Indudablemente, el llamado pacto social que supuestamente fue plasmado en la Constitución de la República de Guatemala en 1985, en realidad fue parte de la estrategia del establisment por instalar una forma de gobierno de fachada democrática que permitiera, al mismo tiempo, instaurar la hegemonía y “el consenso” en sustitución –parcial– de la forma violenta, represiva y militarista implementada a partir de 1954.
Lo anterior era esencial para el avance de una nueva fase de acumulación de capital, que desde la ideología neoliberal imponía la política de ajuste estructural para suprimir buena parte del control que el Estado mantenía sobre la economía –de por sí insuficiente– y liberar al capital en su propósito de aumento a sus ganancias. Esto se tradujo, por ejemplo: 1) En la privatización de empresas públicas, en particular aquellas de carácter estratégico y con altas y rápidas tasas de ganancia como la Empresa Eléctrica (EEGSA), la Empresa General de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), la Línea Aérea de Guatemala (AVIATECA), el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), y otras formas como la concesión a empresas privadas para la prestación de servicios de salud, educación y para la construcción de infraestructura pública, entre otras; 2) En la supresión de derechos sociales siendo el aumento en el déficit de ingresos fiscales producto de la privatización, la supresión o disminución de impuestos al capital, el despojo por corrupción, etcétera; esto en un contexto donde dichos derechos nunca lograron la calidad y universalización en su disfrute, que garantizara la dignidad humana de los guatemaltecos y guatemaltecas.
La nueva Constitución de 1985, además, permitía crear condiciones para pacificar el territorio, dando paso a la conclusión del enfrentamiento armado interno, el cual impedía la “gobernabilidad” del territorio, parte de las pretensiones y condiciones del capital para avanzar en sus intereses. De hecho, dicha Constitución se instaura después de infligir una derrota militar al movimiento revolucionario y en el contexto de un régimen opresivo y represivo, que impidió que los sujetos llamados a ser parte del “nuevo” contrato social fueran protagónicos del mismo.
En ese sentido, la Constitución de 1985, siguió sosteniendo el régimen: a) de dominio de la clase históricamente dominante, b) de afianzamiento del capital transnacional en su búsqueda por apropiarse y expoliar al país y explotar más libremente a la clase trabajadora, c) de influencia determinante del imperio estadounidense, y d) del lugar de primer orden jugado por la casta militar en la vigilancia y represión para la reproducción del régimen.
Es a este régimen al que contribuyeron las reformas de enero de 1994, así como la derrota de las reformas sometidas a consulta popular en mayo de 1999, algunas de ellas procedentes de los Acuerdos de Paz. Es a la consolidación de este régimen al que se orientan las actuales propuestas de reforma constitucional planteadas por el gobierno derechista y militarista de Otto Pérez.
Es decir, lo que hemos conocido en la historia larga de nuestro país –con excepción del período de 1944 a 1954– y en particular desde 1954 a la fecha, es un falso pacto social traducido en gobiernos de facto, constituciones políticas concebidas e impuesta por las elites económicas, políticas y militares, que en el caso de la Constitución Política actual abrió las puertas a la democracia de fachada y amplió el camino a la reproducción del expolio, explotación, pobreza, miseria y violencia en que vive la mayoría del pueblo guatemalteco.
De tal manera que un nuevo pacto social no puede prescindir de la representación legítima de la clase trabajadora obrera y campesina, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los migrantes. Esto, por supuesto, si se parte del supuesto que son conciliables los intereses de los sujetos antes mencionados y los intereses del capital transnacional y local.
En todo caso, cualquier reforma a la Constitución Política actual, con la forma y contenido planteados por el actual gobierno, solamente daría un respiro al falso contrato social y retrasaría un poco el agotamiento final del actual régimen económico y político imperante.
