Comentarios a partir del libro
“Rupturas, reconstrucción y continuidad en cinco comunidades q’eqchi’: las mujeres y el acceso a la tierra.
URL, 16 de octubre de 2007
Mario Sosa
Las ideas que a continuación compartiré no se alejan del aporte concreto, valioso y rico que nos hace el estudio que hoy se presenta. En todo caso constituye una recuperación que me resulta valiosa, una puntualización que aporta al conocimiento del problema y una ampliación que considero necesario tomar en cuenta al momento de conversar sobre la tríada, Mujer, tierra y Estado.
Indudablemente, alrededor de la tierra –de su propiedad y usufructo- se ha reproducido no solamente un régimen de explotación y expoliación social en general, sino también se ha reproducido un sistema de desigualdad que, en el caso particular de las mujeres, representa una de las principales condiciones que mantienen y reproducen su situación explotación y triple opresión: de clase, de género y étnica.
De los académicos, técnicos y tecnócratas, de la población campesina y las mujeres campesinas en particular es sabido, que la propiedad de la tierra es condición para el acceso a crédito, capacitación, tecnología… pero sobretodo, para el acceso a poder, poder con el cual se pueden modificar condiciones y relaciones sociales marcadas por la injusticia. De tal manera que, en el caso de la mujer, el hecho de que carezca de propiedad no solamente la limita, sino le impide acceder a información, recursos, capacidades y, por consiguiente, a poder, el cual queda en manos de quienes en su calidad de hombres, propietarios –de parcela, de propiedad colectiva como titulares o de latifundios- mantienen la propiedad o el usufructo sobre este recurso indispensable y principal para la reproducción social en el campo.
En este sentido, es necesario recordar que estamos ante una problemática que procede de varias fuentes de explicación.
Primero:
La estrategia patriarcal para la transmisión de la propiedad sobre la tierra, excluye generalmente a la mujer, privilegiando a los hombres y principalmente al primogénito; estrategia que si bien se explica como estrategia de reproducción campesina, también resulta en una estrategia para la reproducción de relaciones patriarcales. Este esquema de reproducción social ha condicionado el papel de la mujer, relegándola y limitándola a jugar un papel preestablecido en el ámbito de la organización familiar y comunitaria, campesina y rural.
Esto es lo que hace que el hombre sea, en esencia, el único sujeto con derechos a la tierra y el único sujeto agrario. Además, el único sujeto visibilizado. En esta condición, suele no considerarse o desconsiderarse la importancia histórica de la mujer campesina como fuerza de trabajo en la parcela familiar –en propiedad o usufructo- y en las fincas dentro y fuera del territorio nacional, pero también ha sido el cimiento para su invisibilización como productoras, trabajadoras y reproductoras de vida, del trabajo y de un sistema que no deja de sostenerse en la capacidad productora y reproductora del campesinado.
Esto, sumado al carácter patriarcal de las comunidades rurales, indígenas y no indígenas, y a la sociedad en general, han impedido que la mujer campesina se constituya en sujeto de derechos concretizados: a la propiedad o co-propiedad, al crédito, a la tecnología, a la salud y educación, a la organización y participación política protagónica en la comunidad, la organización, el partido y la sociedad en su conjunto.
En esta misma dirección es necesario cuestionar el relativismo cultural y la falta de crítica a la cultura –en nuestro contexto a “la cultura” ladina o mestiza e indígena-, que sin caer en una actitud racista o asimilacionista, retome la necesidad de construir sociedades y pueblos justos e igualitarios, sin aducir la cultura y sin asumirla como fetiche para la reproducción de desigualdad e injusticia.
Segundo
La problemática que enfrenta la mujer campesina no puede desvincularse de su clase social y, por consiguiente, del modelo de acumulación imperante que reproduce y profundiza las condiciones del campesinado guatemalteco. Ya conocemos como el capitalismo (algunos dirán el mercado como ambigüedad discursiva cargada de ocultamiento) define un lugar marginal a la economía campesina, pero al mismo tiempo esencial para la reproducción social del trabajo y el mantenimiento del ejército de campesinos en permanente reserva; un capitalismo que en su modalidad guatemalteco prioriza la producción para la exportación, la concesión indigna de los recursos naturales, las carreteras por sobre la salud y la educación; es decir, prioriza necesidades externas, alejadas del interés de la gente del color de la tierra como poéticamente se le ha denominado en el contexto mexicano a la gente indígena y campesina, a la gente olvidada.
Las viejas y nuevas modalidades de acumulación de capital, como la extensión e intensificación de la minería, la producción de agro combustibles, los megaproyectos (como la FTN), los tratados de comercio impuestos, los plantes regionales como el PPP, tendrán un impacto directo en el agro guatemalteco y en particular sobre la clase campesina concebida como trabajadores, productores, familias y comunidades campesinas y, por supuesto, como mujeres campesinas. La anunciada crisis alimenticia, la quiebra de productores de granos básicos, la extensión del despojo de tierras o su compra a precios obligados, el desplazamiento de población, la anunciada crisis alimentaria, son sólo algunos de esos efectos que ya están empezando a sentirse y que, algunos de ellos ya los registra el libro que hoy se presenta.
Los procesos de la mal llamada globalización, que no es otra cosa que el carácter de desarrollo actual del sistema capitalista, generan modalidades cualitativa y cuantitativamente particulares, por ejemplo de migración, con su consabido impacto en el papel de la mujer en la familia, en la producción y el trabajo agrícola y doméstico –dentro del hogar y fuera de este en la ciudades-, en la organización social y política comunitaria y regional, etc. Generan impactos profundamente injustos en términos de propiedad sobre la tierra, los salarios e ingresos, las jornadas dobles de trabajo fuera y dentro del hogar, las exclusiones políticas, la marginalidad. Son impactos que genera, no esa abstracción ambigua llamada globalización, sino el sistema capitalista y su modalidad de “desarrollo” que reproduce la injusticia y la desigualdad.
Tercero
El Estado guatemalteco no hace más que reproducir el mismo esquema, pues no solamente ha reproducido la “lógica del mercado de tierra”, sino además ha reproducido la lógica patriarcal al no intencionar políticas de acceso a medios de producción por parte de las mujeres o al intencionarlas sólo cuando existe presión internacional para ello.
En esta dirección el proceso es lento, sobretodo en contextos en donde quienes instituyen las políticas están marcados por lógicas conservadoras, carácter que también presentan aquellas lógicas supuestamente progresistas que subyacen en políticas paliativas, parciales y temáticas (fondo indígena para los indígenas, Promujer para las mujeres). Lógicas que en sus informes nos hablan de coberturas y avances que resultan ínfimas contribuciones que no se corresponden con el papel y la participación de la mujer en la producción, el trabajo y la reproducción social. Lógicas que además se reproducen en proyectos colectivos desde la misma organización campesina en sus múltiples modalidades, cuya propiedad de la tierra si bien puede estar en manos de la cooperativa, a la misma pertenecen especialmente los hombres en representación de la familia beneficiaria, lo cual a su vez representa que son ellos quienes toman las decisiones sobre la tierra, sobre el carácter del proyecto de desarrollo comunitario y sobre la colectividad. Lógicas que, además, son contradichas por las políticas fundamentales (como las económicas, energéticas, mineras, de infraestructura, etc.) que profundizan la explotación, expoliación, desplazamiento, marginación de la clase campesina en su conjunto.
La inexistencia de estadísticas y políticas coherentes con la gravedad de la problemática, parten de ignorar u ocultar el papel de las mujeres como productoras de la tierra y, a partir de ahí, como productoras de reproducción social, cultural, de vida. Se les recupera sólo y sí constituyen un producto atractivo para venderlo a la cooperación no gubernamental, intergubernamental, a los organismos internacionales de crédito, etc.
El Estado sigue siendo entonces, en esencia, un instrumento para concretar y legalizar el desbalance en las relaciones en el agro, que se concretan como salarios de hambre, como exclusión del acceso al crédito, la tecnología y la capacitación, como despojo, y en particular, como exclusión de la propiedad hacia la mujer.
Estamos entonces, ante un sistema que en todos los ámbitos y perspectivas, hace de la mujer campesina e indígena del campo, no un sujeto de derechos, sino un objeto de violencia histórica y cotidiana, económica, social y política. Una violencia por demás normalizada, en tanto es la norma y en tanto nos resulta normal.
Cuarto
No obstante todo lo anterior, la perspectiva de género en el análisis de la relación Mujer-tierra-Estado, es esencial no solamente para su estudio y análisis en estricto, sino también para el estudio del conjunto de relaciones que de ahí emanan, sin olvidar que se requiere recuperar o mantener la perspectiva integral. Si las condiciones de pobreza, de explotación y opresión se mantienen o aumentan para la mayoría de la población, las condiciones de la mujeres, aunque más agudas, seguirán siendo el marco en el cual se seguirá indagando, analizando y hasta reproduciendo ideológica y académicamente un régimen injusto, en este caso, para la clase campesina en general y para la mujer en particular.
En ese sentido, concluyo diciendo: habríamos sido privilegiados si en lugar de un servidor, por ejemplo, hubiera estado hablando, con voz propia, una compañera campesina, aportándonos se experiencia, vivencia y perspectiva alrededor de la cual nos sorprenderíamos de sus demandas, reivindicaciones, resistencias y propuestas como mujeres campesinas, y de su perspectiva política no solamente con relación a la tierra, sino con relación a sus derechos individuales y colectivos –como mujeres y como parte de pueblos indígenas-, al territorio, al mercado, al “libre comercio”, al Estado, a sus organizaciones mismas, etc.
30 de julio de 2010
Los falsos saldos del 9 de septiembre
Mario Sosa
Guatemala, 26 de septiembre de 2007
“Las elecciones del 9 de septiembre constituyen una victoria de la democracia política,de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas.”
Edelberto Torres-Rivas
elPeriódico, 23 de septiembre de 2007.
Las elecciones del 9 de septiembre se constituyeron en un procedimiento que validó la sustitución de gobernantes en el ámbito local y nacional. Quienes hacen apología de las elecciones, argumentando el 60% de participación de la ciudadanía empadronada, hablan del triunfo y consolidación de la democracia. Quienes perdieron hablan de las perversidades del sistema que impiden una participación en igualdad de condiciones, aseveración con la cual estoy de acuerdo pero no explica suficientemente su derrota.
Lo cierto del caso es que, en la cita de Edelberto Torres-Rivas, “Las elecciones del 9 de septiembre constituyen una victoria de la democracia política, de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas.” se ponen en cuestión varios asuntos alrededor de lo que produjo este proceso eleccionario.
1. La democracia no es el simple depósito de papeletas. Antes que un ejercicio democrático, en nuestro país resulta en un derecho amañado, al cual se llega después de una manipulación financiera (con campañas millonarias y obscenas en un país con el 80% de pobreza), institucional (con uso del erario público, de las instituciones del Estado), mediática (con preferencia de espacios y con encuestas catalogadas como inductoras del voto hacia una u otra opción empresarial), ideológica (con manejo de símbolos y rituales religiosos y del miedo en segmentos de población que se conducen a partir de la superstición), criminal (con la intimidación y asesinato de oponentes), política (con prácticas clientelistas, venta de candidaturas, acarreo, fraude local, exclusión de candidatos de los “debates públicos”).
No obstante aquellos votos depositados por ciudadanos con conciencia plena a partir de optar por una propuesta que les convence más allá del spot publicitario, la mayoría de ciudadanos ejercen este derecho a partir de la manipulación que los embauca. A lo que hay que agregar que cada voto tiene un peso similar en las elecciones, cuando votan muertos, personas con doble cédula, cuando existe el acarreo y el fraude electoral local, cuando se vota sin información y formación ciudadana, etc. ¿Es esto democracia?
El hecho que participen partidos autodenominados de izquierda, en las condiciones del sistema “democrático” en que lo hicieron y con las posibilidades objetivas que se conocía tenían dichas fuerzas –más allá de los deseos y autocomplacencias de sus militantes-, no hace que estemos en presencia de un sistema democrático, donde la competencia es por demás inequitativa y desigual. ¿O qué entendemos por democracia? Acaso es el sistema donde el tiburón se come a la sardina.
2. Asistimos a un proceso electoral, además, en donde la institucionalidad electoral se vio cuestionada por la inoperancia del Tribunal Supremo Electoral para normar el proceso (campañas millonarias adelantadas), para garantizar candidatos confiables (candidatos sin el finiquito correspondiente) y para verificar la limpieza del padrón electoral (denuncias y conflictos por supuestos fraudes “locales”).
Del proceso electoral no resulta un sistema de partidos fortalecido, con procesos políticos institucionalizados. Todo lo contrario. Se impuso el caudillismo, la imposición y venta de candidaturas, el compromiso con poderes –lícitos e ilícitos- externos a los mismos, transacción de votos para la segunda vuelta, etc. Los partidos, en general, siguen siendo cascarones que se llenan de retacitos cada cuatro años para reproducir en sistema de privilegios e impunidad. Los partidos nacen y mueren con la muerte política o física de sus dueños o caudillos. A esto se agrega que los partidos políticos no llegan a constituirse en representantes y representativos de sectores sociales vinculados al pueblo, sino a elites históricamente dominantes y sectores cuestionados por su supuesta procedencia criminal y genocida, a las cuales efectivamente sí les sirven de intermediarios. Los partidos políticos no cumplen con su función de intermediarios y la ciudadanía tampoco los percibe como tales. Su desgaste los hace instituciones con escasa legitimidad dada por un apoyo en votos insuficiente, etc.
3. Después de las elecciones recién pasadas, es inobjetable la hegemonía de las clases dominantes. La ciudadanía -en su carácter contradictorio- sabe y hasta rechaza a los partidos políticos por las prácticas corruptas que los vinculan directamente o los enlodan aunque estos no incurran en tales, pero al mismo tiempo se vinculan a estos a través de su afiliación, militancia y votos.
Pero más allá del sentido común –articulado y construido con cancioncitas y discursos- que le diría a la ciudadanía justificación para creer en esperanzas (como expresión de la superstición y falta de fundamentos objetivos que caracteriza la cultura política dominante en Guatemala), los cierto es que en la segunda vuelta estamos ante dos fuerzas de derecha que no garantizan el tratamiento y solución coherente y estratégica de los graves problemas que enfrenta el país, sino la reproducción de un régimen económico, social y político al servicio de las clases dominantes: del capital nacional y transnacional, y de elites de intermediarios: como la mayoría de los políticos que ya conocemos o conoceremos en el Congreso de la República.
Ante estos y un conjunto de elementos que no han sido abordados en este artículo, pero que han sido suficientemente documentados por estudios de diverso corte teórico y metodológico, lo que se puede afirmar es que la democracia política, sus instituciones y partidos políticos han obtenido una victoria pírrica, con altos costos financieros, institucionales y ciudadanos, en donde la corrosión de la política “democrática” se encuentra cada vez mas extendida.
Concluyo preguntando: ¿De qué victoria de la democracia política, de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas, puede hablarse? Seguramente de “otra victoria” y “en otro sentido”.
www.albedrio.org
Guatemala, 26 de septiembre de 2007
“Las elecciones del 9 de septiembre constituyen una victoria de la democracia política,de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas.”
Edelberto Torres-Rivas
elPeriódico, 23 de septiembre de 2007.
Las elecciones del 9 de septiembre se constituyeron en un procedimiento que validó la sustitución de gobernantes en el ámbito local y nacional. Quienes hacen apología de las elecciones, argumentando el 60% de participación de la ciudadanía empadronada, hablan del triunfo y consolidación de la democracia. Quienes perdieron hablan de las perversidades del sistema que impiden una participación en igualdad de condiciones, aseveración con la cual estoy de acuerdo pero no explica suficientemente su derrota.
Lo cierto del caso es que, en la cita de Edelberto Torres-Rivas, “Las elecciones del 9 de septiembre constituyen una victoria de la democracia política, de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas.” se ponen en cuestión varios asuntos alrededor de lo que produjo este proceso eleccionario.
1. La democracia no es el simple depósito de papeletas. Antes que un ejercicio democrático, en nuestro país resulta en un derecho amañado, al cual se llega después de una manipulación financiera (con campañas millonarias y obscenas en un país con el 80% de pobreza), institucional (con uso del erario público, de las instituciones del Estado), mediática (con preferencia de espacios y con encuestas catalogadas como inductoras del voto hacia una u otra opción empresarial), ideológica (con manejo de símbolos y rituales religiosos y del miedo en segmentos de población que se conducen a partir de la superstición), criminal (con la intimidación y asesinato de oponentes), política (con prácticas clientelistas, venta de candidaturas, acarreo, fraude local, exclusión de candidatos de los “debates públicos”).
No obstante aquellos votos depositados por ciudadanos con conciencia plena a partir de optar por una propuesta que les convence más allá del spot publicitario, la mayoría de ciudadanos ejercen este derecho a partir de la manipulación que los embauca. A lo que hay que agregar que cada voto tiene un peso similar en las elecciones, cuando votan muertos, personas con doble cédula, cuando existe el acarreo y el fraude electoral local, cuando se vota sin información y formación ciudadana, etc. ¿Es esto democracia?
El hecho que participen partidos autodenominados de izquierda, en las condiciones del sistema “democrático” en que lo hicieron y con las posibilidades objetivas que se conocía tenían dichas fuerzas –más allá de los deseos y autocomplacencias de sus militantes-, no hace que estemos en presencia de un sistema democrático, donde la competencia es por demás inequitativa y desigual. ¿O qué entendemos por democracia? Acaso es el sistema donde el tiburón se come a la sardina.
2. Asistimos a un proceso electoral, además, en donde la institucionalidad electoral se vio cuestionada por la inoperancia del Tribunal Supremo Electoral para normar el proceso (campañas millonarias adelantadas), para garantizar candidatos confiables (candidatos sin el finiquito correspondiente) y para verificar la limpieza del padrón electoral (denuncias y conflictos por supuestos fraudes “locales”).
Del proceso electoral no resulta un sistema de partidos fortalecido, con procesos políticos institucionalizados. Todo lo contrario. Se impuso el caudillismo, la imposición y venta de candidaturas, el compromiso con poderes –lícitos e ilícitos- externos a los mismos, transacción de votos para la segunda vuelta, etc. Los partidos, en general, siguen siendo cascarones que se llenan de retacitos cada cuatro años para reproducir en sistema de privilegios e impunidad. Los partidos nacen y mueren con la muerte política o física de sus dueños o caudillos. A esto se agrega que los partidos políticos no llegan a constituirse en representantes y representativos de sectores sociales vinculados al pueblo, sino a elites históricamente dominantes y sectores cuestionados por su supuesta procedencia criminal y genocida, a las cuales efectivamente sí les sirven de intermediarios. Los partidos políticos no cumplen con su función de intermediarios y la ciudadanía tampoco los percibe como tales. Su desgaste los hace instituciones con escasa legitimidad dada por un apoyo en votos insuficiente, etc.
3. Después de las elecciones recién pasadas, es inobjetable la hegemonía de las clases dominantes. La ciudadanía -en su carácter contradictorio- sabe y hasta rechaza a los partidos políticos por las prácticas corruptas que los vinculan directamente o los enlodan aunque estos no incurran en tales, pero al mismo tiempo se vinculan a estos a través de su afiliación, militancia y votos.
Pero más allá del sentido común –articulado y construido con cancioncitas y discursos- que le diría a la ciudadanía justificación para creer en esperanzas (como expresión de la superstición y falta de fundamentos objetivos que caracteriza la cultura política dominante en Guatemala), los cierto es que en la segunda vuelta estamos ante dos fuerzas de derecha que no garantizan el tratamiento y solución coherente y estratégica de los graves problemas que enfrenta el país, sino la reproducción de un régimen económico, social y político al servicio de las clases dominantes: del capital nacional y transnacional, y de elites de intermediarios: como la mayoría de los políticos que ya conocemos o conoceremos en el Congreso de la República.
Ante estos y un conjunto de elementos que no han sido abordados en este artículo, pero que han sido suficientemente documentados por estudios de diverso corte teórico y metodológico, lo que se puede afirmar es que la democracia política, sus instituciones y partidos políticos han obtenido una victoria pírrica, con altos costos financieros, institucionales y ciudadanos, en donde la corrosión de la política “democrática” se encuentra cada vez mas extendida.
Concluyo preguntando: ¿De qué victoria de la democracia política, de sus instituciones, de sus partidos, de las esperanzas, puede hablarse? Seguramente de “otra victoria” y “en otro sentido”.
www.albedrio.org
Régimen político. Un concepto necesario para la concepción del programa y la estrategia política
Mario Sosa
Guatemala, 19 de septiembre de 2007
En esta coyuntura política, donde fuerzas políticas nacidas de o ligadas a la burguesía se han impuesto en el proceso electoral, es necesario reflexionar sobre los asuntos fundamentales desde los cuales partir para lograr disminuir su hegemonía y mejorar la correlación de fuerzas para el impulso de las luchas dirigidas a transformar el sistema injusto que predomina en Guatemala. Uno de tales conceptos es el de régimen político, sin el cual es imposible: a) dilucidar hasta qué punto estamos siendo parte del mismo y, b) plantear una perspectiva estratégica para los cambios estructurales que el país necesita, para el proyecto político, y para la construcción de una contra hegemonía coherente con tal propósito. Esa es la intención de aportar una aproximación a dicha categoría, que en tanto herramienta teórico-política, sea útil en el imprescindible proceso por dilucidar el camino a seguir para reencauzar a la izquierda en general, para la toma del poder y para la realización de un programa revolucionario en Guatemala.
En el contexto guatemalteco es frecuente la confusión en torno a los conceptos de régimen político y sistema político, ambos cardinales de la ciencia política y de aquellas otras disciplinas que, como la antropología, la sociología y la psicología social, se interesan por lo político y la política; pero además, esenciales para concebir y desarrollar un programa y una estrategia política para transformar el statu quo. Esta confusión, debida a carencias teóricas, ideológicas y metodológicas, genera una aproximación cualitativamente diferenciada a problemáticas relativas a la ciudadanía, intermediación política, culturas políticas, construcción de sujetos políticos, movimientos sociales, partidos políticos, programa y estrategia política, entre otros. La confusión suele implicar que los científicos sociales, los analistas y los líderes políticos entienden el concepto de régimen político como sinónimo de sistema político o lo delimitan de manera estrecha (régimen autoritario, régimen dictatorial o régimen democrático), parcial (régimen político electoral) y de manera ahistórica (como simple descripción sincrónica de sus elementos y relaciones).
Para iniciar, tales problemáticas deben ser entendidas como procesos que requieren ser analizadas en su contexto condicionante, de corta y larga duración, en donde encuentran posibilidades y límites de desarrollo. En ese sentido, el concepto de sistema político refiere al conjunto de relaciones e interdependencias –mayoría de las cuales están jurídica y políticamente establecidas por el Estado—que se desarrollan en el ámbito de la sociedad civil y el Estado, entre los diversos entes o actores sociopolíticos que, a través de promover sus intereses y demandas, influyen o modifican en mayor o menor medida las decisiones, actúan en el marco y contribuyen a reproducir -no sin contradicciones-- el régimen político y, por consiguiente, el statu quo[i]. Es decir, el sistema político, como perspectiva de corta duración, es la organización particular que adquiere el régimen político en un momento determinado, en una sociedad determinada, y que efectivamente, constituye un regulador de las relaciones políticas que se desarrollan en torno a intereses económicos, políticos propiamente, sociales y culturales.
El régimen político, trascendiendo sus acepciones funcionalistas y estructuralistas, refiere al conjunto de condicionantes que expresados como instituciones, concepciones, valores, normas y prácticas regulan y estructuran las relaciones sociales en desarrollo, incluidas aquellas que se relacionan con el sistema político y entre las que sobresale la participación ciudadana, la lucha por el poder y su ejercicio. Relativo al capitalismo como perspectiva histórica, dicho régimen constituye el regulador que mantiene el régimen de acumulación de capital y el poder en quienes constituyen las clases y elites dominantes, las cuales --al mismo tiempo y como condición para su reproducción-- tienden a reproducir y profundizar las modalidades de acumulación.
Esta perspectiva se complementa con la definición de Lucio Levi, quien afirma que el régimen político es "el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones... y condiciona el modo de formación de la voluntad política" (Levi, en Bobbio, 1997: 1363) y en la definición de O'Donnell, quien define como régimen "...los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales. (2004:5). En esta perspectiva, Levi agrega: "Las instituciones constituyen el cimiento y la estructura organizativa del poder político, que representa el poder y selecciona a la clase dirigente y asigna a los diversos actores su papel y sus relaciones (Levi, en Bobbio, 1997: 1363). Tales instituciones y patrones, no obstante las características que las hacen variar en contenido y forma, no pueden ser entendidos si no partimos de la esencia de la cual surgen y que se encuentra en el carácter histórico de la formación social objeto de nuestra atención.
Como perspectiva de larga duración, el régimen político se vincula al capitalismo. En este vínculo histórico, el régimen político materializa las relaciones estructuradas desde la economía y que se manifiestan en la política. Así, una de las instituciones que constituye un cimiento del régimen político es la propiedad privada, particularmente sobre los medios de producción (tierra, maquinaria, tecnología, capital financiero, etc.). Su posesión y las posibilidades que genera en tanto fuente y recurso de poder, constituye una condición fundamental para acceder, influir o dirigir el poder político y para darle forma y contenido al resto de instituciones, normas y procedimientos que integran el régimen político. Es desde las instituciones, y las leyes, donde quienes dan conducción al régimen político condicionan la lucha por el poder, el ejercicio del poder, los medios para la toma de decisiones políticas, los fines y objetivos que pueden ser perseguidos por gobernantes y gobernados, las ideas y valores predominantes con relación a la política y al poder, y las vías aceptadas para acceder y mantener, al mismo tiempo, la posesión sobre los medios de producción.
El ente que organiza directamente el poder político es el Estado. De hecho, en tanto conjunto de medios para lograr determinados objetivos, responde a quienes han tenido el poder y le han impreso un carácter determinado a partir de sus intereses e ideología. De tal manera que el Estado, se constituye en el instrumento de las clases o elites que han construido el régimen, el cual se orienta a mantener y garantizar la pervivencia del statu quo, que no es otra cosa que el interés económico, social, cultural y político de quienes se constituyen en la clase dominante local y los poderes externos que ejercen su dominio al interior de la nación en la cual está constituido. Es decir, el Estado ha sido el ente que reproduce las condiciones de desarrollo del proyecto de la clases sociales o elites dominantes y, por consiguiente, las condiciones que determinan o condicionan las posibilidades del ciudadano o de los sujetos oprimidos y subordinados para ser parte del poder, para ser representados o excluidos de éste, o para que predomine su carácter de simples consumidores o ejecutores de decisiones tomadas sin su conocimiento, consulta o decisión particular.
Resalta, en este sentido, la propiedad privada como la gran estructurante económica social y el Estado como el máximo estructurante político e ideológico, ambos factores íntimamente relacionados e influyéndose mutuamente en la reproducción de relaciones sociales y políticas correspondientes, en este caso, al capitalismo.
El régimen político se sustenta y al mismo tiempo contribuye a reproducir las condiciones económicas (como la tenencia y uso de la propiedad, su transmisión, etc.), sociales (la estructura social y las relaciones sociales de explotación, discriminación y racismo) y culturales (de acceso a conocimientos y medios de desarrollo, por ejemplo), que en conjunto son sustento para delimitar la ciudadanía, para condicionar la lucha por el poder, para darle una orientación al poder y para asignar un papel determinado al gobernante y a las distintas sujetos sociopolíticos que participan del mismo régimen.
Como parte de tales condiciones, el régimen político de un Estado no se comprende sin tomar en cuenta las instituciones y normas que lo articulan a otros Estados y poderes en el ámbito regional y mundial, los cuales condicionan las posibilidades y limitaciones del régimen político --y sus componentes fundamentales-- circunscrito a un Estado determinado.
El régimen político, entonces, establece los límites y posibilidades como marco en el cual gobernantes y ciudadanos pueden ser y hacer con relación a lo político. Esto es, con relación a sus relaciones, a sus oportunidades o limitaciones para acceder al poder, los recursos y fuentes de poder con los cuales cuentan o pueden utilizar, el tipo de decisiones de las cuales son sujetos u objetos, las políticas que pueden instituir. De tal manera condiciona el régimen político que, aún con sus diferencias, los sujetos sociopolíticos participantes del sistema político tienen un margen para diferenciar sus concepciones y prácticas (los polos opuestos de izquierda y derecha, por ejemplo), pero finalmente las deben situar en dirección compatible con su mantenimiento.
Así, para regímenes políticos en su forma de democracias representativas, el Estado como institución política máxima se funda en la aparente participación política, circunscrita esencialmente al ciudadano individualmente considerado, el cual tiene la posibilidad formal de acceder, periódicamente y a través del sufragio universal mediante voto secreto y “libre”, al ejercicio del poder. Esto, como formalidad que encuentra limitaciones para su realización, puede hacerlo de forma directa o de representantes electos a través del sistema de partidos políticos, donde se despliegan las fuerzas sociales y políticas organizadas o vinculadas a estos, en tanto constituyen los mecanismos e instituciones formales y establecidas jurídicamente para luchar por el poder del Estado.
Por último, no obstante el carácter determinante que pueda constituir el régimen político, es necesario observar que los ámbitos de la realidad, en procesos más concretos y particulares, pueden presentar una autonomía tal que generan reformas al mismo. En ese sentido, en el ámbito del sistema político pueden registrarse procesos de reforma que, a su vez, le imprimen modificaciones al régimen político. Así puede entenderse el tránsito de formas de gobierno autoritarias y militares a formas de gobierno democráticas liberales.
Esta perspectiva permite considerar en la coyuntura política un juego dialéctico en el cual la política puede adquirir autonomía en términos explicativos: a) dada por elites emergentes que, sin pretender cambiar en esencia el régimen económico, disputan el poder a elites tradicionalmente dominantes, o, b) dada por fuerzas políticas que propugnan por el cambio de régimen y, en determinadas condiciones, pueden lograr el desencadenamiento lento o rápido de tal cambio. En ambos casos, no obstante, estamos ante construcciones y procesos vinculados al régimen económico, social y político en su conjunto, los cuales pueden constituir contradicciones secundarias o antagónicas cuya resolución puede generar reformas o transformaciones del régimen.
De tal manera que, a medida que concretamos el análisis al sistema político --incluidas sus expresiones como manifestación de la lucha de clases en sentido amplio--, estos procesos adquieren autonomía al interior de su continuum particular, pero siempre en el marco del régimen político que --se reitera—debe ser situado como parte del modo de producción (capitalista) que se desarrolla en una formación social concreta (la guatemalteca).
[i] Por sistema político Bobbio define “…el conjunto de las interdependencias entre los diversos entes que contribuyen a desempeñar la función de mediación de los conflictos de cohesión del grupo y de defensa frente a los otros grupos…” (Bobbio, 1996:154)
BIBLIOGRAFÍA
1. Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política”. FCE, México, 1996.
2. --------------------, et al. "Diccionario de Política". Editorial Siglo Veintiuno Editores. Décima edición en español. México. 1997.
3. Fung, Thalía y Carlos Cabrera. “Acercamiento a la complejidad del concepto ‘sistema político’”. En Revista Siglo XXI, No. XX, Agosto de 2002, Cuba.
4. Collignon Goribar, María Martha. “Formas emergentes de ciudadanía”. http://www.comminit.com/la/teoriasdecambio/lacth/lasld-254.html
5. Gramsci, Antonio. “Antología”. Siglo XXI Editores, México, 1970.
6. López de Laroche, Favio. "Aproximaciones al concepto de cultura política". En Politicanet, http://usuarios.lycos.es/politicasnet
7. O'Donnell, Guillermo. "Acerca del estado en América Latina contemporánea: diez tesis para su discusión". La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate. Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.centroedelstein.org.br/acercadelestado.pdf
8. Ramos Muñoz, Belinda. Apuntes para el debate sobre ciudadanía. En elboletíndepolíticas. No. 1, mayo 2007, Universidad Rafael Landivar, Guatemala.
9. Sosa Velásquez, Mario Enrique. "Participación ciudadana para la democracia y el desarrollo". Jun Pop Tijonik, Guatemala, septiembre de 2005. Mimeo.
www.albedrio.org
Guatemala, 19 de septiembre de 2007
En esta coyuntura política, donde fuerzas políticas nacidas de o ligadas a la burguesía se han impuesto en el proceso electoral, es necesario reflexionar sobre los asuntos fundamentales desde los cuales partir para lograr disminuir su hegemonía y mejorar la correlación de fuerzas para el impulso de las luchas dirigidas a transformar el sistema injusto que predomina en Guatemala. Uno de tales conceptos es el de régimen político, sin el cual es imposible: a) dilucidar hasta qué punto estamos siendo parte del mismo y, b) plantear una perspectiva estratégica para los cambios estructurales que el país necesita, para el proyecto político, y para la construcción de una contra hegemonía coherente con tal propósito. Esa es la intención de aportar una aproximación a dicha categoría, que en tanto herramienta teórico-política, sea útil en el imprescindible proceso por dilucidar el camino a seguir para reencauzar a la izquierda en general, para la toma del poder y para la realización de un programa revolucionario en Guatemala.
En el contexto guatemalteco es frecuente la confusión en torno a los conceptos de régimen político y sistema político, ambos cardinales de la ciencia política y de aquellas otras disciplinas que, como la antropología, la sociología y la psicología social, se interesan por lo político y la política; pero además, esenciales para concebir y desarrollar un programa y una estrategia política para transformar el statu quo. Esta confusión, debida a carencias teóricas, ideológicas y metodológicas, genera una aproximación cualitativamente diferenciada a problemáticas relativas a la ciudadanía, intermediación política, culturas políticas, construcción de sujetos políticos, movimientos sociales, partidos políticos, programa y estrategia política, entre otros. La confusión suele implicar que los científicos sociales, los analistas y los líderes políticos entienden el concepto de régimen político como sinónimo de sistema político o lo delimitan de manera estrecha (régimen autoritario, régimen dictatorial o régimen democrático), parcial (régimen político electoral) y de manera ahistórica (como simple descripción sincrónica de sus elementos y relaciones).
Para iniciar, tales problemáticas deben ser entendidas como procesos que requieren ser analizadas en su contexto condicionante, de corta y larga duración, en donde encuentran posibilidades y límites de desarrollo. En ese sentido, el concepto de sistema político refiere al conjunto de relaciones e interdependencias –mayoría de las cuales están jurídica y políticamente establecidas por el Estado—que se desarrollan en el ámbito de la sociedad civil y el Estado, entre los diversos entes o actores sociopolíticos que, a través de promover sus intereses y demandas, influyen o modifican en mayor o menor medida las decisiones, actúan en el marco y contribuyen a reproducir -no sin contradicciones-- el régimen político y, por consiguiente, el statu quo[i]. Es decir, el sistema político, como perspectiva de corta duración, es la organización particular que adquiere el régimen político en un momento determinado, en una sociedad determinada, y que efectivamente, constituye un regulador de las relaciones políticas que se desarrollan en torno a intereses económicos, políticos propiamente, sociales y culturales.
El régimen político, trascendiendo sus acepciones funcionalistas y estructuralistas, refiere al conjunto de condicionantes que expresados como instituciones, concepciones, valores, normas y prácticas regulan y estructuran las relaciones sociales en desarrollo, incluidas aquellas que se relacionan con el sistema político y entre las que sobresale la participación ciudadana, la lucha por el poder y su ejercicio. Relativo al capitalismo como perspectiva histórica, dicho régimen constituye el regulador que mantiene el régimen de acumulación de capital y el poder en quienes constituyen las clases y elites dominantes, las cuales --al mismo tiempo y como condición para su reproducción-- tienden a reproducir y profundizar las modalidades de acumulación.
Esta perspectiva se complementa con la definición de Lucio Levi, quien afirma que el régimen político es "el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones... y condiciona el modo de formación de la voluntad política" (Levi, en Bobbio, 1997: 1363) y en la definición de O'Donnell, quien define como régimen "...los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales. (2004:5). En esta perspectiva, Levi agrega: "Las instituciones constituyen el cimiento y la estructura organizativa del poder político, que representa el poder y selecciona a la clase dirigente y asigna a los diversos actores su papel y sus relaciones (Levi, en Bobbio, 1997: 1363). Tales instituciones y patrones, no obstante las características que las hacen variar en contenido y forma, no pueden ser entendidos si no partimos de la esencia de la cual surgen y que se encuentra en el carácter histórico de la formación social objeto de nuestra atención.
Como perspectiva de larga duración, el régimen político se vincula al capitalismo. En este vínculo histórico, el régimen político materializa las relaciones estructuradas desde la economía y que se manifiestan en la política. Así, una de las instituciones que constituye un cimiento del régimen político es la propiedad privada, particularmente sobre los medios de producción (tierra, maquinaria, tecnología, capital financiero, etc.). Su posesión y las posibilidades que genera en tanto fuente y recurso de poder, constituye una condición fundamental para acceder, influir o dirigir el poder político y para darle forma y contenido al resto de instituciones, normas y procedimientos que integran el régimen político. Es desde las instituciones, y las leyes, donde quienes dan conducción al régimen político condicionan la lucha por el poder, el ejercicio del poder, los medios para la toma de decisiones políticas, los fines y objetivos que pueden ser perseguidos por gobernantes y gobernados, las ideas y valores predominantes con relación a la política y al poder, y las vías aceptadas para acceder y mantener, al mismo tiempo, la posesión sobre los medios de producción.
El ente que organiza directamente el poder político es el Estado. De hecho, en tanto conjunto de medios para lograr determinados objetivos, responde a quienes han tenido el poder y le han impreso un carácter determinado a partir de sus intereses e ideología. De tal manera que el Estado, se constituye en el instrumento de las clases o elites que han construido el régimen, el cual se orienta a mantener y garantizar la pervivencia del statu quo, que no es otra cosa que el interés económico, social, cultural y político de quienes se constituyen en la clase dominante local y los poderes externos que ejercen su dominio al interior de la nación en la cual está constituido. Es decir, el Estado ha sido el ente que reproduce las condiciones de desarrollo del proyecto de la clases sociales o elites dominantes y, por consiguiente, las condiciones que determinan o condicionan las posibilidades del ciudadano o de los sujetos oprimidos y subordinados para ser parte del poder, para ser representados o excluidos de éste, o para que predomine su carácter de simples consumidores o ejecutores de decisiones tomadas sin su conocimiento, consulta o decisión particular.
Resalta, en este sentido, la propiedad privada como la gran estructurante económica social y el Estado como el máximo estructurante político e ideológico, ambos factores íntimamente relacionados e influyéndose mutuamente en la reproducción de relaciones sociales y políticas correspondientes, en este caso, al capitalismo.
El régimen político se sustenta y al mismo tiempo contribuye a reproducir las condiciones económicas (como la tenencia y uso de la propiedad, su transmisión, etc.), sociales (la estructura social y las relaciones sociales de explotación, discriminación y racismo) y culturales (de acceso a conocimientos y medios de desarrollo, por ejemplo), que en conjunto son sustento para delimitar la ciudadanía, para condicionar la lucha por el poder, para darle una orientación al poder y para asignar un papel determinado al gobernante y a las distintas sujetos sociopolíticos que participan del mismo régimen.
Como parte de tales condiciones, el régimen político de un Estado no se comprende sin tomar en cuenta las instituciones y normas que lo articulan a otros Estados y poderes en el ámbito regional y mundial, los cuales condicionan las posibilidades y limitaciones del régimen político --y sus componentes fundamentales-- circunscrito a un Estado determinado.
El régimen político, entonces, establece los límites y posibilidades como marco en el cual gobernantes y ciudadanos pueden ser y hacer con relación a lo político. Esto es, con relación a sus relaciones, a sus oportunidades o limitaciones para acceder al poder, los recursos y fuentes de poder con los cuales cuentan o pueden utilizar, el tipo de decisiones de las cuales son sujetos u objetos, las políticas que pueden instituir. De tal manera condiciona el régimen político que, aún con sus diferencias, los sujetos sociopolíticos participantes del sistema político tienen un margen para diferenciar sus concepciones y prácticas (los polos opuestos de izquierda y derecha, por ejemplo), pero finalmente las deben situar en dirección compatible con su mantenimiento.
Así, para regímenes políticos en su forma de democracias representativas, el Estado como institución política máxima se funda en la aparente participación política, circunscrita esencialmente al ciudadano individualmente considerado, el cual tiene la posibilidad formal de acceder, periódicamente y a través del sufragio universal mediante voto secreto y “libre”, al ejercicio del poder. Esto, como formalidad que encuentra limitaciones para su realización, puede hacerlo de forma directa o de representantes electos a través del sistema de partidos políticos, donde se despliegan las fuerzas sociales y políticas organizadas o vinculadas a estos, en tanto constituyen los mecanismos e instituciones formales y establecidas jurídicamente para luchar por el poder del Estado.
Por último, no obstante el carácter determinante que pueda constituir el régimen político, es necesario observar que los ámbitos de la realidad, en procesos más concretos y particulares, pueden presentar una autonomía tal que generan reformas al mismo. En ese sentido, en el ámbito del sistema político pueden registrarse procesos de reforma que, a su vez, le imprimen modificaciones al régimen político. Así puede entenderse el tránsito de formas de gobierno autoritarias y militares a formas de gobierno democráticas liberales.
Esta perspectiva permite considerar en la coyuntura política un juego dialéctico en el cual la política puede adquirir autonomía en términos explicativos: a) dada por elites emergentes que, sin pretender cambiar en esencia el régimen económico, disputan el poder a elites tradicionalmente dominantes, o, b) dada por fuerzas políticas que propugnan por el cambio de régimen y, en determinadas condiciones, pueden lograr el desencadenamiento lento o rápido de tal cambio. En ambos casos, no obstante, estamos ante construcciones y procesos vinculados al régimen económico, social y político en su conjunto, los cuales pueden constituir contradicciones secundarias o antagónicas cuya resolución puede generar reformas o transformaciones del régimen.
De tal manera que, a medida que concretamos el análisis al sistema político --incluidas sus expresiones como manifestación de la lucha de clases en sentido amplio--, estos procesos adquieren autonomía al interior de su continuum particular, pero siempre en el marco del régimen político que --se reitera—debe ser situado como parte del modo de producción (capitalista) que se desarrolla en una formación social concreta (la guatemalteca).
[i] Por sistema político Bobbio define “…el conjunto de las interdependencias entre los diversos entes que contribuyen a desempeñar la función de mediación de los conflictos de cohesión del grupo y de defensa frente a los otros grupos…” (Bobbio, 1996:154)
BIBLIOGRAFÍA
1. Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política”. FCE, México, 1996.
2. --------------------, et al. "Diccionario de Política". Editorial Siglo Veintiuno Editores. Décima edición en español. México. 1997.
3. Fung, Thalía y Carlos Cabrera. “Acercamiento a la complejidad del concepto ‘sistema político’”. En Revista Siglo XXI, No. XX, Agosto de 2002, Cuba.
4. Collignon Goribar, María Martha. “Formas emergentes de ciudadanía”. http://www.comminit.com/la/teoriasdecambio/lacth/lasld-254.html
5. Gramsci, Antonio. “Antología”. Siglo XXI Editores, México, 1970.
6. López de Laroche, Favio. "Aproximaciones al concepto de cultura política". En Politicanet, http://usuarios.lycos.es/politicasnet
7. O'Donnell, Guillermo. "Acerca del estado en América Latina contemporánea: diez tesis para su discusión". La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate. Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.centroedelstein.org.br/acercadelestado.pdf
8. Ramos Muñoz, Belinda. Apuntes para el debate sobre ciudadanía. En elboletíndepolíticas. No. 1, mayo 2007, Universidad Rafael Landivar, Guatemala.
9. Sosa Velásquez, Mario Enrique. "Participación ciudadana para la democracia y el desarrollo". Jun Pop Tijonik, Guatemala, septiembre de 2005. Mimeo.
www.albedrio.org
Dos opciones electorales, una alternativa
Mario Sosa
Guatemala, 12 de septiembre de 2007
Análisis previos sobre el significado del proceso electoral guatemalteco y las fuerzas políticas en contienda, nos indicaban que el proceso electoral se constituiría en un procedimiento formal para la sustitución de unas elites de poder por otras. Una sustitución en donde las opciones reales de poder -pues contaban con todas las condiciones y recursos del sistema- significaban la continuidad del régimen político y económico y, por consiguiente, del modelo económico, que ha venido transcurriendo en las últimas dos décadas por formas ampliadas e intensivas de acumulación de capital vía la explotación de recursos naturales, la apropiación del mercado local, la expoliación legal e ilegal desde el sistema financiero, la sobre explotación de la fuerza de trabajo en fincas y maquilas, etc.
El resultado electoral de la primera vuelta del 9 de septiembre así lo indica. Pasan a segunda vuelta UNE y PP, dos partidos políticos que se diferencian por el perfil de sus líderes, por sus discursos y slogans electorales, por los procesos de articulación política que encabezan y, quizás, por la diferencia de matiz en las políticas que impulsen. No obstante, ambos partidos políticos constituyen fuerzas cuyo condicionamiento por elites oligárquicas –y se dice que también penetrados por el crimen organizado-- está garantizado a través del financiamiento de sus campaña. El PP constituye el partido de mayor preferencia por las elites que abandonaron el barco a la deriva del desgobierno de la GANA, y que vieron en el partido y su lidereazgo la posibilidad de volver al poder con mayores y mejores condiciones para satisfacer sus intereses de clase. UNE es el partido que no nace con la venia de la oligarquía, pero en la medida que se convirtió en opción de poder y que pretendía financiamiento y aceptación oligárquica (“empresarial” dirían ellos), empieza a gozar de su financiamiento y, por consiguiente, de su condicionamiento político que se manifiesta, por ejemplo, en el apoyo que dieron a la aprobación del TLC después que habían declarado que votarían en contra y en el integración de Espada como candidato vicepresidencial. Ambos partidos, entonces, responden y responderán a los intereses de elites oligárquicas y, como ya se sabe, a los intereses del Estado que –con toda la vergüenza e indignación del mundo digo- realmente nos gobierna: EE.UU.
Las elecciones del 9 de noviembre significaron –y significan con mayor definición en la segunda vuelta- la postergación de solución a los graves problemas históricos y estructurales que enfrenta el país: condiciones de pobreza y pobreza extrema que llegan a la hambruna; desempleo, falta de medios de producción como la tierra, salarios de hambre y condiciones de trabajo inhumanas en el campo y la ciudad; opresión y discriminación hacia los pueblos indígenas y las mujeres; la expoliación de los recursos naturales y deterioro del hábitat; crimen organizado, inseguridad ciudadana, violencia y corrupción generalizada; dependencia y entreguismo expresado en el impuesto TLC, en la obediencia a las políticas económicas y militares estadounidenses y de organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial, y en la entrega del territorio y sus recursos al capital transnacional, sólo para mencionar algunos de dichos problemas fundamentales.
Desde esta perspectiva, ante dos ofertas electorales que significan en esencia lo mismo, la alternativa es rechazar ambas y posicionarse con el voto nulo. Voto nulo que significa el ejercicio de un derecho legítimo que nos corresponde y que la legalidad imperante nos otorga. Voto nulo de rechazo a dos opciones que representan la continuidad histórica de un régimen injusto en esencia. Voto nulo como posicionamiento político ante las políticas que, con sus diferencias de matiz, ambas organizaciones políticas impulsaran desde el gobierno nacional y el congreso de la república que, por demás, estará dominado por fuerzas de derecha que reproducirán y, seguramente, profundizarán las condiciones para garantizar el aumento de la riqueza en pocas manos. Voto nulo que evitará: ser negociado por elites a cambio de cheques, proyectos, privilegios, etc. y a costa de los intereses siempre rezagados de las clases populares y los pueblos indígenas o de las opciones por las cuales votamos o no votamos en primera vuelta. Voto nulo, que desde una perspectiva de izquierda, significa no transar con la derecha e iniciar –esperemos que ahora sí- un proceso de recuperación de principios, programa y estrategia que nos haga retomar el rumbo perdido en el aventurerismo electoral.
www.albedrio.org
Guatemala, 12 de septiembre de 2007
Análisis previos sobre el significado del proceso electoral guatemalteco y las fuerzas políticas en contienda, nos indicaban que el proceso electoral se constituiría en un procedimiento formal para la sustitución de unas elites de poder por otras. Una sustitución en donde las opciones reales de poder -pues contaban con todas las condiciones y recursos del sistema- significaban la continuidad del régimen político y económico y, por consiguiente, del modelo económico, que ha venido transcurriendo en las últimas dos décadas por formas ampliadas e intensivas de acumulación de capital vía la explotación de recursos naturales, la apropiación del mercado local, la expoliación legal e ilegal desde el sistema financiero, la sobre explotación de la fuerza de trabajo en fincas y maquilas, etc.
El resultado electoral de la primera vuelta del 9 de septiembre así lo indica. Pasan a segunda vuelta UNE y PP, dos partidos políticos que se diferencian por el perfil de sus líderes, por sus discursos y slogans electorales, por los procesos de articulación política que encabezan y, quizás, por la diferencia de matiz en las políticas que impulsen. No obstante, ambos partidos políticos constituyen fuerzas cuyo condicionamiento por elites oligárquicas –y se dice que también penetrados por el crimen organizado-- está garantizado a través del financiamiento de sus campaña. El PP constituye el partido de mayor preferencia por las elites que abandonaron el barco a la deriva del desgobierno de la GANA, y que vieron en el partido y su lidereazgo la posibilidad de volver al poder con mayores y mejores condiciones para satisfacer sus intereses de clase. UNE es el partido que no nace con la venia de la oligarquía, pero en la medida que se convirtió en opción de poder y que pretendía financiamiento y aceptación oligárquica (“empresarial” dirían ellos), empieza a gozar de su financiamiento y, por consiguiente, de su condicionamiento político que se manifiesta, por ejemplo, en el apoyo que dieron a la aprobación del TLC después que habían declarado que votarían en contra y en el integración de Espada como candidato vicepresidencial. Ambos partidos, entonces, responden y responderán a los intereses de elites oligárquicas y, como ya se sabe, a los intereses del Estado que –con toda la vergüenza e indignación del mundo digo- realmente nos gobierna: EE.UU.
Las elecciones del 9 de noviembre significaron –y significan con mayor definición en la segunda vuelta- la postergación de solución a los graves problemas históricos y estructurales que enfrenta el país: condiciones de pobreza y pobreza extrema que llegan a la hambruna; desempleo, falta de medios de producción como la tierra, salarios de hambre y condiciones de trabajo inhumanas en el campo y la ciudad; opresión y discriminación hacia los pueblos indígenas y las mujeres; la expoliación de los recursos naturales y deterioro del hábitat; crimen organizado, inseguridad ciudadana, violencia y corrupción generalizada; dependencia y entreguismo expresado en el impuesto TLC, en la obediencia a las políticas económicas y militares estadounidenses y de organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial, y en la entrega del territorio y sus recursos al capital transnacional, sólo para mencionar algunos de dichos problemas fundamentales.
Desde esta perspectiva, ante dos ofertas electorales que significan en esencia lo mismo, la alternativa es rechazar ambas y posicionarse con el voto nulo. Voto nulo que significa el ejercicio de un derecho legítimo que nos corresponde y que la legalidad imperante nos otorga. Voto nulo de rechazo a dos opciones que representan la continuidad histórica de un régimen injusto en esencia. Voto nulo como posicionamiento político ante las políticas que, con sus diferencias de matiz, ambas organizaciones políticas impulsaran desde el gobierno nacional y el congreso de la república que, por demás, estará dominado por fuerzas de derecha que reproducirán y, seguramente, profundizarán las condiciones para garantizar el aumento de la riqueza en pocas manos. Voto nulo que evitará: ser negociado por elites a cambio de cheques, proyectos, privilegios, etc. y a costa de los intereses siempre rezagados de las clases populares y los pueblos indígenas o de las opciones por las cuales votamos o no votamos en primera vuelta. Voto nulo, que desde una perspectiva de izquierda, significa no transar con la derecha e iniciar –esperemos que ahora sí- un proceso de recuperación de principios, programa y estrategia que nos haga retomar el rumbo perdido en el aventurerismo electoral.
www.albedrio.org
Opresión étnica en Guatemala: apuntes introductorios
Mario Sosa
Guatemala, agosto 2007
Guatemala: país multiétnico, multilingüe y pluricultural.
En Guatemala existen 24 idiomas correspondientes a 24 orígenes étnicos indígenas y no indígenas . En todos ellos existen múltiples formas de organización social, cosmovisión, idiomas y dialectos, vestido, tradiciones, costumbres, normas, origen e historias particulares, entre otros factores, que en conjunto constituyen su etnicidad propia.
Este conjunto de elementos, que integran la etnicidad particular, se convierten en base para el establecimiento de relaciones con otros grupos o pueblos. En ese proceso de relaciones --que son históricas, es donde se va construyendo la identidad étnica, es decir, la forma en que un conglomerado social, grupo o pueblo se observa a sí mismo. Esta visión de sí mismo se fundamenta en aquellas características asumidas como propias, en sus diferencias con respecto a Otros y en aquellas características que le son asignadas por tales Otros pero que son rechazadas o aceptadas.
Lo anterior implica que un individuo o colectividad étnica, consciente o inconscientemente utiliza sus características étnicas para preguntarse: ¿Quién soy yo para mí?, ¿Quiénes son los Otros para mí? y, ¿Quién soy para los Otros?. Todo esto, evidentemente, se lo pregunta en el marco de las relaciones sociales. Así, su etnicidad y la solución a las anteriores cuestiones da como resultado --sin asumirlo mecánicamente-- una identidad étnica determinada.
Tanto la etnicidad como la identidad étnica intervienen y se expresan de cierta forma en cada relación individual o colectiva y sus expresiones varían en cada contexto: local, regional y nacional. Así, por ejemplo, en cada contexto se encontrarán interpretaciones simbólicas y valóricas sobre la etnicidad e identidad propia y ajena, de tal manera que éstas influyen en qué, cómo, cuándo y dónde se establece una relación entre individuos o colectividades sociales.
Relaciones de clase y relaciones étnicas
Guatemala es una nación en la cual los pueblos indígenas y quienes forman parte de estos, desde la Colonia, han sufrido de opresión y explotación y la mayoría de sus integrantes vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La dominación de estos pueblos tiene un origen en el ámbito económico, de clase social, pues de la fuerza de trabajo de su población se benefician los dueños de los medios de producción (terratenientes que poseen la tierra por ejemplo) quienes mantienen al indígena –aunque también a una gran cantidad de ladinos-- en condiciones inhumanas de trabajo, con salarios insuficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales y sin los beneficios que podría proveer el Estado. Este dominio también tiene un origen en el ámbito cultural, pues quienes han detentado históricamente el poder han desarrollado un proyecto de nación que excluye a todo aquel individuo o colectividad cuyas características socioculturales no correspondan con el paradigma de “civilización” hegemónico propio de las clases sociales dominantes. Así, las clases dominantes han hecho que su cultura se convierta en dominante y que la cultura de grupos o pueblos dominados adquieran un carácter subalterno.
La clase dominante en el ámbito nacional, poseedora de los medios de producción fundamentales –y consiguientemente del poder económico y político—, étnicamente se caracteriza por su autoidentificación como criolla y blanca principalmente. Ha sido fundamental y principalmente esta clase social la que ha diseñado un modelo de nación excluyente y de opresión hacia los pueblos indígenas. En ese marco, buena parte de la población ladina o mestiza que pasó a ser intermediaria o parte de ese poder oligárquico, tanto en el ámbito local como nacional, también se ha visto beneficiada económica y políticamente por dicho modelo, y ha sido participe en el desarrollo de relaciones de opresión y explotación del indígena.
¿Pero cuáles son las características, entonces, de las relaciones interétnicas en Guatemala?. Para empezar, la población indígena en general ha estado excluida económica, política y culturalmente. A ello se agrega la marginación a la que ha sido orillada por un sistema que la considera solamente fuerza de trabajo barata o en reserva y como un producto cultural para el turismo. En ese marco, las características socioculturales de los pueblos mayas han sido desvaloradas o subvaloradas, además de ser utilizadas para identificar a su población y ejercer sobre ella acciones de discriminación y racismo.
En este sentido la discriminación étnica en Guatemala ha consistido en el tratamiento diferente que recibe la población y pueblos indígenas en el ámbito de las relaciones sociales, un trato que parte de la sub-valoración de sus características socioculturales, de la construcción de prejuicios, estereotipos, etc. con relación a lo indígena o maya. Más allá de la discriminación, en Guatemala ha existido opresión, es decir, dominio e imposición de normas, valores, religión, idioma, formas de organización y de gobierno, entre muchos otros aspectos, opresión que ha sido ejecutada principalmente a través del Estado y sus aparatos ideológicos (como la escuela), jurídicos (como las leyes) y políticos (como las formas y contenidos de gobierno y acceso al poder). Pero también ha existido explotación, la cual tiene su origen en el despojo de los medios de producción --como la tierra-- sufrido por los pueblos indígenas y ha consistido en la contratación laboral a través de engaños, sin condiciones de trabajo dignas, sin acceso a seguridad social, con salarios de miseria y hambre, con represión ante las luchas legítimas por mejorar tales condiciones. Esta explotación, ejercida por los dueños de los medios de producción, históricamente ha sido mayor hacia la población indígena, pues han encontrado justificaciones ideológicas para lograrlo. Así han planteado, por ejemplo, que al indígena no debe pagársele un salario mayor porque lo derrocha, algo que obviamente es sólo una justificación para pagarle salarios miserables y vedarle sus derechos socioeconómicos.
Generalmente esta discriminación, opresión y explotación se apoya en la ideología racista explícita o implícita, es decir, en la “...valoración generalizada y definitiva de las diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, (en provecho de unos y en detrimento de otros), con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación” (Casaús Arzú. En Arenas, et al, 1999: 55).
Sin embargo, aunque los no indígenas (ladinos, criollos, blancos) en general discriminan y contribuyen a la explotación de los indígenas, no puede analizarse esta realidad sin vincularla al origen de clase tanto de éstos como de la discriminación y opresión misma. Esto es así en tanto la discriminación sirve de ideología para justificar la explotación y el dominio, o para mantener determinados privilegios en desmedro de los derechos y necesidades, en este caso, de la población indígena.
En Guatemala la discriminación comienza con la palabra indio que implícitamente incluye una visión del indígena como salvaje, bárbaro, idólatra, inferior, etc. Continúa con las actitudes (sutiles y no sutiles) de alejamiento social, es decir, evitar por ejemplo la amistad, el compadrazgo y el parentesco con el indígena. Se desarrolla aún más con las prácticas racistas, de opresión y explotación vigentes.
Uno de los rasgos de la discriminación consiste en desconocer o negar las características socioculturales de la población indígena o la riqueza de éstas en términos de creaciones culturales de similar valor humano. En el caso del imaginario racista presente en la oligarquía guatemalteca , este se caracteriza por la utilización de una serie de adjetivos hacia el indígena: sumiso, haragán, conformista, moreno, bajo, haragán—tradicional, introvertido. Esa serie de imágenes llevan a plantear su integración cultural y educacional (a la cultura y parámetros educativos de corte “occidental”), su ladinización e, inclusive, su exterminio y la mejora de la raza. (Casaúz Arzú, 1998)
La discriminación étnica es explícita e implícita. Así puede calificarse de discriminación el hecho de que indígenas no tengan acceso a educación en su idioma o a educación bilingüe. Igualmente, los abusos físicos y psicológicos hacia trabajadoras domésticas por ser indígenas, jornadas de trabajo largas y bajos salarios, la desatención y rechazo en los servicios públicos, el rechazo y burla hacia rasgos culturales propios, los chistes racistas y demás formas de agresión, etc.
El Estado y la opresión hacia los pueblos indígenas
La discriminación, opresión y explotación en todas sus formas se realiza en el ámbito de las relaciones sociales interpersonales y grupales. Un factor fundamental en el mantenimiento y reproducción histórica de la discriminación y opresión étnica ha sido su traducción en política del Estado, definida básicamente por las clases dominantes que han ejercido el poder real y que han sido integradas en su núcleo dirigente por criollos o blancos.
En el ámbito local quienes han tenido el poder y, consiguientemente, desarrollaron un ejercicio racista del poder --especialmente en los dos últimos siglos-- son o fueron principalmente ladinos. Ese poder consistía en dirigir el gobierno municipal y poseer el poder económico y político con el cual implementaban acciones de exclusión, marginación, explotación y dominio en contra de la población indígena. El análisis de esta realidad, en la cual claramente aparece la contradicción indio—ladino y su transposición al momento de analizar la realidad nacional, permite que se plantee que el indígena es sinónimo de explotado y el ladino sinónimo de explotador, planteamiento que oculta la existencia de clase sociales al interior de estas dos grandes colectividades. Así, por ejemplo, en el ámbito nacional se observa que existe una mayoría de población ladina que igualmente es explotada y que es una minoría (con identidad y carácter étnico criollo, blanco, ladino y mestizo) la que ha ejercido el poder del Estado y quienes ejercen una relación de explotación hacia la población indígena y ladina mayoritaria.
Algunos enfoques y políticas con relación a los pueblos indígenas
Es ésa minoría la que ha definido e impulsado una serie de enfoques y políticas hacia el indígena, las cuales han considerado e implementado el exterminio durante los primeros años de la época colonial, la segregación o apartheid en pueblos de indios y la asimilación desde la Colonia, aunque con predominio de esta última desde la segunda mitad del siglo XX. Todo ello se ha basado en un modelo de nación basado en la exclusión económica, política y cultural, la discriminación y el racismo y la subvaloración de todo aquello que corresponda con los pueblos maya, garífuna, xinca y ladina en condición de pobreza.
Desde la Colonia hasta en la actualidad se han venido aplicando una serie de políticas desde los centros de poder y el Estado, dirigidas hacia los pueblos indígenas. Durante la invasión lo característico fue la tendencia a su exterminio a través del etnocidio y los efectos provocados por las nuevas enfermedades traídas por españoles. Posteriormente, durante la época colonial se aplicó una política de apartheid, consistente en la concentración del indígena en los llamados “pueblos de indios”, los cuales eran una especie de reservaciones donde españoles y criollos obtuvieron fuerza de trabajo semi-esclava.
Durante el período de 1871 a 1944 las prácticas y tendencias estuvieron marcadas por el segregacionismo y asimilacionismo. El “indio” era visto como obstáculo, como inferior y un problema para la consolidación de la nación. La política segregacionista y de asimilación pretendía construir la nación sobre la base del pensamiento civilizatorio occidental a través del aniquilamiento de la diversidad sociocultural y la incorporación de “indio” a la “civilización occidental”.
Durante el período de la Revolución democrático--burguesa de 1944 a 1954, la política estuvo marcada por el indigenismo incorporativo, consistente en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y el conocimiento de los grupos étnicos de Guatemala. Se buscó la incorporación del indígena al capitalismo moderno dotándole de tierra y algunos servicios públicos, respetando parcialmente sus sistemas socioculturales.
