en el país, es decir, organizado en la Fedecamaras y en
quienes dirigen a la principal parte de la oposición.
Estoy de acuerdo en que CLACSO no puede guardar silencio
sobre la tragedia venezolana. Desde mi punto de vista, CLACSO, apegado a la
realidad venezolana debe denunciar la injerencia y la amenaza externa sobre
Venezuela, a los poderes y actores que han mantenido una estrategia de
desestabilización que incluye acciones que rayan en el terrorismo y la
subversión contra los poderes constituidos. Así mismo, debiera pronunciarse
reconociendo la legalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente
venezolana.
Aunque no comparto sus razones, coincido con los firmantes
en el rechazo a "las amenazas imperialistas y militaristas de Trump y al
intervencionismo de otros países en los asuntos internos de Venezuela." No
obstante agrego que no son solo amenazas. El imperio y su gobierno actual –como
los anteriores de Bush y Obama- han venido implementando planes injerencistas,
claramente en contubernio con la oposición venezolana, con los gobierno de
derecha y con organismos bajo su control, como la secretaría general de la
desprestigiada OEA.
Por lo demás, antes que conminar a CLACSO a pronunciarse en
este sentido, valdría solicitarle la apertura de un espacio de análisis serio,
documentado y fundamentado sobre la realidad del proceso venezolano. Un espacio
donde despleguemos nuestro análisis crítico sobre lo que sucede en ese hermano
país, donde podamos analizar cómo el proceso venezolano se sostiene sobre el
mismo esquema extractivista del que muchos somos críticos, pero que en estas
circunstancias no justifica nuestra conversión en voces útiles para los
propósitos de poderes fascistas e imperialistas que intentan derrocar y
derrotar ese proceso democrático.
Respetuosamente,
Mario Sosa
Guatemala 19 de agosto de 2017.
------------------------------------
Estimados colegas: Hacemos de su conocimiento el
posicionamiento de los miembros de un Grupo de Trabajo de CLACSO sobre los
acontecimientos de Venezuela.
NO ES POSIBLE SEGUIR IGNORANDO LA TRAGEDIA DE VENEZUELA
No es posible seguir ignorando la terrible tragedia que
sufre el hermano país. La arbitraria e ilegal creación de una "Asamblea
Constituyente" que viola la constitución de 1999 y que se ha erigido en un
poder por encima de los demás poderes, es el golpe final a una democracia en
plena destrucción desde la muerte de Chávez. No sólo dicha Asamblea carece de
legalidad y legitimidad, sino que viola su supuesta misión de emitir leyes al
declararse de facto un poder total: judicial, legislativo y ejecutivo, por un
período indefinido. Se ha destruido así la escasa institucionalidad democrática
que quedaba en el frágil Estado venezolano e instituido una dictadura colectiva
de la pequeña elite política que rodea a Maduro, en alianza con un ejército
colonizado por un cuerpo de mando politizado y corrupto, y que de hecho ya
gobierna al país, si es que pude hablarse de un gobierno en Venezuela. Para
imponer esta dictadura, se ha recurrido a la represión masiva y criminal de las
protestas de la ciudadanía y se amenaza ahora con llevar a la cárcel a todos
los alcaldes, gobernadores y diputados de oposición que aun están libres,
mientras se prepara la prohibición total de las protestas, como si con ello se
pudiera poner fin a la resistencia popular. Al mismo tiempo, el hambre, la
falta de medicinas y la escasez de alimentos se agudizan día a día,
revirtiéndose en pocos años los grandes avances sociales logrados en los
primeros diez años del régimen chavista.
Consideramos que CLACSO no
puede guardar silencio sobre la tragedia venezolana. Al hacerlo contradice los
posicionamientos públicos que la organización ha hecho a lo largo de los años
en defensa de la democracia, la justicia y la libertad en América Latina,
causas que compartimos. En estricta coherencia con esa posición, demandamos de
los actuales directivos de CLACSO una condena pública a la deriva dictatorial
que ha tomado el régimen madurista en Venezuela, así como la exigencia del
restablecimiento del Estado de Derecho, la libertad de los presos políticos, y
el fin de la represión a las protestas populares. Por las mismas razones,
manifestamos nuestro rechazo a las amenazas imperialistas y militaristas de
Trump y al intervencionismo de otros países en los asuntos internos de
Venezuela.
Los miembros del Grupo de Trabajo "Ciudadanía,
organizaciones populares y representación política" de CLACSO.
Alberto J. Olvera, Universidad
Veracruzana, México
Carlos de la Torre, Universidad
de Kentucky, Estados Unidos
Gerardo Caetano, Universidad de
la República, Uruguay
Hugo Quiroga, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina
Isidoro Cheresky, Universidad
de Buenos Aires, Argentina
Leonardo Avritzer, Universidad
Federal de Minas Gerais, Brasil
Manuel Antonio Garretón, Premio
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Margarita López Maya,
Universidad Central de Venezuela y Centro de Estudios Políticos de la
Universidad Católica Andrés Bello.
Martin Plot, IDAES-Universidad Nacional
de San Martín e investigador del CONICET, Argentina.
Osvaldo Iazzetta, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina
