CONSTRUYAMOS UNA NUEVA HUMANIDAD

Por Mario Sosa

Sin excepción alguna, la especie humana es la única capaz de conocer, discernir y decidir conscientemente.  Es, de hecho, la síntesis a través de la cual se ha llegado a tener conciencia de lo existente y a potenciar esa síntesis al punto de llevarla a estadios de desarrollo espiritual y material que, contradictoriamente, pueden manifestarse en la máxima entrega por el Hermano al mismo tiempo que en las formas más extremas de asumirlo como un objeto-mercancía, al punto de hacerle padecer las más horrendas experiencias en lo individual y colectivo, al punto inclusive de pretender, provocar y lograr su exterminio.

Eso somos como humanidad. Sublime y cruel al mismo tiempo. En nombre de Dios, la civilización, la democracia, el desarrollo y cualquiera otra invención e idea que se tenga al respecto, podemos cometer los más crueles actos de genocidio y sostenemos los regímenes y sistemas sociales más despóticos, represivos, enajenantes, expoliadores y explotadores. Somos todavía la manifestación del salvajismo.

Y no obstante los actos de amor y entrega por el prójimo, que también están inspirados en múltiples y diversos ideales, lo predominante es lo más turbio de nuestra especie.  Como humanidad continuamos afincados en los intereses de quienes históricamente han dominado en cada una de las sociedades específicas y de quienes dominan en la aldea global. Y en esta etapa de la histórica todos compartiendo una misma lógica: la capitalista, el interés por acumular, enriquecerse y apoderarse incesantemente a costa de lo que sea, inclusive de nuestros ideales, dioses… y de nosotros mismos.

Es por eso que la vida misma hoy puede valer todo al mismo tiempo que nada.  Hoy una vida puede ser la causa para entregar la propia. Pero al mismo tiempo, puede y suele ser una simple mercancía y objeto que se despoja sin el mínimo remordimiento. 

Lo dominante es que la madre naturaleza sea un simple recurso, pues -se justifica- finalmente no es parte de nuestra especie. Un niño o una niña se venden y se compran, vivos o muertos, siendo que a veces sólo interesa de éstos algún órgano para su intercambio. Una niña puede ser objeto de codicia y compra para su uso y explotación sexual. Un niño puede ser violado sin el más mínimo detenimiento moral, siendo que lo importante es la satisfacción errada. Es indudable, somos una especie socialmente enferma y tal parece que así seguimos construyéndonos. Y qué decir de formas “menos extremas” como la enajenación que padece la clase trabajadora o los millones de Hermanos y Hermanas que hoy se debaten entre el desempleo, la marginación, la exclusión, la miseria, el hambre.

Se amenaza, se tortura y mata a quien se opone a estas y otras formas de apropiación de la naturaleza y la vida misma; y de esto sobran ejemplos a lo largo de la historia y en el acontecer actual en Europa, África, Asia, Oceanía y América, o para no pensar lejanamente, en nuestro país, estado, ciudad, municipio, pueblo, comunidad, barrio.

Se hace la guerra y se utilizan las armas más poderosas jamás inventadas. Se crean campos de concentración –como Auschwitz-Birkenau y Guantánamo– los cuales en ocasiones suelen ser países y pueblos enteros como sucede con el pueblo palestino. De hecho, existen industrias altamente lucrativas dedicadas a perfeccionar los métodos, mecanismos y armas, y existen políticas para hacerlas avanzar con los dineros inclusive de los pacifistas más extremos que con sus votos renuevan gobiernos imperiales y con sus impuestos financian guerras genocidas. Y es que en la mayor parte de casos –si no todos– los Estados han sido creados, mantenidos y reproducidos para garantizar estas formas de producción, apropiación y terror.

Existen asimismo muchas instituciones sociales que acuerpan estas formas de dominio, opresión, apropiación y terrorismo. En la familia, los hijos son objeto de apropiación antes que seres a quienes se educa para la libertad, y se les instruye para reproducir lo establecido, al punto de dar la vida bombardeando escuelas con bombas de racismo o con armas biológicas, todo por la supuesta libertad, democracia, civilización.  En la iglesia, “el alma” puede llegar a ser una mercancía: me apropio de las almas de los “fieles” para extraer de ellos, con justificaciones divinas, los frutos del trabajo digno –desde una gallina hasta una propiedad de gran valor– que va directo a los bolcillos del pastor, guía, sacerdote, y su séquito, articulados como sagrada institución que, al mismo tiempo acompaña cruzadas y campañas de guerra, bendiciendo cómplicemente nuevos regímenes.

Pero no es pesimismo lo que expreso. Creo que es una mirada objetiva, crítica y esperanzada en que  las ideas, ideales y acciones más sublimes que la humanidad ha concretado, desde distintas fuentes (religiosas, políticas, humanistas), se conviertan en dominantes y nos permitan instaurar sociedades, regímenes y sistemas en los cuales la dignidad, la solidaridad, el amor sean el pan nuestro de cada día. Sociedades, regímenes y sistemas en donde la producción se oriente a la felicidad, donde gobernar sea para el bien común, donde predicar sea para practicar. Donde la Humanidad llegue a estar tan orgullosa de sí misma, al punto de presumir la erradicación del hambre y la miseria, de haber logrado la paz, de haber instaurado la igualdad, la fraternidad y la libertad.

En este tiempo en que cerramos un ciclo de larga duración con la conmemoración del Oxlaju B’aak’tun e iniciamos uno nuevo con esperanzas renovadas, comparto estas reflexiones y me uno espiritualmente a las mujeres y hombres de buena voluntad, con propósitos sublimes, con fuerte dósis de rebeldía y comprometidos a cambiar este mundo. Deseo y aporto mi ser para que nuestros caminos se encuentren en el esfuerzo por concebir y avanzar hacia una Humanidad cuyo carácter sea radicalmente distinto al que hoy nos imponen los poderosos.

Por eso mi buen deseo para este nuevo ciclo se liga a la consigna ¡Por una nueva Humanidad! y a mi compromiso por continuar aportando en esa búsqueda ineludible. Estoy convencido que en ese camino nos encontraremos fraternalmente.

UN CRITERIO TÉCNICO Y UN CRITERIO CONSTITUCIONAL PARA EL MINISTRO DE TRABAJO

Por Mario Sosa

El ministro de trabajo de Guatemala, Carlos Contreras, afirmó el día 30 de octubre, que el salario mínimo para el 2013 debe discutirse a partir de criterios técnicos y no de criterios políticos.

Pues bueno, aquí le va un criterio técnico. señor ministro.

Según el INE, la Canasta Básica Vital asciende, al mes de noviembre de 2012, a Q.4,761. Esto implica que el salario para actividades agrícolas y no agrícolas de Q68.00/día y para la industria de maquila de Q.62.50/día, son absolutamente insuficientes.

Así por ejemplo, si un trabajador o trabajadora devenga en promedio Q68.00 por día, esto haría que perciba Q. 2,040 al mes, lo cual apenas le alcanza para cubrir el 42.85% de las necesidades vitales. Es aún más deficitario si el trabajador o trabajadora no está contratada por mes, sino por día laborado, es decir, bajo condiciones de flexibilidad laboral como le llaman los empresarios. Si este es el caso y el trabajador o trabajadora tiene la suerte de trabajar 26 días al mes, estaría percibiendo Q.1,700.00 mensuales, es decir, apenas el 35.7 necesario para satisfacer las necesidades vitales.

Siendo esta la crítica situación de la clase trabajadora, plantearse el salario mínimo para el año 2013, además de lo insuficiente que resulta el salario mínimo actual, requiere considerar un aspecto técnico también fundamental, que consistente en el incremento promedio de la Canasta Básica Vital de Q.35.00 por mes. Esto implica que a diciembre de 2013, dicha Canasta alcanzaría los Q. 5,216.

Qué le parece este criterio técnico, señor ministro.

Pero agrego uno de carácter constitucional: el Estado está obligado constitucionalmente a jugar un papel tutelar con respecto al trabajador y trabajadora. Esto implica que en el marco de la Comisión Nacional del Salario, el ministro seguramente estará del lado de la clase trabajadora y no de la burguesía, con lo cual nos garantizaremos que el salario mínimo para el 2013, será acordado en no menos de Q. 5 mil.

Está por demás decir que estos criterios técnicos son su obligación constitucional, señor ministro, siendo además que el Estado está obligado a garantizar el bien común, que en este caso está situado en el interés de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas: la clase trabajadora.

OCUPACIÓN MILITAR EXTRANJERA EN GUATEMALA

En www.albedrio.org

Desde la invasión estadounidense y mercenaria, que derrocó en 1954 al Presidente guatemalteco Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos, han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio de influencia regional: EEUU.

Dicha supeditación se ha expresado en materia militar. La Política de Seguridad Nacional y sus ejecutorias de genocidio, desaparición forzosa, asesinatos políticos, desplazamiento poblacional, etcétera, han sido parte de las consecuencias de la supeditación de la política nacional a los designios de EEUU en nuestro país. En específico, de las acciones implementadas a través del ejército de Guatemala y la policía “civil” en sus distintos momentos, en función de garantizar los intereses de la clase dominante local y los intereses de EEUU en el país.

Las excepciones fundamentales en esa política de sumisión entre 1954 y 2012, fueron dos: A) La acción militar de los cadetes de la Escuela Politécnica, que resistiéndose a la invasión en 1954, le propinaron una derrota a las fuerzas “liberacionistas” e imperialistas de ocupación; y b) la sublevación de militares nacionalistas, como Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, quienes contribuyeron a fundar el movimiento revolucionario en la década de los años 60. Estos hechos han sido objeto de negación y ocultamiento en la literatura y práctica educativa de distintos gobiernos y segmentos oligárquicos y conservadores del país.