Posteriormente, de 1954 a 1970 la tendencia siguió siendo el indigenismo integracionista, pero con una concepción del “indio” como resabio del pasado, al cual –se planteaba-- había que homogeneizar a través de su ladinización, para que alcanzara el desarrollo social. Pero, además, el indígena era visto como un peligro para la seguridad de la nación. No obstante, su cultura ancestral es utilizada para tratar de cimentar la idea de una identidad nacional.
Después de 1970 se siguen manteniendo algunas tendencias de análisis con respecto a la heterogeneidad sociocultural, varias de las cuales sirvieron de base para el impulso de políticas públicas dirigidas al indígena. Por un lado continuó el indigenismo que pretendía integrar al indígena, lo cual implicaba homogeneizar a la población indígena a la sociedad nacional (“occidental”). Es precisamente en el marco de esta corriente y de la lucha armada que se impulsó el genocidio y etnocidio en contra de la población indígena, la cual era asumida como sinónimo de guerrillera.
Por otra parte surge la corriente economicista, que subordinaba la etnia a la clase social, es decir, que niega la importancia de las reivindicaciones étnicas y plantea que al proletarizarlo, el indígena dejaría de serlo. También surge el etnicismo como corriente que plantea una vía indígena para la solución de los problemas nacionales, a través de la lucha indígena disociada del resto de la población. El etnicismo partía de equiparar la etnia con la clase social, de tal manera que el indígena era sinónimo de explotado y ladino sinónimo de explotador. Tanto la corriente economicista como la etnicista han sido corrientes desarrolladas fundamentalmente en el ámbito de la sociedad civil y siguen estando presente hoy día.
Como otra corriente integracionista también está la modernista. Ésta plantea que lo indígena es propio del atraso y, por tanto, al indígena debe modernizársele para que logre alcanzar el desarrollo y abandone sus costumbres y tradiciones que son vistas como resabios del pasado.
El objetivo de las corrientes y políticas étnicas impulsadas desde el Estado por elites oligárquicas o nuevas clases sociales en asenso económico, ha sido buscar que la población indígena pierda sus características socioculturales y adopte la “cultura occidental”. Es decir, una política que de forma sistemática se ha orientado a la destrucción de la heterogeneidad étnica y sociocultural.
Aun cuando en los últimos años ha habido algunas luchas y procesos importantes que plantean el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural como base para la construcción de nuevas relaciones étnicas y de una política estatal radicalmente distinta, muy poco se ha logrado todavía para cambiar las condiciones de opresión, de racismo y discriminación existentes en el ámbito de las relaciones sociales y en el papel que sigue jugando el Estado.
En busca de respuestas desde los pueblos indígenas
La preguntas para resolver la problemática étnico nacional --introducida en las páginas anteriores-- siguen siendo: ¿Qué modelo de nación y estado se requiere construir?, ¿Qué tipo de relaciones étnicas deben predominar en una nueva nación y nuevo estado a construir?, ¿qué estrategias son las indicadas para transformar, desde y por los pueblos indígenas, esta realidad de opresión étnica que también posee características de opresión de clase?, ¿Qué alianzas requiere dicha estrategia?...
Bibliografía
1. Arenas Bianchi, Clara. “¿Racismo en Guatemala?, Abriendo el debate sobre un tema tabú”. AVANCSO, Guatemala, 1999.
2. Barth, Frederick. "Los Grupos Etnicos y sus fronteras”. México, FCE, México, 1968.
3. Cabarrús Pellecer, Carlos Rafael. “En la conquista del ser: un estudio de identidad étnica.” CEDIM – FAFO, Guatemala, 1998.
4. Casaus Arzú, Marta. "Guatemala: linaje y racismo". FLACSO--Costa Rica, 1995.
5. Rodas, Isabel. "A la búsqueda de la diversidad del ladino". En ESTUDIOS, 2-96, Escuela de Historia, USAC, Guatemala, agosto 1997.
6. Solares, Jorge. "Corrientes antropológicas sobre etnicidad y clase social en Mesoamérica". FLACSO-Guatemala, 1989.
7. Sosa Velásquez, Mario Enrique. "Proceso comunitario y sistema de clasificación étnica: el caso de Primavera del Ixcán". Escuela de Historia, USAC, 2001.
8. -----------------------------------------. "Elementos para un marco filosófico de la interculturalidad democrática e integral: aplicación al tema de salud". En ANTROPOLITICA, Revista de la Asociación Guatemalteca de Antropología Política, Año 2, No. 1, febrero--mayo 2003.
9. José Alejos García. MAYAS Y LADINOS. ESTEREOTIPOS DE LA ANTROPOLOGIA CULTURALISTA. En ESTUDIOS, Revista del IIHAA, No. 2-96, Escuela de Historia, USAC, GUATEMALA.
Guatemala, agosto 2007
Guatemala: país multiétnico, multilingüe y pluricultural.
En Guatemala existen 24 idiomas correspondientes a 24 orígenes étnicos indígenas y no indígenas . En todos ellos existen múltiples formas de organización social, cosmovisión, idiomas y dialectos, vestido, tradiciones, costumbres, normas, origen e historias particulares, entre otros factores, que en conjunto constituyen su etnicidad propia.
Este conjunto de elementos, que integran la etnicidad particular, se convierten en base para el establecimiento de relaciones con otros grupos o pueblos. En ese proceso de relaciones --que son históricas, es donde se va construyendo la identidad étnica, es decir, la forma en que un conglomerado social, grupo o pueblo se observa a sí mismo. Esta visión de sí mismo se fundamenta en aquellas características asumidas como propias, en sus diferencias con respecto a Otros y en aquellas características que le son asignadas por tales Otros pero que son rechazadas o aceptadas.
Lo anterior implica que un individuo o colectividad étnica, consciente o inconscientemente utiliza sus características étnicas para preguntarse: ¿Quién soy yo para mí?, ¿Quiénes son los Otros para mí? y, ¿Quién soy para los Otros?. Todo esto, evidentemente, se lo pregunta en el marco de las relaciones sociales. Así, su etnicidad y la solución a las anteriores cuestiones da como resultado --sin asumirlo mecánicamente-- una identidad étnica determinada.
Tanto la etnicidad como la identidad étnica intervienen y se expresan de cierta forma en cada relación individual o colectiva y sus expresiones varían en cada contexto: local, regional y nacional. Así, por ejemplo, en cada contexto se encontrarán interpretaciones simbólicas y valóricas sobre la etnicidad e identidad propia y ajena, de tal manera que éstas influyen en qué, cómo, cuándo y dónde se establece una relación entre individuos o colectividades sociales.
Relaciones de clase y relaciones étnicas
Guatemala es una nación en la cual los pueblos indígenas y quienes forman parte de estos, desde la Colonia, han sufrido de opresión y explotación y la mayoría de sus integrantes vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La dominación de estos pueblos tiene un origen en el ámbito económico, de clase social, pues de la fuerza de trabajo de su población se benefician los dueños de los medios de producción (terratenientes que poseen la tierra por ejemplo) quienes mantienen al indígena –aunque también a una gran cantidad de ladinos-- en condiciones inhumanas de trabajo, con salarios insuficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales y sin los beneficios que podría proveer el Estado. Este dominio también tiene un origen en el ámbito cultural, pues quienes han detentado históricamente el poder han desarrollado un proyecto de nación que excluye a todo aquel individuo o colectividad cuyas características socioculturales no correspondan con el paradigma de “civilización” hegemónico propio de las clases sociales dominantes. Así, las clases dominantes han hecho que su cultura se convierta en dominante y que la cultura de grupos o pueblos dominados adquieran un carácter subalterno.
La clase dominante en el ámbito nacional, poseedora de los medios de producción fundamentales –y consiguientemente del poder económico y político—, étnicamente se caracteriza por su autoidentificación como criolla y blanca principalmente. Ha sido fundamental y principalmente esta clase social la que ha diseñado un modelo de nación excluyente y de opresión hacia los pueblos indígenas. En ese marco, buena parte de la población ladina o mestiza que pasó a ser intermediaria o parte de ese poder oligárquico, tanto en el ámbito local como nacional, también se ha visto beneficiada económica y políticamente por dicho modelo, y ha sido participe en el desarrollo de relaciones de opresión y explotación del indígena.
¿Pero cuáles son las características, entonces, de las relaciones interétnicas en Guatemala?. Para empezar, la población indígena en general ha estado excluida económica, política y culturalmente. A ello se agrega la marginación a la que ha sido orillada por un sistema que la considera solamente fuerza de trabajo barata o en reserva y como un producto cultural para el turismo. En ese marco, las características socioculturales de los pueblos mayas han sido desvaloradas o subvaloradas, además de ser utilizadas para identificar a su población y ejercer sobre ella acciones de discriminación y racismo.
En este sentido la discriminación étnica en Guatemala ha consistido en el tratamiento diferente que recibe la población y pueblos indígenas en el ámbito de las relaciones sociales, un trato que parte de la sub-valoración de sus características socioculturales, de la construcción de prejuicios, estereotipos, etc. con relación a lo indígena o maya. Más allá de la discriminación, en Guatemala ha existido opresión, es decir, dominio e imposición de normas, valores, religión, idioma, formas de organización y de gobierno, entre muchos otros aspectos, opresión que ha sido ejecutada principalmente a través del Estado y sus aparatos ideológicos (como la escuela), jurídicos (como las leyes) y políticos (como las formas y contenidos de gobierno y acceso al poder). Pero también ha existido explotación, la cual tiene su origen en el despojo de los medios de producción --como la tierra-- sufrido por los pueblos indígenas y ha consistido en la contratación laboral a través de engaños, sin condiciones de trabajo dignas, sin acceso a seguridad social, con salarios de miseria y hambre, con represión ante las luchas legítimas por mejorar tales condiciones. Esta explotación, ejercida por los dueños de los medios de producción, históricamente ha sido mayor hacia la población indígena, pues han encontrado justificaciones ideológicas para lograrlo. Así han planteado, por ejemplo, que al indígena no debe pagársele un salario mayor porque lo derrocha, algo que obviamente es sólo una justificación para pagarle salarios miserables y vedarle sus derechos socioeconómicos.
Generalmente esta discriminación, opresión y explotación se apoya en la ideología racista explícita o implícita, es decir, en la “...valoración generalizada y definitiva de las diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, (en provecho de unos y en detrimento de otros), con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación” (Casaús Arzú. En Arenas, et al, 1999: 55).
Sin embargo, aunque los no indígenas (ladinos, criollos, blancos) en general discriminan y contribuyen a la explotación de los indígenas, no puede analizarse esta realidad sin vincularla al origen de clase tanto de éstos como de la discriminación y opresión misma. Esto es así en tanto la discriminación sirve de ideología para justificar la explotación y el dominio, o para mantener determinados privilegios en desmedro de los derechos y necesidades, en este caso, de la población indígena.
En Guatemala la discriminación comienza con la palabra indio que implícitamente incluye una visión del indígena como salvaje, bárbaro, idólatra, inferior, etc. Continúa con las actitudes (sutiles y no sutiles) de alejamiento social, es decir, evitar por ejemplo la amistad, el compadrazgo y el parentesco con el indígena. Se desarrolla aún más con las prácticas racistas, de opresión y explotación vigentes.
Uno de los rasgos de la discriminación consiste en desconocer o negar las características socioculturales de la población indígena o la riqueza de éstas en términos de creaciones culturales de similar valor humano. En el caso del imaginario racista presente en la oligarquía guatemalteca , este se caracteriza por la utilización de una serie de adjetivos hacia el indígena: sumiso, haragán, conformista, moreno, bajo, haragán—tradicional, introvertido. Esa serie de imágenes llevan a plantear su integración cultural y educacional (a la cultura y parámetros educativos de corte “occidental”), su ladinización e, inclusive, su exterminio y la mejora de la raza. (Casaúz Arzú, 1998)
La discriminación étnica es explícita e implícita. Así puede calificarse de discriminación el hecho de que indígenas no tengan acceso a educación en su idioma o a educación bilingüe. Igualmente, los abusos físicos y psicológicos hacia trabajadoras domésticas por ser indígenas, jornadas de trabajo largas y bajos salarios, la desatención y rechazo en los servicios públicos, el rechazo y burla hacia rasgos culturales propios, los chistes racistas y demás formas de agresión, etc.
El Estado y la opresión hacia los pueblos indígenas
La discriminación, opresión y explotación en todas sus formas se realiza en el ámbito de las relaciones sociales interpersonales y grupales. Un factor fundamental en el mantenimiento y reproducción histórica de la discriminación y opresión étnica ha sido su traducción en política del Estado, definida básicamente por las clases dominantes que han ejercido el poder real y que han sido integradas en su núcleo dirigente por criollos o blancos.
En el ámbito local quienes han tenido el poder y, consiguientemente, desarrollaron un ejercicio racista del poder --especialmente en los dos últimos siglos-- son o fueron principalmente ladinos. Ese poder consistía en dirigir el gobierno municipal y poseer el poder económico y político con el cual implementaban acciones de exclusión, marginación, explotación y dominio en contra de la población indígena. El análisis de esta realidad, en la cual claramente aparece la contradicción indio—ladino y su transposición al momento de analizar la realidad nacional, permite que se plantee que el indígena es sinónimo de explotado y el ladino sinónimo de explotador, planteamiento que oculta la existencia de clase sociales al interior de estas dos grandes colectividades. Así, por ejemplo, en el ámbito nacional se observa que existe una mayoría de población ladina que igualmente es explotada y que es una minoría (con identidad y carácter étnico criollo, blanco, ladino y mestizo) la que ha ejercido el poder del Estado y quienes ejercen una relación de explotación hacia la población indígena y ladina mayoritaria.
Algunos enfoques y políticas con relación a los pueblos indígenas
Es ésa minoría la que ha definido e impulsado una serie de enfoques y políticas hacia el indígena, las cuales han considerado e implementado el exterminio durante los primeros años de la época colonial, la segregación o apartheid en pueblos de indios y la asimilación desde la Colonia, aunque con predominio de esta última desde la segunda mitad del siglo XX. Todo ello se ha basado en un modelo de nación basado en la exclusión económica, política y cultural, la discriminación y el racismo y la subvaloración de todo aquello que corresponda con los pueblos maya, garífuna, xinca y ladina en condición de pobreza.
Desde la Colonia hasta en la actualidad se han venido aplicando una serie de políticas desde los centros de poder y el Estado, dirigidas hacia los pueblos indígenas. Durante la invasión lo característico fue la tendencia a su exterminio a través del etnocidio y los efectos provocados por las nuevas enfermedades traídas por españoles. Posteriormente, durante la época colonial se aplicó una política de apartheid, consistente en la concentración del indígena en los llamados “pueblos de indios”, los cuales eran una especie de reservaciones donde españoles y criollos obtuvieron fuerza de trabajo semi-esclava.
Durante el período de 1871 a 1944 las prácticas y tendencias estuvieron marcadas por el segregacionismo y asimilacionismo. El “indio” era visto como obstáculo, como inferior y un problema para la consolidación de la nación. La política segregacionista y de asimilación pretendía construir la nación sobre la base del pensamiento civilizatorio occidental a través del aniquilamiento de la diversidad sociocultural y la incorporación de “indio” a la “civilización occidental”.
Durante el período de la Revolución democrático--burguesa de 1944 a 1954, la política estuvo marcada por el indigenismo incorporativo, consistente en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y el conocimiento de los grupos étnicos de Guatemala. Se buscó la incorporación del indígena al capitalismo moderno dotándole de tierra y algunos servicios públicos, respetando parcialmente sus sistemas socioculturales.
Posteriormente, de 1954 a 1970 la tendencia siguió siendo el indigenismo integracionista, pero con una concepción del “indio” como resabio del pasado, al cual –se planteaba-- había que homogeneizar a través de su ladinización, para que alcanzara el desarrollo social. Pero, además, el indígena era visto como un peligro para la seguridad de la nación. No obstante, su cultura ancestral es utilizada para tratar de cimentar la idea de una identidad nacional.
Después de 1970 se siguen manteniendo algunas tendencias de análisis con respecto a la heterogeneidad sociocultural, varias de las cuales sirvieron de base para el impulso de políticas públicas dirigidas al indígena. Por un lado continuó el indigenismo que pretendía integrar al indígena, lo cual implicaba homogeneizar a la población indígena a la sociedad nacional (“occidental”). Es precisamente en el marco de esta corriente y de la lucha armada que se impulsó el genocidio y etnocidio en contra de la población indígena, la cual era asumida como sinónimo de guerrillera.
Por otra parte surge la corriente economicista, que subordinaba la etnia a la clase social, es decir, que niega la importancia de las reivindicaciones étnicas y plantea que al proletarizarlo, el indígena dejaría de serlo. También surge el etnicismo como corriente que plantea una vía indígena para la solución de los problemas nacionales, a través de la lucha indígena disociada del resto de la población. El etnicismo partía de equiparar la etnia con la clase social, de tal manera que el indígena era sinónimo de explotado y ladino sinónimo de explotador. Tanto la corriente economicista como la etnicista han sido corrientes desarrolladas fundamentalmente en el ámbito de la sociedad civil y siguen estando presente hoy día.
Como otra corriente integracionista también está la modernista. Ésta plantea que lo indígena es propio del atraso y, por tanto, al indígena debe modernizársele para que logre alcanzar el desarrollo y abandone sus costumbres y tradiciones que son vistas como resabios del pasado.
El objetivo de las corrientes y políticas étnicas impulsadas desde el Estado por elites oligárquicas o nuevas clases sociales en asenso económico, ha sido buscar que la población indígena pierda sus características socioculturales y adopte la “cultura occidental”. Es decir, una política que de forma sistemática se ha orientado a la destrucción de la heterogeneidad étnica y sociocultural.
Aun cuando en los últimos años ha habido algunas luchas y procesos importantes que plantean el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural como base para la construcción de nuevas relaciones étnicas y de una política estatal radicalmente distinta, muy poco se ha logrado todavía para cambiar las condiciones de opresión, de racismo y discriminación existentes en el ámbito de las relaciones sociales y en el papel que sigue jugando el Estado.
En busca de respuestas desde los pueblos indígenas
La preguntas para resolver la problemática étnico nacional --introducida en las páginas anteriores-- siguen siendo: ¿Qué modelo de nación y estado se requiere construir?, ¿Qué tipo de relaciones étnicas deben predominar en una nueva nación y nuevo estado a construir?, ¿qué estrategias son las indicadas para transformar, desde y por los pueblos indígenas, esta realidad de opresión étnica que también posee características de opresión de clase?, ¿Qué alianzas requiere dicha estrategia?...
Bibliografía
1. Arenas Bianchi, Clara. “¿Racismo en Guatemala?, Abriendo el debate sobre un tema tabú”. AVANCSO, Guatemala, 1999.
2. Barth, Frederick. "Los Grupos Etnicos y sus fronteras”. México, FCE, México, 1968.
3. Cabarrús Pellecer, Carlos Rafael. “En la conquista del ser: un estudio de identidad étnica.” CEDIM – FAFO, Guatemala, 1998.
4. Casaus Arzú, Marta. "Guatemala: linaje y racismo". FLACSO--Costa Rica, 1995.
5. Rodas, Isabel. "A la búsqueda de la diversidad del ladino". En ESTUDIOS, 2-96, Escuela de Historia, USAC, Guatemala, agosto 1997.
6. Solares, Jorge. "Corrientes antropológicas sobre etnicidad y clase social en Mesoamérica". FLACSO-Guatemala, 1989.
7. Sosa Velásquez, Mario Enrique. "Proceso comunitario y sistema de clasificación étnica: el caso de Primavera del Ixcán". Escuela de Historia, USAC, 2001.
8. -----------------------------------------. "Elementos para un marco filosófico de la interculturalidad democrática e integral: aplicación al tema de salud". En ANTROPOLITICA, Revista de la Asociación Guatemalteca de Antropología Política, Año 2, No. 1, febrero--mayo 2003.
9. José Alejos García. MAYAS Y LADINOS. ESTEREOTIPOS DE LA ANTROPOLOGIA CULTURALISTA. En ESTUDIOS, Revista del IIHAA, No. 2-96, Escuela de Historia, USAC, GUATEMALA.
Comités Cívicos ¿son una alternativa electoral?
Mario Enrique Sosa Velásquez
En ALAI, América Latina en Movimiento
2003-11-04
________________________________________
Uno de los comentarios a un artículo titulado "Elecciones en Guatemala: el Pueblo sin alternativa" publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, procedente de un compañero que trabajo en el fortalecimiento de procesos de organización local, consistió en la necesidad de distinguir el ámbito nacional del local para el análisis de la coyuntura político electoral. Este comentario responde a la conclusión sobre la inexistencia de una alternativa electoral para el Pueblo guatemalteco, la cual no necesariamente se aplica al ámbito local, en el cual existen algunos candidatos a alcaldes y comités cívicos que pueden serlo. Esta observación da origen a la siguiente aproximación, la cual pretende aportar elementos de análisis y un punto de vista al respecto.
