El caso Caja de Pandora, presentado el 5 de
octubre por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig), ha puesto en evidencia el involucramiento en
hechos de corrupción de Álvaro Arzú, actual alcalde de la ciudad de Guatemala.
Arzú es uno de los personajes más
representativos de la historia política reciente del país. Nació a la vida
política en el Movimiento de Liberación Nacional, partido anticomunista que
entre 1954 y 1996 dirigió la violencia criminal contra la oposición a través de
escuadrones de la muerte. De 1986 a la fecha, Arzú ha controlado, de manera
directa o indirecta, el Gobierno municipal de la ciudad de Guatemala. Siendo
presidente de la república (1996-2000), firmó los acuerdos de paz con las
fuerzas guerrilleras, desarrolló una política de privatización de empresas
estatales y modificó varias leyes que constituyen la base de la actual fase de
acumulación de capital por la vía del despojo y saqueo de los bienes públicos.
Proveniente de una familia de la burguesía oligárquica de origen colonial, Arzú
ha mantenido poder sobre diversas fuentes de enriquecimiento y el control
político de la capital del país, su feudo político principal. Ha sido uno de
los caudillos más importantes en la configuración del sistema político,
actualmente en crisis.
Su participación en los hechos de
corrupción denunciados devino en la solicitud de que se le retirara la
inmunidad en su calidad de alcalde municipal. Esto se justifica en las
evidencias que lo vinculan con hechos de peculado y de financiamiento ilícito
por la existencia de plazas fantasmas y por el uso de recursos públicos
municipales en su campaña electoral del 2015. De ser favorable esta solicitud,
Arzú podría ser detenido y enjuiciado.
Más allá de lo anterior, el caso adquiere
relevancia en el contexto de la actual crisis política que vive el país. Arzú
constituye uno de los soportes del presidente Jimmy Morales, sobre quien pesan
acusaciones de corrupción y varios procesos de antejuicio que podrían implicar
su enjuiciamiento y eventual salida como gobernante. Es, asimismo, uno de los
principales políticos que orquestaron una campaña para detener las
investigaciones del MP y la Cicig. Su reacción podría significar que la disputa
política contra estas instituciones de investigación criminal se agudice, pero
en condiciones de desventaja para él y el mandatario.
El caso vincula al alcalde capitalino con
otras figuras que forman parte del pacto de impunidad, que articula estructuras
de empresarios, políticos, funcionarios públicos y mafias que unieron intereses
en torno al gobierno de Jimmy Morales para defenderse de la amenaza de procesos
de investigación judicial. Resalta entre ellos el excapitán del Ejército Byron
Lima, a quien Arzú pagó con recursos municipales por la fabricación de
productos de propaganda para su campaña electoral en 2015. Lima fue condenado
por haber participado en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998,
cuando pertenecía al Estado Mayor Presidencial del entonces presidente de la
república Álvaro Arzú. Durante los hechos que se le imputan al alcalde
capitalino, Lima dirigía desde la cárcel una estructura criminal con
operaciones fuera y dentro del sistema carcelario en complicidad con
funcionarios de alto rango, incluido el exministro de Gobernación Mauricio
López Bonilla, quien integraba el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina,
ambos capturados por casos de corrupción y de crimen organizado. Lima fue
asesinado en 2016 dentro de un centro carcelario.
Relacionados con Arzú y Lima en estos
delitos aparecen un hermano de este último, su exconviviente y un grupo de
abogados que han sido defensores de criminales, militares violadores de derechos
humanos y genocidas que, además, integran la fuerza política del gobierno
actual. Están vinculados, asimismo, a un grupo de exmilitares contrainsurgentes
con quienes mantienen una campaña contra defensores de derechos humanos y
contra el MP y la Cicig. Estos familiares y abogados vinculados con Arzú y Lima
han sido capturados por estos hechos ilícitos denunciados.
El proceso de investigación contra Arzú
constituye un duro golpe al pacto de impunidad de quienes controlan actualmente
el Estado. Queda por ver si las cortes, elegidas con la influencia de estas
redes delictivas, le darán protección al alcalde o facilitarán el proceso para
su enjuiciamiento.
https://www.plazapublica.com.gt/content/arzu-y-el-pacto-de-impunidad
09 10 17
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