Posterior a la vuelta a la constitucionalidad en 1985, sucesivas gestiones en el organismo ejecutivo y legislativo, han validado la presencia militar de EEUU en el territorio nacional, especialmente en regiones de su interés estratégico; la justificación oficial ha sido la supuesta ayuda en salud, construcción de infraestructura y combate al narcotráfico. Esta presencia ha complementado la del personal diplomático, de inteligencia y la llamada “cooperación” intergubernamental y no gubernamental, cuyas ejecutorias es bien sabido que son en función de sus exclusivos intereses de control de los recursos estratégicos, de los gobiernos, de las políticas y de liderazgos conservadores y “progresistas”, que forman parte del tejido para reproducir el domino que ejercen en el llamado “patio trasero de EEUU”.

De las ejecutorias reales de esta presencia militar estadounidense nada se sabe y es posible que ni el propio Estado guatemalteco lo sepa, siendo que la autorización de su presencia ha sido la concesión de un cheque en blanco. Ni un sólo gobierno local ha informado a los ciudadanos guatemaltecos de carácter y consecuencias reales de tal presencia extranjera. Tampoco se ha conocido que desde las filas castrenses haya habido algún atisbo de indignación nacionalista ante el papel de su institución en esta concesión de poder a un ejército extranjero.

La gestión gubernamental actual confirma la “norma”: 171 marines estadounidenses serán parte la “Operación Martillo”, maniobra conjunta con el ejército guatemalteco en el Océano Pacífico, que tendrá una duración mínima de 120 días, y que permite amplia movilidad territorial a dichas fuerzas de ocupación. Esta operación, que ya ha sido realizada en las costas del Atlántico, es justificada por quienes la avalan, en el combate al narcotráfico que se desplaza por dichas costas y –seguramente en corrillos gubernamentales y militares– en la pretensión de compra de armas a EEUU, la cual sería posible una vez se apruebe el insultante incremento del 45% al presupuesto del ejército, propuesto por el organismo ejecutivo para el período fiscal 2013.

Dicha operación militar tiene como antecedente la venida al país del jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, a inicios de este año. Fraser es el encargado de hacer avanzar los planes regionales y subregionales de control de EEUU, tales como el desplazamiento de la IV Flota (parte del Comando Sur) por aguas de América Latina, la implementación del Plan Colombia y el Plan Mérida (donde se contextualiza a partir del 2008 la presencia militar en Guatemala), los cuales avanzan a partir del supuesto combate al terrorismo y el narcotráfico que realiza dicho país, pero que intenta sobretodo: A) Persuadir la insurrección que está experimentando la Patria Grande en contra de sus designios imperiales; B) Ser parte en el combate de los focos de subversión armada en países como Colombia, y; C) Mantener la ocupación militar en territorio latinoamericano.

Esta presencia de las fuerzas armadas de EEUU en Guatemala es complementada con la permanente presencia del llamado “Grupo Militar de Estados Unidos en Guatemala” en áreas como Petén, Zacapa, San Marcos, Alta Verapaz y Antigua Guatemala. En ellas mantiene actividades de entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, utilización de aeropuertos y, es de suponer que también actividades de control político y social, control sobre recursos estratégicos, entre otras.

Es indudable que los planes de esta “Operación Martillo” y la conducción de los mismos –como suele ser– estarán a cargo del ejército extranjero y no del ejército guatemalteco. Adicionalmente, dicha presencia militar constituye una ilegalidad al registrase desde hace dos semanas, siendo que el acuerdo que les permite su estancia en nuestro territorio fue publicado apenas el lunes 20 de agosto, cuando entró en vigencia.

Esta presencia permanente y eventual de un ejército extranjero, nos convierte en un país ocupado. Esa ocupación hace que nuestra soberanía y dignidad nacional estén cuestionadas y comprometidas estratégicamente. Y dicha responsabilidad está en el gobierno de Guatemala y en sus fuerzas armadas.

DEL FALSO PACTO SOCIAL EN GUATEMALA

Indudablemente, el llamado pacto social que supuestamente fue plasmado en la Constitución de la República de Guatemala en 1985, en realidad fue parte de la estrategia del establisment por instalar una forma de gobierno de fachada democrática que permitiera, al mismo tiempo, instaurar la hegemonía y “el consenso” en sustitución –parcial– de la forma violenta, represiva y militarista implementada a partir de 1954.

Lo anterior era esencial para el avance de una nueva fase de acumulación de capital, que desde la ideología neoliberal imponía la política de ajuste estructural para suprimir buena parte del control que el Estado mantenía sobre la economía –de por sí insuficiente– y liberar al capital en su propósito de aumento a sus ganancias. Esto se tradujo, por ejemplo: 1) En la privatización de empresas públicas, en particular aquellas de carácter estratégico y con altas y rápidas tasas de ganancia como la Empresa Eléctrica (EEGSA), la Empresa General de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), la Línea Aérea de Guatemala (AVIATECA), el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), y otras formas como la concesión a empresas privadas para la prestación de servicios de salud, educación y para la construcción de infraestructura pública, entre otras; 2) En la supresión de derechos sociales siendo el aumento en el déficit de ingresos fiscales producto de la privatización, la supresión o disminución de impuestos al capital, el despojo por corrupción, etcétera; esto en un contexto donde dichos derechos nunca lograron la calidad y universalización en su disfrute, que garantizara la dignidad humana de los guatemaltecos y guatemaltecas.

La nueva Constitución de 1985, además, permitía crear condiciones para pacificar el territorio, dando paso a la conclusión del enfrentamiento armado interno, el cual impedía la “gobernabilidad” del territorio, parte de las pretensiones y condiciones del capital para avanzar en sus intereses. De hecho, dicha Constitución se instaura después de infligir una derrota militar al movimiento revolucionario y en el contexto de un régimen opresivo y represivo, que impidió que los sujetos llamados a ser parte del “nuevo” contrato social fueran protagónicos del mismo.

En ese sentido, la Constitución de 1985, siguió sosteniendo el régimen: a) de dominio de la clase históricamente dominante, b) de afianzamiento del capital transnacional en su búsqueda por apropiarse y expoliar al país y explotar más libremente a la clase trabajadora, c) de influencia determinante del imperio estadounidense, y d) del lugar de primer orden jugado por la casta militar en la vigilancia y represión para la reproducción del régimen.

Es a este régimen al que contribuyeron las reformas de enero de 1994, así como la derrota de las reformas sometidas a consulta popular en mayo de 1999, algunas de ellas procedentes de los Acuerdos de Paz. Es a la consolidación de este régimen al que se orientan las actuales propuestas de reforma constitucional planteadas por el gobierno derechista y militarista de Otto Pérez.

Es decir, lo que hemos conocido en la historia larga de nuestro país –con excepción del período de 1944 a 1954– y en particular desde 1954 a la fecha, es un falso pacto social traducido en gobiernos de facto, constituciones políticas concebidas e impuesta por las elites económicas, políticas y militares, que en el caso de la Constitución Política actual abrió las puertas a la democracia de fachada y amplió el camino a la reproducción del expolio, explotación, pobreza, miseria y violencia en que vive la mayoría del pueblo guatemalteco.

De tal manera que un nuevo pacto social no puede prescindir de la representación legítima de la clase trabajadora obrera y campesina, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los migrantes. Esto, por supuesto, si se parte del supuesto que son conciliables los intereses de los sujetos antes mencionados y los intereses del capital transnacional y local.

En todo caso, cualquier reforma a la Constitución Política actual, con la forma y contenido planteados por el actual gobierno, solamente daría un respiro al falso contrato social y retrasaría un poco el agotamiento final del actual régimen económico y político imperante.

ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y EL CASO FRAUDULENTO DE LA PERENCO EN GUATEMALA

Cuando se considera la fase actual en la cual se encuentra el capitalismo, es fácil observar que, no obstante las “crisis” con matiz local, regional y mundial, los procesos de acumulación no cesan. Todo lo contrario.

En el marco de tales “crisis”, como sucede en Grecia y España, la clase trabajadora y los sectores medios son objeto de despidos masivos, diminución salarial, supresión de servicios públicos y prestaciones laborales, obstáculos para que pequeños y medianos ahorrantes puedan disponer de sus ahorros. Complementariamente se inicia la privatización de empresas públicas, al mismo tiempo que se declara la “quiebra” de bancos a los cuales se les gestiona multimillonarios “rescates” con dineros que profundizan el endeudamiento público.

Es decir, se profundiza el despojo por diversas vías, para “salvar” al capital regional-global, garantizar la continuidad de su régimen de control de áreas estratégicas de la economía, de la desposesión de los bienes y servicios públicos y, por esta y otras vías, del despojo de los dineros provenientes de impuestos incrementados y cobrados a la clase trabajadora y capas medias. Es una fórmula neoliberal de despojo y aumento de la acumulación de capital en manos del capital regional y global que fue aplicada en América Latina desde los años ochenta, la cual sigue configurando el carácter de la economía y la política dominante y hegemónica en países como Guatemala, mientras que está siendo derrotada en otros como Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.

Hechos como estos evidencian las formas contemporáneas de acumulación de capital, que se suman a la extracción de plusvalía vía la explotación de la clase trabajadora. Mientras esto se profundiza en regiones como Europa, el capital y sus Estados accionan para ampliar y profundizar el despojo y expolio en regiones como África, Asia y América Latina. Su apetito voraz acciona para apropiarse de la tierra y los territorios, controlar la producción, el comercio y la distribución de las materias primas provenientes de estas regiones. Aun más, acciona para apropiarse de los recursos renovables y no renovables, controlar las fuentes de agua, las vetas de biodiversidad, etcétera. Esto lo realiza a través de medios económicos y extraeconómicos, legales e ilegales, incluido el uso de la represión y el terrorismo al promoverlo, financiarlo, asesorarlo y ejecutarlo directamente, en contra de aquellos pueblos y Estados que, como Libia, Siria, Irán, entre otros, obstaculizan sus planes de expolio y despojo. Un uso del terror que, acompañado de la presión, la extorsión y el soborno, le resulta útil para imponer a elites que les sirven de lacayos, para derrocar gobiernos y para invadir, ocupar y gobernar de manera directa, aunque en lo formal sean sus sirvientes locales los que de la cara, como sucede con Afganistán, Irak, Libia, Honduras, Paraguay. Al final, además, logran un control geoestratégico, que se inserta precisamente en aquellas luchas entre capitales y países por el control regional o mundial del territorio, de los flujos y de los destinos finales de la acumulación de capital.