La instauración de la legalidad burguesa para la búsqueda del poder formal del Estado de Guatemala acaecida en 1985, que dio paso al fin de un período de gobiernos militares y golpes de Estado, se abrió la posibilidad para que expresiones populares locales (comunitarias y sectoriales) iniciaran un proceso distinto de participación y definieran como una de sus líneas de acción a la lucha por el poder del gobierno municipal a través de partidos políticos o comités cívicos(1) . Cuando esto sucedió, en muchos casos se buscó orientar el gobierno municipal a la satisfacción de necesidades y solución de problemas sentidos por las comunidades y sectores en condiciones más precarias, contrario a lo que hacen las elites económicas y políticas locales que mayoritariamente ocupan dicho poder.
Estas expresiones populares locales, cuyo origen se ubica en procesos organizativos de mediana y larga duración, que poseen legitimidad y representatividad popular y comunal, han escogido principalmente el camino de organizar comités cívicos, los cuales, no obstante que la Ley Electoral y de Partidos Políticos los limita a existir solamente hasta la realización de las elecciones, han sido asumidos como sus instrumentos para la lucha por el poder del gobierno municipal. Así, muchos comités cívicos se han convertido en canales de expresión y participación de organizaciones comunitarias, sectoriales o de grupos democráticos en el ámbito local.
La aceptación de los comités cívicos como instrumentos electorales se debe, en gran medida, a la visión negativa sobre los partidos políticos, la cual se origina en la instrumentación y verticalismo que la mayoría de estos entes ha impuesto a las comunidades, organizaciones y líderes locales, a quienes han asumido como herramientas útiles para apoderarse del Estado nacional y promover sus intereses como clase dominante, como castas mafiosas o militares y como sectores de poder opuestos a los intereses de las clases populares mayoritarias. Los comités cívicos, entonces, han sido los referentes y las formas de participación a partir de los cuales se ha intentado cambiar la orientación de los recursos y la capacidad de servicio de la entidad municipal, cambiar la relación entre el gobierno municipal y el ciudadano individual y colectivamente considerado.
Carácter de los Comités Cívicos
Una de las orientaciones de personas y organizaciones que cuestionan a los partidos políticos existentes, es apoyar a los comités cívicos en tanto instancias más ligadas al pueblo, que pueden abrir posibilidades a las demandas, necesidades y problemas sociales. Sin embargo, en muchos casos se obvia analizar el marco institucional (y el régimen político en general) y el carácter del gobierno municipal como parte del Estado. Sobretodo, se deja de analizar el carácter de clase o los intereses particulares de sectores que optan también por organizar comités cívicos. En esa perspectiva, es necesario analizar el carácter del poder y el poder acumulado por actores --y clases sociales-- en el ámbito del municipio.
En toda localidad, los sectores organizados tienen un origen de clase, étnico, de género y sus intereses generalmente estarán mediados por este origen. Dichos intereses serán base para el desarrollo de estrategias políticas y para el establecimiento de alianzas, tanto en el ámbito local, como regional y nacional. A esto se suma el tipo de medios y recursos a partir de los cuales determinados actores locales que organizan comités cívicos adquieren capacidades diferenciadas que, además de su origen, dará contenido y forma a su incidencia en el curso de los procesos locales.
En ese sentido, un comité cívico puede ser un esfuerzo de elites de poder ajenas a los intereses de las mayorías en el municipio, vinculadas a sectores, castas o clases de poder económico y político nacional y transnacional. Así, su gestión desde el gobierno municipal adquirirá tal carácter, estableciendo relaciones de dominio e imposición, más que democráticas y de concertación con las comunidades y sectores populares. De tal manera que el Comité Cívico no necesariamente responde a los intereses populares o a las expectativas desde una posición de izquierda y democrática. Hablar de comités cívicos implica analizar el tipo de sectores o actores que lo integran, lo cual puede ser determinante en el carácter del poder y el proceso municipal que impulsará al momento de estar al frente de la gestión municipal.
Posibilidades y Limitaciones de los Comités Cívicos
Hablar de comités cívicos y plantear la posibilidad de que sean un alternativa electoral también requiere analizar, entre otros aspectos, las posibilidades que se potencian con la participación y apoyo a estos, así como sus limitaciones para lograr objetivos que parten del interés de las clases mayoritarias en el ámbito local y, por consiguiente, en el nacional.
Los Comités Cívicos, como instancias de participación asumidas por organizaciones y coordinadoras locales para intentar la conquista del gobierno municipal, pueden representar posibilidades como:
– Aportar en la construcción de sujetos locales comprometidos políticamente con las necesidades y problemas de las comunidades y las mayorías – . – Potenciar demandas sociales que nacen desde los espacios cotidianos, desde las clase subalternas y desde las comunidades.
– Abrir e institucionalizar espacios que fortalezcan la participación social en la toma de decisiones del gobierno municipal.
– Aportar a la construcción de relaciones de poder alternativas entre organizaciones, comunidades y el gobierno municipal, a partir de lograr que las primeras sean gestoras del desarrollo desde o en coordinación con la entidad municipal. Esto abriría la posibilidad de una relación distinta entre gobierno municipal y poderes locales tradicionales como las alcaldías indígenas, autoridades comunitarias y otros actores, en tanto formas organizadas y de autoridad de los Pueblos Indígenas y de los sectores populares.
– Institucionalizar procesos de planificación del desarrollo local más integrales, basados en la participación democrática e inclusiva en la toma de decisiones, en la fiscalización y la evaluación de planes y gestión municipal. Esto abriría las posibilidades para incluir contenidos programáticos que respondan a las necesidades de los distintos sujetos locales como comunidades y organizaciones sectoriales. Asimismo para la realización de una gestión democrática del desarrollo, a partir del diálogo, la concertación y la coordinación de esfuerzos. Esto significaría lograr prácticas de democracia participativa y la construcción de relaciones más horizontales frente a las tendencias centralistas y autoritarias que se reproducen o provienen desde los ámbitos internacional, nacional y lo local mismo.
– Instaurar procesos municipales de consulta y representación legítima desde las comunidades y sectores representativos como mujeres, jóvenes, campesinos.
– Reconocer, promover, fortalecer y dotar de poder a la organización comunal y sectorial de carácter popular: mujeres, jóvenes, campesinos, promotores de salud, entre otros.
– Promover y potenciar una relación de mayor autonomía del municipio frente al Estado en su conjunto y frente a organismos externos, especialmente orientada al respeto del liderazgo, las decisiones y los procesos locales --organizativos y culturales por ejemplo. Esto significaría fortalecer capacidades de autonomía de las comunidades y pueblos indígenas frente al Estado nacional, lo cual no implica despojar al Estado de sus obligaciones y responsabilidades para implementar políticas públicas que contribuyan a la satisfacción de necesidades esenciales de la población, pero sí aproximarse al ejercicio de derechos de carácter colectivo, principalmente políticos y culturales.
– Potenciar en los actores locales la capacidad de defensa y lucha frente a los poderes que promueven procesos económicos y políticos contrarios al interés nacional y a los intereses y recursos de municipios y comunidades, tales como el Plan Puebla Panamá, la apropiación de la diversidad biológica por empresas transnacionales, la apropiación de recursos como el agua y el bosque, la explotación y expoliación de las trabajadoras y trabajadores.
– Desplazar poderes elitistas que mantuvieron o mantienen el poder político y económico a nivel local: paramilitares, comisionados militares, redes de narcotráfico, familias con poder económico, entre otros. En esa dirección, disminuir el poder de partidos políticos y fuerzas que dominan en el ámbito nacional.
– Imprimir una mayor atención a la problemática rural y de los sectores marginados en el municipio.
– Aportar en el desarrollo de una cultura política popular, democrática, intercultural, interreligiosa, formadora de principios y valores humanistas y de transformación social. Una cultura política que parta de una visión integral y estratégica de la realidad y que se desarrolle en prácticas alternativas a las que el sistema político y la ideología dominante imponen.
– Imprimir al proceso de participación que se impulsa un carácter informativo, formativo y organizador orientado a la transformación social – . – Aportar al avance de una hegemonía popular a nivel nacional y desde lo local.
– Promover el fortalecimiento de la identidad de los actores -- comunidades por ejemplo- como sujetos de su propia historia. En ese marco, potenciar el fortalecimiento de la identidad de clase, étnica y de género como dimensiones relacionadas y base para la lucha en contra de la explotación y opresión y por la transformación social.
– Elegir alcaldes, concejales y síndicos más representativos de la organización social y las comunidades y, consiguientemente, tener autoridades mas legítimas.
Estas y otras posibilidades dependen, en todo caso, de las búsquedas y definiciones que planteen los comités cívicos y las organizaciones que los impulsan. En ese sentido, los comités cívicos organizados por actores legítimos del pueblo, que partan de contenidos ideológicos y programáticos propios de las comunidades y organizaciones populares, pueden representar una alternativa de participación y búsqueda del desarrollo desde abajo, desde los espacios cotidianos, desde las aspiraciones y propuestas construidas popularmente.
Estas posibilidades, no obstante, se encuentran con límites correspondientes a los actores que impulsan dichos comités y los límites que impone el régimen imperante, los cuales obviamente no son exclusividad de estos procesos y actores. Estos límites son o pueden ser:
– El espacio limitado que representa lo local para transformar las causas fundamentales de la explotación, la opresión, las condiciones de pobreza y miseria. A esto se agrega la visión y práctica localista con relación al desarrollo, la transformación social y las alianzas que en muchos casos tienen los actores locales. Lograr el desarrollo y la transformación social pasa necesariamente por distribuir la riqueza generada a nivel nacional, lo cual requiere de una acción principalmente de alcance nacional e internacional, orientada a transformaciones estructurales sobre la propiedad y la apropiación de dicha riqueza. Aunado a esto, la transformación de las relaciones de explotación y opresión requiere una acción y, consiguientemente, una estrategia y alianzas entre sectores, clases y pueblos con intereses comunes, esenciales para su impulso en todos los ámbitos y niveles de lucha.
– Los planteamientos de "apoliticidad" presente en actores locales impide alianzas en ámbitos y con actores con los cuales requeriría impulsarse una lucha mínimamente articulada.
– Los recursos limitados con los que cuentan las organizaciones y el gobierno municipal mismo para el impulso de procesos de transformación y desarrollo social.
– Las prácticas autoritarias en las propias formas de organización local, en el Estado e, inclusive, en organizaciones de apoyo.
– Las carencias de formación y capacitación para conducir y desarrollar procesos locales.
– Las estructuras y políticas estatales y gubernamentales centralistas, autoritarias, racistas, patriarcales, que están fundamentalmente al servicio de los intereses de clases y sectores de poder económico y político nacionales e internacionales, las cuales se imponen y reproducen institucional o socialmente en el ámbito local.
– Otros poderes locales, regionales, nacionales e internacionales que se constituyen en contrapesos para los procesos y luchas alternativas.
Estos límites pueden ser superados en la medida que los actores locales, de manera consciente, se planteen una estrategia de lucha política de corto y largo plazo, vínculos con esfuerzos regionales y nacionales de transformación, alianzas coherentes, programas que surjan del ámbito local y se potencien en el ámbito nacional.
Reflexión final
Los comités cívicos, entonces, poseen un carácter determinado, a partir de los actores que los conforman, de los intereses económicos, políticos y sociales que persiguen, de sus prácticas políticas, de su representatividad, de sus alianzas, etc. En ese sentido, no todos los comités cívicos y candidatos (y no todos los partidos políticos) serán una alternativa popular. Lo serán aquellos que provengan de actores ligados a los intereses mayoritarios de las comunidades y de la población del municipio, que posean prácticas democráticas, que planteen una propuesta de gobierno municipal orientada al interés colectivo mayoritario, que estén integrados y dirigidos por líderes legítimos, que tengan antecedentes de compromiso y servicio a la comunidad, que sean representativos y cuyos candidatos sean una garantía para los intereses que dicen perseguir. Además que sean espacios para impulsar procesos liberadores que, aun con sus limitaciones y sumando sus grandes posibilidades, abonen el camino por la transformación social. Así, determinados comités cívicos y candidaturas pueden resultar en alternativas en las elecciones del nueve de noviembre.
El compañero que hizo la observación que da pie a este aporte tiene razón. Existen varios comités y candidaturas que poseen características, posibilidades y potencialidades para el impulso de procesos de transformación social desde lo local. Esto alienta nuestro espíritu y nos reafirma que es posible avanzar.
(1) Los comités cívicos son organizaciones políticas, de carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular (alcaldes, síndicos y concejales) para integrar corporaciones municipales. Su acción está limitada al municipio en que postulen candidatos. "Ley electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento". Tribunal Supremo Electoral, Guatemala. http://alainet.org/active/4910&lang=es
En ALAI, América Latina en Movimiento
2003-11-04
________________________________________
Uno de los comentarios a un artículo titulado "Elecciones en Guatemala: el Pueblo sin alternativa" publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, procedente de un compañero que trabajo en el fortalecimiento de procesos de organización local, consistió en la necesidad de distinguir el ámbito nacional del local para el análisis de la coyuntura político electoral. Este comentario responde a la conclusión sobre la inexistencia de una alternativa electoral para el Pueblo guatemalteco, la cual no necesariamente se aplica al ámbito local, en el cual existen algunos candidatos a alcaldes y comités cívicos que pueden serlo. Esta observación da origen a la siguiente aproximación, la cual pretende aportar elementos de análisis y un punto de vista al respecto.
La instauración de la legalidad burguesa para la búsqueda del poder formal del Estado de Guatemala acaecida en 1985, que dio paso al fin de un período de gobiernos militares y golpes de Estado, se abrió la posibilidad para que expresiones populares locales (comunitarias y sectoriales) iniciaran un proceso distinto de participación y definieran como una de sus líneas de acción a la lucha por el poder del gobierno municipal a través de partidos políticos o comités cívicos(1) . Cuando esto sucedió, en muchos casos se buscó orientar el gobierno municipal a la satisfacción de necesidades y solución de problemas sentidos por las comunidades y sectores en condiciones más precarias, contrario a lo que hacen las elites económicas y políticas locales que mayoritariamente ocupan dicho poder.
Estas expresiones populares locales, cuyo origen se ubica en procesos organizativos de mediana y larga duración, que poseen legitimidad y representatividad popular y comunal, han escogido principalmente el camino de organizar comités cívicos, los cuales, no obstante que la Ley Electoral y de Partidos Políticos los limita a existir solamente hasta la realización de las elecciones, han sido asumidos como sus instrumentos para la lucha por el poder del gobierno municipal. Así, muchos comités cívicos se han convertido en canales de expresión y participación de organizaciones comunitarias, sectoriales o de grupos democráticos en el ámbito local.
La aceptación de los comités cívicos como instrumentos electorales se debe, en gran medida, a la visión negativa sobre los partidos políticos, la cual se origina en la instrumentación y verticalismo que la mayoría de estos entes ha impuesto a las comunidades, organizaciones y líderes locales, a quienes han asumido como herramientas útiles para apoderarse del Estado nacional y promover sus intereses como clase dominante, como castas mafiosas o militares y como sectores de poder opuestos a los intereses de las clases populares mayoritarias. Los comités cívicos, entonces, han sido los referentes y las formas de participación a partir de los cuales se ha intentado cambiar la orientación de los recursos y la capacidad de servicio de la entidad municipal, cambiar la relación entre el gobierno municipal y el ciudadano individual y colectivamente considerado.
Carácter de los Comités Cívicos
Una de las orientaciones de personas y organizaciones que cuestionan a los partidos políticos existentes, es apoyar a los comités cívicos en tanto instancias más ligadas al pueblo, que pueden abrir posibilidades a las demandas, necesidades y problemas sociales. Sin embargo, en muchos casos se obvia analizar el marco institucional (y el régimen político en general) y el carácter del gobierno municipal como parte del Estado. Sobretodo, se deja de analizar el carácter de clase o los intereses particulares de sectores que optan también por organizar comités cívicos. En esa perspectiva, es necesario analizar el carácter del poder y el poder acumulado por actores --y clases sociales-- en el ámbito del municipio.
En toda localidad, los sectores organizados tienen un origen de clase, étnico, de género y sus intereses generalmente estarán mediados por este origen. Dichos intereses serán base para el desarrollo de estrategias políticas y para el establecimiento de alianzas, tanto en el ámbito local, como regional y nacional. A esto se suma el tipo de medios y recursos a partir de los cuales determinados actores locales que organizan comités cívicos adquieren capacidades diferenciadas que, además de su origen, dará contenido y forma a su incidencia en el curso de los procesos locales.
En ese sentido, un comité cívico puede ser un esfuerzo de elites de poder ajenas a los intereses de las mayorías en el municipio, vinculadas a sectores, castas o clases de poder económico y político nacional y transnacional. Así, su gestión desde el gobierno municipal adquirirá tal carácter, estableciendo relaciones de dominio e imposición, más que democráticas y de concertación con las comunidades y sectores populares. De tal manera que el Comité Cívico no necesariamente responde a los intereses populares o a las expectativas desde una posición de izquierda y democrática. Hablar de comités cívicos implica analizar el tipo de sectores o actores que lo integran, lo cual puede ser determinante en el carácter del poder y el proceso municipal que impulsará al momento de estar al frente de la gestión municipal.
Posibilidades y Limitaciones de los Comités Cívicos
Hablar de comités cívicos y plantear la posibilidad de que sean un alternativa electoral también requiere analizar, entre otros aspectos, las posibilidades que se potencian con la participación y apoyo a estos, así como sus limitaciones para lograr objetivos que parten del interés de las clases mayoritarias en el ámbito local y, por consiguiente, en el nacional.
Los Comités Cívicos, como instancias de participación asumidas por organizaciones y coordinadoras locales para intentar la conquista del gobierno municipal, pueden representar posibilidades como:
– Aportar en la construcción de sujetos locales comprometidos políticamente con las necesidades y problemas de las comunidades y las mayorías – . – Potenciar demandas sociales que nacen desde los espacios cotidianos, desde las clase subalternas y desde las comunidades.
– Abrir e institucionalizar espacios que fortalezcan la participación social en la toma de decisiones del gobierno municipal.
– Aportar a la construcción de relaciones de poder alternativas entre organizaciones, comunidades y el gobierno municipal, a partir de lograr que las primeras sean gestoras del desarrollo desde o en coordinación con la entidad municipal. Esto abriría la posibilidad de una relación distinta entre gobierno municipal y poderes locales tradicionales como las alcaldías indígenas, autoridades comunitarias y otros actores, en tanto formas organizadas y de autoridad de los Pueblos Indígenas y de los sectores populares.
– Institucionalizar procesos de planificación del desarrollo local más integrales, basados en la participación democrática e inclusiva en la toma de decisiones, en la fiscalización y la evaluación de planes y gestión municipal. Esto abriría las posibilidades para incluir contenidos programáticos que respondan a las necesidades de los distintos sujetos locales como comunidades y organizaciones sectoriales. Asimismo para la realización de una gestión democrática del desarrollo, a partir del diálogo, la concertación y la coordinación de esfuerzos. Esto significaría lograr prácticas de democracia participativa y la construcción de relaciones más horizontales frente a las tendencias centralistas y autoritarias que se reproducen o provienen desde los ámbitos internacional, nacional y lo local mismo.
– Instaurar procesos municipales de consulta y representación legítima desde las comunidades y sectores representativos como mujeres, jóvenes, campesinos.
– Reconocer, promover, fortalecer y dotar de poder a la organización comunal y sectorial de carácter popular: mujeres, jóvenes, campesinos, promotores de salud, entre otros.
– Promover y potenciar una relación de mayor autonomía del municipio frente al Estado en su conjunto y frente a organismos externos, especialmente orientada al respeto del liderazgo, las decisiones y los procesos locales --organizativos y culturales por ejemplo. Esto significaría fortalecer capacidades de autonomía de las comunidades y pueblos indígenas frente al Estado nacional, lo cual no implica despojar al Estado de sus obligaciones y responsabilidades para implementar políticas públicas que contribuyan a la satisfacción de necesidades esenciales de la población, pero sí aproximarse al ejercicio de derechos de carácter colectivo, principalmente políticos y culturales.
– Potenciar en los actores locales la capacidad de defensa y lucha frente a los poderes que promueven procesos económicos y políticos contrarios al interés nacional y a los intereses y recursos de municipios y comunidades, tales como el Plan Puebla Panamá, la apropiación de la diversidad biológica por empresas transnacionales, la apropiación de recursos como el agua y el bosque, la explotación y expoliación de las trabajadoras y trabajadores.
– Desplazar poderes elitistas que mantuvieron o mantienen el poder político y económico a nivel local: paramilitares, comisionados militares, redes de narcotráfico, familias con poder económico, entre otros. En esa dirección, disminuir el poder de partidos políticos y fuerzas que dominan en el ámbito nacional.
– Imprimir una mayor atención a la problemática rural y de los sectores marginados en el municipio.
– Aportar en el desarrollo de una cultura política popular, democrática, intercultural, interreligiosa, formadora de principios y valores humanistas y de transformación social. Una cultura política que parta de una visión integral y estratégica de la realidad y que se desarrolle en prácticas alternativas a las que el sistema político y la ideología dominante imponen.
– Imprimir al proceso de participación que se impulsa un carácter informativo, formativo y organizador orientado a la transformación social – . – Aportar al avance de una hegemonía popular a nivel nacional y desde lo local.
