La disputa por las
reformas constitucionales es librada en las alturas por élites cuya visión es
estrecha y con intereses que se circunscriben a mantener el statu
quo y refuncionalizar la institucionalidad relativa al sistema de
justicia. El carácter incluyente en la formulación anterior se debe a que en
ambas posturas conviven fundamentos esenciales para que al final el sistema
siga intacto.
Es cierto que los propósitos y las fuerzas
varían. Me explico. Quienes se oponen a las actuales reformas constitucionales
en contienda persiguen mantener los actuales niveles de impunidad y evitar que
ocurran cambios interpretados, desde la matriz anticomunista, como un peligro
de acercarnos a procesos demonizados como el de la República Bolivariana de
Venezuela. Recordemos que se recurre a las justificaciones anticomunistas
cuando los sectores dominantes ven un milímetro de peligro en la continuidad de
sus intereses (en este caso y en este momento) de carácter mafioso y
empresarial. Son quienes, en general, logran articular el conjunto de medios y
dispositivos económicos, políticos e ideológicos que activan la hegemonía
dominante: profundamente conservadora y éticamente cuestionable. En general,
tienen a su favor la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la
República, la cual podría cambiar siempre y cuando las fuerzas reformistas
logren que a algunos diputados les tuerzan el puño a partir de los procesos de
investigación o antejuicio en los cuales se encuentran implicados. Son estas
fuerzas las que tienen la mejor correlación, por razones de hegemonía, en una
eventual consulta popular, si es que las reformas finalmente son aprobadas en
el Organismo Legislativo.
Quienes están promoviendo las
reformas constitucionales pretenden disminuir los altos niveles de impunidad
devenidos de la penetración del crimen organizado en el Organismo Judicial, del
predominio de grupos empresariales que operan a través de funcionarios
judiciales y consorcios de abogados corporativos y de articulaciones políticas
(de partidos y élites universitarias y gremiales) que han generado
una distorsión ética, política y jurídica en la elección de las
cortes. Constituyen una fuerza reformista devenida del apoyo, el estímulo y el
interés de la Embajada de Estados Unidos, operada a través de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el
Procurador de los Derechos Humanos e integrada por un conjunto de fundaciones,
oenegés y colectivos igualmente elitistas, que carecen de la fuerza suficiente
en el Congreso de la República para avanzar en la pretensión de generar
reformas constitucionales cuyo alcance (de darse) será la refuncionalización a
través del incremento de la eficiencia y la eficacia del Organismo Judicial, el
que menor desgaste presenta en el Estado.
Los cambios que pudieran implicar las
reformas constitucionales susceptibles de aprobarse finalmente no cambiarán en
esencia el carácter del sistema de justicia, sobre el cual pesan las relaciones
de poder históricamente existentes. Quienes poseen o se disputan el poder en
las alturas de la contienda, entre segmentos empresariales, mafiosos y
políticos, correspondientes en general a las derechas, tendrán la capacidad de
recomponer sus fuerzas, influencias y capacidades determinantes ante una
eventual modificación del engranaje institucional del Organismo Judicial, tal
como ha sucedido con reformas anteriores.
En artículos previos hemos analizado
las debilidades y las carencias esenciales que ha tenido el proceso de
formulación de las propuestas de reforma constitucional: las fuerzas, las
demandas y las propuestas que fueron excluidas. Al no aprobarse el artículo
203, correspondiente al reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas, la articulación que continúa pretendiendo las reformas
constitucionales perdió la posibilidad de contar con una fuerza organizada y
movilizada por el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, la Asamblea
Social y Popular y otras articulaciones sociales que permitieran pensar en el
logro del propósito de aprobación de tales reformas en el Organismo Legislativo
y finalmente en una eventual consulta popular.
Así las cosas, aquellos sujetos
mayoritarios, como los pueblos indígenas, el campesinado, los trabajadores y el
movimiento de mujeres y feminista, siguen siendo excluidos de las búsquedas
elitistas de reformas impuestas recientemente en el país. Y, con los signos de
agotamiento histórico del Estado guatemalteco, aun lográndose las reformas
constitucionales que se pretenden en la actualidad, es muy probable que estemos
a las puertas de un nuevo momento de crisis política, ya que los problemas
nacionales históricos y estructurales siguen profundizándose y no encuentran una
salida en ningún nivel y ámbito de la política devenida del Estado.
www.plazapublica.com.gt
08/05/17
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