Es en este marco que se explica un hecho local, pero significativo, en la búsqueda por entender procesos, dinámicas y lógicas relativas a la acumulación de capital. Se trata de la ampliación, por 15 años más, de la concesión petrolera a la empresa franco-británica Perenco, la cual está ubicada en el área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre (Petén, Guatemala) . Específicamente, de las maniobras ilegales que acompañaron tal ampliación y que hoy salen a luz pública con la condena a tres años de prisión para Sergio Enrique Veliz Rizzo, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dictada el 31 de julio del presente año.

Sergio Veliz Rizzo fue condenado por los delitos de falsedad ideológica y resoluciones violatorias a la Constitución, en específico por haber alterado la publicación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre, en especial aquellas disposiciones que impiden la actividad petrolera y que permitían establecer las afectaciones y riesgos a la biodiversidad ocasionadas por la actividad de la empresa petrolera. Este hecho ocurrió en el 2007, durante el gobierno del terrateniente Oscar Berger, quien está involucrado en este y otros casos deleznables de corrupción, entreguismo y aprovechamiento propio, como el haber gestionado para la expansión de la producción azucarera un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica a favor de la familia Witman, con la cual está emparentado.

No obstante la condena contra Sergio Veliz Rizzo, este podrá evadir legalmente la cárcel, evidenciando nuevamente la orientación del sistema de justicia guatemalteco. Mientras eso sucede, no existen procesos en contra de personeros de la empresa Perenco, siendo que en el expediente judicial figura una carta fechada el 13 de abril del 2010, firmada por el representante de tal empresa en Guatemala, en la que pide al ex-secretario que suspenda el Plan Maestro.

Más allá de lo anterior, las pruebas que fueron utilizada para dictar dicha condena, cuestionan la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este organismo, basándose en el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre alterado, deja en firme la concesión petrolera, después que diversas instancias sociales y académicas interpusieran un recurso de constitucionalidad en contra de la misma.

Sin duda alguna, la concesión a la empresa Perenco, ha sido siempre ilegítima e ilegal, cuestionable desde la perspectiva científica, ambiental, social, política y, ahora, jurídica. Por eso la oposición de organizaciones sociales, ambientalista, universidades, entre otras, las cuales han levantado nuevamente su voz para que se suspendan las operaciones petroleras en dicha área y se declare lesivo el contrato de ampliación entre dicha empresa y el Estado guatemalteco.

Es, reitero, un ejemplo de cómo opera el capital y de los cuales existe una cantidad innumerable en Guatemala. La explotación petrolera, sumada a la explotación minera, es parte de las formas de despojo y expolio que operan en este país. Lo hacen con una legislación permisiva, con gobiernos que operan sus planes y organismos que, en general, se orientan a vigilar sus intereses. Cuando sus planes encuentran obstáculos sociales, legales, institucionales, las empresas operantes activan procedimientos de distinto orden, como la evidenciada con el caso de Sergio Veliz Rizzo, en el mejor de los casos.

Vale decir, que esta ampliación a la explotación petrolera de la empresa Perenco, fue decretada en 2010 por el gobierno del autollamado socialdemócrata Álvaro Colom, el cual, más allá de la ilegalidad del caso y su responsabilidad al respecto y con relación a los daños que presentaba y presenta la reserva, tuvo la característica de dar continuidad servil al modelo de acumulación de capital imperante.

Por su parte, el actual gobierno del general Otto Pérez tiene la responsabilidad de declarar lesivo el contrato y suspender inmediatamente dichas operaciones. Lo contrario será una nueva evidencia del entreguismo al capital transnacional y local, y de un ejercicio gubernamental en contra el interés público. En el mismo sentido, es ineludible para el Ministerio Público continuar la investigación del caso y llevar a la justicia a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos.

Ante las características con las que actúa al capital y que dañan el interés público, habría que seguir reflexionando sobre la necesidad de afianzar con coherencia la protección ambiental y promover la nacionalización de las áreas económicas estratégicas del país, entre éstas la producción petrolera, minería, electricidad y comunicaciones, para garantizar precisamente el interés común. Esta sería, además, una salida para mermar los efectos de la crisis capitalista que se avecinan.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y PODER CONSTITUYENTE POPULAR

Por Mario Sosa
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-047.html

La propuesta de reforma constitucional propuesta por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, constituye un ejercicio de poder de un bloque político que, desde su visión conservadora e institucionalista, ha identificado cambios para corregir, supuestamente, determinados fallos que presenta el sistema. Bajo la tesis que esto abrirá la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental y del sistema de justicia, se ha planteado una reforma para la “modernización de la legislación”, en este caso de carácter constitucional.


Más allá de las aberraciones burocrático-técnicas en su redacción, en la falta de justificación, en sus incoherencias como propuesta de carácter constitucional, en la carencia de tino político para su gestión dentro del bloque en el poder, interesa en este artículo poner en consideración aspectos fundamentales y aportar hacia una posición política coherente desde búsquedas alternativas.

En un artículo anterior, titulado Reforma constitucional en Guatemala: preguntas iniciales , planteaba algunos elementos relacionados con las implicaciones de la propuesta de reforma gubernamental en la coyuntura política actual, vistas desde una perspectiva de izquierda revolucionaria. Sin embargo, es necesario recuperar elementos adicionales que sitúen otras implicaciones políticas que –de forma explícita o implícita– contiene tal propuesta y su proceso.

1) La propuesta contiene modificaciones al texto constitucional que se sitúan en el ámbito del sistema de justicia y seguridad, el sistema político, la administración y gestión pública, la transparencia y rendición de cuentas, y el presupuesto y el fortalecimiento fiscal. Algunas de estas modificaciones, como las que instituyen el Servicio Civil y el aumento del 2% al 4% del presupuesto de ingresos del Estado para la Corte Suprema de Justicia, son indudablemente necesarias y seguramente insuficientes. Aparecen en la propuesta, asimismo, un conjunto de modificaciones que no ameritan su inclusión en la carta magna, siendo que podrían y debieran ser objeto de leyes ordinarias, tales los caso del servicio civil, los fondos sociales, los fideicomisos, las contrataciones del Estado, entre otros. Aparecen también aberraciones como la pretensión del presidente para ser facultado en la concesión de pensiones extraordinarias a militares y policías.

2) Resulta relevante que, en tanto ejercicio de poder, quienes proponen tales reformas, han concebido y desarrollado un proceso de formulación tecnócrata, antidemocrático y sin asertividad política para evitar el inmediato rechazo que generaron en sectores de poder con capacidad de veto.

No obstante, ha sido claro cómo varias organizaciones gremiales del empresariado como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– y en específico la Cámara de Comercio, la Gremial de Industrias Extractivas, así como bancadas del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispado Metropolitano, el Colegio de Abogados de Guatemala, se han posicionado en contra de determinados artículos o de la propuesta en su conjunto, pues la consideran cuestionable, critican el momento en el cual se propone, o se oponen a determinados artículos que afectan sus intereses particulares de casta, de clase social dominante o de elites burocráticas.

Está pendiente, como se ha planteado, saber con certeza si estas posiciones son definitivas o una forma de obligar a negociar la propuesta final. Mientras esto sucede, ha sido evidente la elasticidad con la cual está actuando el presidente de la república al ceder en la todavía desconocida supresión o modificación de artículos propuestos, en su búsqueda del apoyo de actores con poder para hacer avanzar la misma. De hecho, según declaraciones públicas, pareciera que el gobierno ya declinó en artículos relacionados con: A) La explotación de recursos naturales: Que establecía que el Estado “podría” ser titular de hasta el 40% de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales; B) Con la Corte de Constitucionalidad: Que incluía el aumento de magistrados, las instancias intervinientes y el mecanismo para su elección; C) Con las reformas constitucionales futuras: Que establecía como único mecanismo la Asamblea Nacional Constituyente, suprimiendo la consulta directa a la ciudadanía; D) Con el Tribunal Supremo Electoral: Que establecía el número de miembros, su forma de elección y los actores participantes en esta. Esto sucede precisamente por no responder a los intereses de quienes tienen, en última instancia, capacidad de veto o de imposibilitar la continuidad del grupo encabezado por Otto Perez Molina en la gestión gubernamental. Implican, además, que los artículos en cuestión serán eliminados o modificados sustancialmente, por lo que se desconoce la propuesta que finalmente enviará el ejecutivo al organismo legislativo, para ser aprobada y enviada a consulta popular.

3) En su búsqueda de reforma constitucional, el gobierno ha decidido un proceso del cual están excluidos un conjunto de sujetos que por su representación mayoritaria debieran ser parte en el repensar la constitución política de nuestro Estado. Me refiero a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al movimiento campesino, al movimiento de mujeres, entre otros. Contrariamente, ha presentado la propuesta a diversos actores procedentes del capital transnacional y local, de otros organismos estatales y de determinadas representaciones como las universidades, e inclusive de una instancia internacional: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual incluso se ha atribuido el derecho de plantear recomendaciones en la materia. Es decir, ha optado por un proceso excluyente, lo cual hace que se caracterice por adolecer de procedimientos democráticos y participativos en la formulación, discusión y consenso de la propuesta inicial y final.

4) Coherente con la exclusión anterior, la propuesta gubernamental carece del análisis histórico y estructural de la problemática nacional, que fundamente y de vida a una propuesta de reforma o de nueva constitución política, teniendo como punto de partida el agotamiento del modelo de acumulación de capital y del sistema político, o aun más profundamente planteado, del agotamiento del sistema capitalista, incapaz de garantizarnos el bien común, la seguridad, la equidad, etc.

