Desde la invasión estadounidense y mercenaria, que derrocó en 1954 al Presidente guatemalteco Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos, han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio de influencia regional: EEUU.
Dicha supeditación se ha expresado en materia militar. La
Política de Seguridad Nacional y sus ejecutorias de genocidio, desaparición
forzosa, asesinatos políticos, desplazamiento poblacional, etcétera, han sido
parte de las consecuencias de la supeditación de la política nacional a los
designios de EEUU en nuestro país. En específico, de las acciones implementadas
a través del ejército de Guatemala y la policía “civil” en sus distintos
momentos, en función de garantizar los intereses de la clase dominante local y
los intereses de EEUU en el país.
Las excepciones fundamentales en esa política de sumisión
entre 1954 y 2012, fueron dos: A) La acción militar de los cadetes de la
Escuela Politécnica, que resistiéndose a la invasión en 1954, le propinaron una
derrota a las fuerzas “liberacionistas” e imperialistas de ocupación; y b) la
sublevación de militares nacionalistas, como Luis Turcios Lima y Marco Antonio
Yon Sosa, quienes contribuyeron a fundar el movimiento revolucionario en la
década de los años 60. Estos hechos han sido objeto de negación y ocultamiento
en la literatura y práctica educativa de distintos gobiernos y segmentos
oligárquicos y conservadores del país.
Posterior a la vuelta a la constitucionalidad en 1985,
sucesivas gestiones en el organismo ejecutivo y legislativo, han validado la
presencia militar de EEUU en el territorio nacional, especialmente en regiones
de su interés estratégico; la justificación oficial ha sido la supuesta ayuda
en salud, construcción de infraestructura y combate al narcotráfico. Esta
presencia ha complementado la del personal diplomático, de inteligencia y la
llamada “cooperación” intergubernamental y no gubernamental, cuyas ejecutorias
es bien sabido que son en función de sus exclusivos intereses de control de los
recursos estratégicos, de los gobiernos, de las políticas y de liderazgos
conservadores y “progresistas”, que forman parte del tejido para reproducir el
domino que ejercen en el llamado “patio trasero de EEUU”.
De las ejecutorias reales de esta presencia militar
estadounidense nada se sabe y es posible que ni el propio Estado guatemalteco
lo sepa, siendo que la autorización de su presencia ha sido la concesión de un
cheque en blanco. Ni un sólo gobierno local ha informado a los ciudadanos
guatemaltecos de carácter y consecuencias reales de tal presencia extranjera.
Tampoco se ha conocido que desde las filas castrenses haya habido algún atisbo
de indignación nacionalista ante el papel de su institución en esta concesión
de poder a un ejército extranjero.
La gestión gubernamental actual confirma la “norma”: 171
marines estadounidenses serán parte la “Operación Martillo”, maniobra conjunta
con el ejército guatemalteco en el Océano Pacífico, que tendrá una duración
mínima de 120 días, y que permite amplia movilidad territorial a dichas fuerzas
de ocupación. Esta operación, que ya ha sido realizada en las costas del
Atlántico, es justificada por quienes la avalan, en el combate al narcotráfico
que se desplaza por dichas costas y –seguramente en corrillos gubernamentales y
militares– en la pretensión de compra de armas a EEUU, la cual sería posible
una vez se apruebe el insultante incremento del 45% al presupuesto del
ejército, propuesto por el organismo ejecutivo para el período fiscal 2013.
Dicha operación militar tiene como antecedente la venida al país
del jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, a inicios de este
año. Fraser es el encargado de hacer avanzar los planes regionales y
subregionales de control de EEUU, tales como el desplazamiento de la IV Flota
(parte del Comando Sur) por aguas de América Latina, la implementación del Plan
Colombia y el Plan Mérida (donde se contextualiza a partir del 2008 la
presencia militar en Guatemala), los cuales avanzan a partir del supuesto
combate al terrorismo y el narcotráfico que realiza dicho país, pero que
intenta sobretodo: A) Persuadir la insurrección que está experimentando la
Patria Grande en contra de sus designios imperiales; B) Ser parte en el combate
de los focos de subversión armada en países como Colombia, y; C) Mantener la
ocupación militar en territorio latinoamericano.
Esta presencia de las fuerzas armadas de EEUU en Guatemala
es complementada con la permanente presencia del llamado “Grupo Militar de
Estados Unidos en Guatemala” en áreas como Petén, Zacapa, San Marcos, Alta
Verapaz y Antigua Guatemala. En ellas mantiene actividades de entrenamiento y
asesoría militar y de inteligencia, utilización de aeropuertos y, es de suponer
que también actividades de control político y social, control sobre recursos
estratégicos, entre otras.
Es indudable que los planes de esta “Operación Martillo” y
la conducción de los mismos –como suele ser– estarán a cargo del ejército
extranjero y no del ejército guatemalteco. Adicionalmente, dicha presencia
militar constituye una ilegalidad al registrase desde hace dos semanas, siendo
que el acuerdo que les permite su estancia en nuestro territorio fue publicado
apenas el lunes 20 de agosto, cuando entró en vigencia.
Esta presencia permanente y eventual de un ejército
extranjero, nos convierte en un país ocupado. Esa ocupación hace que nuestra
soberanía y dignidad nacional estén cuestionadas y comprometidas
estratégicamente. Y dicha responsabilidad está en el gobierno de Guatemala y en
sus fuerzas armadas.
