SALARIO DE HAMBRE DECRETÓ EL GOBIERNO DE GUATEMALA

Por Mario Sosa

Ayer fue dado a conocer la decisión del gobierno de aumentar el 5% del salario mínimo a la clase trabajadora más explotada. 

Esta decisión, como sabemos, forma parte de una política a través de la cual, quienes gobiernan, esconden la condenable explotación y sobreexplotación que sufre la clase trabajadora en el campo y la ciudad.  Eso es así cuando buena parte de los trabajadores no llegan a recibir ni siquiera el salario mínimo, siendo que los capitalistas implementan argucias como el pago a destajo, haciendo que los trabajadores y trabajadoras trabajen más de 8 horas para poder alcanzar un ingreso magro, que como sucede en las fincas, agronegocios y en negocios como los outsourcing (tercerización), en los cuales  además se obliga a trabajar en días festivos y sin el pago correspondiente por horas extras. Esto es aun más cruel en el caso de las trabajadoras y trabajadores de casa particular, y en el caso de miles de trabajadores que son condenados al trabajo temporal o de tiempo parcial, en los cuales se les niega toda prestación laboral.

En el 2014, quienes logren que les sea pagado el salario mínimo, ahora recibirán Q2 mil 530.34 al mes en el caso de los trabajadores agrícolas y no agrícolas, y Q2 mil 346.06 al mes quienes trabajan en la exportación y maquila.  Estos salarios provocan fundamentalmente indignación, siendo que no llegan a alcanzar siquiera la mitad del ingreso para garantizar la canasta básica vital, que para diciembre de este año alcanzará los Q5 mil 300 aproximadamente; es decir, aun faltarían Q2 mil 770  o más para que el salario tuviera una compensación que pudiera llamarse digna y correspondiente al trabajo intelectual y físico que todo trabajador y trabajadora despliega en su labor.

Mientras esto sucede con la clase trabajadora, empezaremos a ver las noticias sobre las exorbitantes ganancias que perciben los bancos, las fábricas, las fincas y agro negocios, las constructoras, los grandes comercios, los medios de difusión masiva (mal llamados de comunicación), los negocios educativos, la maquilas de distinto tipo y las empresas que se esconden bajo este rubro para evadir impuestos.  Sectores que como se sabe tienen inversión de grupos corporativos, locales y transnacionales, los cuales crecen de forma permanente, constante y sonante, y a su paso van dejando un saldo histórico de explotación, desigualdad y  miseria de nuestro pueblo.

Vale decir que dicha decisión se dio con la crítica u oposición de la representación de los trabajadores y de los capitalistas en la Comisión Nacional del Salario.

En el caso de la representación laboral, se conocieron las legítimas exigencias para que el aumento fuera mayor.  Pero como ha sido la tónica año tras año, una exigencia que no asume la necesidad de movilizar a las y los trabajadores, no solamente para lograr un aumento mayor al salario mínimo, sino también un aumento generalizado de los salarios.  Esta actitud, debiera ser objeto de autocrítica en las organizaciones sindicales y de presión desde las y los trabajadores que estamos muy mal representados. Necesitamos una renovación de las estrategias y de la dirigencia sindical. En tanto, las trabajadoras y trabajadores, debemos asumir con identidad de clase, una participación más activa y protagónica, consecuente con nosotros mismos y combativa frente a la clase explotadora.

Con relación a la representación del capital, de los llamados empresarios, su posición ha sido desde siempre oponerse al aumento al salario mínimo. La eterna cantaleta de los empresarios y sus comparsas, es que el aumento al salario hace que se pierdan empleos, desestimula su creación, estimula el trabajo informal, desincentiva la inversión, la competitividad y mil y más mentiras con sello empresarial-capitalista. Y es que, claro está, la plusvalía la obtienen con la explotación hacia las y los trabajadores, y compiten en el mercado internacional a partir de los salarios de hambre que pagan a la clase trabajadora en Guatemala. Y todavía osan llamarse emprendedores.

Patética la decisión de subir el salario en 5%, cuando se necesitaba un 100% de aumento, como mínimo.

HUBO UNA VEZ UN 13 DE NOVIEMBRE

Por Mario Sosa

Hubo una vez un 13 de Noviembre en la historia de Guatemala. Una fecha memorable en donde la ética y las ideas democráticas, patrióticas y revolucionarias, germinaron en algunos militares guatemaltecos, quienes la llevaron hasta sus últimas consecuencias. 

Corrían los días de la Contrarrevolución devenida de la invasión estadounidense ejecutada por militares traidores, por la oligarquía y por la máxima jerarquía de la iglesia católica, que implicó el derrocamiento del gobierno popular y democrático del también militar Jacobo Árbenz Guzmán: el Soldado del Pueblo. Eran tiempos en que se cuestionaba el papel del ejército como una institución sumisa y subordinada a las directrices de Estados Unidos, en la cual corría por sangre la corrupción y por norma, no la defensa de la soberanía nacional, sino la aplicación de una política anticomunista que aniquilaba a los hombres y mujeres más comprometidas con las causas de nuestro pueblo.

Fueron militares los que se levantaron ese 13 de Noviembre de 1960. Exigían no solamente un ejército depurado y profesional, sino un ejército patriótico. Su opusieron a jugar el papel de ejército de ocupación, que permitía el uso del territorio nacional en la preparación de la invasión a Cuba, planificada  y dirigida por Estados Unidos y ejecutada infructuosamente por mercenarios al servicio del imperio y del régimen servil de Fulgencio Batista, derrocado en 1959. Se oponían a esa política encabezada por el general Miguel Ydígoras Fuentes, en ese entonces uno de los presidentes de la contrarrevolución, con la complicidad del oligarca  Roberto Alejos Arzú, quien había facilitado su finca, La Helvetia, para preparar a los mercenarios batistianos.