En ese sentido, tampoco pone en cuestionamiento el carácter de la nación y el Estado. Por ejemplo, cómo concebir eso que llamamos nación, esa sociedad abigarrada, que en su configuración contiene pueblo originarios que históricamente han sido desconocidos, negados y, a lo sumo, folklorizados –como hace la propuesta gubernamental en lo relativo a los pueblos indígenas. En ese sentido, se obvia el contenido multiétnico que caracteriza a la sociedad guatemalteca y que se expresa en la diversidad de cosmovisiones, idiomas, literatura, conocimientos, identidades étnicas, en la existencia de sistemas jurídicos y de salud, en formas de producción, organización, autoridad y representación política que se articulan en sistemas políticos propios (como las alcaldías indígenas). Se niega la existencia de sujetos colectivos, como los pueblos indígenas, desde los cuales podría replantearse el carácter, organización, etc. del Estado guatemalteco.

El Estado guatemalteco, en su dimensión normativa, política e institucional, es evidente que no nos sirve para resolver las graves y profundas problemáticas que enfrentamos. Ese Estado, que se pretendió fuera liberal, ha sido una entidad al servicio de los intereses –que no proyecto– de la clase históricamente dominante, del capital en su conjunto y del imperio estadounidense. Por eso debe ser refundado y no reformado para refuncionalizarlo como lo propone el actual gobierno.

Claro está que no podemos pedirle peras al olmo. Un gobierno derechista y policial, supeditado a sus financistas y grupos de influencia oligárquica y militar, no podría concebir una alternativa que refunde el Estado convirtiéndolo en pluriétnico, federal o plurinacional, garante efectivo del bien común, de la soberanía, la igualdad, la solidaridad, de los derechos humanos, etc. que llevarían a reorganizarlo política y administrativamente, a darle un lugar esencial en la economía, en la seguridad integral, etc. en función del Ser Humano.

En la propuesta, ni siguiera hay un mínimo de cuestionamiento al “modelo de desarrollo”, mucho menos se plantean asuntos esenciales relacionados a la democratización de los factores de producción, a la orientación pública de los recursos naturales, a la recuperación de las áreas y sectores estratégicos de la economía, al régimen de propiedad y apropiación del territorio y sus elementos, al régimen tributario; tampoco se plantean conceptos como el de la soberanía alimentaria, la nacionalización, una estructura tributaria progresiva y justa, una estructura agraria democrática, entre otros que son esenciales para cambiar el statu quo.

Tampoco está planteando o replantando el tema de la ciudadanía y los derechos, en donde se reconozcan sujetos colectivos como concreciones de esa ciudadanía diversa, o asuntos relacionados a la participación ciudadana en el proceso de las políticas nacionales y de las políticas públicas en particular, a la democratización de esto que llamamos “democracia”, a los derechos de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la niñez y la juventud, o los derechos de la naturaleza.

La propuesta tiende a consolidar el modelo de acumulación de capital en lo relativo a la desposesión de recursos públicos, pues en formulación que se pretende queden plasmadas en la constitución, se constitucionalizan política de privatización, concesión, explotación de recursos naturales, etc., afianzando el carácter ideológico neoliberal y el carácter económico explotador, de expolio y despojo que le define. Tiende a consolidar, entonces, la dependencia, el atraso y la miseria predominantes.

La propuesta tiende a consolidar un sistema político en el cual, el capital y sus lacayos, son quienes administran, controlan y deciden el curso histórico y la orientación táctica del Estado. Afianza el clientelismo político y el caciquismo regional como articuladores del sistema político, el bipartidismo y, posiblemente, la concreción de dos cámaras (una de 20 y otra de 120, como podría quedar establecido en reformas posteriores a la Ley Electoral y de Partidos Políticos emanadas de esta tentativa constitucional) como era el sueño de los ultra neoliberales de Pro-Reforma, al “mejor” estilo anglosajón. Esto, en las condiciones actuales, configuraría un sistema político con dos fuerzas principales: la derecha y la extrema derecha, ambas retrógradas, neoliberales y serviles, lo que es decir, el afianzamiento de un sistema reproductor a ultranza del actual modelo de acumulación de capital, más fácil de controlar para el capital transnacional y el imperio estadounidense, y carente de representación y legitimidad.

5) La procedencia, el procedimiento de formulación y el carácter de la propuesta de reforma constitucional, hace que la misma vaya contra los intereses de la clase trabajadora, los pueblos indígenas y demás sectores populares, explotados y oprimidos. Igual o peor será al concretarse negociaciones que pudieran darse con la cúpula oligárquica o al momento de finiquitarse en un Congreso de la República profundamente conservador, clientelar y entreguista.

6) En el marco de una correlación de fuerzas que favorece los intereses del capital, de la oligarquía y del sometimiento hacia Estados Unidos, es iluso pensar que la formulación de propuestas y las “estrategias” de incidencia puedan ser alternativa para los movimientos y organizaciones procedentes de los pueblos en Guatemala. Peor aun, cuando se actúa desde una perspectiva fragmentada, sectorial y temática al momento de plantearse el análisis, la discusión y pretensión por “incidir” desde la desorganización y desde la falta de claridad sobre el proceso, la propuesta y la correlación de fuerzas existente.

Esto sólo será útil para legitimar un proceso antidemocrático y una propuesta que consolida los intereses y la correlación de fuerzas histórica, el régimen político y la democracia de fachada, escenario desde el cual el gobierno plantea su propuesta.

7) En este contexto y con esa propuesta de reforma constitucional, es necesario entonces preguntarse: ¿Cuál es la alternativa ante un poder constituyente que sintetiza el pacto entre elites o, mejor dicho, entre la oligarquía, las castas políticas, militares y económicas?

Esto nos lleva a proponer la necesidad de superar las perspectivas a-históricas, sin fundamentación ideológica, sumisas y cooptadas por el sistema, fragmentadas, temáticas, sectoriales.

Es de fundamental importancia recuperar nuestro poder, en un ejercicio efectivo y estratégico, que nos permita acordar una posición política clara. Una posición que en este momento pasa por oponerse, sin ambigüedad, a la propuesta de reforma constitucional o al producto que resulte después de que los mismos de siempre la cocinen de espaldas al pueblo.

Ahí está la coherencia en este momento: En recuperar y hacer efectiva la soberanía popular en una oposición articulada a la pretensión actual de reformar la constitución. Y, a futuro, en recuperar el poder constituyente del pueblo.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA: PREGUNTAS INICIALES

Por Mario Sosa


Recientemente, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzó públicamente una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República (1985). Con esto, la derecha en el poder ha marcado la cancha en la coyuntura política y siguen siendo el jugador dominante en este juego falsamente democrático.

Mientras esto pasa, la fragmentación y la marginalidad sigue siendo un signo definitorio de nuestra izquierda, incapaz de insertarse siquiera en la discusión. Esto a pesar de las múltiples y variadas luchas de resistencia al modelo de acumulación y al régimen político, las cuales no obstante adolecen de la suficiente articulación, así como de un programa y una estrategia con perspectiva nacional y una dirigencia nacional capaz de convocar.

Se afirma lo anterior puesto que resulta ser un elemento de primer orden cuando se piensa en hacer consideraciones con relación a la reforma de la Constitución Política. El contenido y su resultado, al final de cuentas, dependerá de la correlación de fuerzas realmente existente.

Para quiénes nos ubicamos en los sectores de izquierda y revolucionarios, el actual modelo político se agotó, siendo que procede de una transición política tutelada por Estados Unidos y por el ejército, además de ser la concreción del dominio de la oligarquía que logra que sean fuerzas principalmente de derecha las que administren o gestionen los aparatos de poder estatal. Un modelo político que, además, está plagado y reproduce relaciones racistas, clientelares, corruptas, etcétera. Un modelo político reproductor del régimen de explotación, expolio, opresión, desigualdad y miseria.

Es decir, desde nuestra perspectiva, estamos ante un Estado y un modelo político que le resulta útil a quienes históricamente han mantenido el poder económico y político, con lo cual han logrado reproducir sus condiciones de existencia como clase social. Sin embargo, es un Estado y un modelo político que resulta inservible para las grandes mayorías de la clase trabajadora, pueblos indígenas y sectores sumidos en el desempleo y la pobreza.

Por eso y desde ahí, un punto de inicio para la reflexión sobre las reformas constitucionales que se propone, es hacerse preguntas tales como: ¿Qué tipo de reformas se están planteando desde el actual bloque en el gobierno? ¿Constituyen una propuesta para cambiar la correlación de fuerzas histórica? ¿Constituyen una posibilidad de cambio en el régimen político? ¿Concretan una modificación o transformación del modelo de acumulación de capital actual? ¿Generarán mejores condiciones para garantizar la dignidad y soberanía nacional? ¿Son una salida para democratizar al país? ¿Se plantea el carácter rector del Estado en la economía? ¿Contienen la alternativa para lograr el desarrollo nacional, o mejor dicho, otro tipo de desarrollo nacional?

También ¿Las reformas en materia de seguridad y justicia son estrictamente institucionales? ¿Se abre la posibilidad de resolver las causas históricas y estructurales de la inseguridad e injusticia? ¿Genera las condiciones para que paguen más lo que más perciben de la riqueza socialmente producida? ¿Se orienta a disminuir la desigualdad y la pobreza? ¿Genera mejores condiciones para la defensa tutelar de la clase trabajadora por parte del Estado? ¿Establece la recuperación del control de los recursos y actividades estratégicas para el país? ¿Se disminuye la presencia normativa y hasta de veto del gran empresariado en ámbitos clave de la política pública?

Para ubicarnos del lado que nos corresponde en el espectro político, vale preguntarse asimismo: ¿Cuáles son las posibilidades de las izquierdas y de los sujetos sociales democráticos y proclives a la transformación social para incidir en el tipo de reformas necesarias? ¿Se buscará una acción fragmentada y sectorial para buscar incidir en esta posible coyuntura política en el país? ¿Cuáles son las opciones en materia de estrategia política? ¿Cuál es la mejor opción en términos de estrategia política para enfrentar esta intentona de reforma constitucional? ¿Cuáles son las tareas que debiéramos estar realizando para avanzar en dirección a mejorar nuestra correlación de fuerzas?

