Esto fue lo que sucedió en el período
2012-2015, cuando la estructura criminal —conocida como La Línea— logró
organizarse como Partido Patriota, ganó la elección a la presidencia y orientó
el Organismo Ejecutivo al logro de sus fines. También ocurrió en el Legislativo
y en algunos ámbitos del Organismo Judicial durante los gobiernos del Frente
Republicano Guatemalteco (FRG, 2000-2004) y de la Unión Nacional de la
Esperanza (UNE, 2008-2012), lo cual se evidencia con el caso Transurbano, en el
cual resultan comprometidos un expresidente y exministros.
En la actualidad, estamos frente a una
articulación política que sigue actuando en el Estado para hacer uso de la
política y de los recursos públicos en beneficio de unos pocos, tal como ha
sido denunciado y sobre lo cual existen evidencias. Esta articulación política
ha sido denominada pacto de corrupción e impunidad.
Los hechos que evidencian la existencia
de dicho pacto informan que este está integrado por empresarios y empresas,
políticos y partidos políticos, militares (activos o en retiro), funcionarios,
medios de comunicación masiva, fundaciones y organizaciones propiamente
mafiosas y criminales, entre otros actores que han hecho uso ilícito de las
instituciones, las políticas y los recursos públicos para enriquecerse, lograr
ventajas competitivas en el mercado, aumentar las ganancias de sus empresas y
perpetrar violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante
el conflicto armado.
A pesar de que no todos los que
integran este pacto —algunos convictos o prófugos en proceso de enjuiciamiento
o de investigación criminal— están relacionados directamente, comparten el
haberse involucrado en hechos ilícitos, anómalos e inconstitucionales al tiempo
que integraban un bloque político cada vez más nutrido y fuerte, con presencia
y control principalmente en los organismos Ejecutivo y Legislativo y en los más
importantes Gobiernos municipales.
El objetivo de este pacto es
enriquecerse a través de prácticas corruptas y garantizarse impunidad. Su estrategia
es compleja e incluye varias acciones: a) entorpecimiento y reversión de los
procesos judiciales en su contra; b) detención de los procesos de investigación
criminal, lo cual pasa por lograr la salida del jefe de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero también por poner
fin a esta comisión y controlar finalmente la fiscalía general del Ministerio
Público (MP); c) captura y control de instituciones públicas estratégicas como
el Legislativo, dependencias como la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación, donde han avanzado en su
propósito, y d) aprobación de leyes que les beneficien y garanticen impunidad,
como la modificación al Código Civil pretendida en septiembre de 2017 y la
aprobación de leyes que criminalicen acciones de protesta social y limiten
la libertad de emisión del pensamiento.
En este marco, es posible sospechar que
el atentado contra la fiscal de Derechos Humanos ocurrido el 15 de febrero
se trate de una acción para detener juicios e investigaciones en materia de
violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Puede ser,
asimismo, una amenaza velada a los funcionarios del MP y de la Cicig con el
propósito de detener su labor, en especial en casos de alto impacto que han
sido presentados ante tribunales o que podrían estar en proceso de indagación.
Así las cosas, el pacto de corrupción e
impunidad tiene orígenes de larga data, pero emergió como tal en el 2015 y
continúa avanzando en la actualidad. Su impacto se observa en materia de
legislación y de políticas regresivas para facilitar el saqueo de los bienes
comunes y la aplicación de medidas represivas. También se evidencia en avances
en su propósito de entorpecer la labor de organismos a cargo de la
investigación y el enjuiciamiento criminales.
Enfrentar dicho pacto requiere una
acción decidida, organizada y articulada. Solo así se logrará detener su
avance. En ese sentido, en este momento es esencial que dicha acción se oriente
al sostenimiento y el desarrollo de los procesos de investigación y
enjuiciamiento en marcha, así como a lograr una selección de un nuevo fiscal
general del MP que no esté comprometido con ese pacto y cuente con la capacidad
y la calidad ética indispensables para cumplir su mandato.
En www.plazapublica.com.gt
21/02/2018
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