De ese 13 de Noviembre, surgieron hombres heroicos como Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima, que continuaron con la lucha revolucionaria y anti imperialista.  En decidida alianza con organizaciones como el Partido Guatemalteco del Trabajo, gestan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y reinician en 1963 la lucha armada para derrocar al régimen oligárquico y de sumisión al imperialismo estadounidense. Ahora era una lucha que concretaba una alianza cívica y militar, con militares probos, éticos y revolucionarios, comprometidos con su patria, y con revolucionarios civiles comprometidos con la construcción de una patria libre y justa. Ahora era una lucha emanada, cada vez más, de la movilización de los sectores organizados más importantes, gestados desde los intereses de la clase trabajadora, de las comunidades indígenas y campesinas, de los sectores estudiantiles, profesionales, de mujeres, que encontraron en su articulación revolucionaria la posibilidad de construir un nuevo país.

No existe después de esas fechas, hechos que demuestren la existencia de militares con estos principios. La historia del ejército ha sido de sumisión a los intereses oligárquicos y estadounidenses. Hoy carecemos de un proceso revolucionario que por alguna vía se proponga transformar de raíz este país. Habrá que gestarlo y alcanzar los objetivos que se propuso la todavía vigente insurrección del 13 de Noviembre de 1960. Habrá que concebir y acordar una articulación política de todos los sujetos llamados a ser parte de ese proceso renovado, habrá que gestar un programa político revolucionario, una estrategia coherente, una dirección colectiva ética y capaz de aportar conducción política revolucionaria. 

LLAMAMIENTO DE LA PAZ – BOLIVIA A LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA, A LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS

Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condiciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan (…) un factor natural de socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual la cooperación se mantiene; las labores pesadas se hacen en común.

Mariátegui, Ideología y política

En el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de Alternativas (FMA) respecto del destino de las agriculturas y las poblaciones del campo en Asia, América Latina y África, debate cuyo primer episodio tuvo lugar en Beijing, China, en octubre de 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia,los días 22 al 24 de octubre de 2013, los participantes: representantes de organizaciones sociales y productivas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores, formulamos el siguiente llamamiento a los pueblos y gobiernos de nuestro Continente.

América Latina, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye entre otras dos dimensiones fundamentales: el dramático deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria.  Estamos en una encrucijada de orden civilizatorio ante la que sólo se abren en dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras de los campesinos, de los indígenas originarios y de los afrodescendientes sólo comparable con la que se dio durante la Colonia, para operar en los nuevos latifundios minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes presas que destruyen cuencas y una agricultura extractiva, rentista y especulativa, vía que profundiza la crisis; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena y de la agricultura que practican sus hombres y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y otras figuras ancestrales, como la familiar y la cooperativa, detiene el  deterioro ambiental y la crisis alimentaria a través de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos de la naturaleza.

La disyuntiva es civilizatoria y supone definiciones globales y estratégicas. Al respecto nuestra opción es clara: entre el agro-negocio y la agri-cultura nos adherimos al paradigma que inspira a las comunidades indígenas originarias, afrodescendientes y campesinas; alternativa con la que coinciden muchas voces, entre ellas la del relator de la ONU para la agricultura y la alimentación y todas aquellas instancias internacionales que han reconocido las virtudes productivas y socioambientales de la pequeña y mediana agricultura.

La vía que proponemos es estratégica, pero su adopción demanda también acciones inmediatas: leyes, políticas, programas e iniciativas específicas que avancen por la ruta de la soberanía alimentaria, la defensa de la naturaleza y la restauración de la convivencia social. Esto pasa por el respeto a la diversidad sociocultural de los pueblos y el reconocimiento de sus derechos territoriales y autonómicos de base comunitaria, pero también por la profundización e intensificación de los procesos democráticos nacionales.

El problema del hambre, que agravia a más de 800 millones de personas, nos concierne a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen, razón por la cual demanda estrategias integrales de planeación rural y urbana.  Pero ante todo es necesario que las comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para recuperarla no podemos apostar por un agronegocio al que sólo mueven las ganancias que reportan la agroexportación y el monocultivo; un modelo tecnológicamente predador, socialmente injusto y ambientalmente insostenible que con su abuso de los agrotóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores; una economía especulativa que lucra con el hambre. Sin ser excluyente, pues cuando se trata de los alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción; una agricultura que pese al abandono, desgaste y agresiones a los que ha sido sometida, sigue alimentando a gran parte del mundo con productos no solo sanos sino también identitarios, es decir representativos de la diversidad sociocultural.

 Pero la  pequeña y mediana agricultura no podrá potenciarse y alimentar a una población mundial creciente si se les siguen quitando tierras y aguas a los campesinos, las comunidades indígenas originarias y los afrodescendientes. Despojo que se intensificó en las últimas décadas y que en los años recientes devino carrera vertiginosa por repartirse el mundo barriendo con quienes lo habitan y lo mantienen vivo. Es necesario, es urgente, detener yrevertir este procesorestituyendolas tierras y territorios que les fueron arrebatadosa los indígenas, campesinos y afrodescendientes, incluyendo especialmente en este acto de justicia a las mujeres, cuyos derechos generales y agrarios han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral y aun imperante. Y este rediseño de la tenencia de la tierra habrá que lograrlo no mediante bancos de tierras o entrega condicionada y a cuentagotas de parcelas familiares, sino a través de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de antiguo por un sistema privatizador y anti campesino.