Vale concluir que la tentativa del presidente y el éxito de su pretensión dependerá de si esta es una nueva cortina de humo (como lo fue la jugada de la despenalización del narcotráfico) o del carácter determinante que resulte ser el veto oligárquico a la reforma constitucional, que ha sido anunciado el 8 de julio a través de una conferencia de prensa de la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. Estará por verse si este veto será definitivo y definitorio del intento del actual gobierno.

Estos y otros asuntos que nos sugieren estas y otras preguntas, serán el objeto de artículos venideros.

EL FRACASO DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Por Mario Sosa

La Cumbre de las Américas, instancia creada desde la OEA para operar los lineamientos de las elites empresariales locales/regionales, del capital global y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, ha resultado un retundo fracaso en su sexta edición del 14 al 16 de abril.

Es necesario recordar que dicho espacio corresponde al obsoleto esquema de la OEA, útil fundamentalmente para garantizar el dominio de Estados Unidos en la región, tal y como lo demuestra el camino y las políticas instituidas por ese organismo a lo largo de los años, y que ha venido a ser cuestionado por la conformación de nuevos bloques, siendo el más relevante el de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La OEA y la Cumbre de las Américas, han sido planteadas por sus promotores como la concreción de la unidad del continente, cuando en realidad han constituido espacios de imposición de un lado y de sumisión por otro, con sus valiosas excepciones: el digno papel de denuncia a la intervención estadounidense que realizara Guillermo Toriello Garrido, embajador de Guatemala ante la OEA, cuando desde el imperio se promovía, financiaba y dirigía el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954 (caso emblemático especialmente para Guatemala) o el digno papel que embajadores como los de la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, han venido realizando ante el seno del organismo regional por la defensa de su independencia y soberanía (casos emblemáticos para Nuestra América, la de Martí, para la Patria Grande, la de Bolívar).

La Cumbre de las Américas empezó a declinar cuando buena parte de los países latinoamericanos y caribeños lograron frenar la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la IV Cumbre realizada en Mar del Plata, Argentina, en el 2005. Después de ese acto, de digna y coherente insubordinación, se fueron fortaleciendo espacios alternativos como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) creado en 1991 pero con renovado impulso en la actualidad, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) instituida en el 2005, y recientemente la CELAC creada en el 2010.

Se llega a la VI Cumbre de las Américas con este acumulado, con el agregado de otros asuntos de trascendental importancia como: 1) el llamado a la inclusión de Cuba, propuesta por varios países latinoamericanos y que lleva a presidentes como Correa de Ecuador y Ortega de Nicaragua a no asistir a la cumbre en solidaridad con la isla, demanda que nuevamente es vetada por Estados Unidos; 2) el llamado a apoyar el hermano pueblo de Argentina en su demanda por la soberanía sobre las Islas Malvinas, secundada por la mayoría de países latinoamericanos, pero bloqueada por Estados Unidos y Canadá, quienes priorizaron los intereses del imperio inglés, su aliado de aventuras de agresión, invasión, ocupación y saqueo en el mundo. Un tercer tema relevante fue la propuesta de reconsiderar la política de combate al narcotráfico, corolario de esta edición de la Cumbre y que, no obstante, hizo evidente el fracaso de la estrategia impuesta por Estados Unidos en la materia.

De tal manera que, ante el avance de procesos de independencia y soberanía, de dignidad y solidaridad, que se concretan en varios países latinoamericanos, y de la gestión de una política regional radicalmente diferente a la que se concreta en la OEA y en este tipo de reuniones, el resultado no podía ser otro: el rotundo fracaso de la VI Cumbre de las Américas.

No hubo acuerdo y menos consenso, no hubo declaración final.

Sí hubo resultados positivos: 1) La solidaridad con Cuba en la recuperación de sus derechos plenos como Estado; 2) La solidaridad con Argentina en su lucha por poner fin a la ocupación inglesa de las Islas Malvinas y por recuperar la soberanía sobre las mismas; 3) La apertura a la búsqueda de alternativas en el combate al narcotráfico.

Ante los discursos sobre el resquebrajamiento de la unidad de las Américas, que parecieran convertirse en dominantes en las grandes medios de difusión masiva, en los organismos del viejo régimen (hasta el momento todavía vigentes) y en los corrillos de la burocracias de la diplomacia sumisa y servil, hoy se está gestando una unidad objetiva, de gobiernos y pueblos, que transcurre por caminos de insumisión.

Ya no será posible la unidad servil a Estados Unidos.

O se constituye una unidad basada en el respeto pleno a la soberanía, sin intervención, sin imposición, sin conspiración, o no será.

Será la unidad alternativa, la unidad de la CELAC, del ALBA, la unidad de los pueblos.

Estamos entonces ante una coyuntura en la cual está por dilucidarse el rumbo que tomarán en definitiva nuestros pueblos: sumisión o rebelión, dependencia o soberanía. He ahí el dilema de Nuestra América, de la Patria Grande.

REINVENTANDO EL MUNDO CON SARCASMOS

Lo real maravilloso. Esta frase es frecuentemente utilizada para referirse a la literatura latinoamericana. Inicialmente planteada por Alejo Carpentier, ha sido reveladora de lo extraordinariamente maravillosa de nuestra realidad plasmada en la obra literaria, principalmente. Una fusión de lo mágico y lo real que transcurre hacia el realismo social o la construcción mítica, irreal e ideal de lo humano histórico, que ronda la razón y la locura, lo realmente existente y lo mítico, lo más inhumano y lo extraordinariamente humano, todo fundido en novelas, poesía, ensayos, pintura, escultura, etc.


Y es que la realidad, esa que nos muestra los polos –antagónicos al mismo tiempo que complementarios– del Ser Humano, es capaz de maravillarnos a tal punto que nos obnubila o nos asombra al extremo de conmovernos hasta en lo más profundo de nuestro ser: las entrañas, e inspirarnos a escribir la obra más sublime. O preguntémonos si acaso el asesinato de una niña, la masacre, la invasión, la bomba atómica, el apartheid en sus múltiples formas, la complicidad del lacayo y del mediático, el discurso que lo oculta o manipula, la práctica del caudillo, la mente retorcidamente hipócrita del genocida, por un lado, o la capacidad de dar la vida por la otredad, la sonrisa de un infante, la caricia de una madre, el beso de la amada, el abrazo del hermano, no es parte de lo que nos sorprende y conmueve a quienes mantenemos una mínima sensibilidad y un mínimo sentido crítico de esa realidad.

Pues bien. Ha llegado a tal punto la sorpresa y la conmoción envolvente de nuestra realidad, que en el afán de transformarla, nos genera la necesidad de recrearla, cómo utopía que sirve de orientación, como ambición que se funde en lo colectivo, como destrucción imaginada de lo que nos duele. Una recreación que se convierte en discurso que al mismo tiempo es praxis, aun cuando en su construcción se caiga en lo a-histórico, en lo real maravilloso antojadizo, construido con hechos que se antojan inalcanzables en el tiempo corto, pero que nos ayudan a pensar hacia dónde vamos y hacia dónde debiéramos conducirnos como sujetos, como pueblo, como humanidad.

Invenciones sarcásticas para Guatemala:

1. Guatemala conmemoró el cuarto año de promulgación de su nueva constitución política: La Carta Magna del Pueblo. Con ella, el país logra refundar el Estado, instaurar un nuevo régimen económico y social, reinventar su sistema político basado en la democracia participativa, las autonomías y en la unidad nacional en la diversidad. Constituye un hito histórico, con el cual el nuevo país ha avanzado en resolver sustancial y sostenidamente sus históricos y crónicos problemas nacionales.


2. Ayer Guatemala logró erradicar la desnutrición crónica infantil. Coincidentemente fue reconocido por la comunidad global, su esfuerzo al iniciar la última fase con la cual será derrotado el analfabetismo de su pueblo. Se espera que este país, el más rezagado de América Latina, lleve en los próximos quince años al 100% de su población al nivel de vida digna, del Utz K’aslemal (Buen Vivir) como idea potente y energética desde la cual repensó su paradigma de desarrollo. Todo ello ha sido posible en un nuevo régimen económico, social y político, encabezado por Pueblo Unido y por su máximo dirigente Juan Toj Xajil, un obrero maya nacido en la región multiétnica del Ixcán.


3. Hoy se conmemoran cinco años de la ratificación de la Ley de Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, firmada por el gobierno guatemalteco encabezado por el ex militar retirado, Otto Pérez Molina. Este fue el último acto del último gobierno del ancient regime, al cual se vio obligado ante la presión de la Gran Marcha Campesina que inició en las Verapaces y concluyó en la ciudad capital, y a la cual se unió solidariamente todo el pueblo. Con esto dio inicio un ciclo de vida plena de los pueblos mayas y de las comunidades campesinas y rurales en Guatemala, coincidente con el término de un ciclo de cuanta larga y el inicio del nuevo Baktun.


4. Los políticos han desaparecido en Guatemala. Ningún guatemalteco y guatemalteca ha querido ser vinculada siguiera con este término, al convertirse en un sinónimo de ofensa y sanción social para hechos de inmoralidad. A partir del año pasado se instituyó que todos los funcionarios públicos electos popularmente se denominen servidores, cuya profesión y ejercicio se considera una dignidad, un honor, siendo que la misma se ejerce ad honorem o devengando no más de Q 5 mil mensuales, suficiente para garantizar el costo de la canasta básica vital.


5. La niñez guatemalteca ha recuperado las calles que antaño eran espacio de juego y recreación. A partir de una nueva disposición que prohíbe a los vehículos circular el día domingo y después de haber logrado erradicar la delincuencia y violencia por métodos humanistas y alternativos, hoy padres e hijos han convertido las calles de todas las ciudades, pueblos y comunidades, en verdaderos espacios para la creación y recreación lúdica y artística, donde las risas abarrotan las miradas y la hermandad ennoblece los corazones. Una nueva era ha comenzado.

