La Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej presentó el nueve
de agosto la segunda edición, revisada y
aumentada del texto Demandas y propuestas
políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto
político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado
Plurinacional.[1]
Proveniente de una de las expresiones más importantes de los pueblos
mayas, esta publicación tiene una importancia fundamental para repensar la
sociedad y el Estado guatemalteco.
Esta propuesta trasciende la perspectiva y el derecho legítimo que tienen
los pueblos indígenas para demandar transformaciones sociales, económicas y
políticas, siendo las históricas y profundas problemáticas que les aquejan. Más
allá de esta perspectiva y derecho, Waqib’
Kej propone un nuevo modelo económico para la vida y un régimen político más
democrático. En ese sentido, trasciende a toda la sociedad, a todas y todos los
ciudadanos y sujetos colectivos que de una u otra manera sufrimos los efectos
de una economía basada en el expolio y la explotación y un Estado que sirve al
capital y reprime la protesta social y la demanda de derechos.
En específico, una de las propuestas relacionada con la fundación del Estado Plurinacional, Popular y
Multisectorial que plantea Waqib’ Kej, está referida al pluralismo
jurídico. Esto implica que el Estado reconozca constitucionalmente los sistemas
jurídicos de los pueblos indígenas. En otros términos, que acepte la existencia
y desarrollo de los principios, las normas, procedimientos, sanciones, los
órganos y autoridades
encargadas de su aplicación y cumplimiento, así como su competencia y
aplicación jurisdiccional. Así mismo, requiere que el Estado garantice la
coordinación, interacción y aplicación del sistema de justicia indígena y el
sistema de justicia occidental en todos los niveles del sistema de
administración de justicia. Complementariamente que utilice los idiomas
indígenas de acuerdo a la comunidad lingüística del procesado.
Esta propuesta se plantea en un momento en el cual resulta evidente el
fracaso del sistema de justicia oficial y dominante para garantizar justicia.
Esto se debe, entre otros factores, a que ha sido concebido y configurado para
servir a intereses de la clase social y los grupos políticos y militares
dominantes. Es un sistema que, como lo experimentan los pueblos indígenas y las
grandes mayorías sociales, opera de forma pronta y cumplida para beneficio de
quienes tiene la capacidad financiera de garantizarse impunidad y para utilizar
la ley como dispositivo de poder a su favor. Además, está altamente penetrado
por mafias y en muchos casos es operado por redes de funcionarios públicos y
bufetes de abogados a su servicio.
Es esto lo que justifica la propuesta
de fundación de un nuevo Estado y, en específico, la transformación del sistema
de justicia en particular. En un contexto como el guatemalteco, dichos cambios
incluyen modificaciones constitucionales y no solamente de leyes ordinarias.
Entre otras reformas constitucionales, el reconocimiento a la jurisdicción de los sistemas de justicia de los pueblos
indígenas.
Con ese propósito, corresponde a las
comunidades y pueblos indígenas luchar por sus derechos colectivos. Entre
otros, el relacionado con el desarrollo de todas las potencialidades y la
corrección de las imperfecciones en la aplicación sus propios sistemas
jurídicos. A las instituciones, organizaciones y población mestiza,
corresponderá erradicar el racismo reproducido socialmente y por el Estado, que
con prejuicios devenidos de campañas amarillistas contra la aplicación de la
justicia indígena, se niega las posibilidades que dichos sistemas poseen para
resolver los graves problemas, deficiencias e inefectividades con que opera el
sistema de justicia estatal.
En este momento que se discuten
posibles reformas constitucionales, debemos actuar en dirección a que se
conozcan los fundamentos y aplicaciones de tales sistemas de justicia indígena.
A partir de ahí seguramente encontraremos los argumentos necesarios para
desechar los criterios racistas e infundados que niegan los aportes de tales sistemas y la necesidad de su reconocimiento
constitucional en un marco de pluralismo jurídico que corresponde a una
sociedad configurada por la existencia de pueblos o naciones diversas.
En: Noticias del Corredor, Huehuetenango, CEDFOG, septiembre 2016
[1] Coordinación
y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Demandas y
propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del Buen
Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional (Guatemala: Waqib’
Kej, agosto 2016)
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