La restitución es indispensable desde la perspectiva del hambre, pues no se puede esperar un aporte decisivo de los campesinos a la soberanía alimentaria si estos no tienen tierras suficientes. Pero la restitución debe hacerse también y sobre todo porque es un derecho de los pueblos, un derecho histórico sustentado en la ocupación ancestral y reafirmado por el trabajo.

Defender ypotenciar la buena agricultura que practican las mujeres y los hombres del campo pasa por cambiar los patrones actuales de tenencia de la tierra y por reconocer los sistemas políticos de los pueblos indígenas originarios. Pero no puede quedarse en esto pues está visto que en un entorno económico desfavorable y sin recursos para cultivarlas y vivir dignamente de ellas, los campesinos abandonan o enajenan sus parcelas. Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer al agronegocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre otros bienes y servicios Políticas y accionesque no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan.

La crisis ambiental que nos sacude es una catástrofe antropogénica, o más bien mecadogénica, que a todos incumbe. Sin embargo lo que se haga en el ámbito rural por contenerla es decisivo pues es ahí donde se escenifica la más dramática destrucción de los ecosistemas y las culturas rurales y donde la batalla por su preservación y restauración es más intensa. Y en esta batalla los campesinos, indígenas originarios y afrodescendientes son protagonistas mayores pues, para ellos la madre tierra no es un simple medio de producción ni menos una mercancía, sino parte sustantiva de un binomio inseparable, de un todo armónico constituido por sociedad y naturaleza.

Los campesinos no sólo nos alimentan, al mismo tiempo preservan la vida del planeta. Pero también en este ámbito tienen derecho al apoyo: por una parte la comprensión, respaldo y corresponsabilidad de la población urbana y por otra el reconocimiento y retribución de sus aportes por parte del Estado. La madre naturaleza no tiene precio pero los esfuerzos para devolverle la salud que le hemos quitado suponen costos que la sociedad debe reconocer y sufragar.

Sin la participación de todos en las decisiones, es decir sin democracia, los caminos se cierran. Y el mundo rural la necesita con urgencia. Pero también en esto los indígenas, campesinos y afrodescendientes nos enseñan que no hay una sola manera que practicar la democracia sino muchas. Y ellos priorizan la democracia participativa y consensual, una democracia desde abajo, una democracia comunitaria  que es la única que legitima a los gobiernos locales, provinciales y nacionales.

La gran crisis no sólo es ambiental y alimentaria, también es civilizatoria por cuanto pone en cuestión los grandes paradigmas de la modernidad: el desarrollo y el progreso entendidos como crecimiento económico a toda costa.Y también ahí el mundo indígena y campesino nos da lecciones. Por una parte el concepto del buen vivir propio de los pueblos mesoamericanos, andino amazónicos, chaqueños, de la sabana, del Orinoco entre otros muchos originarios; pero también el concepto de bienestar como aspiración ancestral de todos los campesinos del mundo. Paradigmas, estrategias de pensamiento y sistemas de valores que en tiempos de crisis e incertidumbre son sin duda inspiradores.

Colombia es emblemática tanto de la crisis como de las vías que se van creando para superarla. Por ello los participantes en el seminariomanifestamos a la comunidad  internacional nuestro apoyo al proceso de paz, en la perspectiva en que contribuya a la transformación de la estructura agraria de un país al que caracteriza la más extrema concentración de la tierra. De igual manera hacemos votos porque el fin del conflicto armado signifique el pleno reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sido sus principales víctimas.

Estamos ante una encrucijada de orden civilizatorio que ni los pueblos ni los gobiernos latinoamericanos pueden soslayar. El orden clasista, colonial y patriarcal que además de destruir a la naturaleza explota a los trabajadores, somete a los colonizados, oprime a las mujeres y excluye a los jóvenes robándoles el futuro, debe ser dejado atrás. Los participantes en el debate sobre alternativas globales celebrado en La Paz, Bolivia, pensamos que la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos. Escuchemos sus voces.

Angelina Herrera - Cuba		Luciano Concheiro – México
León Enrique Ávila – México		Yolanda Massieu  Trigo – México
Violeta Nuñez - México		Patricia Couturier – México
Elsa Guzmán Gómez - México		Eduardo Marrufo – México
Armando Bartra - México		Carlos Rodriguez - México
Bernardo Mançano - Brasil		Antonio Thomaz Jr. – Brasil
Eraldo  da Silva - Brasil		Clifford Andrew Welch – Brasil
Eliane Tomiasi - Brasil		Osvaldo Aly - Brasil
Carlos Porto Gonçalvez - Brasil		Juan Wahren - Argentina
Luis Daniel Hocsman - Argentina		Mario Sosa - Guatemala
Licerio Camey - Guatemala		Francisco Hidalgo - Ecuador
Gonzalo Herrera - Ecuador		Esteban Daza - Ecuador
Carlos Pastor - Ecuador		Claudia Pilar Lizarraga – Bolivia
Carlos Vacaflores - Bolivia		Juan Guillermo Ferro Medina – Colombia
Gabriel John Tobón - Colombia		Laureano del Castillo – Perú
Miluska Carhuavilca - Perú		Oscar Bazoberry – Bolivia
Juan Valdes Paz – Cuba Francois Houtart (Foro Mundial Alternativas)		Eladio Morales - Colombia

¿PETÉN, TERRITORIO MEXICANO?