Invenciones sarcásticas para la comunidad global

6. La ONU ha condenado a Estados Unidos por violaciones a los Derechos Humanos en el mundo. Dicho país ha aceptado su responsabilidad y ha dado inicio al resarcimiento material, moral, espiritual, cultural, ambiental, político en todos aquellos territorios agredidos. En Guatemala, por de pronto, ha retirado sus tropas militares, ha desintegrado sus órganos de inteligencia, ha prometido nunca más volver a intervenir en el destino que escoja su propio pueblo y ha pedido perdón por el genocidio del cual también fue responsable.

7. Israel ha destruido la última bomba atómica existente en el mundo y que aun estaba en su poder, con lo cual la humanidad cierra una historia negra y una puerta que pudo haberla llevado a la aniquilación completa. El mundo entero ha realizado un homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki –primer y último atentado irracional con bombas atómicas–, guardando un minuto de silencio global.

8. El pueblo judío y el pueblo palestino han concluido la maratón del abrazo. Esta fiesta popular y masiva conmemora el Día del Hermanamiento, con el cual pusieron fin a sus disputas y agresiones, e iniciaron un nuevo tiempo de convivencia pacífica, cimentado en sus fuentes de humanismo. Hoy los muros y fronteras entre ambos pueblos han desaparecido.

9. Hoy por la madrugada dio inicio la Gran Ceremonia por la Humanidad, donde confluyen cristianos, islamistas, hinduistas, budistas, judíos, etc. Esta tradición interreligiosa y filosóficamente diversa, surge de la decisión por construir un mundo donde la fe pueda ser vivida en libertad y basada en el respeto pleno a todas las creencias religiosas. Para este año, el consenso ha sido que la Gran Ceremonia por la Humanidad genere una energía espiritual de bienestar que irradie a la humanidad entera.

10. Se ha creado una nueva articulación global de Estados, que sustituyó a la obsoleta Organización de Naciones Unidas. La Asamblea de los Pueblos ha aprobado una nueva carta de entendimiento y relación horizontal y democrática, fraternal y solidaria, para la convivencia pacífica, la preservación de la Madre Tierra y la construcción de la nueva Humanidad.

11. Hemos logrado la meta: reducir la emisión de gases de efecto invernadero al nivel de 1920. La capa de ozono se recupera, se ha estimulado un nuevo ciclo de acumulación de diversidad biológica. El aire está limpio como nunca. Los bebés encuentran en la tierra una incubadora natural y un ámbito vital para ser en su máxima posibilidad.

Invenciones sarcásticas, pretendidamente cuerdas, insuficientes, que resultan en recurso de supervivencia y mecanismos para reflejar apenas una pisca de lo real maravilloso, de esta nuestra realidad que nos duele en el alma, contra la cual seguiremos revelándonos hasta el último aliento de humanidad que nos sea posible y más allá, imaginándonos y construyendo un mundo radicalmente libre, digno y humano.

GUATEMALA: UN PAÍS RICO QUE LANGUIDECE EN LA MISERIA

Por Mario Sosa - Guatemala,15 de marzo de 2012
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-043.html

Guatemala llora sangre, se diría en lenguaje coloquial. Esto se explica en una de sus contradicciones fundamentales, o al menos en una de sus manifestaciones más evidentes.

Por un lado, más del 54% del pueblo guatemalteco vive en condiciones de pobreza si tomamos en cuenta el criterio de medición del Banco Mundial, claramente cuestionables si partirnos del hecho que Q 16 (US$2) por día son insuficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades vitales de un Ser Humano.

Al considerar las necesidades básicas vitales de una familia de cinco miembros, en cuyo caso sólo uno de sus integrantes vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, este requeriría percibir para satisfacerlas Q 151.71 al día; y si los cinco miembros estuvieran en condiciones y con posibilidades de vender sus capacidades, cada uno requeriría un ingreso mínimo de Q 30.34 al día. Sólo estos datos demuestran que los índices de pobreza en nuestro país no son los que se miden a partir del falso indicador del Banco Mundial; son porcentajes evidentemente superiores a los que reflejan las cifras oficiales devenidas de la burocracia capitalista globalmente organizada y que las instituciones estatales y no gubernamentales locales y transnacionales han asumido para medir la pobreza.

Adicionalmente, el 50% de la niñez guatemalteca se debate entre la desnutrición crónica y la muerte, cifra que asciende a un 82% en regiones donde predomina la presencia de los pueblos originarios de ascendencia maya. Somos además el primer lugar en América Latina y el sexto lugar a nivel mundial con este flagelo. Esto es el impacto de salarios de hambre, desempleo y subempleo, falta de medios de producción y capital financiero, así como de la inseguridad y falta de soberanía alimentaria que afecta a las grandes mayorías y que predomina en el país.

Considerando el Índice de Desarrollo Humano, Guatemala se ubica con un 0,574, muy por debajo de la media de América Latina que se encuentra en el 0,731; además, ubica al país en el lugar 131 de los 187 países para los que se disponen de datos comparables. Las estadísticas también muestran que el 20% de la población percibe el 60% de la riqueza socialmente producida, mientras el 20% menos favorecido, percibe apenas el 3%. Esto nos dibuja un país profundamente desigual e inequitativo, aún más cuando dicho análisis también se hace desde la perspectiva étnica, de género y de edad.

Esta cruda realidad se explica por siglos de colonización, saqueo y explotación, por un régimen económico y político ideado para su reproducción, pero también se explica por políticas actuales que sostienen un modelo de acumulación en donde lo que interesa es obtener y garantizar la máxima ganancia al capital. Es decir, en donde predomina el antidesarrollo, imposible de superar con las actuales concepciones, prácticas y políticas “de desarrollo” imperantes en el ámbito del Estado y de la sociedad civil.

Estas orientaciones del modelo de acumulación y las políticas que le acompañan son entre otras:

A) La explotación de la clase trabajadora en el campo y la ciudad, con salarios de hambre, explotación infantil(i), condiciones de trabajo inhumanas, jornadas laborales que sobrepasan las 8 horas en muchos casos(ii), y con el juego engañoso del salario mínimo que oculta y distrae de la demanda de aumento generalizado al salario.

La pobreza y miseria de nuestro pueblo se sigue agravando, siendo que los salarios mínimos son incumplidos, son insuficientes y los salarios nominales (los que se perciben vía el salario o sueldo) no registran un aumento sustancial. Además, los salarios reales cada vez son menores, lo que significa que alcanzan para consumir cada día menos.

El caso del salario mínimo ilustra esta realidad. Para el 2012, éste se encuentra en Q68 diarios para el sector agrícola y no agrícola, y Q62.50 para el sector maquila. No obstante los irrisorios aumentos que se han dado año con año, son incumplidos, en particular por los empresarios privados. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), el salario promedio nacional es 9% menor que el salario mínimo legal.

En tanto, las recientes cifras aportadas por el mismo Instituto, evidencian que el costo de la Canasta Básica de Alimentos ascendió a Q 2 mil 494.20 mensuales para una familia promedio de 5 miembros –datos al mes de febrero del presente año–, lo cual hace que el salario mínimo sea absolutamente insuficiente para cubrirla. Aun más insuficiente es para cubrir la Canasta Básica Vital que incluye alimentación, salud, educación, vestuario, vivienda, mobiliario, transporte, recreación, cultura, y otros bienes y servicios indispensables; para el mismo mes la Canasta Básica Vital ascendió a Q4 mil 551.46 mensuales. Ambas Canastas registraron un incremento de 13% y 14% con relación al mismo mes del año anterior.

Si consideramos el salario mínimo, por demás un juego político y una trampa para el trabajador, cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos requeriría que el salario mínimo efectivo y sostenido en el tiempo fuera no menor a Q84 diarios y para cubrir el Costo de la Canasta Vital no menor a Q152.

Como se demuestra, el salario mínimo vigente en la actualidad y que percibe el trabajador –aquel tiene “la suerte” que el sistema capitalista periférico lo integre por esta vía–, comparado con las necesidades de consumo, éste no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de alimentos y contenidos nutricionales de su familia.

Es en este juego del salario mínimo en el cual, además, han entrado la mayoría de los escasos sindicatos(iii), los cuales han obviado la lucha por el aumento generalizado al salario y la lucha por el aumento del salario real a través de la conquista de mejores y mayores servicios públicos.

B) El mantenimiento de una masa enorme de población en condición de desempleo, subempleo o en la informalidad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (INEI, 2011), un 4% de la población económicamente activa (PEA, que ascendía a 5.769.762 habitantes) se encontraba desempleada. En este caso, el 63% corresponde a población rural, el 64% a población indígena y el 74% a población joven.

De ese 96% de población con empleo, en realidad más del 55% está subempleada o con un empleo informal. Es de esperar que esta cifra se haya incrementado –como ya sucedió entre el 2002 y el 2011: 1%–, producto del escaso crecimiento de la economía, de la expulsión campesina que está generando la expansión de agrocombutibles y del aumento de la expulsión de migrantes realizada por Estados Unidos.

Resaltan en este sentido, la masa de campesinos que históricamente ha estado marginada del salario o del empleo formal y permanente, que se ha mantenido en la infra subsistencia y que, en tanto está en descomposición por el avance del latifundio y el agronegocio, presenta condiciones de miseria, de inseguridad alimentaria y nutricional que se profundizan día con día. Asimismo es relevante la masa de trabajadores de la economía informal, quienes subsisten con sus pequeñas inversiones, sin seguridad social, con jornadas de alrededor de 12 horas diarias, expuestos a las inclemencias de la delincuencia y el clima, sin días de descanso y, eso sí, vendiendo la mercancía producida por el capital local y transnacional. Son parte de la cadena que al final materializa la plusvalía generada en el proceso productivo.

C) La violación a la legislación en materia laboral y ambiental.

Recientemente, un medio de periodismo electrónico, Plaza Pública (Arce y Rodríguez, 2012), a través de una investigación in situ, demostró la existencia de niños menores de 14 años trabajando en las fincas cañeras. Uno de estos casos ocurre en la propiedad de Otto Kuhsiek, presidente de la Cámara del Agro; tanto él como sus cercanos justificaron el hecho denominándola “una cuestión cultural”.

