Mario
Sosa
La crisis política se ha extendido. Alcanza
también al Organismo Legislativo. Esto se explica por la resistencia férrea que
mantiene la articulación de estructuras políticas, económicas y mafiosas que
unieron intereses en torno al FCN-Nación para defenderse de la amenaza por
procesos de investigación y judiciales, así como por el aumento del rechazo de
distintas fuerzas sociales y políticas. Lo previsible es que su fuerza sea
diezmada y eventualmente sustituida en el control tanto del Legislativo como
del Ejecutivo.
De ocurrir tal desplazamiento, este no necesariamente
implica la desaparición de dichas estructuras, ya que en su carácter de redes
pueden mutar y trasladarse a otras empresas partidarias y fuerzas políticas que
incluso podrían estarse gestando ya, de cara a la siguiente contienda
electoral. Así sucedió cuando migraron rápidamente del PP y de Líder al
FCN-Nación, pasaron a integrar el bloque de partidos que controlan el Congreso
de la República y vincularon a un tercio de las alcaldías municipales, a un
conjunto de medios de comunicación masiva y a algunos cuadros secundarios en el
Organismo Judicial.
Las evidencias procedentes de la
investigación y el procesamiento de partes de estas estructuras informan que
estamos ante redes de políticos, de funcionarios públicos, de militares y
exmilitares, de empresarios tradicionales y emergentes y de criminales per se que se
articulan dentro y fuera del Estado para el control de la institucionalidad y
de la política pública. Su objetivo es extender y aumentar el control del
mercado lícito e ilícito, la acumulación de capital y el enriquecimiento
procedente de la corrupción y del saqueo de los bienes comunes.
Lo anterior implica que los segmentos
visibles y no visibles de las redes y actores legales y legítimos que hoy están
atrincherados también accionan para frenar los procesos de investigación y
enjuiciamiento en su contra y garantizar que el actual gobierno concluya su
período. Es en este marco en el que debe comprenderse la campaña política con
la que se intenta detener y desvirtuar la acción de la Cicig y del MP y las
movilizaciones masivas mediante las cuales se exige el antejuicio, la
investigación, la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la depuración o
disolución del Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(entre otras normas) y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente
para la redacción de una nueva Constitución que funde un nuevo Estado.
Acudimos entonces a una disputa cuyo
resultado dilucidará hasta dónde se logra el enjuiciamiento, la captura y el
desplazamiento de quienes integran estas redes y estructuras. Esta disputa
dependerá, desde mi punto de vista, de la decisión y la capacidad de segmentos
de poder dominante para lograr tal objetivo y de la movilización social, que
tiene como móvil inicial la indignación, el rechazo de la corrupción y la
depuración de la Presidencia y del Congreso.
En el primero de los casos, pareciera que
Estados Unidos, en el desarrollo de su estrategia y de sus acciones procedentes
del Departamento de Estado, operadas por congresistas y funcionarios gubernamentales
y por su embajada en el país, está decidido a avanzar en sus planes
injerencistas. En especial, con la imposición de su agenda, que se traduce en
la búsqueda de que las investigaciones de la Cicig y del MP logren procesar a
funcionarios del más alto rango, como sucedió con el gobierno anterior y como
sucede con el actual. También pareciera que algunos grupos empresariales —en
coincidencia con la Embajada de Estados Unidos—han decidido el retiro de su
apoyo al Gobierno, lo cual se manifiesta en la renuncia de los ministros de
Finanzas, Gobernación y Trabajo.
Con relación a la movilización social, esto
dependerá de la agenda que se logre madurar y convertir en hegemónica en este
marco: una agenda acotada y conservadora o una estratégica y transformadora.
Asimismo, dependerá de cuál será la estrategia, la capacidad organizativa (de
articulación) y la capacidad para dilucidar los espacios, los tiempos y el tipo
de acciones convenientes y necesarias para impulsar los objetivos que se
propongan.
En un contexto en el cual los múltiples
intereses, estrategias, etcétera, están en marcha y los procesos de
investigación y hallazgos de corrupción y crimen siguen comprometiendo aún más
al Organismo Ejecutivo y al Legislativo, la continuidad inmediata de la crisis está
asegurada y podría extenderse y profundizarse.
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