El conjunto de casos investigados por el
Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), más allá de los hechos y procesos jurídicos que han
desencadenado, evidencia dos factores de carácter estructural e histórico
íntimamente relacionados que contribuyen a explicar el proceso económico, la
dinámica y la disputa política en el país.
El primer factor se relaciona con el
carácter del capitalismo. Estudios históricos y recientes han demostrado cómo
la clase capitalista ha gestado un Estado para garantizar sus objetivos de
acumulación de capital y la reproducción de su dominio. Esto lo ha hecho a
través de la aprobación de leyes, la determinación de políticas y la
implementación de diversos mecanismos y dispositivos jurídicos, políticos,
económicos y extralegales para apropiarse de tierras, fuentes de agua,
minerales y metales que constituyen bienes comunes, así como de recursos
públicos a través de privatizaciones, concesiones y elusión y evasión fiscales,
por ejemplo. Todo ello, operado a través de empresarios-políticos que han
gobernado o cumplido funciones de alto nivel gubernamental y de operadores que
han sido colocados en los organismos del Estado y que controlan el engranaje
del sistema político. En esta dinámica también han participado y se han visto
beneficiados pequeños y medianos empresarios, contrabandistas, evasores y
funcionarios corruptos, que han operado por su cuenta y riesgo o íntimamente
ligados con las principales articulaciones del poder económico. Esto constituye
parte de lo que autores como David Harvey han denominado «acumulación por
desposesión».
El segundo factor se relaciona con los
intereses que configuran y articulan el sistema político. Estos intereses son
a) la reproducción de las condiciones para la acumulación de capital, legal e
ilegal, y b) el enriquecimiento ilícito de capitalistas y de quienes funcionan
como sus operadores, muchos de ellos políticos que han hecho de la política
partidaria una actividad rentista, de enriquecimiento personal. No obstante los
fundamentos ideológicos y las ambiciones de poder de quienes controlan los partidos
predominantes en el sistema político, su práctica ha estado regida por los
intereses de acumulación de capital. Allí yace su carácter de empresas
electorales, dirigidas a operar, intermediar, agregar y representar tales
intereses, y a negar, combatir y criminalizar a los sujetos mayoritarios de la
sociedad que no encuentran otro camino que luchar por su intereses, demandas y
necesidades a través de la protesta y la movilización social.
Los factores antes descritos han quedado
documentados en los casos desnudados por el MP y la Cicig. El caso Odebrecht,
uno de los presentados más recientemente, evidencia el carácter corrupto de las
relaciones entre la empresa transnacional, empresarios pertenecientes a uno de
los principales grupos corporativos locales y un conjunto de operadores
políticos de alto nivel que actuaron desde los partidos políticos para
beneficiarse de una concesión fraudulenta para la construcción de una obra
pública inconclusa. El caso revela cómo se gestó la relación ilegal que
articuló políticos y partidos políticos aparentemente en disputa: PP, Líder,
UNE, Reformador y FCN-Nación. Son estos políticos y empresarios los que se
fueron trasladando a otros partidos y acomodándose en ellos en la medida en que
avanzaron la crisis política y la contienda electoral en 2015 y ellos
terminaron articulados en torno al partido y gobernante actuales, como sustento
de la actual gestión gubernamental y legislativa. Su objetivo: lograr impunidad
para empresarios, políticos y funcionarios capturados e investigados por
corrupción y crimen durante los tres últimos períodos gubernamentales, incluido
el actual.
Dado lo anterior, la articulación política
gobernante es la continuidad del pacto de impunidad y de corrupción integrado
por importantes grupos de la clase dominante, por buena parte de la llamada clase política y
por mafias organizadas. En este momento, uno de sus propósitos es tomar todo
organismo estatal para detener y revertir los procesos judiciales y de
investigación en marcha. Esto explica la elección de la junta directiva del
Congreso, la destitución del jefe de la SAT, el relevo de aquellos ministros
gestores de la embajada de Estados Unidos interesados en el avance de la
investigación criminal, la designación de un nuevo fiscal general afín y la eventual
salida de la Cicig del país.
Esto es lo que configura en buena parte el
estado actual de la disputa política. Quienes integran el pacto de impunidad y
de corrupción están pujando por consolidar su fuerza y renegociar con Estados
Unidos los términos para el avance del protectorado que cada vez más define al
Estado guatemalteco y que se intenta consolidar a través del Plan de la Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte.
29 01 2018