Es evidente, además, cómo la industria y la agroindustria están contribuyendo al deterioro progresivo de los elementos de la naturaleza, así como a la apropiación de recursos como el agua, demostrado por estudios periódicos realizados por instituciones universitarias(iv). En materia ambiental, la legislación es tan permisiva que permite a las empresas la contratación de consultoras o consultores privados para realizar estudios de impacto ambiental que validan las acciones extractivas y otras, y con un aval formal del Estado que legitima los informes que de ahí proceden(v).

D) La apropiación por despojo y compra del principal medio de producción: la tierra. Esto sucede recientemente y con mayor dinamismo en las tierras bajas del Petén, Alta Verapaz, Izabal y El Quiché, hacia donde se han expandido los agrocombustibles y los agronegocios.

Estas dinámicas están generando la imposición de la propiedad privada e individual sobre las tierras que aún subsisten en propiedad campesina y comunal, y bajo un régimen de economía campesina, de tal manera que puedan ser objeto de compra y venta en el mercado del capital. Esto permite la agilización en la adquisición de tierras campesinas por vía de la compra o por la cesión de derechos al gran capital local y transnacional(vi).

E) En este mismo orden, recientemente también se han dado casos de apropiación de ahorros de trabajadores y capas medias por bancos privados como Bancafe y Banco de Comercio, los cuales siguen todavía en la impunidad, no sólo en materia de enjuiciamiento y condena de los responsables sino también con relación a la devolución de lo que fue objeto de hurto.

Asimismo, han avanzado políticas para apropiarse de las pensiones que la clase trabajadora ha acumulado por largos años de sudor obrero y campesino y que forman parte de la escaza y raquítica seguridad social que se concentra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS(vii).

F) La concesión o entrega de los recursos naturales (minerales, petróleo, gas natural, aguas) a la explotación y apropiación privada.

Además de las reveladoras concesiones mineras, otro ejemplo ilustra lo afirmado. En mayo de 2010, el gobierno de Colom firmó la extensión del contrato de explotación petrolera a la empresa francesa Perenco, en el seno del área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre, en el departamento de El Petén. Esto no obstante que tres ministros estuvieron en desacuerdo, incluido el ministro de ambiente y recursos naturales renovables, y que diversas universidades y organizaciones ambientales denunciaron la ilegalidad e inconsecuencia con las pretensiones de sostenibilidad y conservación del Estado, plasmadas en falsos discursos gubernamentales. Seis meses después, además, el mismo gobierno hizo funcionar el Batallón Verde, un contingente militar organizado con la explícita y supuesta justificación de proteger Laguna del Tigre ante las acciones ilegales del narcotráfico y ganaderos que afectan el área protegida.
Dicha concesión, que demuestra el entreguismo del gobierno de Colom, ha sido confirmada, por omisión en este caso, por la gestión gubernamental actual, la cual entre otras decisiones ha nombrado como ministra de ambiente a una abogada ambiental señalada de ser operadora de intereses corporativos.

Adicional y complementariamente, la política implementada por estos gobiernos ha sido permisiva con la explotación descontrolada, legal e ilegal de los elementos de la naturaleza. Un ejemplo de esto último, es la explotación sin control de la masa boscosa del país; de hecho estudios revelan que un 95% de la pérdida vegetal en Guatemala es ilegal. Tanto la ley como las políticas aplicadas por sucesivos gobiernos han sido proclives y facilitadoras del expolio.

G) La concesión de obras a la empresa privada a través del subterfugio de las “alianzas público-privadas”.

Bajo esta modalidad se impide al Estado ejecutar obras de gran envergadura, le obliga a pagar grandes costos a constructoras y conceder posteriormente a éstas el mantenimiento y cobro por el uso que tanto las instituciones gubernamentales como la ciudadanía realice de las mismas, tal y como sucede con proyecto carreteros. Este es uno de los mecanismos para extraer del Estado recursos financieros, con los cuales burguesía tradicional o emergente han venido incrementando sus ganancias en la venta de productos, obras y servicios, a través de dos figuras jurídicas: empresas privadas y organizaciones no gubernamentales.

H) La política estatal para facilitar y respaldar financiamientos para la inversión privada.
Los ejemplos pueden ser varios, pero sobresale la inversión para la expansión del agronegocio. Uno de estos casos refiere a préstamos que el BID otorgó a la empresa Chabil Utzaj, para activar un proyecto de producción de palma aceitera o africana en el Polochic, Alta Verapaz. Además del aval para el préstamo y la acción oficiosa de funcionarios públicos, incluidos los gobiernos de Berger (2004-2008) y Colom (2008-2012), la política gubernamental ha incluido la la implementación de acciones represivas contra población campesina, con participación de la policía nacional civil y el ejército, con cauda de un muerto, varios heridos, viviendas y cultivos destruidos, desplazamiento de población y generación de mayores condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

I) La prohibición al Estado para que no pueda hacerse préstamos a través del Banco de Guatemala.

Esto obliga al Estado a recurrir al sistema bancario privado para la consecución de financiamiento. No obstante que esta norma fue aprobada en la reforma constitucional sometida a consulta en 1994, su implicación actual es que por esa vía, el capital financiero logra captar altos intereses por los préstamos que el Estado realiza. A estos se suman otras normas que obligan a la contratación de fideicomisos, otra de las formas que utiliza el capital financiero para garantizarse jugosas y seguras ganancias. Fórmulas que han resultado ideales como forma de expolio al Estado.

J) La concepción y práctica permisiva para que la gran propiedad subsista con un régimen impositivo regresivo –ratificado en el paquetazo fiscal del recién electo gobierno de Pérez Molina–, se apropie de recursos como los minerales y contamine otros recursos como el agua tal y como sucede con la industria del azúcar.

K) La persecución permanente en contra del movimiento campesino y obrero. Un informe del MSICG (2010) reporta el asesinato de 47 dirigentes ejecutados entre el 2007 a septiembre de 2010. Los despidos, amenazas, intimidaciones, desalojos violentos, acoso y violaciones sexuales, incumplimiento de pactos colectivos, obstáculos a la sindicalización, tercerización en la contratación, persecución y criminalización de la lucha campesina y sindical, violaciones a las leyes laborales en general y las políticas anti-sindicales impulsadas en el ámbito del Estado y la empresa privada, constituyen parte del panorama que vive la clase trabajadora y que impide una mayor y mejor defensa de los intereses de las clases mayoritarias en el campo y la ciudad. Son política que van orientadas a minar la resistencia del trabajo y, por consiguiente, allanar el camino de la explotación y el expolio del capital.

Un caso especial del régimen de expolio imperante es el de la minería. Recientemente fue conocido que la mina Marlín (propiedad de la Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, ubicada en Canada), alcanzó ganancias por Q4 mil 716.9 millones (US$607 millones) en el año 2011, lo cual se traduce en un aumento del 125% con relación a lo obtenido en el 2010, que ascendió a Q2 mil 90.4 millones (US$269 millones). Esto en un marco del aumento de producción (21% más que en el 2010), incremento del precio de la onza de oro y plata en el marcado mundial y de un costo de producción de apenas una quinta parte del precio de venta.

En cuentas populares y si tales ganancias fueran percibidas por el Estado, tales recursos habrían sido útiles para garantizar la Canasta Básica de Alimentos por un año a 157 mil 596 ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas o la Canasta Básica Vital a 86 mil 354 ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, con el agregado que dicho consumo habría estimulado dinámicas de producción y comercio en los ámbitos de la economía campesina y popular. O, en otro esquema de inversión con interés público, habría servido para proteger y estimular la producción campesina y avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria.

No obstante las enormes ganancias de la extracción y contradictoriamente con las necesidades y problemas nacionales, en lugar de optar por alguna opción digna, como la nacionalización de la producción minera o un aumento considerable de impuestos a para por dichas empresas, y abrir cause a la satisfacción de las necesidades básicas y vitales, el actual gobierno nacional, encabezado por el general Otto Pérez Molina, optó por firmar un “acuerdo” con el sector minero. Las empresas mineras se han comprometido, por voluntad propia, a cancelar el 5% de regalías sobre ingresos brutos.

Este hecho revela la concepción y orientación de la política del actual gobierno, el cual obvia: a) La voluntad ciudadana en rechazo a la minería, expresada en 63 consultas comunitarias/municipales. b) La necesidad de fortalecer los ingresos fiscales ante un Estado cada vez más deficitario y disminuido. c) Este aumento “voluntario”, que otorga privilegios fiscales, no llega a sobrepasar el 6% de regalías que las empresas mineras pagaban hasta antes de las reformas a la Ley de Minería aprobadas durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). d) Se ignoran las históricas y enormes necesidades que padece nuestro pueblo.

