Cuando se considera la fase actual en la cual se encuentra el capitalismo, es fácil observar que, no obstante las “crisis” con matiz local, regional y mundial, los procesos de acumulación no cesan. Todo lo contrario.
En el marco de tales “crisis”, como sucede en Grecia y España, la clase trabajadora y los sectores medios son objeto de despidos masivos, diminución salarial, supresión de servicios públicos y prestaciones laborales, obstáculos para que pequeños y medianos ahorrantes puedan disponer de sus ahorros. Complementariamente se inicia la privatización de empresas públicas, al mismo tiempo que se declara la “quiebra” de bancos a los cuales se les gestiona multimillonarios “rescates” con dineros que profundizan el endeudamiento público.
Es decir, se profundiza el despojo por diversas vías, para “salvar” al capital regional-global, garantizar la continuidad de su régimen de control de áreas estratégicas de la economía, de la desposesión de los bienes y servicios públicos y, por esta y otras vías, del despojo de los dineros provenientes de impuestos incrementados y cobrados a la clase trabajadora y capas medias. Es una fórmula neoliberal de despojo y aumento de la acumulación de capital en manos del capital regional y global que fue aplicada en América Latina desde los años ochenta, la cual sigue configurando el carácter de la economía y la política dominante y hegemónica en países como Guatemala, mientras que está siendo derrotada en otros como Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.
Hechos como estos evidencian las formas contemporáneas de acumulación de capital, que se suman a la extracción de plusvalía vía la explotación de la clase trabajadora. Mientras esto se profundiza en regiones como Europa, el capital y sus Estados accionan para ampliar y profundizar el despojo y expolio en regiones como África, Asia y América Latina. Su apetito voraz acciona para apropiarse de la tierra y los territorios, controlar la producción, el comercio y la distribución de las materias primas provenientes de estas regiones. Aun más, acciona para apropiarse de los recursos renovables y no renovables, controlar las fuentes de agua, las vetas de biodiversidad, etcétera. Esto lo realiza a través de medios económicos y extraeconómicos, legales e ilegales, incluido el uso de la represión y el terrorismo al promoverlo, financiarlo, asesorarlo y ejecutarlo directamente, en contra de aquellos pueblos y Estados que, como Libia, Siria, Irán, entre otros, obstaculizan sus planes de expolio y despojo. Un uso del terror que, acompañado de la presión, la extorsión y el soborno, le resulta útil para imponer a elites que les sirven de lacayos, para derrocar gobiernos y para invadir, ocupar y gobernar de manera directa, aunque en lo formal sean sus sirvientes locales los que de la cara, como sucede con Afganistán, Irak, Libia, Honduras, Paraguay. Al final, además, logran un control geoestratégico, que se inserta precisamente en aquellas luchas entre capitales y países por el control regional o mundial del territorio, de los flujos y de los destinos finales de la acumulación de capital.
Es en este marco que se explica un hecho local, pero significativo, en la búsqueda por entender procesos, dinámicas y lógicas relativas a la acumulación de capital. Se trata de la ampliación, por 15 años más, de la concesión petrolera a la empresa franco-británica Perenco, la cual está ubicada en el área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre (Petén, Guatemala) . Específicamente, de las maniobras ilegales que acompañaron tal ampliación y que hoy salen a luz pública con la condena a tres años de prisión para Sergio Enrique Veliz Rizzo, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dictada el 31 de julio del presente año.
Sergio Veliz Rizzo fue condenado por los delitos de falsedad ideológica y resoluciones violatorias a la Constitución, en específico por haber alterado la publicación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre, en especial aquellas disposiciones que impiden la actividad petrolera y que permitían establecer las afectaciones y riesgos a la biodiversidad ocasionadas por la actividad de la empresa petrolera. Este hecho ocurrió en el 2007, durante el gobierno del terrateniente Oscar Berger, quien está involucrado en este y otros casos deleznables de corrupción, entreguismo y aprovechamiento propio, como el haber gestionado para la expansión de la producción azucarera un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica a favor de la familia Witman, con la cual está emparentado.
No obstante la condena contra Sergio Veliz Rizzo, este podrá evadir legalmente la cárcel, evidenciando nuevamente la orientación del sistema de justicia guatemalteco. Mientras eso sucede, no existen procesos en contra de personeros de la empresa Perenco, siendo que en el expediente judicial figura una carta fechada el 13 de abril del 2010, firmada por el representante de tal empresa en Guatemala, en la que pide al ex-secretario que suspenda el Plan Maestro.
Más allá de lo anterior, las pruebas que fueron utilizada para dictar dicha condena, cuestionan la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este organismo, basándose en el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre alterado, deja en firme la concesión petrolera, después que diversas instancias sociales y académicas interpusieran un recurso de constitucionalidad en contra de la misma.
Sin duda alguna, la concesión a la empresa Perenco, ha sido siempre ilegítima e ilegal, cuestionable desde la perspectiva científica, ambiental, social, política y, ahora, jurídica. Por eso la oposición de organizaciones sociales, ambientalista, universidades, entre otras, las cuales han levantado nuevamente su voz para que se suspendan las operaciones petroleras en dicha área y se declare lesivo el contrato de ampliación entre dicha empresa y el Estado guatemalteco.
Es, reitero, un ejemplo de cómo opera el capital y de los cuales existe una cantidad innumerable en Guatemala. La explotación petrolera, sumada a la explotación minera, es parte de las formas de despojo y expolio que operan en este país. Lo hacen con una legislación permisiva, con gobiernos que operan sus planes y organismos que, en general, se orientan a vigilar sus intereses. Cuando sus planes encuentran obstáculos sociales, legales, institucionales, las empresas operantes activan procedimientos de distinto orden, como la evidenciada con el caso de Sergio Veliz Rizzo, en el mejor de los casos.
Vale decir, que esta ampliación a la explotación petrolera de la empresa Perenco, fue decretada en 2010 por el gobierno del autollamado socialdemócrata Álvaro Colom, el cual, más allá de la ilegalidad del caso y su responsabilidad al respecto y con relación a los daños que presentaba y presenta la reserva, tuvo la característica de dar continuidad servil al modelo de acumulación de capital imperante.
Por su parte, el actual gobierno del general Otto Pérez tiene la responsabilidad de declarar lesivo el contrato y suspender inmediatamente dichas operaciones. Lo contrario será una nueva evidencia del entreguismo al capital transnacional y local, y de un ejercicio gubernamental en contra el interés público. En el mismo sentido, es ineludible para el Ministerio Público continuar la investigación del caso y llevar a la justicia a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos.
Ante las características con las que actúa al capital y que dañan el interés público, habría que seguir reflexionando sobre la necesidad de afianzar con coherencia la protección ambiental y promover la nacionalización de las áreas económicas estratégicas del país, entre éstas la producción petrolera, minería, electricidad y comunicaciones, para garantizar precisamente el interés común. Esta sería, además, una salida para mermar los efectos de la crisis capitalista que se avecinan.
