OCUPACIÓN MILITAR EXTRANJERA EN GUATEMALA

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Desde la invasión estadounidense y mercenaria, que derrocó en 1954 al Presidente guatemalteco Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos, han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio de influencia regional: EEUU.

Dicha supeditación se ha expresado en materia militar. La Política de Seguridad Nacional y sus ejecutorias de genocidio, desaparición forzosa, asesinatos políticos, desplazamiento poblacional, etcétera, han sido parte de las consecuencias de la supeditación de la política nacional a los designios de EEUU en nuestro país. En específico, de las acciones implementadas a través del ejército de Guatemala y la policía “civil” en sus distintos momentos, en función de garantizar los intereses de la clase dominante local y los intereses de EEUU en el país.

Las excepciones fundamentales en esa política de sumisión entre 1954 y 2012, fueron dos: A) La acción militar de los cadetes de la Escuela Politécnica, que resistiéndose a la invasión en 1954, le propinaron una derrota a las fuerzas “liberacionistas” e imperialistas de ocupación; y b) la sublevación de militares nacionalistas, como Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, quienes contribuyeron a fundar el movimiento revolucionario en la década de los años 60. Estos hechos han sido objeto de negación y ocultamiento en la literatura y práctica educativa de distintos gobiernos y segmentos oligárquicos y conservadores del país.

Posterior a la vuelta a la constitucionalidad en 1985, sucesivas gestiones en el organismo ejecutivo y legislativo, han validado la presencia militar de EEUU en el territorio nacional, especialmente en regiones de su interés estratégico; la justificación oficial ha sido la supuesta ayuda en salud, construcción de infraestructura y combate al narcotráfico. Esta presencia ha complementado la del personal diplomático, de inteligencia y la llamada “cooperación” intergubernamental y no gubernamental, cuyas ejecutorias es bien sabido que son en función de sus exclusivos intereses de control de los recursos estratégicos, de los gobiernos, de las políticas y de liderazgos conservadores y “progresistas”, que forman parte del tejido para reproducir el domino que ejercen en el llamado “patio trasero de EEUU”.

De las ejecutorias reales de esta presencia militar estadounidense nada se sabe y es posible que ni el propio Estado guatemalteco lo sepa, siendo que la autorización de su presencia ha sido la concesión de un cheque en blanco. Ni un sólo gobierno local ha informado a los ciudadanos guatemaltecos de carácter y consecuencias reales de tal presencia extranjera. Tampoco se ha conocido que desde las filas castrenses haya habido algún atisbo de indignación nacionalista ante el papel de su institución en esta concesión de poder a un ejército extranjero.

La gestión gubernamental actual confirma la “norma”: 171 marines estadounidenses serán parte la “Operación Martillo”, maniobra conjunta con el ejército guatemalteco en el Océano Pacífico, que tendrá una duración mínima de 120 días, y que permite amplia movilidad territorial a dichas fuerzas de ocupación. Esta operación, que ya ha sido realizada en las costas del Atlántico, es justificada por quienes la avalan, en el combate al narcotráfico que se desplaza por dichas costas y –seguramente en corrillos gubernamentales y militares– en la pretensión de compra de armas a EEUU, la cual sería posible una vez se apruebe el insultante incremento del 45% al presupuesto del ejército, propuesto por el organismo ejecutivo para el período fiscal 2013.

Dicha operación militar tiene como antecedente la venida al país del jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, a inicios de este año. Fraser es el encargado de hacer avanzar los planes regionales y subregionales de control de EEUU, tales como el desplazamiento de la IV Flota (parte del Comando Sur) por aguas de América Latina, la implementación del Plan Colombia y el Plan Mérida (donde se contextualiza a partir del 2008 la presencia militar en Guatemala), los cuales avanzan a partir del supuesto combate al terrorismo y el narcotráfico que realiza dicho país, pero que intenta sobretodo: A) Persuadir la insurrección que está experimentando la Patria Grande en contra de sus designios imperiales; B) Ser parte en el combate de los focos de subversión armada en países como Colombia, y; C) Mantener la ocupación militar en territorio latinoamericano.