– Promover el fortalecimiento de la identidad de los actores -- comunidades por ejemplo- como sujetos de su propia historia. En ese marco, potenciar el fortalecimiento de la identidad de clase, étnica y de género como dimensiones relacionadas y base para la lucha en contra de la explotación y opresión y por la transformación social.
– Elegir alcaldes, concejales y síndicos más representativos de la organización social y las comunidades y, consiguientemente, tener autoridades mas legítimas.
Estas y otras posibilidades dependen, en todo caso, de las búsquedas y definiciones que planteen los comités cívicos y las organizaciones que los impulsan. En ese sentido, los comités cívicos organizados por actores legítimos del pueblo, que partan de contenidos ideológicos y programáticos propios de las comunidades y organizaciones populares, pueden representar una alternativa de participación y búsqueda del desarrollo desde abajo, desde los espacios cotidianos, desde las aspiraciones y propuestas construidas popularmente.
Estas posibilidades, no obstante, se encuentran con límites correspondientes a los actores que impulsan dichos comités y los límites que impone el régimen imperante, los cuales obviamente no son exclusividad de estos procesos y actores. Estos límites son o pueden ser:
– El espacio limitado que representa lo local para transformar las causas fundamentales de la explotación, la opresión, las condiciones de pobreza y miseria. A esto se agrega la visión y práctica localista con relación al desarrollo, la transformación social y las alianzas que en muchos casos tienen los actores locales. Lograr el desarrollo y la transformación social pasa necesariamente por distribuir la riqueza generada a nivel nacional, lo cual requiere de una acción principalmente de alcance nacional e internacional, orientada a transformaciones estructurales sobre la propiedad y la apropiación de dicha riqueza. Aunado a esto, la transformación de las relaciones de explotación y opresión requiere una acción y, consiguientemente, una estrategia y alianzas entre sectores, clases y pueblos con intereses comunes, esenciales para su impulso en todos los ámbitos y niveles de lucha.
– Los planteamientos de "apoliticidad" presente en actores locales impide alianzas en ámbitos y con actores con los cuales requeriría impulsarse una lucha mínimamente articulada.
– Los recursos limitados con los que cuentan las organizaciones y el gobierno municipal mismo para el impulso de procesos de transformación y desarrollo social.
– Las prácticas autoritarias en las propias formas de organización local, en el Estado e, inclusive, en organizaciones de apoyo.
– Las carencias de formación y capacitación para conducir y desarrollar procesos locales.
– Las estructuras y políticas estatales y gubernamentales centralistas, autoritarias, racistas, patriarcales, que están fundamentalmente al servicio de los intereses de clases y sectores de poder económico y político nacionales e internacionales, las cuales se imponen y reproducen institucional o socialmente en el ámbito local.
– Otros poderes locales, regionales, nacionales e internacionales que se constituyen en contrapesos para los procesos y luchas alternativas.
Estos límites pueden ser superados en la medida que los actores locales, de manera consciente, se planteen una estrategia de lucha política de corto y largo plazo, vínculos con esfuerzos regionales y nacionales de transformación, alianzas coherentes, programas que surjan del ámbito local y se potencien en el ámbito nacional.
Reflexión final
Los comités cívicos, entonces, poseen un carácter determinado, a partir de los actores que los conforman, de los intereses económicos, políticos y sociales que persiguen, de sus prácticas políticas, de su representatividad, de sus alianzas, etc. En ese sentido, no todos los comités cívicos y candidatos (y no todos los partidos políticos) serán una alternativa popular. Lo serán aquellos que provengan de actores ligados a los intereses mayoritarios de las comunidades y de la población del municipio, que posean prácticas democráticas, que planteen una propuesta de gobierno municipal orientada al interés colectivo mayoritario, que estén integrados y dirigidos por líderes legítimos, que tengan antecedentes de compromiso y servicio a la comunidad, que sean representativos y cuyos candidatos sean una garantía para los intereses que dicen perseguir. Además que sean espacios para impulsar procesos liberadores que, aun con sus limitaciones y sumando sus grandes posibilidades, abonen el camino por la transformación social. Así, determinados comités cívicos y candidaturas pueden resultar en alternativas en las elecciones del nueve de noviembre.
El compañero que hizo la observación que da pie a este aporte tiene razón. Existen varios comités y candidaturas que poseen características, posibilidades y potencialidades para el impulso de procesos de transformación social desde lo local. Esto alienta nuestro espíritu y nos reafirma que es posible avanzar.
(1) Los comités cívicos son organizaciones políticas, de carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular (alcaldes, síndicos y concejales) para integrar corporaciones municipales. Su acción está limitada al municipio en que postulen candidatos. "Ley electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento". Tribunal Supremo Electoral, Guatemala. http://alainet.org/active/4910&lang=es
Elecciones en Guatemala: Un pueblo sin alternativa
Mario Enrique Sosa Velásquez
www.rebelion.org, 8 de octubre 2003
Los guatemaltecos y guatemaltecas, mestizos o indígenas, estamos ante una decisión difícil. En las elecciones del 9 de Noviembre estaremos tomando una decisión importante, de la cual dependerá el tipo de gobierno y la correlación de fuerzas que favorezca cambios que beneficien a la mayoría del Pueblo guatemalteco.
Desde 1954 hemos sido gobernados por fuerzas políticas de derecha, sean estas partidarias o militares, burguesas y mafiosas, todas en esencia contrarias a los intereses populares, además de serviles al imperio de Estados Unidos. Es por esto el escepticismo que a muchos nos embarga cuando se trata de hablar de lo electoral como posibilidad política para acceder al poder e impulsar la transformación del Estado y la Nación. Este sentimiento se profundiza al observar que las pasadas y actual elección sólo sirven para ratificar el poder de la derecha, es decir, de la burguesía, de las mafias o de intermediarios de éstas.
En el actual proceso electoral el Pueblo carece de alternativa real. Las últimas encuestas ubican con posibilidades de triunfo electoral a GANA, UNE y al FRG. En posiciones secundarias las empresas encuestadores ubican al PAN, Unionista, URNG y DIA.
Este panorama implica que la mayoría de guatemaltecos con intención de votar, está optando nuevamente por la derecha como opción para gobernar y por proyectos que no corresponden con sus intereses. Esto se debe, entre otros aspectos, a la hegemonía del pensamiento y la práctica política dominante, que a través de distintos partidos y organizaciones sociales, económicas y políticas, de diversas políticas e instituciones, de distintos aparatos ideológicos, ha logrado que el Pueblo crea en los criterios de la clase y los sectores dominantes. Sin embargo, también se debe a la incapacidad de la izquierda para definir su Proyecto, articularse y construir una propuesta programática, un discurso y una práctica que sean referentes para la adhesión y participación de las grandes mayorías.
Este es el panorama que se pretende analizar, a partir de aportar elementos que permitan dilucidar los proyectos político económicos que están disputándose y los partidos políticos que los representan. Este esfuerzo pretende aportar un poco de claridad en el panorama sombrío que hoy vivimos como Pueblo.
LOS PROYECTOS Y SUS PARTIDOS POLÍTICOS
1. El proyecto de la burguesía
La burguesía, como clase económicamente dominante, ha sido la principal beneficiada al definir la forma en que se ha estructurado la Nación y el Estado guatemaltecos a lo largo de nuestra historia. Ha acumulado grandes riquezas a partir del despojo histórico de tierras a los Pueblos Indígenas, a comunidades rurales y tierras nacionales; en los latifundios ha logrado extraer grandes capitales con la siembra de productos orientados a la exportación y con la sobre explotación a la clase trabajadora --la mayoría perteneciente a pueblos indígenas-- a quienes ha pagado bajos salarios y ha mantenido en condiciones de trabajo inhumanas e inexistencia de seguridad social. Su capital lo ha acumulado también basándose en actividades comerciales, financieras, industriales, las cuales se basan en la extracción de plusvalía vía los bajos salarios, el encarecimiento de productos, la especulación financiera, sin descartar su relación directa o indirecta con las redes mafiosas.
Con altibajos a lo largo de su historia, esta burguesía conformada por blancos, criollos, ladinos y mestizos (por auto adscripción), ha logrado mantener su dominio en la conducción del proceso nacional, en alianza con el capital transnacional y con el imperio estadounidense. Un dominio que la mayor parte del tiempo ha sido ejercido con violencia represiva, estatal y privada.
Sin embargo, con la derrota electoral sufrida en 1999, la burguesía y especialmente la oligarquía como su núcleo dirigente, se vio imposibilitada --en buena medida—de utilizar al Estado en función de su proyecto de clase dominante. Con esto disminuyeron sus ganancias, su capacidad para conducir el proceso nacional y para imponer sus intereses. Por esto, en las elecciones del 2003, la parte mayoritaria de esta burguesía intenta recuperar dicho poder a través de GANA. No obstante una de sus fracciones, encabezada por Álvaro Arzú (terrateniente del azúcar y de otras áreas productivas y económicas), ha optado momentáneamente por un partido distinto: el Unionista.
La GANA ha lanzado como candidato a Oscar Berger, un empresario que forma parte del sector terrateniente cafetalero, es decir, del sector productivo más atrasado y de los más explotadores y represivos. Fue alcalde de la capital, desde donde implementó una política elitista y clasista, y comprometió recursos municipales en proyectos como el del transporte urbano, el cual, además de ser un paliativo, sólo sirvió para enriquecer a quienes intervinieron en el negocio.
Esta alianza se integra con tres partidos de derecha cuyos dueños son expresiones burguesas y contrainsurgentes. El partido Reformador es propiedad de Jorge Briz –de la burguesía comercial--, el PSN propiedad de Castillo Sinibaldi --de la oligarquía licorera--, el Patriota propiedad del ex general Otto Pérez Molina –militar contrainsurgente--. A esta alianza se suman sectores de la burguesía agrícola, financiera, comercial, industrial y periodística, la mayor parte aglutinados en el CACIF. Estas son las clases que dirigen GANA y a las cuales se ha unido el comerciante burgués Fito Paiz y su partido UD. Su consolidación como alianza dependerá del repartimiento de cuotas de poder y beneficios en el caso de triunfar en las elecciones o de su articulación y capacidad de negociación como oposición de no lograrlo.
Su estrategia electoral consiste en: a) inversión millonaria en publicidad; b) hacer creer al ciudadano que con su elección ganamos todos; c) involucramiento de un conjunto de organizaciones, liderazgos, iglesias y partidos políticos en el Frente Cívico por la Democracia, como instancia de oposición al FRG y promotora del "voto consciente", marco en el cual GANA sería vista como la alternativa para desplazar a dicho partido del gobierno; d) elección de Eduardo Stain como candidato vicepresidencial, cuyo interés es convencer engañosamente a un conjunto de líderes y organizaciones del movimiento social, ONG e iglesias, sobre su carácter de mediador y promotor de sus causas.
Un gobierno de GANA, por sus intereses de clase social económicamente dominante, significaría pocos cambios con relación al gobierno del FRG. Su gobierno significaría continuar con la política neoliberal, privatizadora y entreguista al capital transnacional y a Estados Unidos, tal y como lo ha hecho históricamente y como lo hizo cuando gobernó a través del PAN. Obviamente haría algunos cambios para que todo siga igual, para que continúen las condiciones que les permitan seguir acumulando riqueza. En este sentido continuaría la explotación, la opresión, el racismo y la pobreza. No obstante, su política sería institucionalista. En conclusión, el triunfo de GANA implicaría ganancia para la burguesía en general, desplazamiento parcial de las mafias, perdida para el Pueblo que seguiría viendo postergadas sus necesidades. Estaríamos frente a un gobierno burgués, oligárquico, antidemocrático, racista y servil a los Estados Unidos.
Como se mencionó con anterioridad, una parte menor de la burguesía –desprendimiento también del PAN-- decidió lanzarse a la contienda electoral vía el partido Unionista. Esta fracción pretende insertarse en la negociación de cuotas de poder político y económico por esa vía, y obviamente estaría haciendo cuerpo común --explícito o implícito-- con GANA en una segunda vuelta electoral.
El candidato presidencial unionista es Fritz García-Gallont, un empresario descendiente de terratenientes alemanes, cuya política ha sido la misma implementada por el ex presidente Alvaro Arzú, con quien además está emparentado.
Al igual que GANA y el PAN, el partido Unionista es heredero de la privatización y disminución de los servicios del Estado al Pueblo, del aprovechamiento del Estado y del encarecimiento de servicios como la energía eléctrica, agua, teléfono, correo --entre otros--, provocado por medidas implementadas por el gobierno de Arzú y continuadas por el FRG. 2. El proyecto de las mafias El FRG representa el proyecto de los sectores duros y genocidas de la contrainsurgencia, de castas de militares y paramilitares, de nuevos ricos surgidos de las mafias en alianza con segmentos de la burguesía y sectores religiosos, especialmente protestantes.
Su origen puede rastrearse en los años de guerra, en los cuales la burguesía y el imperio de EE.UU. optaron por implementar la estrategia contrainsurgente como método fundamental de dominio y enfrentamiento contra la insurgencia revolucionaria. Para desarrollar dicha estrategia hicieron del ejército un poder autónomo y sanguinario, condición que además de derrotar militarmente a la insurgencia, abrió paso a que una buena cantidad de militares, más allá de poseer poder político y militar, vieran la posibilidad de ascender económicamente. Así, además de aprovecharse de los recursos del Estado, se apropiaron de tierras nacionales, municipales y comunales, y se aliaron con redes de contrabando y tráfico de drogas. Esto obviamente lo hicieron junto con civiles, algunos de ellos grandes y medianos empresarios. De tal manera que, además de poder político y militar, acumularon poder económico y control social, el cual han aumentado a través de alianzas articuladas principalmente en el FRG.
En el marco del proceso electoral, el FRG parecía verse afectado por los actos vandálicos que promovió en julio de este año. Sin embargo, su estrategia parece estar logrando el objetivo de crecer aceleradamente en la intención del voto, con posibilidades reales de disputar nuevamente la presidencia.
Además de poseer un voto fiel y duro, el FRG está impulsando una estrategia para mantenerse en el poder a través de: a) lanzamiento e inscripción fraudulenta como candidato presidencial de su caudillo natural: Efraín Ríos Montt, un militar acusado de genocidio y etnocidio que garantiza la alianza partidaria; b) activación de otras acciones fraudulentas como la inscripción de cédulas falsas; c) activación de fuerzas paramilitares como las PAC como fuerzas de choque y base electoral; d) promoción de violencia y terror para lograr que el votante se abstenga de votar por otros partidos políticos; e) emisión de un discurso demagógico de crítica a los ricos representados en GANA y planteándose como los defensores de los pobres; f) activación de mecanismos de control, presión y amenazas a la población para obligarlos a votar a su favor; g) inversión pública en obras visibles que atraigan o comprometan electoralmente a la población; h) probablemente hasta la consumación de un fraude electoral o un golpe de Estado si el voto lo desfavorece. Recuérdese que el FRG y quienes lo integran tienen mucho que ganar y mucho que perder. En conclusión, su carácter y estrategia permite afirmar que sería un error fundamental descartar un triunfo electoral o una posible estrategia no electoral del FRG para mantenerse en el poder.
En cualquier caso, el triunfo electoral del FRG implicaría la continuidad de un gobierno corrupto y vinculado a las mafias, caudillista, antidemocrático, militarista, represor, anticonstitucionalista y entreguista con Estados Unidos como lo ha demostrado, entre otras formas, al permitir el ingreso de tropas militares estadounidenses al territorio nacional y en entregar el país en las negociaciones del Tratado de "Libre" Comercio EE.UU.--Centroamérica en la cual está sacrificando la ya débil producción nacional. La consecuencia mayor de un nuevo gobierno del FRG sería terminar de destruir la débil institucionalidad, las pocas conquistas populares y las condiciones logradas para continuar el proceso de lucha popular y democrática.
El FRG resultó ser su instrumento ideal para los sectores que lo integran, aunque su ubicación en las encuestas haría que peligrar su utilidad. De hecho, esta situación está provocando que dichos sectores, castas y clases se camuflen, se muden a otros partidos --como ya empezó a darse-- e implementen acciones para garantizar su inmunidad ante posibles persecuciones penales.
Independiente del resultado electoral, habrá que tomar en cuenta que dichos sectores, castas y clases mafiosas ya son parte consubstancial del Estado, de varios partidos políticos y se han ido fundiendo como parte de la burguesía, del gran empresariado. De hecho, las mafias como tales están compuestas de redes, las cuales inclusive se extienden a sectores de población considerados imprescindibles para el desarrollo de sus acciones ilícitas. En muchas ocasiones dichas redes mafiosas están ligadas también a aquellas construidas por poderes económicos, con las cuales se alían para acrecentar sus capitales. Así encontramos capitales transnacionales que se han infiltrado o apoderado, por ejemplo, de ministerios como el de Energía y Minas, el cual les es útil como instrumento para lograr concesiones de exploración y explotación de recursos nacionales, y para mantener control sobre el mercado de hidrocarburos. Es en este marco en el cual se explica el actual PAN y las relaciones que ha ido tejiendo su actual candidato presidencial: Leonel López Rodas, quien siendo Ministro de Energía y Minas abrió el país a las exploraciones y concesiones petroleras y se vinculó a negocios de gasolina, servicios por los cuales salió grandemente beneficiado.
El otro partido que se rumora tiene ligazón con algunas expresiones mafiosas es precisamente el PAN. Este fue el partido privilegiado por la burguesía para apoderarse finalmente del gobierno en 1999. Sin embargo, Leonel López Rodas maniobró para impedir que Berger fuera el candidato presidencial, orillándolo a su salida. El camino, entonces, quedó libre para lanzarse como presidenciable del PAN, un partido ahora integrado con pequeña y mediana burguesía principalmente, dominado por aquellos que siguen viendo al Estado como el instrumento para continuar enriqueciéndose vía su alianza con capital transnacional e, inclusive, mafioso.
La estrategia electoral consiste en capitalizar el símbolo y estructura partidaria conocida por la población y en plantearse como la opción que acabará con la delincuencia común. Es previsible que su cercanía a las redes que integran el FRG, hagan que se oriente a apoyar dicho partido en una segunda vuelta electoral.
2. Los proyectos de la "pequeña burguesía"
El partido UNE está integrado por diversas fracciones y grupos de pequeña burguesía, aunque penetrados por una de las alianzas familiares de la oligarquía: los Andrade -- Díaz-Durán. Muchos de sus integrantes provienen del PAN, FRG, DC, DIA y de viejos gobiernos contrainsurgentes.
Este partido lo encabeza Álvaro Colom Caballeros como secretario general y candidato presidencial. Colom es un empresario de maquilas que ha intentado aprovecharse del parentesco con Manuel Colom Argueta, un líder político de izquierda de gran credibilidad en la población y asesinado por el ejército en 1979, durante el gobierno de Lucas García. Por su parte, el candidato vicepresidencial, Fernando Andrade Díaz- Durán, ex funcionario de gobiernos militares, miembro y servidor fiel de la oligarquía, ha cumplido una función de intermediario de los intereses de militares y de la embajada de Estados Unidos.
UNE es un partido que carece de programa estructurado, aunque tiene claridad en sus intereses de clase social emergente. Aun cuando se diga un partido de centro o de centro--izquierda, en su integración y práctica resulta ser un partido de derecha oportunista.
Su estrategia consiste en distanciarse y ubicarse como alternativa aparentemente popular frente al FRG y GANA. De esta forma pretende competir en una segunda vuelta en la cual supuestamente triunfaría. A esto suma la búsqueda de apoyo de la embajada norteamericana.
Otra de las expresiones de la pequeña burguesía es la DC. Hoy es encuentra en un nuevo intento por presentar candidato presidencial. Su tercera carta es Jacobo Arbenz Vilanova, hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, presidente democrático que gobernó el país de 1950 a 1954 y que fue derrocado por la burguesía, sectores de militares y Estados Unidos, quienes juntos invaden militarmente el país e inician un ciclo de gobiernos militares y represivos. No obstante dicho parentesco, este candidato carece de las capacidades y definiciones político ideológicas de su padre. Su pensamiento es profundamente neoliberal y su práctica ha sido oportunista al intentar ser el candidato presidencial de varios partidos políticos, previo a lograrlo con la DC.
No obstante que su campaña publicitaria intenta presentarlo como partido renovado, la DC participa con viejas figuras políticas que perdieron poder, políticos acusados de corrupción, serviles a los militares y a los Estados Unidos, aliados de la derecha recalcitrante y hasta hace poco del FRG en el Congreso --al igual que UD y PLP. Como partido es una variante de derecha cuyo origen está vinculado con el internacionalismo anticomunista de la jerarquía católica mundial. Hoy, sin propuesta y arraigo, lucha simplemente por su sobrevivencia, pero con el peligro de desaparecer.
3. El proyecto imperialista de Estados Unidos y del capital transnacional
Un proyecto casi nunca analizado como parte de la coyuntura, que no se muestra claramente en procesos electorales, es el proyecto imperialista encabezado por Estados Unidos y por empresas transnacionales, en este caso aquellas con intereses en Guatemala y la región. Este proyecto pretende anexionar nuestros estados nacionales a Estados Unidos, abrir las fronteras a la explotación de la fuerza de trabajo, los recursos naturales renovables y no renovables, a la inversión y movilidad del capital transnacional dentro y fuera del país. Todo esto en desmedro de nuestras escasas posibilidades de desarrollo nacional y, evidentemente, de las necesidades y problemas del Pueblo.