Por Mario Sosa

En medios de difusión masiva, el gobierno mexicano ha estado promoviendo una reforma energética, específicamente orientada a privatizar la producción petrolera.

Más allá de las críticas a esta política, por demás cuestionada por diversos sectores internos, en dicha propaganda aparece el mapa de México, incluyendo como parte de este al departamento de El Petén y a Belice.

Esto, sin duda, no puede ser calificado de un error. Es como mínimo una búsqueda de gestar un imaginario anexionista en los mexicanos, haciéndoles creer que estos territorios pertenecen a su Estado. Y como tal, puede ser calificado una afrenta a la dignidad y soberanía guatemalteca, que se viene a sumar a otros hechos, como la presencia de milicias estadounidenses en nuestro territorio.

Sin lugar a dudas, como guatemaltecos debemos indignarnos por esta falta de respeto y agresión proveniente del gobierno mexicano. Por mínima coherencia, el gobierno guatemalteco debiera levantar un serio reclamo y exigir el derecho de aclaración pública al gobierno mexicano.

No querríamos pensar que el gobierno mexicano está preparando condiciones para impulsar la anexión de un territorio legítimamente guatemalteco al dominio del Estado del Norte, contraviniendo inclusive la práctica respetuosa y solidaria que su pueblo ha demostrado hacia el pueblo guatemalteco.

AUTORIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE EL MODELO EXTRACTIVISTA Y RACISTA

Por Mario Sosa

El 9 de agosto, autoridades de once pueblos mayas y del pueblo xinca de Guatemala, realizaron un encuentro en el departamento de Totonicapán, el cual resulta muy significativo políticamente en la actual coyuntura nacional.

En dicho encuentro compartieron sus experiencias de lucha ante el despojo que están padeciendo ante la embestida de los proyectos mineros, hidroeléctricos, la expansión de la palma y la caña, los megaproyectos como el canal interoceánico (o canal seco) y los cobros excesivos en materia de energía eléctrica, así como ante el conjunto de políticas y acciones procedentes del Estado racista que gestiona los intereses de los capitales interesados en continuar, profundizar y expandir tal saqueo.

Dicha reunión constituyó un encuentro de voces, historias y experiencias articuladas por la agresión del capital y del Estado que impone un modelo de desarrollo que reproduce las condiciones de miseria, de expolio y de desposesión en todo el país. Fue un encuentro en el cual las autoridades propias y en buena medida representativas de sus respectivos pueblos, afirmaron la existencia de sus sistemas políticos. Esto adquiere relevancia en función del planteamiento de autogobierno que con términos como autonomía, libre determinación y autodeterminación han venido planteando distintas formas de resistencia en defensa del territorio. Un planteamiento que no se orienta a buscar la separación del Estado guatemalteco, pero sí a demandar el reconocimiento de sus formas de organización, autoridad, consulta, sistema de justicia, entre otros elementos, los cuales históricamente han sido objeto de rechazo desde un Estado por cuyas venas transcurre el proyecto oligárquico.

Por ello y desde ahí, exigen el respeto a sus consultas de carácter comunitario en materia de minería e hidroeléctricas, rechazan la reglamentación que el Estado pretende para enmarcarlas y encarcelarlas en el orden jurídico impuesto. Asimismo, cuestionan las políticas clientelares y las medidas que impiden el ejercicio del derecho a decidir el tipo de desarrollo que desean (facultado por el Convenio 169 de la OIT). Rechazan la persecución, criminalización y militarización que está implementando el actual gobierno en contra de las distintas formas de resistencia legítima. Por último, exigen la cancelación de licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras y demás megaproyectos.

Este encuentro constituye un esfuerzo importante de articulación política en busca de la unidad de los pueblos. Previamente, en la región de la Sierra de las Minas, en la comunidad de Ribacó (Purulha, Baja Verapaz), los días 7 y 9, se realizó el II Encuentro de Tezulutlán Rakun Rixkun Aq’al-aj Ral Ch’och’ (Hijos e Hijas de la Madre Tierra) quienes reunidos en Chutan (Consejo), gestaron un posicionamiento político con la misma orientación general: la defensa de la tierra y el territorio.

Sin duda alguna, el avance que demuestran estos encuentros es esperanzador para la articulación política de pueblos que exigen ser sujetos y no objetos del Estado y del capital. Son esfuerzos además que nos aportan aprendizajes en materia de resistencia y que tendría la capacidad de avanzar hacia resultados de mayor alcance, como el lograr por la vía política que las consultas contra el modelo extractivista se impongan por sobre el saqueo y la idea falsa e impuesta de desarrollo. Son ejercicios, asimismo, que con sus posibilidades y limitaciones no debieran ser obviados por ningún intento de articulación política hacia abajo, desde los pueblos, desde la izquierda, desde el movimiento social y político en busca de la transformación social en nuestro país.

DESARROLLO: UN CONCEPTO EN DISPUTA

Por Mario Sosa

¿Qué se entiende por desarrollo? ¿Cuáles son los principales procesos, dinámicas y cursos del desarrollo que se registran en el país? ¿Cuáles son los asuntos problemáticos y contradictorios del actual modelo de desarrollo? Estas y otras preguntas fueron analizadas en el Seminario “Los desafíos del desarrollo en Guatemala”, organizado por la Universidad Rafael Landívar, a través de sus institutos de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) y de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), y en el cual participaron académicos nacionales e internacionales, actores del sector privado organizado, del cooperativismo y el movimiento social, así como funcionarios públicos vinculados a las temáticas abordadas.