Esta presencia de las fuerzas armadas de EEUU en Guatemala es complementada con la permanente presencia del llamado “Grupo Militar de Estados Unidos en Guatemala” en áreas como Petén, Zacapa, San Marcos, Alta Verapaz y Antigua Guatemala. En ellas mantiene actividades de entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, utilización de aeropuertos y, es de suponer que también actividades de control político y social, control sobre recursos estratégicos, entre otras.

Es indudable que los planes de esta “Operación Martillo” y la conducción de los mismos –como suele ser– estarán a cargo del ejército extranjero y no del ejército guatemalteco. Adicionalmente, dicha presencia militar constituye una ilegalidad al registrase desde hace dos semanas, siendo que el acuerdo que les permite su estancia en nuestro territorio fue publicado apenas el lunes 20 de agosto, cuando entró en vigencia.

Esta presencia permanente y eventual de un ejército extranjero, nos convierte en un país ocupado. Esa ocupación hace que nuestra soberanía y dignidad nacional estén cuestionadas y comprometidas estratégicamente. Y dicha responsabilidad está en el gobierno de Guatemala y en sus fuerzas armadas.

DEL FALSO PACTO SOCIAL EN GUATEMALA

Indudablemente, el llamado pacto social que supuestamente fue plasmado en la Constitución de la República de Guatemala en 1985, en realidad fue parte de la estrategia del establisment por instalar una forma de gobierno de fachada democrática que permitiera, al mismo tiempo, instaurar la hegemonía y “el consenso” en sustitución –parcial– de la forma violenta, represiva y militarista implementada a partir de 1954.

Lo anterior era esencial para el avance de una nueva fase de acumulación de capital, que desde la ideología neoliberal imponía la política de ajuste estructural para suprimir buena parte del control que el Estado mantenía sobre la economía –de por sí insuficiente– y liberar al capital en su propósito de aumento a sus ganancias. Esto se tradujo, por ejemplo: 1) En la privatización de empresas públicas, en particular aquellas de carácter estratégico y con altas y rápidas tasas de ganancia como la Empresa Eléctrica (EEGSA), la Empresa General de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), la Línea Aérea de Guatemala (AVIATECA), el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), y otras formas como la concesión a empresas privadas para la prestación de servicios de salud, educación y para la construcción de infraestructura pública, entre otras; 2) En la supresión de derechos sociales siendo el aumento en el déficit de ingresos fiscales producto de la privatización, la supresión o disminución de impuestos al capital, el despojo por corrupción, etcétera; esto en un contexto donde dichos derechos nunca lograron la calidad y universalización en su disfrute, que garantizara la dignidad humana de los guatemaltecos y guatemaltecas.

La nueva Constitución de 1985, además, permitía crear condiciones para pacificar el territorio, dando paso a la conclusión del enfrentamiento armado interno, el cual impedía la “gobernabilidad” del territorio, parte de las pretensiones y condiciones del capital para avanzar en sus intereses. De hecho, dicha Constitución se instaura después de infligir una derrota militar al movimiento revolucionario y en el contexto de un régimen opresivo y represivo, que impidió que los sujetos llamados a ser parte del “nuevo” contrato social fueran protagónicos del mismo.

En ese sentido, la Constitución de 1985, siguió sosteniendo el régimen: a) de dominio de la clase históricamente dominante, b) de afianzamiento del capital transnacional en su búsqueda por apropiarse y expoliar al país y explotar más libremente a la clase trabajadora, c) de influencia determinante del imperio estadounidense, y d) del lugar de primer orden jugado por la casta militar en la vigilancia y represión para la reproducción del régimen.

Es a este régimen al que contribuyeron las reformas de enero de 1994, así como la derrota de las reformas sometidas a consulta popular en mayo de 1999, algunas de ellas procedentes de los Acuerdos de Paz. Es a la consolidación de este régimen al que se orientan las actuales propuestas de reforma constitucional planteadas por el gobierno derechista y militarista de Otto Pérez.