La expansión de EE.UU. y la anexión de nuestros estados nacionales es un proceso que se está dando actualmente a través del Área de "Libre" Comercio para las Américas --ALCA--; el Tratado de "Libre" Comercio entre EE.UU., México y Canadá -- TLC--; el Plan Puebla Panamá --PPP-- que abarca desde Puebla (México) hasta Panamá; y el Tratado de "Libre" Comercio EE.UU.--Centro América. Con estos planes Estados Unidos pretende consolidar su poder político, militar y económico en América. Para el impulso de dichos planes se apoya en instancias de financiamiento internacional como el Fondo Monetario Internacional --FMI--, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo --BID-- y otras estructuras como la Organización Mundial de Comercio --OMC.
Para lograr sus propósitos en Guatemala, Estados Unidos siempre ha impulsado acciones intervencionistas e invasoras, ha apoyado la represión y el terrorismo contra la oposición política y ha concretado alianzas con sectores y clases sociales serviles: así lo hizo con la burguesía oligarca en 1954, con los regímenes militares hasta 1985, con los distintos gobiernos hasta la fecha.
En esa dirección se comprende su apoyó al FRG en las elecciones anteriores, pues éste partido se presentaba como su incondicional, especialmente por no tener intereses económicos que defender en el ámbito de lo productivo y en el marco de las negociaciones de los Tratados de "libre" comercio. Sin embargo, el FRG generó condiciones de inestabilidad política que no garantizan la gobernabilidad que los negocios e intereses del capital transnacional y de los Estados Unidos requieren.
Por esto ha dejado de ser su primera opción, a menos que logre mantenerse en el poder.
GANA por su parte, integra algunas fracciones vinculadas a la producción agrícola e industrial que se están viendo afectada por la apertura del mercado nacional a la "libre" circulación de mercancías producidas por transnacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos. Por esta razón han impugnado las negociaciones y la actitud entreguista del FRG en las negociaciones del TLC C.A.--EE.UU.
Adicionalmente, quienes integran GANA históricamente se han negado a pagar impuestos que, a los ojos de Estados Unidos, permitirían hacer más gobernable el país. Esto hace que Estados Unidos no ubique a GANA como su principal aliado en este momento, aunque sin descartarlo como hace con el FRG.
En este momento entonces, cuál es el aliado ideal de Estados Unidos para continuar con sus planes. Ese aliado, que ya goza de la "bendición" de la embajada norteamericana, es la UNE y su candidato presidencial Alvaro Colom. La UNE no está dominada por la oligarquía y no representa por el momento un factor de inestabilidad política. Por el contrario, su carácter político podría representar a Estados Unidos la opción para continuar con facilidad sus planes expansionistas y anexionistas, descartar negociaciones directas con la oligarquía y aminorar el poder de las redes que manejan el FRG.
No obstante, como ha sido su pragmatismo imperialista, cederá migajas a quien finalmente gane las elecciones y obtendrá grandes beneficios utilizando como siempre las presiones económicas, políticas y hasta militares.
En todo caso, durante las actuales elecciones, UNE representa el Caballo de Troya del imperio estadounidense y en buena medida del capital transnacional.
Obviamente esta definición dependerá de sus posibilidades de insertarse en la segunda vuelta electoral.
4. El Proyecto Alternativo Popular
De 1944 a 1954 se desarrolló la llamada Primavera Democrática. Durante estos diez años se impulsaron planes y programas de beneficio popular. El Pueblo encontraba al fin una alternativa a sus necesidades y problemas históricos. Sin embargo, esta Primavera Democrática fue brutalmente interrumpida por la invasión de Estados Unidos, con la complicidad de la iglesia católica de ese entonces, la burguesía y militares entreguistas. A partir de entonces ha sido la burguesía, las mafias y Estados Unidos quienes han determinado la permanencia de gobiernos militares o civiles, todos de derecha.
La represión contra la izquierda a partir de 1954, provocó que el proyecto alternativo popular se impulsara a través de la lucha armada como única vía posible.
Sin embargo, al ser derrotada esta estrategia, obligó a negociar y firmar de la paz.
Esto originó que las organizaciones que impulsaron la estrategia revolucionaria se insertaran en el marco de la legalidad burguesa, aceptaran sus reglas y se organizaran en el partido político URNG.
Después de la inserción de la izquierda a la legalidad burguesa --en buena medida contrainsurgente todavía--, surgen las preguntas: ¿En qué situación se encuentra el Proyecto del Pueblo: popular, democrático, revolucionario?, ¿Tenemos alternativa como Pueblo?.
El Proyecto del Pueblo hoy es inexistente. Aun cuando existen fuerzas que dicen representarlo, éstas carecen de una línea de acción política que lo demuestre. Su dispersión, su enfrentamiento mutuo, sus planteamientos y prácticas distan mucho de los principios y la estrategia coherente con dicho Proyecto, con los intereses de la clase trabajadora y de todos los sectores y pueblos oprimidos.
Obviamente existen fuerzas sociales cuyo carácter se orienta a la defensa, demanda y reivindicación de diversas necesidades y problemáticas: organizaciones populares, campesinas, indígenas, de género, etc. Sin embargo, carecen de madurez para visualizar y asumir la necesidad de concebir y articular una estrategia unitaria que se encamine a la lucha por la construcción y toma del poder para impulsar el Proyecto del Pueblo.
Los dos partidos que se dicen de izquierda: ANN y URNG, están integrados por hombres y mujeres, muchos de ellos aliados de las causas populares, que lucharon por cambios revolucionarios y democráticos. Sin embargo, estos partidos son muestra de la falta de coherencia con el Proyecto liberador del Pueblo y de la clase trabajadora. Esta falta de coherencia se observa en sus prácticas comandantiles, verticalistas, autoritarias, dogmáticas y tolerantes con los poderes dominantes, en sus intereses particulares y hasta individuales, sobreponiéndose al principio de unidad de la izquierda, cuya concreción sería la única posibilidad para derrotar a la derecha en sus múltiples expresiones.
La URNG, desgastada por razones externas e internas, con predominio de la corriente socialdemócrata y expresiones comandantiles, tomó la decisión de lanzar a Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom) como su candidato presidencial. Asturias, es un socialdemócrata y antiguo comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas --ORPA--. Este partido impulsa una estrategia electorera y sectaria hacia otras expresiones de izquierda, cuenta con escasos recursos, posee un techo político electoral demasiado bajo y una propuesta política que no pasa de ser modernizante.
Sus limitaciones y resultados poco satisfactorios hacen imposible un despegue electoral vertiginoso a estas alturas. Todo lo contrario, hacen peligrar su propia sobrevivencia como partido.
La ANN parecía iba a ser una posibilidad para reconstruir la izquierda. Sin embargo cayó en las mismas prácticas comandantiles, verticalistas y ciegas ante el proceso político en el cual encontraba posibilidades de posicionarse como fuerza emergente y en crecimiento. Estos vicios y defectos del pasado se consolidan con el apoderamiento del partido por parte de Pablo Monsanto (Jorge Ismaél Soto) y su corriente integrada principalmente por ex militantes de las FAR. La práctica política de esta corriente obstaculizó la coalición electoral en torno a la candidatura de Rigoberto Quemé y orillaron a su rompimiento. De tal manera que la ANN se lanza a la contienda electoral como una fuerza electorera, sin definición política e ideológica, sin proyecto, sin candidato presidencial y solamente con candidatos a diputados y alcaldes. Al participar sin candidato presidencial, independientemente de su resultado, le hace evitar el riesgo de desaparecer como organización partidaria, aun que sí de sumirse en la división y marginalidad política.
En este panorama ninguna de las opciones partidarias que se dicen de izquierda resulta ser alternativa para el Pueblo. El Proyecto popular, democrático y revolucionario se encuentra hoy estancado por la inexistencia de un programa y un instrumento político que lo abandere y lo lleve a la práctica, a la lucha política.
¿QUÉ HACER? UNA PREGUNTA DESDE LOS INTERESES DEL PUEBLO?
Las elecciones poco o nada cambian la situación de explotación, dominio, pobreza, marginación y exclusión de más del 80% de los guatemaltecos y guatemaltecas y de los Pueblos Indígenas. No obstante, las elecciones son un proceso que exige una práctica política coherente con nuestros intereses y por ello debemos considerar la opción que nos permita continuar nuestro proceso de lucha social y política. En ese sentido se nos presenta la necesidad de actuar en el marco de la coyuntura electoral pero, sobretodo, actuar con orientación a lograr transformaciones en el largo plazo.
El voto para los partidos de derecha
Obviamente, votar por los partidos de derecha significaría apoyar a nuestros verdugos, a fuerzas cuyos intereses y proyectos son antagónicos con los de la clase trabajadora, con los pueblos indígenas y con todos aquellos sectores que se encuentran en situación de explotación, opresión y exclusión. El interés de los partidos de derecha es velar por sus intereses de clase económica y políticamente dominante y por su deseo de enriquecerse a costa del Pueblo. Es votar por proyectos que se presentan como diferentes, pero que poseen intereses comunes, propios de su origen de clase.
FRG, GANA, UNE, PAN, UNIONISTA, DC, UD, DIA, UN, PLP son todos partidos de derecha y, sin excepción, neoliberales y contrarios al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Todos tienen la característica de provenir directa o indirectamente de la línea ideológica y política del MLN --partido político que sembró el terror paramilitar desde el inicio de su gestación en 1954-- y de corrientes antipopulares y contrainsurgentes.
Quienes dirigen estos partidos y los proyectos que representan, son los que han construido al Estado con carácter oligárquico y mafioso, autoritario, caudillista, represor, excluyente y opresivo, racista y patriarcal, militarizado y militarista, propulsor del neoliberalismo y entreguista con los Estados Unidos. Son estas fuerzas quienes mantienen el sistema de opresión y explotación en las fincas, fábricas, maquilas y demás empresas. Son estas fuerzas las que se oponen a cambiar las condiciones de pobreza en que vive la clase trabajadora y la mayoría del Pueblo guatemalteco. Son estas fuerzas las que aparentan defender los intereses populares, pero en realidad son los verdugos del Pueblo.
Votar por cualquiera de los partidos anteriores, con el argumento de no permitir que sea reelecto el FRG es un engaño, pues aun con sus diferencias secundarias resultan ser en esencia lo mismo.
Quienes pretenden transformaciones sociales debemos promover una ideología y una práctica política liberadora, que evite el colaboracionismo con la burguesía y con las mafias en sus distintas expresiones.
El voto por los partidos de "izquierda"
Votar por los partidos que se dicen de izquierda y ubicarlos como opciones reales es arriesgado, especialmente porque sus prácticas distan mucho de ser democráticas y revolucionarias. Pero cuáles son las opciones.
Una primera opción es el voto nulo, que evidenciaría un rechazo a todas los partidos y lo que representan, incluidos los partidos que se dicen de izquierda.
Otra opción es ver las elecciones como un momento para adelantar posiciones democráticas y progresistas, que le hagan contrapeso a las posiciones de derecha.
Esto implicaría no votar a ciegas por un partido de los que se dicen de izquierda.
La decisión acertada estaría en votar por candidaturas de compañeros y compañeras propuestos por la ANN y la URNG, pero solamente por aquellos que hayan tenido y tengan una práctica honrada, democrática, revolucionaria. Por compañeros y compañeras que no estén transando sus partidos y sus posiciones con los partidos de derecha para votar por sus candidatos a presidente en la primera o segunda vuelta de las elecciones, tal y como ya se conoce que algunos lo han planteado o lo han definido. Estas compañeras y compañeros serían posibles aliados en el impulso de nuestras luchas por la reforma agraria integral, por la vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el desarrollo integral, por mayores y mejores empleos y condiciones de trabajo, por aumentos al salario real, por créditos, educación, salud, equidad de género, etc.
La recuperación de la perspectiva de largo plazo
En el largo plazo y alejados de lo electoral, es esencial la recuperación integral del Proyecto Histórico del Pueblo, formular un programa revolucionario, definir una estrategia o línea de lucha política y popular coherente, construir un instrumento político (un partido u organización política de nuevo tipo) que la lleve a cabo y contribuya a alcanzar las transformaciones que se necesitan para erradicar la explotación y la opresión de clase, étnica y de género, para resolver de raíz los problemas y satisfacer las necesidades del Pueblo.
Debemos rechazar las formas caducas de hacer política, incluidas aquellas que se reproducen en los partidos y organizaciones de izquierda. Debemos recuperar los principios, valores y prácticas revolucionarias, las luchas que nos permitan construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes.
Recordemos que la Nación y el Estado guatemaltecos han sido construidos por las clases dominantes, las mafias y el imperialismo norteamericano. Por eso debe ser el Pueblo el que refunde esta Nación y este Estado, para que respondan a los intereses mayoritarios.
La decisión debe ser inteligente y estratégica, pero la decisión finalmente es del Pueblo.
www.rebelion.org, 8 de octubre 2003
Los guatemaltecos y guatemaltecas, mestizos o indígenas, estamos ante una decisión difícil. En las elecciones del 9 de Noviembre estaremos tomando una decisión importante, de la cual dependerá el tipo de gobierno y la correlación de fuerzas que favorezca cambios que beneficien a la mayoría del Pueblo guatemalteco.
Desde 1954 hemos sido gobernados por fuerzas políticas de derecha, sean estas partidarias o militares, burguesas y mafiosas, todas en esencia contrarias a los intereses populares, además de serviles al imperio de Estados Unidos. Es por esto el escepticismo que a muchos nos embarga cuando se trata de hablar de lo electoral como posibilidad política para acceder al poder e impulsar la transformación del Estado y la Nación. Este sentimiento se profundiza al observar que las pasadas y actual elección sólo sirven para ratificar el poder de la derecha, es decir, de la burguesía, de las mafias o de intermediarios de éstas.
En el actual proceso electoral el Pueblo carece de alternativa real. Las últimas encuestas ubican con posibilidades de triunfo electoral a GANA, UNE y al FRG. En posiciones secundarias las empresas encuestadores ubican al PAN, Unionista, URNG y DIA.
Este panorama implica que la mayoría de guatemaltecos con intención de votar, está optando nuevamente por la derecha como opción para gobernar y por proyectos que no corresponden con sus intereses. Esto se debe, entre otros aspectos, a la hegemonía del pensamiento y la práctica política dominante, que a través de distintos partidos y organizaciones sociales, económicas y políticas, de diversas políticas e instituciones, de distintos aparatos ideológicos, ha logrado que el Pueblo crea en los criterios de la clase y los sectores dominantes. Sin embargo, también se debe a la incapacidad de la izquierda para definir su Proyecto, articularse y construir una propuesta programática, un discurso y una práctica que sean referentes para la adhesión y participación de las grandes mayorías.
Este es el panorama que se pretende analizar, a partir de aportar elementos que permitan dilucidar los proyectos político económicos que están disputándose y los partidos políticos que los representan. Este esfuerzo pretende aportar un poco de claridad en el panorama sombrío que hoy vivimos como Pueblo.
LOS PROYECTOS Y SUS PARTIDOS POLÍTICOS
1. El proyecto de la burguesía
La burguesía, como clase económicamente dominante, ha sido la principal beneficiada al definir la forma en que se ha estructurado la Nación y el Estado guatemaltecos a lo largo de nuestra historia. Ha acumulado grandes riquezas a partir del despojo histórico de tierras a los Pueblos Indígenas, a comunidades rurales y tierras nacionales; en los latifundios ha logrado extraer grandes capitales con la siembra de productos orientados a la exportación y con la sobre explotación a la clase trabajadora --la mayoría perteneciente a pueblos indígenas-- a quienes ha pagado bajos salarios y ha mantenido en condiciones de trabajo inhumanas e inexistencia de seguridad social. Su capital lo ha acumulado también basándose en actividades comerciales, financieras, industriales, las cuales se basan en la extracción de plusvalía vía los bajos salarios, el encarecimiento de productos, la especulación financiera, sin descartar su relación directa o indirecta con las redes mafiosas.
Con altibajos a lo largo de su historia, esta burguesía conformada por blancos, criollos, ladinos y mestizos (por auto adscripción), ha logrado mantener su dominio en la conducción del proceso nacional, en alianza con el capital transnacional y con el imperio estadounidense. Un dominio que la mayor parte del tiempo ha sido ejercido con violencia represiva, estatal y privada.
Sin embargo, con la derrota electoral sufrida en 1999, la burguesía y especialmente la oligarquía como su núcleo dirigente, se vio imposibilitada --en buena medida—de utilizar al Estado en función de su proyecto de clase dominante. Con esto disminuyeron sus ganancias, su capacidad para conducir el proceso nacional y para imponer sus intereses. Por esto, en las elecciones del 2003, la parte mayoritaria de esta burguesía intenta recuperar dicho poder a través de GANA. No obstante una de sus fracciones, encabezada por Álvaro Arzú (terrateniente del azúcar y de otras áreas productivas y económicas), ha optado momentáneamente por un partido distinto: el Unionista.
La GANA ha lanzado como candidato a Oscar Berger, un empresario que forma parte del sector terrateniente cafetalero, es decir, del sector productivo más atrasado y de los más explotadores y represivos. Fue alcalde de la capital, desde donde implementó una política elitista y clasista, y comprometió recursos municipales en proyectos como el del transporte urbano, el cual, además de ser un paliativo, sólo sirvió para enriquecer a quienes intervinieron en el negocio.
Esta alianza se integra con tres partidos de derecha cuyos dueños son expresiones burguesas y contrainsurgentes. El partido Reformador es propiedad de Jorge Briz –de la burguesía comercial--, el PSN propiedad de Castillo Sinibaldi --de la oligarquía licorera--, el Patriota propiedad del ex general Otto Pérez Molina –militar contrainsurgente--. A esta alianza se suman sectores de la burguesía agrícola, financiera, comercial, industrial y periodística, la mayor parte aglutinados en el CACIF. Estas son las clases que dirigen GANA y a las cuales se ha unido el comerciante burgués Fito Paiz y su partido UD. Su consolidación como alianza dependerá del repartimiento de cuotas de poder y beneficios en el caso de triunfar en las elecciones o de su articulación y capacidad de negociación como oposición de no lograrlo.
Su estrategia electoral consiste en: a) inversión millonaria en publicidad; b) hacer creer al ciudadano que con su elección ganamos todos; c) involucramiento de un conjunto de organizaciones, liderazgos, iglesias y partidos políticos en el Frente Cívico por la Democracia, como instancia de oposición al FRG y promotora del "voto consciente", marco en el cual GANA sería vista como la alternativa para desplazar a dicho partido del gobierno; d) elección de Eduardo Stain como candidato vicepresidencial, cuyo interés es convencer engañosamente a un conjunto de líderes y organizaciones del movimiento social, ONG e iglesias, sobre su carácter de mediador y promotor de sus causas.
Un gobierno de GANA, por sus intereses de clase social económicamente dominante, significaría pocos cambios con relación al gobierno del FRG. Su gobierno significaría continuar con la política neoliberal, privatizadora y entreguista al capital transnacional y a Estados Unidos, tal y como lo ha hecho históricamente y como lo hizo cuando gobernó a través del PAN. Obviamente haría algunos cambios para que todo siga igual, para que continúen las condiciones que les permitan seguir acumulando riqueza. En este sentido continuaría la explotación, la opresión, el racismo y la pobreza. No obstante, su política sería institucionalista. En conclusión, el triunfo de GANA implicaría ganancia para la burguesía en general, desplazamiento parcial de las mafias, perdida para el Pueblo que seguiría viendo postergadas sus necesidades. Estaríamos frente a un gobierno burgués, oligárquico, antidemocrático, racista y servil a los Estados Unidos.
Como se mencionó con anterioridad, una parte menor de la burguesía –desprendimiento también del PAN-- decidió lanzarse a la contienda electoral vía el partido Unionista. Esta fracción pretende insertarse en la negociación de cuotas de poder político y económico por esa vía, y obviamente estaría haciendo cuerpo común --explícito o implícito-- con GANA en una segunda vuelta electoral.
El candidato presidencial unionista es Fritz García-Gallont, un empresario descendiente de terratenientes alemanes, cuya política ha sido la misma implementada por el ex presidente Alvaro Arzú, con quien además está emparentado.
Al igual que GANA y el PAN, el partido Unionista es heredero de la privatización y disminución de los servicios del Estado al Pueblo, del aprovechamiento del Estado y del encarecimiento de servicios como la energía eléctrica, agua, teléfono, correo --entre otros--, provocado por medidas implementadas por el gobierno de Arzú y continuadas por el FRG. 2. El proyecto de las mafias El FRG representa el proyecto de los sectores duros y genocidas de la contrainsurgencia, de castas de militares y paramilitares, de nuevos ricos surgidos de las mafias en alianza con segmentos de la burguesía y sectores religiosos, especialmente protestantes.