El desarrollo es un concepto por demás controversial, objeto de debate, cuestionamiento y deconstrucción, debido fundamentalmente a su carácter hegemónico, impuesto, unilateral, lineal, jerarquizante, excluyente, economicista, antropocéntrico, occidental, paliativo y proyectista de observar, plantearse y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad, en un contexto marcado por relaciones de poder tanto en el ámbito global, como regional y nacional. Un concepto hegemónico, normativo y, como diría Escobar, un principio organizador de la vida social y árbitro en última instancia del pensamiento y de la práctica, un discurso que crea un vasto aparato institucional a través del cual se despliega y por medio del cual se convierte en fuerza social real y efectiva (1997 y 2005), y, como afirma Quijano, un dispositivo para la conquista técnica de la naturaleza y la cultura (2002).

Lo anterior es útil para contextualizar el marco del debate observado, el cual está instalado en los medios de difusión así como en un conjunto de formas de acción colectiva y de políticas que se confrontan en el proceso social. Un debate en el que surgieron visiones que para su análisis se enmarcan en dos matrices ideológicas, que permiten englobar los estudios, interpretaciones, perspectivas y propuestas divergentes y antagónicas en materia de desarrollo.

La primera matriz ideológica corresponde a intereses empresariales, correspondientes al capital dominante de procedencia local y transnacional. Desde ahí se plantean actividades extractivas de distinto tipo (minería, hidroeléctricas, producción de palma, expansión de la producción de azúcar) como motores de desarrollo. Asimismo, se propone la necesidad de mejorar las condiciones de inversión, la certeza jurídica y la seguridad, así como avanzar en la flexibilidad laboral y el abaratamiento de los costos de producción (como la energía) para garantizar que la actividad productiva genere los empleos necesarios para disminuir la pobreza.

Es relevante que el matiz que presentaron las instituciones gubernamentales fue de carácter burocrático-técnico, que en buena medida evadió los problemas y contradicciones del modelo de desarrollo imperante y acuerparon la visión empresarial. Es decir, se observó una institucionalidad gubernamental alejada del interés público, no solamente por sus visiones y propuestas, sino por la orientación de las políticas y acciones dominantes, incluidas las de seguridad que apuntan a proteger los intereses extractivos por sobre los procesos democráticos y de acción social que se han manifestado mayoritariamente contrarios en más de setenta consultas comunitarias realizadas entre 2005 y 2013.

En la segunda matriz se incluye a un conjunto de actores sociales, rurales, campesinos, indígenas, ambientales y académicos que cuestionan los efectos, costos y conflictos que genera el actual modelo. En ésta su ubican planteamientos críticos a las perspectivas presentadas por los ponentes de la primera matriz. Aquí se ubican aportaciones que recuperan experiencias de diversos países (México, Chile, Perú, España y Guatemala) y de diversos contextos de nuestro país.

En específico se cuestionó la falta de consideración sobre: el acaparamiento de la tierra y el despojo territorial que padecen las comunidades rurales, la reforma tributaria, la crisis ambiental y el cambio climático, los efectos, costos y conflictividad generada por las actividades extractivas, los aportes de la economía campesina, entre otros. Asimismo, se hizo consideraciones sobre sus efectos en la profundización de la exclusión social, el deterioro democrático y la generación de ingobernabilidad política y económica. Complementariamente también se cuestionó la legitimidad del sistema político y de justicia, acentuada por el papel de veto atribuido al sector privado, ejemplificado en su oposición determinante a las propuestas de un Código Agrario y de una Ley de Desarrollo Rural Integral.

Como puede observarse, ubicar los planteamientos en las dos matrices ideológicas como recurso analítico refleja sus contradicciones, siendo que: 1) La primera está afincada en el interés sectorial correspondiente a quienes históricamente han tenido la capacidad de configurar y dar conducción estratégica al modelo de acumulación de capital y al Estado, así como quienes devenidos de corporaciones transnacionales o locales, intervienen en este misma dirección, con la consiguiente cauda de pobreza en la mayoría de la población guatemalteca; 2) La segunda matriz, enraizada en sujetos, intereses y propuestas relacionadas con el interés común, cuestionan las actividades extractivas como expresiones de desarrollo, reivindican derechos colectivos y proponen alternativas.

Estamos ante una disputa por un concepto y sus consecuencias prácticas en la vida humana y en la naturaleza. Ahí se ubica quizá el principal desafío del desarrollo en Guatemala.

Bibliografía

1. Escobar, Arturo (2005) “El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social”. En Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.
2. ____________ 1997 (diciembre, 1997) “Anthropology and development”. En International Social Science Journal, Vol. 49, Issue 154, p 497-515. MA: UNESCO. Traducido del inglés.
3. Quijano Valencia, Olver (2002) De sueño a pesadilla colectiva Elementos para una crítica político-cultural del desarrollo. Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

CORTE POLÍTICA DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Tal como se esperaba, en la Corte de Constitucionalidad empezó a concretarse la orden del Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, para retrotraer, entrampar y, finalmente, anular la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

En su resolución del 20 de mayo, dicho tribunal ordenó retrotraer al 19 de abril de 2013 el juicio contra José Efraín Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983, y contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia, con lo que invalidaron la sentencia en la cual, el primero de los mencionados, había sido declarado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, y sentenciado a 80 años de cárcel.