Es decir, lo que hemos conocido en la historia larga de nuestro país –con excepción del período de 1944 a 1954– y en particular desde 1954 a la fecha, es un falso pacto social traducido en gobiernos de facto, constituciones políticas concebidas e impuesta por las elites económicas, políticas y militares, que en el caso de la Constitución Política actual abrió las puertas a la democracia de fachada y amplió el camino a la reproducción del expolio, explotación, pobreza, miseria y violencia en que vive la mayoría del pueblo guatemalteco.

De tal manera que un nuevo pacto social no puede prescindir de la representación legítima de la clase trabajadora obrera y campesina, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los migrantes. Esto, por supuesto, si se parte del supuesto que son conciliables los intereses de los sujetos antes mencionados y los intereses del capital transnacional y local.

En todo caso, cualquier reforma a la Constitución Política actual, con la forma y contenido planteados por el actual gobierno, solamente daría un respiro al falso contrato social y retrasaría un poco el agotamiento final del actual régimen económico y político imperante.

ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y EL CASO FRAUDULENTO DE LA PERENCO EN GUATEMALA

Cuando se considera la fase actual en la cual se encuentra el capitalismo, es fácil observar que, no obstante las “crisis” con matiz local, regional y mundial, los procesos de acumulación no cesan. Todo lo contrario.

En el marco de tales “crisis”, como sucede en Grecia y España, la clase trabajadora y los sectores medios son objeto de despidos masivos, diminución salarial, supresión de servicios públicos y prestaciones laborales, obstáculos para que pequeños y medianos ahorrantes puedan disponer de sus ahorros. Complementariamente se inicia la privatización de empresas públicas, al mismo tiempo que se declara la “quiebra” de bancos a los cuales se les gestiona multimillonarios “rescates” con dineros que profundizan el endeudamiento público.

Es decir, se profundiza el despojo por diversas vías, para “salvar” al capital regional-global, garantizar la continuidad de su régimen de control de áreas estratégicas de la economía, de la desposesión de los bienes y servicios públicos y, por esta y otras vías, del despojo de los dineros provenientes de impuestos incrementados y cobrados a la clase trabajadora y capas medias. Es una fórmula neoliberal de despojo y aumento de la acumulación de capital en manos del capital regional y global que fue aplicada en América Latina desde los años ochenta, la cual sigue configurando el carácter de la economía y la política dominante y hegemónica en países como Guatemala, mientras que está siendo derrotada en otros como Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.

Hechos como estos evidencian las formas contemporáneas de acumulación de capital, que se suman a la extracción de plusvalía vía la explotación de la clase trabajadora. Mientras esto se profundiza en regiones como Europa, el capital y sus Estados accionan para ampliar y profundizar el despojo y expolio en regiones como África, Asia y América Latina. Su apetito voraz acciona para apropiarse de la tierra y los territorios, controlar la producción, el comercio y la distribución de las materias primas provenientes de estas regiones. Aun más, acciona para apropiarse de los recursos renovables y no renovables, controlar las fuentes de agua, las vetas de biodiversidad, etcétera. Esto lo realiza a través de medios económicos y extraeconómicos, legales e ilegales, incluido el uso de la represión y el terrorismo al promoverlo, financiarlo, asesorarlo y ejecutarlo directamente, en contra de aquellos pueblos y Estados que, como Libia, Siria, Irán, entre otros, obstaculizan sus planes de expolio y despojo. Un uso del terror que, acompañado de la presión, la extorsión y el soborno, le resulta útil para imponer a elites que les sirven de lacayos, para derrocar gobiernos y para invadir, ocupar y gobernar de manera directa, aunque en lo formal sean sus sirvientes locales los que de la cara, como sucede con Afganistán, Irak, Libia, Honduras, Paraguay. Al final, además, logran un control geoestratégico, que se inserta precisamente en aquellas luchas entre capitales y países por el control regional o mundial del territorio, de los flujos y de los destinos finales de la acumulación de capital.