Su origen puede rastrearse en los años de guerra, en los cuales la burguesía y el imperio de EE.UU. optaron por implementar la estrategia contrainsurgente como método fundamental de dominio y enfrentamiento contra la insurgencia revolucionaria. Para desarrollar dicha estrategia hicieron del ejército un poder autónomo y sanguinario, condición que además de derrotar militarmente a la insurgencia, abrió paso a que una buena cantidad de militares, más allá de poseer poder político y militar, vieran la posibilidad de ascender económicamente. Así, además de aprovecharse de los recursos del Estado, se apropiaron de tierras nacionales, municipales y comunales, y se aliaron con redes de contrabando y tráfico de drogas. Esto obviamente lo hicieron junto con civiles, algunos de ellos grandes y medianos empresarios. De tal manera que, además de poder político y militar, acumularon poder económico y control social, el cual han aumentado a través de alianzas articuladas principalmente en el FRG.
En el marco del proceso electoral, el FRG parecía verse afectado por los actos vandálicos que promovió en julio de este año. Sin embargo, su estrategia parece estar logrando el objetivo de crecer aceleradamente en la intención del voto, con posibilidades reales de disputar nuevamente la presidencia.
Además de poseer un voto fiel y duro, el FRG está impulsando una estrategia para mantenerse en el poder a través de: a) lanzamiento e inscripción fraudulenta como candidato presidencial de su caudillo natural: Efraín Ríos Montt, un militar acusado de genocidio y etnocidio que garantiza la alianza partidaria; b) activación de otras acciones fraudulentas como la inscripción de cédulas falsas; c) activación de fuerzas paramilitares como las PAC como fuerzas de choque y base electoral; d) promoción de violencia y terror para lograr que el votante se abstenga de votar por otros partidos políticos; e) emisión de un discurso demagógico de crítica a los ricos representados en GANA y planteándose como los defensores de los pobres; f) activación de mecanismos de control, presión y amenazas a la población para obligarlos a votar a su favor; g) inversión pública en obras visibles que atraigan o comprometan electoralmente a la población; h) probablemente hasta la consumación de un fraude electoral o un golpe de Estado si el voto lo desfavorece. Recuérdese que el FRG y quienes lo integran tienen mucho que ganar y mucho que perder. En conclusión, su carácter y estrategia permite afirmar que sería un error fundamental descartar un triunfo electoral o una posible estrategia no electoral del FRG para mantenerse en el poder.
En cualquier caso, el triunfo electoral del FRG implicaría la continuidad de un gobierno corrupto y vinculado a las mafias, caudillista, antidemocrático, militarista, represor, anticonstitucionalista y entreguista con Estados Unidos como lo ha demostrado, entre otras formas, al permitir el ingreso de tropas militares estadounidenses al territorio nacional y en entregar el país en las negociaciones del Tratado de "Libre" Comercio EE.UU.--Centroamérica en la cual está sacrificando la ya débil producción nacional. La consecuencia mayor de un nuevo gobierno del FRG sería terminar de destruir la débil institucionalidad, las pocas conquistas populares y las condiciones logradas para continuar el proceso de lucha popular y democrática.
El FRG resultó ser su instrumento ideal para los sectores que lo integran, aunque su ubicación en las encuestas haría que peligrar su utilidad. De hecho, esta situación está provocando que dichos sectores, castas y clases se camuflen, se muden a otros partidos --como ya empezó a darse-- e implementen acciones para garantizar su inmunidad ante posibles persecuciones penales.
Independiente del resultado electoral, habrá que tomar en cuenta que dichos sectores, castas y clases mafiosas ya son parte consubstancial del Estado, de varios partidos políticos y se han ido fundiendo como parte de la burguesía, del gran empresariado. De hecho, las mafias como tales están compuestas de redes, las cuales inclusive se extienden a sectores de población considerados imprescindibles para el desarrollo de sus acciones ilícitas. En muchas ocasiones dichas redes mafiosas están ligadas también a aquellas construidas por poderes económicos, con las cuales se alían para acrecentar sus capitales. Así encontramos capitales transnacionales que se han infiltrado o apoderado, por ejemplo, de ministerios como el de Energía y Minas, el cual les es útil como instrumento para lograr concesiones de exploración y explotación de recursos nacionales, y para mantener control sobre el mercado de hidrocarburos. Es en este marco en el cual se explica el actual PAN y las relaciones que ha ido tejiendo su actual candidato presidencial: Leonel López Rodas, quien siendo Ministro de Energía y Minas abrió el país a las exploraciones y concesiones petroleras y se vinculó a negocios de gasolina, servicios por los cuales salió grandemente beneficiado.
El otro partido que se rumora tiene ligazón con algunas expresiones mafiosas es precisamente el PAN. Este fue el partido privilegiado por la burguesía para apoderarse finalmente del gobierno en 1999. Sin embargo, Leonel López Rodas maniobró para impedir que Berger fuera el candidato presidencial, orillándolo a su salida. El camino, entonces, quedó libre para lanzarse como presidenciable del PAN, un partido ahora integrado con pequeña y mediana burguesía principalmente, dominado por aquellos que siguen viendo al Estado como el instrumento para continuar enriqueciéndose vía su alianza con capital transnacional e, inclusive, mafioso.
La estrategia electoral consiste en capitalizar el símbolo y estructura partidaria conocida por la población y en plantearse como la opción que acabará con la delincuencia común. Es previsible que su cercanía a las redes que integran el FRG, hagan que se oriente a apoyar dicho partido en una segunda vuelta electoral.
2. Los proyectos de la "pequeña burguesía"
El partido UNE está integrado por diversas fracciones y grupos de pequeña burguesía, aunque penetrados por una de las alianzas familiares de la oligarquía: los Andrade -- Díaz-Durán. Muchos de sus integrantes provienen del PAN, FRG, DC, DIA y de viejos gobiernos contrainsurgentes.
Este partido lo encabeza Álvaro Colom Caballeros como secretario general y candidato presidencial. Colom es un empresario de maquilas que ha intentado aprovecharse del parentesco con Manuel Colom Argueta, un líder político de izquierda de gran credibilidad en la población y asesinado por el ejército en 1979, durante el gobierno de Lucas García. Por su parte, el candidato vicepresidencial, Fernando Andrade Díaz- Durán, ex funcionario de gobiernos militares, miembro y servidor fiel de la oligarquía, ha cumplido una función de intermediario de los intereses de militares y de la embajada de Estados Unidos.
UNE es un partido que carece de programa estructurado, aunque tiene claridad en sus intereses de clase social emergente. Aun cuando se diga un partido de centro o de centro--izquierda, en su integración y práctica resulta ser un partido de derecha oportunista.
Su estrategia consiste en distanciarse y ubicarse como alternativa aparentemente popular frente al FRG y GANA. De esta forma pretende competir en una segunda vuelta en la cual supuestamente triunfaría. A esto suma la búsqueda de apoyo de la embajada norteamericana.
Otra de las expresiones de la pequeña burguesía es la DC. Hoy es encuentra en un nuevo intento por presentar candidato presidencial. Su tercera carta es Jacobo Arbenz Vilanova, hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, presidente democrático que gobernó el país de 1950 a 1954 y que fue derrocado por la burguesía, sectores de militares y Estados Unidos, quienes juntos invaden militarmente el país e inician un ciclo de gobiernos militares y represivos. No obstante dicho parentesco, este candidato carece de las capacidades y definiciones político ideológicas de su padre. Su pensamiento es profundamente neoliberal y su práctica ha sido oportunista al intentar ser el candidato presidencial de varios partidos políticos, previo a lograrlo con la DC.
No obstante que su campaña publicitaria intenta presentarlo como partido renovado, la DC participa con viejas figuras políticas que perdieron poder, políticos acusados de corrupción, serviles a los militares y a los Estados Unidos, aliados de la derecha recalcitrante y hasta hace poco del FRG en el Congreso --al igual que UD y PLP. Como partido es una variante de derecha cuyo origen está vinculado con el internacionalismo anticomunista de la jerarquía católica mundial. Hoy, sin propuesta y arraigo, lucha simplemente por su sobrevivencia, pero con el peligro de desaparecer.
3. El proyecto imperialista de Estados Unidos y del capital transnacional
Un proyecto casi nunca analizado como parte de la coyuntura, que no se muestra claramente en procesos electorales, es el proyecto imperialista encabezado por Estados Unidos y por empresas transnacionales, en este caso aquellas con intereses en Guatemala y la región. Este proyecto pretende anexionar nuestros estados nacionales a Estados Unidos, abrir las fronteras a la explotación de la fuerza de trabajo, los recursos naturales renovables y no renovables, a la inversión y movilidad del capital transnacional dentro y fuera del país. Todo esto en desmedro de nuestras escasas posibilidades de desarrollo nacional y, evidentemente, de las necesidades y problemas del Pueblo.
La expansión de EE.UU. y la anexión de nuestros estados nacionales es un proceso que se está dando actualmente a través del Área de "Libre" Comercio para las Américas --ALCA--; el Tratado de "Libre" Comercio entre EE.UU., México y Canadá -- TLC--; el Plan Puebla Panamá --PPP-- que abarca desde Puebla (México) hasta Panamá; y el Tratado de "Libre" Comercio EE.UU.--Centro América. Con estos planes Estados Unidos pretende consolidar su poder político, militar y económico en América. Para el impulso de dichos planes se apoya en instancias de financiamiento internacional como el Fondo Monetario Internacional --FMI--, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo --BID-- y otras estructuras como la Organización Mundial de Comercio --OMC.
Para lograr sus propósitos en Guatemala, Estados Unidos siempre ha impulsado acciones intervencionistas e invasoras, ha apoyado la represión y el terrorismo contra la oposición política y ha concretado alianzas con sectores y clases sociales serviles: así lo hizo con la burguesía oligarca en 1954, con los regímenes militares hasta 1985, con los distintos gobiernos hasta la fecha.
En esa dirección se comprende su apoyó al FRG en las elecciones anteriores, pues éste partido se presentaba como su incondicional, especialmente por no tener intereses económicos que defender en el ámbito de lo productivo y en el marco de las negociaciones de los Tratados de "libre" comercio. Sin embargo, el FRG generó condiciones de inestabilidad política que no garantizan la gobernabilidad que los negocios e intereses del capital transnacional y de los Estados Unidos requieren.
Por esto ha dejado de ser su primera opción, a menos que logre mantenerse en el poder.
GANA por su parte, integra algunas fracciones vinculadas a la producción agrícola e industrial que se están viendo afectada por la apertura del mercado nacional a la "libre" circulación de mercancías producidas por transnacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos. Por esta razón han impugnado las negociaciones y la actitud entreguista del FRG en las negociaciones del TLC C.A.--EE.UU.
Adicionalmente, quienes integran GANA históricamente se han negado a pagar impuestos que, a los ojos de Estados Unidos, permitirían hacer más gobernable el país. Esto hace que Estados Unidos no ubique a GANA como su principal aliado en este momento, aunque sin descartarlo como hace con el FRG.
En este momento entonces, cuál es el aliado ideal de Estados Unidos para continuar con sus planes. Ese aliado, que ya goza de la "bendición" de la embajada norteamericana, es la UNE y su candidato presidencial Alvaro Colom. La UNE no está dominada por la oligarquía y no representa por el momento un factor de inestabilidad política. Por el contrario, su carácter político podría representar a Estados Unidos la opción para continuar con facilidad sus planes expansionistas y anexionistas, descartar negociaciones directas con la oligarquía y aminorar el poder de las redes que manejan el FRG.
No obstante, como ha sido su pragmatismo imperialista, cederá migajas a quien finalmente gane las elecciones y obtendrá grandes beneficios utilizando como siempre las presiones económicas, políticas y hasta militares.
En todo caso, durante las actuales elecciones, UNE representa el Caballo de Troya del imperio estadounidense y en buena medida del capital transnacional.
Obviamente esta definición dependerá de sus posibilidades de insertarse en la segunda vuelta electoral.
4. El Proyecto Alternativo Popular
De 1944 a 1954 se desarrolló la llamada Primavera Democrática. Durante estos diez años se impulsaron planes y programas de beneficio popular. El Pueblo encontraba al fin una alternativa a sus necesidades y problemas históricos. Sin embargo, esta Primavera Democrática fue brutalmente interrumpida por la invasión de Estados Unidos, con la complicidad de la iglesia católica de ese entonces, la burguesía y militares entreguistas. A partir de entonces ha sido la burguesía, las mafias y Estados Unidos quienes han determinado la permanencia de gobiernos militares o civiles, todos de derecha.
La represión contra la izquierda a partir de 1954, provocó que el proyecto alternativo popular se impulsara a través de la lucha armada como única vía posible.
Sin embargo, al ser derrotada esta estrategia, obligó a negociar y firmar de la paz.
Esto originó que las organizaciones que impulsaron la estrategia revolucionaria se insertaran en el marco de la legalidad burguesa, aceptaran sus reglas y se organizaran en el partido político URNG.
Después de la inserción de la izquierda a la legalidad burguesa --en buena medida contrainsurgente todavía--, surgen las preguntas: ¿En qué situación se encuentra el Proyecto del Pueblo: popular, democrático, revolucionario?, ¿Tenemos alternativa como Pueblo?.
El Proyecto del Pueblo hoy es inexistente. Aun cuando existen fuerzas que dicen representarlo, éstas carecen de una línea de acción política que lo demuestre. Su dispersión, su enfrentamiento mutuo, sus planteamientos y prácticas distan mucho de los principios y la estrategia coherente con dicho Proyecto, con los intereses de la clase trabajadora y de todos los sectores y pueblos oprimidos.
Obviamente existen fuerzas sociales cuyo carácter se orienta a la defensa, demanda y reivindicación de diversas necesidades y problemáticas: organizaciones populares, campesinas, indígenas, de género, etc. Sin embargo, carecen de madurez para visualizar y asumir la necesidad de concebir y articular una estrategia unitaria que se encamine a la lucha por la construcción y toma del poder para impulsar el Proyecto del Pueblo.
Los dos partidos que se dicen de izquierda: ANN y URNG, están integrados por hombres y mujeres, muchos de ellos aliados de las causas populares, que lucharon por cambios revolucionarios y democráticos. Sin embargo, estos partidos son muestra de la falta de coherencia con el Proyecto liberador del Pueblo y de la clase trabajadora. Esta falta de coherencia se observa en sus prácticas comandantiles, verticalistas, autoritarias, dogmáticas y tolerantes con los poderes dominantes, en sus intereses particulares y hasta individuales, sobreponiéndose al principio de unidad de la izquierda, cuya concreción sería la única posibilidad para derrotar a la derecha en sus múltiples expresiones.
La URNG, desgastada por razones externas e internas, con predominio de la corriente socialdemócrata y expresiones comandantiles, tomó la decisión de lanzar a Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom) como su candidato presidencial. Asturias, es un socialdemócrata y antiguo comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas --ORPA--. Este partido impulsa una estrategia electorera y sectaria hacia otras expresiones de izquierda, cuenta con escasos recursos, posee un techo político electoral demasiado bajo y una propuesta política que no pasa de ser modernizante.
Sus limitaciones y resultados poco satisfactorios hacen imposible un despegue electoral vertiginoso a estas alturas. Todo lo contrario, hacen peligrar su propia sobrevivencia como partido.
La ANN parecía iba a ser una posibilidad para reconstruir la izquierda. Sin embargo cayó en las mismas prácticas comandantiles, verticalistas y ciegas ante el proceso político en el cual encontraba posibilidades de posicionarse como fuerza emergente y en crecimiento. Estos vicios y defectos del pasado se consolidan con el apoderamiento del partido por parte de Pablo Monsanto (Jorge Ismaél Soto) y su corriente integrada principalmente por ex militantes de las FAR. La práctica política de esta corriente obstaculizó la coalición electoral en torno a la candidatura de Rigoberto Quemé y orillaron a su rompimiento. De tal manera que la ANN se lanza a la contienda electoral como una fuerza electorera, sin definición política e ideológica, sin proyecto, sin candidato presidencial y solamente con candidatos a diputados y alcaldes. Al participar sin candidato presidencial, independientemente de su resultado, le hace evitar el riesgo de desaparecer como organización partidaria, aun que sí de sumirse en la división y marginalidad política.
En este panorama ninguna de las opciones partidarias que se dicen de izquierda resulta ser alternativa para el Pueblo. El Proyecto popular, democrático y revolucionario se encuentra hoy estancado por la inexistencia de un programa y un instrumento político que lo abandere y lo lleve a la práctica, a la lucha política.
¿QUÉ HACER? UNA PREGUNTA DESDE LOS INTERESES DEL PUEBLO?
Las elecciones poco o nada cambian la situación de explotación, dominio, pobreza, marginación y exclusión de más del 80% de los guatemaltecos y guatemaltecas y de los Pueblos Indígenas. No obstante, las elecciones son un proceso que exige una práctica política coherente con nuestros intereses y por ello debemos considerar la opción que nos permita continuar nuestro proceso de lucha social y política. En ese sentido se nos presenta la necesidad de actuar en el marco de la coyuntura electoral pero, sobretodo, actuar con orientación a lograr transformaciones en el largo plazo.
El voto para los partidos de derecha
Obviamente, votar por los partidos de derecha significaría apoyar a nuestros verdugos, a fuerzas cuyos intereses y proyectos son antagónicos con los de la clase trabajadora, con los pueblos indígenas y con todos aquellos sectores que se encuentran en situación de explotación, opresión y exclusión. El interés de los partidos de derecha es velar por sus intereses de clase económica y políticamente dominante y por su deseo de enriquecerse a costa del Pueblo. Es votar por proyectos que se presentan como diferentes, pero que poseen intereses comunes, propios de su origen de clase.
FRG, GANA, UNE, PAN, UNIONISTA, DC, UD, DIA, UN, PLP son todos partidos de derecha y, sin excepción, neoliberales y contrarios al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Todos tienen la característica de provenir directa o indirectamente de la línea ideológica y política del MLN --partido político que sembró el terror paramilitar desde el inicio de su gestación en 1954-- y de corrientes antipopulares y contrainsurgentes.
Quienes dirigen estos partidos y los proyectos que representan, son los que han construido al Estado con carácter oligárquico y mafioso, autoritario, caudillista, represor, excluyente y opresivo, racista y patriarcal, militarizado y militarista, propulsor del neoliberalismo y entreguista con los Estados Unidos. Son estas fuerzas quienes mantienen el sistema de opresión y explotación en las fincas, fábricas, maquilas y demás empresas. Son estas fuerzas las que se oponen a cambiar las condiciones de pobreza en que vive la clase trabajadora y la mayoría del Pueblo guatemalteco. Son estas fuerzas las que aparentan defender los intereses populares, pero en realidad son los verdugos del Pueblo.
Votar por cualquiera de los partidos anteriores, con el argumento de no permitir que sea reelecto el FRG es un engaño, pues aun con sus diferencias secundarias resultan ser en esencia lo mismo.
Quienes pretenden transformaciones sociales debemos promover una ideología y una práctica política liberadora, que evite el colaboracionismo con la burguesía y con las mafias en sus distintas expresiones.
El voto por los partidos de "izquierda"
Votar por los partidos que se dicen de izquierda y ubicarlos como opciones reales es arriesgado, especialmente porque sus prácticas distan mucho de ser democráticas y revolucionarias. Pero cuáles son las opciones.
Una primera opción es el voto nulo, que evidenciaría un rechazo a todas los partidos y lo que representan, incluidos los partidos que se dicen de izquierda.
Otra opción es ver las elecciones como un momento para adelantar posiciones democráticas y progresistas, que le hagan contrapeso a las posiciones de derecha.
Esto implicaría no votar a ciegas por un partido de los que se dicen de izquierda.
La decisión acertada estaría en votar por candidaturas de compañeros y compañeras propuestos por la ANN y la URNG, pero solamente por aquellos que hayan tenido y tengan una práctica honrada, democrática, revolucionaria. Por compañeros y compañeras que no estén transando sus partidos y sus posiciones con los partidos de derecha para votar por sus candidatos a presidente en la primera o segunda vuelta de las elecciones, tal y como ya se conoce que algunos lo han planteado o lo han definido. Estas compañeras y compañeros serían posibles aliados en el impulso de nuestras luchas por la reforma agraria integral, por la vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el desarrollo integral, por mayores y mejores empleos y condiciones de trabajo, por aumentos al salario real, por créditos, educación, salud, equidad de género, etc.
La recuperación de la perspectiva de largo plazo
En el largo plazo y alejados de lo electoral, es esencial la recuperación integral del Proyecto Histórico del Pueblo, formular un programa revolucionario, definir una estrategia o línea de lucha política y popular coherente, construir un instrumento político (un partido u organización política de nuevo tipo) que la lleve a cabo y contribuya a alcanzar las transformaciones que se necesitan para erradicar la explotación y la opresión de clase, étnica y de género, para resolver de raíz los problemas y satisfacer las necesidades del Pueblo.
Debemos rechazar las formas caducas de hacer política, incluidas aquellas que se reproducen en los partidos y organizaciones de izquierda. Debemos recuperar los principios, valores y prácticas revolucionarias, las luchas que nos permitan construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes.
Recordemos que la Nación y el Estado guatemaltecos han sido construidos por las clases dominantes, las mafias y el imperialismo norteamericano. Por eso debe ser el Pueblo el que refunde esta Nación y este Estado, para que respondan a los intereses mayoritarios.
La decisión debe ser inteligente y estratégica, pero la decisión finalmente es del Pueblo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)