Hoy, es claro, que la Corte de Constitucionalidad* se ha sumado institucionalmente a la protección de gobernantes de facto cuyas ejecutorias fueron criminales y genocidas. Bajo criterios como “ser el supremo interprete de la Constitución Política de la República”, “encargado de la defensa del orden constitucional”, “las resoluciones –de ahí emanadas- tienen plenos efectos frente a todos”, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, quienes votaron a favor del recurso objeto de la resolución, pretenden que aceptemos y acatemos un fallo que indudablemente acuerpa jurídicamente a quienes cometieron actos de genocidio en el país, en este caso en contra del Pueblo Ixil. Pretenden que aceptemos un fallo que hace eco de la estrategia güisachera y falta de ética que ha venido desarrollando la defensa de los militares acusados y sentenciados, y que tiende a garantizar impunidad a otros militares -como el mismo presidente Otto Pérez-, acusados e implicados en crímenes durante el conflicto armado. Es un fallo que constituye un insulto contra las víctimas y un atentado contra un sistema de justicia en franco deterioro y desprestigio.

Atrás quedaron los años en que se creía que la Corte de Constitucionalidad era el órgano que garantizaba credibilidad al régimen imperante. Hoy, el descarado ejercicio de poder, ha revelado que su orientación emana desde quienes detentan el poder económico y político fundamental en el país y, consiguientemente, que su verdadero carácter es político antes que jurídico. Es decir, un órgano al servicio de intereses corporativos y fascistas, contrario a los intereses de bien común y justicia que formalmente garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es por todo ello que la Corte de Constitucionalidad ha pasado a convertirse en objeto de impugnación ciudadana. Organizaciones de víctimas del genocidio, de instituciones y organizaciones sociales, de derechos humanos, quienes se han sometido al orden jurídico para exigir justicia por masacres, asesinatos, violaciones sexuales, entre otros crímenes cometidos por el ejército guatemalteco, hoy acusan a la Corte de Constitucionalidad de actos de ilegalidad por haberse extralimitado maliciosamente en este caso. Esto porque contrariamente, la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad abona a la impunidad en el país y, con ello, hoy se ha ubicado en el mismo orden de organismos como el Congreso de la República, por demás cuestionados y desprestigiados.

Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se ha convertido en una corte política de constitucionalidad, ha generado evidentes consecuencias jurídicas y en materia de Derechos Humanos, denunciadas inclusive por los dos magistrados que votaron en contra de la misma. Las consecuencias políticas e institucionales producto del cuestionamiento ciudadano, que la observa como una Corte política al servicio del CACIF y de los genocidas, se determinarán seguramente en el curso de las próximas semanas y meses.

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* La Corte de Constitucionalidad, tribunal encargado de garantizar el orden constitucional, ha devenido en el órgano al cual acuden por cualquier asunto contrario a sus intereses, grupos corporativos, empresarios, políticos y, como en este caso, operadores jurídicos que intentan garantizar impunidad a sus defendidos después de haber sido hallados culpables por tribunal competente. Esto debido, como ha sido usual, a que la Corte de Constitucionalidad gesta la vigencia de una Constitución Política de la República (1985) que garantiza la continuidad del régimen económico y social imperante y que deviene de la política contrainsurgente instituida por el Estado guatemalteco antes y posterior a la aprobación de dicho instrumento jurídico-político.

LA OLIGARQUÍA GUATEMATLECA EN DEFENSA DE SUS SERVIDORES

Por Mario Sosa

El máximo órgano del capital organizado en Guatemala, el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, ha salido a la defensa de uno de sus cuadros militares más efectivos: Ríos Montt. Y no podría ser otra manera, siendo que dicho ex dictador fue uno de los más fieles servidores y defensores del régimen de explotación, saqueo y opresión que ha existido históricamente en Guatemala, el cual ha sido construido y del cual se han beneficiado quienes ahí se integran, un régimen que ha condenado a la mayoría de esta pueblo, a la miseria, desnutrición, analfabetismo, desempleo, emigración, etc.

Han salido de sus palacetes quienes han manejado el país como su finca, quienes nos siguen viendo a los ciudadanos y ciudadanas como sus mozos, y a los jueces como parte de sus equipos de capataces. Han salido en defensa de uno de los operadores del genocidio, política en la cual también participaron civiles que facilitaron sus fincas, actuaron en órganos como el partido de la violencia organizada, el llamado Movimiento de Liberación Nacional, y quienes desde sus lujosas oficinas daban conducción estratégica a su instrumento máximo de dominio: el Estado.

En comunicado y conferencia de prensa, han salido a descalificar al tribunal que condenó por genocidio a Ríos Mott, afirmando: “…el Tribunal hizo una calificación inadecuada de la figura de genocidio” y han acusado a la comunidad internacional –a falta de poder argumentar el cuco del comunismo, del narcotráfico o del terrorismo– de haber presionado para que se diera tal condena. Además, como una amenaza velada desde su poder, se han declarado en sesión permanente para analizar las consecuencias de la condena y entre líneas han ordenado públicamente a la Corte de Constitucionalidad –donde operan sus cuadros más lúcidos en materia de jurisprudencia- “anular la condena, preservar la gobernabilidad y el futuro del país”. Niegan y se anteponen a lo que documentos, testimonios de víctimas y peritos han corroborado: el genocidio y la política contrainsurgente con carácter clasista, racista y homofóbica.