Llora sangre nuestra Matria, no le parece respetada y respetado lector. Somos un país con enormes riquezas, expoliado por el capital que incrementa de forma sostenida sus ganancias, con la gestión oficiosa de las elites de poder. Mientras esto sucede, el pueblo muere –literalmente– de hambre y languidece –literalmente– en la miseria. Son lágrimas de sangre las que emanan de los ojos de nuestra Matria y de cada una de sus mejores hijas e hijos

Fuentes:

1. Alonso-Fradejas, Alberto, José Luis Caal Hub y Teresita Chinchilla Miranda (2011) Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
2. Alonso-Fradejas, Alberto, Fernando Alonzo y Jochen Dür (2008) Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y domino en Guatemala (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
3. Arce, Alberto y Martín Rodríguez Pellecer (2012) Plaza Pública y la explotación infantil en la caña de azúcar. Plaza Pública, 12 de enero de 2012 http://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-en-el-azucar-de-guatemala, página consultada el 10 de marzo de 2012.
4. Batres, Alexis (2011) Adictos al trabajo. Sección economía de Elperiodico, sección economía, del 11 de noviembre de 2011. Guatemala. http://www.elperiodico.com.gt/es/20111108/economia/203382/, página consultada el 13 de marzo de 2012.
5. Frente Popular (2012) Entreguismo del gobierno de Pérez Molina. En Voz Popular, No.4, febrero 2012. www.albedrio.org, página consultada el 13 de marzo de 2012.
6. Instituto Nacional de Estadísticas (2012). Mercado Laboral. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2011- (Guatemala: INE)
7. Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco MSICG (2010) Segundo informe Guatemala: el costo de la libertad sindical. (Guatemala: MSICS)
8. Sosa Velásquez, Mario Enrique (2009) Gestión ambiental y gobernabilidad local. (Guatemala: URL, IARNA e INGEP). http://www.infoiarna.org.gt/media/file/publicaciones/compartidas/Pub_comp_coed_14.pdf.pdf




Páginas Web
http://www.albedrio.org/
http://www.elperiodico.com.gt/
http://www.ine.gob.gt/
http://www.infoiarna.org.gt/
http://plazapublica.com.gt/
http://www.prensalibre.com.gt/
--------------------------------------------------------------------------------
(i) Según el INE (2011), en el país existen 291,467 niños entre 10 y 15 años que participan en el mercado laboral. Dos tercios se emplean en labores agrícolas y son indígenas, un 26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 22% del salario mínimo y es más bajo en el comercio y la industria.
(ii) Según una encuesta de la consultora Regus, que incluyó a 12 mil trabajadores en 85 países, en Guatemala el 23% de los empleados trabaja de 9 a 11 horas diarias y 18% lo hace por más de 11 horas (Batres, 2011)
(iii) Datos del MSICG reportan para el 2010, una tasa de sindicalización del 2.2% de la población económicamente activa, porcentaje del cual el 89% corresponde a trabajadoras y trabajadores en situación de dependencia, 78 se encuentran en el ámbito del Estado y sólo el 12% de los sindicatos se constituyen en empresas privadas, producto de una práctica antisindical que por diversos mecanismos impiden su organización de clase.
(iv) Uno de estos estudios es el Perfil Ambiental de Guatemala, producido por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. Tanto este como otros valiosos hallazgos investigativos, pueden ser consultados en http://www.infoiarna.org.gt
(v) Ver entre otros Sosa, 2009.
(vi) Varios estudios revelan esta dinámica, entre los cuales se encuentran: Alonso et al. 2011, Alonso et al. 2008 y Hurtado 2008.
(vii) El seguro social oficial abarca sólo el 18% de la población ocupada, en su mayoría del sector privado. Los asegurados por el IGSS son 41% del área urbana metropolitana, 29% del resto urbano y el 30% del rural nacional (INE, 2012).

Intento de fuga de un genocida en Guatemala

Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de marzo de 2012

El general en retiro y ex jefe de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), uno de los más sanguinarios gobernantes que tuvo el país durante la implementación de la política de seguridad nacional de Estados Unidos y de la consecuente estrategia terrorista de carácter contrainsurgente, ha fallado en intentar evadir la justicia por medio de argucias leguyescas.

Evidenciando un cambio de estrategia, los nuevos abogados defensores del militar, intentaron le fuera aplicada la Ley de Reconciliación Nacional (decreto 8-86), emitida por otro general genocida, Oscar Humberto Mejía Víctores (1983 a 1986). Buscan con ello, evadir un juicio por los delitos de lesa humanidad por los cuales se le acusa, siendo uno de los jefes de Estado que, durante la década de los 80, implementaron masacres en contra de comunidades indígenas, campesinas y rurales, actos que son tipificados como genocidio.

El argumento del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero “B” de Mayor Riesgo, para no concederle tal “beneficio” ideado con objetivos contrainsurgentes y de impunidad es sencillo. Esta Ley se aplica en el caso de delitos políticos y comunes conexos, y no de lesa humanidad.

Por esa razón, Efraín Ríos Montt continuará ligado a proceso y, si se impone la legalidad ante las incuestionables evidencias y la proclamada igualdad ante la ley, el militar en retiro deberá purgar el resto de su vida en una cárcel común.

La condena definitiva al militar retirado, permitirá que la sociedad guatemalteca avance hacia la reconciliación y la paz, con base en la imprescindible justicia.

http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-042.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/9827-intento-de-fuga-de-un-genocida-en-guatemala.html?tmpl=component&print=1
http://alainet.org/active/53109&lang=es

Estados Unidos y la Unión Europea nos llevan al despeñadero

Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de febrero de 2012


http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-041.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142909
http://www.kaosenlared.net/component/k2/itemlist/user/1626-marioenriquesosavel%C3%A1squez.html
http://alainet.org/active/52500&lang=es

Es evidente que se ha venido caminando por un sendero que lleva al despeñadero a la humanidad entera. Las pretensiones de dominio mundial y la estupidez de las elites de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros, nos están acercando a un enfrentamiento bélico con consecuencias impredecibles en su magnitud.

En su afán por apropiarse de recursos estratégicos, por controlar militarmente nuevos territorios y cercar el avance económico de potencias como China, Rusia e India, han avanzado en una estrategia de guerra en países como Irak, Afganistán, Libia, sin contar con aquellos países a los cuales controlan directamente a través del llamado gobierno indirecto o indirect rule, clásico de las ocupaciones coloniales.

En esa dirección, hoy se encuentran desplegando, además de su despliegue militar por el Golfo Pérsico, una ofensiva mediática, diplomática y económica, en contra de países como Siria e Irán principalmente. Un despliegue que está antecedido por declaraciones como las de Barack Obama, quien afirmó que Estados Unidos “mantendrá la superioridad de su fuerza militar [...] Nuestras tropas deberán tener el equipo necesario para tener éxito [...] Vamos hacia adelante con el Medio Oriente.”[1]

Siria y su gobierno actual (2000-2012) habían sido aliados de Estados Unidos, hasta que este último decidió cambiar su política para controlar y apropiarse de los recursos de dicho territorio. Es decir, Estados Unidos fue sostén de un régimen dinástico y represivo, que hoy pretende derrocar a través del impulso de una campaña que –como sucedió recientemente en Libia– incluye: el financiamiento y asesoramiento militar de fuerzas insurgentes y la negación permanente de la negociación, el manejo de la Liga Árabe para avalar las sanciones y la intervención militar, declaraciones como las de la secretaria de Estado de EE.UU., Hilary Clinton, quien plantea que el actual presidente sirio, Al Asad, debe dejar el poder en manos de su vicepresidente, y la presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU legitime y legalice la intervención bélica. Más allá de una salida al régimen de Al Asad, al conflicto político-militar en marcha, y de gestar una alternativa soberana para que el pueblo sirio decida su propio destino, lo evidente es que está en marcha una intervención militar, tan genocida como en Irak, Afganistán y Libia, que han devenido –según los planes invasores– en ocupaciones militares y en la instauración de regímenes represivos y sumisos al saqueo por los países imperiales. Vale decir que frente a estos planes, Rusia y China se han opuesto hasta el momento y, como es evidente, por sus propios intereses que resultan amenazados.

Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea han decretado un bloqueo económico contra Irán, el cual ha sido contradicho por Rusia, China e India. Con la excusa del programa nuclear iraní (que dicho país ha afirmado es con el objetivo de producir energía necesaria para su desarrollo) y la acusación sobre el avance en la fabricación de armas atómicas (como acusaron a Irak de poseer armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas), dichas potencias han avanzado en su pretensión por doblegar y someter al país persa a su control y ordenanzas, objetivo que empata con las pretensiones expansionistas de Israel. Más allá de esto, es atendible la interpretación del diario mexicano La Jornada, que en su editorial del 30 de enero, sabiamente afirma que “… las potencias europeas y Estados Unidos buscan liquidar o cuando menos someter a un Estado con determinación independiente y soberana; por la otra, propiciar el surgimiento de nuevos escenarios bélicos o prebélicos, cuando las guerras contra Irak y Afganistán se encuentran agotadas, en un escenario de economías desesperadas en la que la industria militar parece ser la única capaz de sacar a los países de la Unión Europea (UE) del precipicio en el que los ha hundido la desmedida especulación financiera.” Es la expresión de lo que David Harvey denominaría acumulación por desposesión[2].

El bloqueo económico y las amenazas europeas de suspender la compra de petróleo iraní, han generado que el gobierno de dicho país advierta que se dispone a interrumpir el suministro de crudo a la región agresora. Asimismo, ante las amenazas bélicas que se han concretado en la presencia y despliegue militar estadounidense por el área, Irán también ha respondido con la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el flujo comercial petrolero hacia Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo.

Las agresiones a Siria e Irán indudablemente van contra el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos. Efectivamente, legitiman la respuesta que estos países pudieran implementar para derrotar la injerencia y la posible agresión militar. La intervención militar de EE.UU., de la Unión Europea y del mismo Israel, abren la posibilidad de un conflicto bélico de grandes dimensiones, especialmente por la capacidad militar de Irán, las insospechadas respuestas de otros pueblos en el mundo árabe y de potencias como Rusia, China e India al sentirse amenazadas.

De concretarse una agresión militar contra Siria e Irán, Estados Unidos y la Unión Europea avanzar en llevar al mundo hacia un punto de no retorno, en donde la seguridad y la subsistencia misma de la humanidad se ponen en peligro. Ante esto, los pueblos todos debemos levantar nuestra voz e impulsar acciones de distinto orden para derrotar las pretensiones y acciones imperiales, por instaurar regímenes respetuosos del derecho de los pueblos a la autodeterminación y porque la paz mundial prevalezca.
________________________________________
[1] Ver el artículo “Las advertencias de un Premio Nobel de la Paz” del 6 de enero de 2012 en www.albedrio.org
[2] Harvey, David (2007) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. En Socialist Register, CLACSO, Buenos Aires. bibliotecavirtual.clacso.org.arg/ar/libros/social/Harvey.pdf.

Ríos Montt: un genocida en la antesala de su condena

Por Mario Sosa - Guatemala, 27 de enero de 2012


http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-040.html
http://alainet.org/active/52371&lang=es
http://rebelion.org/noticia.php?id=143651
http://kaosenlared.net/component/k2/item/5667-ríos-montt-un-genocida-en-la-antesala-a-su-condena.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/general/113994/otro-genocida-que-paga

El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.

En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.

Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.

Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.

Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.

Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes, desde dentro y fuera del Estado, no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.

En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.