Es en este marco que se explica un hecho local, pero significativo, en la búsqueda por entender procesos, dinámicas y lógicas relativas a la acumulación de capital. Se trata de la ampliación, por 15 años más, de la concesión petrolera a la empresa franco-británica Perenco, la cual está ubicada en el área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre (Petén, Guatemala) . Específicamente, de las maniobras ilegales que acompañaron tal ampliación y que hoy salen a luz pública con la condena a tres años de prisión para Sergio Enrique Veliz Rizzo, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dictada el 31 de julio del presente año.

Sergio Veliz Rizzo fue condenado por los delitos de falsedad ideológica y resoluciones violatorias a la Constitución, en específico por haber alterado la publicación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre, en especial aquellas disposiciones que impiden la actividad petrolera y que permitían establecer las afectaciones y riesgos a la biodiversidad ocasionadas por la actividad de la empresa petrolera. Este hecho ocurrió en el 2007, durante el gobierno del terrateniente Oscar Berger, quien está involucrado en este y otros casos deleznables de corrupción, entreguismo y aprovechamiento propio, como el haber gestionado para la expansión de la producción azucarera un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica a favor de la familia Witman, con la cual está emparentado.

No obstante la condena contra Sergio Veliz Rizzo, este podrá evadir legalmente la cárcel, evidenciando nuevamente la orientación del sistema de justicia guatemalteco. Mientras eso sucede, no existen procesos en contra de personeros de la empresa Perenco, siendo que en el expediente judicial figura una carta fechada el 13 de abril del 2010, firmada por el representante de tal empresa en Guatemala, en la que pide al ex-secretario que suspenda el Plan Maestro.

Más allá de lo anterior, las pruebas que fueron utilizada para dictar dicha condena, cuestionan la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este organismo, basándose en el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre alterado, deja en firme la concesión petrolera, después que diversas instancias sociales y académicas interpusieran un recurso de constitucionalidad en contra de la misma.

Sin duda alguna, la concesión a la empresa Perenco, ha sido siempre ilegítima e ilegal, cuestionable desde la perspectiva científica, ambiental, social, política y, ahora, jurídica. Por eso la oposición de organizaciones sociales, ambientalista, universidades, entre otras, las cuales han levantado nuevamente su voz para que se suspendan las operaciones petroleras en dicha área y se declare lesivo el contrato de ampliación entre dicha empresa y el Estado guatemalteco.

Es, reitero, un ejemplo de cómo opera el capital y de los cuales existe una cantidad innumerable en Guatemala. La explotación petrolera, sumada a la explotación minera, es parte de las formas de despojo y expolio que operan en este país. Lo hacen con una legislación permisiva, con gobiernos que operan sus planes y organismos que, en general, se orientan a vigilar sus intereses. Cuando sus planes encuentran obstáculos sociales, legales, institucionales, las empresas operantes activan procedimientos de distinto orden, como la evidenciada con el caso de Sergio Veliz Rizzo, en el mejor de los casos.

Vale decir, que esta ampliación a la explotación petrolera de la empresa Perenco, fue decretada en 2010 por el gobierno del autollamado socialdemócrata Álvaro Colom, el cual, más allá de la ilegalidad del caso y su responsabilidad al respecto y con relación a los daños que presentaba y presenta la reserva, tuvo la característica de dar continuidad servil al modelo de acumulación de capital imperante.

Por su parte, el actual gobierno del general Otto Pérez tiene la responsabilidad de declarar lesivo el contrato y suspender inmediatamente dichas operaciones. Lo contrario será una nueva evidencia del entreguismo al capital transnacional y local, y de un ejercicio gubernamental en contra el interés público. En el mismo sentido, es ineludible para el Ministerio Público continuar la investigación del caso y llevar a la justicia a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos.

Ante las características con las que actúa al capital y que dañan el interés público, habría que seguir reflexionando sobre la necesidad de afianzar con coherencia la protección ambiental y promover la nacionalización de las áreas económicas estratégicas del país, entre éstas la producción petrolera, minería, electricidad y comunicaciones, para garantizar precisamente el interés común. Esta sería, además, una salida para mermar los efectos de la crisis capitalista que se avecinan.