Cuando condenan a uno de los suyos o de sus servidores, el CACIF no está de acuerdo. Y cuando esto pasa, además de oficiosa defensa, empieza a construir argumentaciones y justificaciones ideológicas como plantear que los tribunales han sido presa del “conflicto ideológico”, que el veredicto “abona a la polarización”. Además, se ubican como los adalides del país cuando afirman que se debe recular para “mantener el Estado de Derecho” y argumentan que por esa razón no pueden “aceptar estas resoluciones ilegales”.

Lo grave de esta actitud del CACIF es que, implícitamente, viene a alentar a ciertas organizaciones y redes que están propagando discursos anticomunistas y que están lanzando amenazas e intimidaciones a granel en contra de víctimas, activistas y líderes sociales que han ejercido su legítimo derecho de exigir justicia.

Quienes nos asumimos como ciudadanos libres no podemos aceptar que un grupo minoritario representado en el CACIF, quiera imponer su ley, que se atreva a descalificar a la autoridad jurídica y que conmine a la Corte de Constitucionalidad a aceptar su designio oligárquico.

Los hechos históricos y las pruebas jurídicas son contundentes. Si se da marcha atrás en la condena, CACIF y sus servidores en el organismo judicial, serán los responsables de atentar contra los derechos de las víctimas y contra la justicia.

EL GOBIERNO DE LA MANO DURA EN TERRITORIO XINCA

Por Mario Sosa

Desde su inicio, el gobierno del militar Otto Pérez Molina ha preferido llevar a cabo una agenda que mantuvo oculta durante la campaña electoral y que impuso por sobre una agenda orientada a resolver los problemas que enfrenta la mayoría de nuestro pueblo. Este gobierno se ha volcado, por un lado, a garantizar los negocios a sus financistas y, por otro y de forma complementaria, a garantizar el saqueo de la minería, hidroeléctricas y demás proyectos extractivos.

Con ello no solamente está vulnerando aun más los derechos a la salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros, sino además gesta la profundización de un modelo de “desarrollo” que supedita la seguridad y soberanía alimentaria, las necesidades del área rural y de la economía campesina, la demanda de empleo formal y digno para todas y todos los guatemaltecos, la seguridad que fue una de sus promesas de campaña, sólo para mencionar algunos de los graves efectos de las políticas de este gobierno militar y corporativo.

Una gestión así, entonces, no puede sino generar descontento y protesta social. Ante un modelo basado en la explotación, el expolio y la exclusión exacerbada, los movimientos sociales, comunidades, pueblos y diversos sectores, entre ellos el científico, han reaccionado planteando críticas, propuestas y demandas. Comunidades y pueblos a través de autoridades propias y gobiernos municipales, han llevado su ejercicio ciudadano al extremo, y han realizado más de setenta consultas comunitarias como actos de profunda democracia para decidir sobre actividades que son consideradas lesivas para el ambiente, la economía campesina, local y nacional. Son consultas que desde un gobierno verdaderamente democrática permitirían gestar un modelo de desarrollo alternativo para garantizar la solución de los problemas nacionales, satisfacer las necesidades mayoritarias, convertirnos en un país soberano y no supeditado a la ideología e interés de las empresas transnacionales y grupos corporativos locales.

La falta de respuestas coherentes del Estado y del gobierno actual a la demanda y actitud democrática ciudadana, explican por qué varias comunidades, pueblos y movimientos sociales, además de consultas, han generado otro tipo de acciones para hacerse escuchar ante proyectos impuestos. Y siendo el carácter militar y corporativo del actual gobierno, su respuesta ha sido el uso de la fuerza extrema, como la utilizada en contra del pueblo k’iche’ en la Cumbre de Alaska, o el estado de sitio y represión en Santa Cruz Barillas, la presencia militar y policial en San José del Golfo, entre otros casos ilustrativos.

Estas acciones corroboran la orientación del gobierno señalada al inicio de este artículo: gestión de una política para facilitar el saqueo de nuestros territorios. Pero más allá, no solamente actúa contra los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino además, instituye la continuidad del Estado racista, que sigue negando la existencia de sujetos colectivos como los pueblos indígenas, de sus sistemas jurídicos, de sus formas de organización, consulta, decisión y autoridad, con lo cual viola, asimismo, el Convenio 169 de la OIT (de carácter constitucional al ser materia de Derechos Humanos), instrumento que los faculta a decidir sobre su propio desarrollo, a ser consultados por el Estado cuando existan proyectos que puedan afectarles.

Es esto lo que ocurre con el estado de sitio en municipios de Jalapa y Santa Rosa, donde el pueblo xinca ha desplegado sus formas de organización, toma de decisiones y sus estructuras de autoridad, en contra de un proyecto minero impuesto. Y la respuesta del gobierno ha sido reprimir y establecer un estado de sitio con dantesca presencia militar que recuerda los años de terror implementados por el Estado a través del ejército y la policía, todo ello para perseguir a las autoridades xincas y amedrentar la resistencia de un pueblo que exige decidir sobre su propio destino. Un estado de sitio justificado falsamente en el combate al narcotráfico y crimen organizado, amparado en una constitución de origen contrainsurgente y avalado por medios escritos, radiales y televisivos propiedad de los grupos corporativos y del capital transnacional, sin faltar la venia del capital organizado en el CACIF.

