Producto de la crisis de gobernabilidad de 2015,
devenida del descubrimiento de estructuras criminales en las cuales estaban
involucrados los más altos cargos de los organismos Ejecutivo y Legislativo, el
Gobierno en su conjunto experimentó una crisis de legitimidad que pudo haber
puesto en riesgo al Estado en su conjunto.
Al hablar de Gobierno me refiero al conjunto de
órganos, instituciones y personas con poder político para conducir el Estado,
el cual constituye un elemento de primer orden para mantener este y, por
consiguiente, el statu quo.
Es decir, ese momento crítico pudo haber sido el
factor para un punto de inflexión con rumbo indefinido en el Estado. Se afirma
esto porque el 2015 constituyó un año en el cual la legitimidad del Gobierno
experimentó importantes dificultades, devenidas de un conjunto de factores no
menores, entre los cuales sobresalen:
- Un
Organismo Ejecutivo dirigido y operado por una estructura criminal.
- Un
Organismo Legislativo profundamente cuestionable y cuestionado, bajo el
dominio de partidos políticos dirigidos a la realización de negocios,
componendas y negociaciones turbias.
- Un
Organismo Judicial fuertemente cuestionado por su falta de eficacia y con
signos de complicidad con la estructura criminal descubierta.
- Una
percepción y una opinión ciudadanas en las cuales domina la idea de que
sucesivos presidentes, diputados y jueces estaban vinculados con
estructuras de corrupción, crimen y despojo (legal e ilegal) de bienes
públicos y comunes.
- Una
ciudadanía que exigió la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la
vicepresidenta y altos funcionarios públicos y que accionó a través de
crecientes movilizaciones que constituyeron uno de los principales
factores que provocaron la renuncia, el apresamiento y el posterior
enjuiciamiento de funcionarios involucrados en hechos de corrupción y
crimen.
En este contexto, la salida a este momento crítico
de ilegitimidad consistió en la designación de un presidente provisorio y en la
realización de elecciones que (no obstante los cuestionamientos sobre su
legalidad y legitimidad) finalmente garantizaron la sucesión gubernamental y la
retoma de la capacidad de conducción del aparato ejecutivo, la normalización de
la acción parlamentaria y una nueva oportunidad para la dirección de la
institucionalidad en materia de justicia.
Así, con la llegada al Organismo Ejecutivo de un
nuevo presidente, la elección de nuevos diputados y cierta renovación en el
Organismo Judicial se abría la posibilidad de una etapa que restituyera la
legitimidad perdida. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario debido a tres
factores principales.
En el Organismo Ejecutivo predomina un proyecto
empresarial orientado a facilitar la apropiación y el saqueo de los bienes
comunes y públicos, a desregularizar la economía y las relaciones laborales
para beneficio del capital, a la reproducción del racismo y a la exclusión de
mayoritarios sectores y sujetos sociales del beneficio de la política pública.
A esto se agrega el desconocimiento, la incapacidad y la torpeza en la gestión
de la cosa pública, notoria en el actual presidente del Organismo Ejecutivo.
Esto se agrava con la cercanía de casos de corrupción en los que se encuentran
vinculados familiares consanguíneos del presidente y con las denuncias y los
antejuicios por casos de asesinato, de participación en crímenes de lesa
humanidad, de creación de estructuras clandestinas de inteligencia, etcétera,
contra diputados y funcionarios de su partido. Es decir, estamos ante un
Organismo Ejecutivo que representa la vieja política, cuyas concepciones y
prácticas son cuestionadas por amplios y representativos sectores de la
ciudadanía.
En el Organismo Legislativo es claro el carácter
empresarial de la agenda dominante, expresada, por ejemplo, en la
aprobación del Convenio 165 de la OIT, que desregulariza y abre la posibilidad
para profundizar la precariedad, la explotación laboral y la oposición a leyes
de beneficio social como la ley de aguas y la ley del sistema de desarrollo
rural integral, entre otras. En el 2017, además, se ha sumado la orientación de
la alianza oficialista para frenar los enclenques procesos de reforma política
y la acción en materia de investigación y denuncia criminal. A esto se suman
acusaciones, desconocimiento e incapacidad de buena parte de los diputados y de
las bancadas.
Por último, el Organismo Judicial pareciera
continuar secuestrado por estructuras criminales y de corrupción. Continúan los
casos de altos funcionarios denunciados y con procesos de antejuicio, así como
de estructuras que siguen operando para controlar las comisiones de postulación
y las representaciones en las cortes. La presidenta de dicho organismo,
incluso, hoy es cuestionada en cuanto a su idoneidad.
En este sentido, estamos ante un proceso continuado
de desgaste del Gobierno, que no se orienta a la solución de los problemas
nacionales, a la atención de la demanda social. Un desgaste que es provocado
por el secuestro histórico de una oligarquía que lo controla en buena medida y
por estructuras de crimen y corrupción que lo siguen corroyendo. Estamos así
ante un Gobierno que puede ser el factor para un nuevo momento de crisis de
gobernabilidad.
En el marco de esta posibilidad es necesario
preparar propuestas, articulaciones políticas coherentes y acciones que
permitan avanzar en la transformación del Estado en su conjunto y de raíz.
https://plazapublica.com.gt/content/la-legitimidad-del-gobierno-es-cuestionada
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