Con este estado de sitio que, como dicen autoridades xincas, es más un estado de guerra contra su pueblo, el gobierno está asumiendo una práctica fascista antagónica a las búsquedas democráticas. Asimismo, está generando las condiciones para lograr todo lo contrario de lo que argumenta para justificar su estado de sitio: ingobernabilidad, orden militarizado e inseguridad para la ciudadanía.

En lugar de llevar escuelas, hospitales, vivienda digna, apoyo a la economía campesina, etc. al pueblo xinca, el gobierno de la mano dura está llevando ametralladoras, tanquetas, amenazas, saqueo minero.

Mujeres

Mujeres que piensan y aman
Que se apasionan y luchan
que se emancipan y nos liberan

Mujeres de versos y tratados
de hierro y de ternura
de certezas y sueños

Mujeres que dirigen y arremeten
que crean y recrean
que enseñan y transforman

A ustedes Mujeres
voces, letras y puños combativos
que escriben Historia
con pasos de gigantes

A ustedes Mujeres
que construyen
nueva Humanidad

        Mario Sosa

DE CASTILLO, Y DE XAHIL

En mí país
a José Castillo le hacen misa en catedral
lo velan en caja de oro,
altar y salón para la ocasión
lo entierran en mausoleo familiar exclusivo
lo anuncian en 50 páginas de amplia circulación
le hacen programas de resignación
dicen sentirlo las cámaras, gremiales
empresas, instituciones
y hasta su gerente gubernamental

En cambio
a Juan Xahil lo desentierran de fosa común
sustituyen la XX con su identidad
lo envuelven en manto multicolor
en caja de pino y alfombra de tul
a los 30 años de su pretendida desaparición
y anuncian su funeral, con suerte,
en el altoparlante comunal

Que finquita en la que nos ha tocado vivir…
que José quede en agenda oligárquica-empresarial
en historia por enterrar
que Juan quede en digno corazón
en historia por construir

El heroísmo de los migrantes

Recientemente, el Banco de Guatemala informó que las remesas familiares representan el 11% del Producto Interno Bruto. En cifras brutas, en el 2012 estas crecieron 9.2% con respecto al 2011, alcanzando la cifra de US$ 4 mil 782.7 millones.

En otro sentido, las exportaciones del país se situaron, al mes de octubre de 2012, en US$ 8 mil 462.1 millones, con un decrecimiento de 2.1 por ciento. Comparativamente, las remesas representan el equivalente al 57% de los ingresos por exportaciones y superan a los principales productos de exportación, como el café, azúcar, banano y piedras preciosas. Sin embargo, tienen una diferencia sustancial. Los ingresos por exportaciones se orientan a recuperar costos y una parte puede considerarse ganancia o plusvalía. Pero en el caso de las remesas, estas se distribuyen de forma más horizontal por procedencia y estratos sociales de destino, y no se disgregan en inversiones y ganancias; es decir, casi la totalidad estaría exenta de esa diferenciación, exceptuando aquella parte que es utilizada para pagar las deudas del emigrante adquiridas en su travesía migratoria y aquella que es objeto de apropiación por las empresas bancarias en la prestación de los caros servicios financieros por la transacción y el cambio de moneda.

En otras palabras, lo anterior muestra el peso fundamental que tiene dicho ingreso en la economía nacional, para la estabilidad macroeconómica (por el ingreso de divisas, la estabilidad cambiaria, el estímulo de las importaciones, etc.) y, especialmente, para la subsistencia de las familias ubicadas en las capas medias y en los segmentos populares.

Las remesas son fruto del trabajo digno de miles de guatemaltecos y guatemaltecas procedentes principalmente de las clases populares y sectores medios, de áreas rurales y urbanas, de población maya y mestiza, que han tenido que migrar producto de un modelo económico expoliador y excluyente. Son, además, envíos principalmente monetarios logrados después de una riesgosa travesía y de padecer condiciones laborales y sociales de sobre explotación, discriminación y racismo en los lugares donde han podido obtener un empleo generalmente temporal y hasta en la informalidad, acosados por la política de persecución criminalizadora y violatoria de Derechos Humanos y por las mafias más criminales.

Es indudable la contribución de los migrantes guatemaltecos en otros países, porque de ahí miles de familias logran llevar el pan a la mesa, acceder a un mayor nivel educativo, a un poco de recreación, a una vivienda digna, a capital para inversión en comercio y producción de pequeña escala, etc. Con ello resultan en un factor de primer orden en la generación directa e indirecta de empleo, en la activación del raquítico mercado interno.

Sin las remesas y los migrantes, el país estaría en la banca rota en materia económica, mostrando la incapacidad de las elites económicas y políticas que han conducido el Estado para crear condiciones de desarrollo endógenas. Un modelo del cual dichas elites sí se han beneficiado.

Todo ello permite y requiere reconocer el heroísmo de esos guatemaltecos -como el de miles de latinoamericanos- que arriesgando su propia vida, son un pilar fundamental para evitar o extraer de la pobreza a miles de guatemaltecos, y para que el país no languidezca en la miseria, ya de por sí indignante.

Son además un pilar de la economía de sobre explotación en Estados Unidos, que requiere de su fuerza de trabajo en aquellas actividades que sus propios ciudadanos rechazan por esa rezón principalmente. Un pilar de la economía de un Estado cuyos partidos hegemónicos, el demócrata y el republicano, hoy se encuentran en pista de circo aparentando un acuerdo para aprobar una reforma migratoria. Reforma migratoria que dependerá, en última instancia, de la lucha que los propios migrantes puedan impulsar.