Repensar el régimen político guatemalteco

Por Mario Sosa

A quienes basan su pensamiento en la certeza de lo simple y, además, de lo inmutable les resulta complejo pensar en un régimen político que trascienda las normas, valores, actores e instituciones legados por el liberalismo —el más conservador, por cierto— como fuente desde la cual se instituyó en la Constitución Política de 1985.

Dicha constitución ha sido vehículo para la continuidad de un Estado-nación pensado desde élites de poder, cuyo paradigma está afincado en un modelo de comunidad homogénea inexistente y que se impone a través de un apartheid de carácter étnico y clasista sutil, cuando no represivo.

Ese pensamiento simple y estrecho no permite sino concebir como sujeto de la democracia al ciudadano, sinónimo de individuo individualizado, así como las formas de representación política y de cambio de autoridad correspondientes a las figuras fetichizadas del partido político y a las competencias electorales de mercado —en sentido de transa política y financiera—. Ese pensamiento oculta que tales definiciones, en su concreción, han sido objeto de captura por élites de poder que, al hacer fraudulenta la competencia y convertir el partido en simple empresa electoral, tienden a negar los derechos del ciudadano al que dicen representar y suplantan al pueblo en tanto poder soberano.

Mucho más complicado resulta para quien piensa desde esa cerrazón que el Estado pueda ser rediseñado en su normativa, institucionalidad y políticas de modo que garantice bienestar y felicidad a las grandes mayorías de tal ciudadanía. Por ejemplo, rechazan de tajo el reconocimiento de fuentes diferentes de derecho, de formas asamblearias de toma de decisiones y elección de autoridades locales y regionales, de una nueva división política administrativa y del traslado de competencias a nuevos ámbitos políticos a escala local y regional. Más allá, tales propuestas son señaladas de ser un atentado contra el orden constitucional, contra la «unidad nacional», y una intentona secesionista.

Ese pensamiento, creyéndose moderno (una modernidad por demás occidental, colonial, cientificista), está cuasipetrificado en el tiempo por aquellos que, manteniendo capturado el Estado, imponen sus intereses, identidades e ideologías, así como por aquellos intelectuales y centros de reproducción del pensamiento hegemónico que se niegan en general a los más mínimos movimientos más allá de sus concepciones, con lo cual, a lo sumo, logran pensar en reformas que gestan cambios para que nada —en esencia— cambie mientras estrechan filas para negar las más mínimas reformas democráticas. Todo ello, para garantizar su condición de grupos privilegiados, hegemónicos, dominantes.

Es en estas élites (y en el pensamiento que reproducen por convicción y conveniencia) donde se encuentran los nudos históricos que impiden pensar un nuevo Estado que, basado en una comunidad política reconceptualizada como de unidad en la diversidad de pueblos y sectores diferenciados, reconozca que la ciudadanía trasciende al individuo, quien, no obstante, se potencia en sus derechos y realizaciones en el marco de su comunidad y colectividad de identidad y pertenencia. Una unidad sobre nuevas bases que fortalecerían la nacionalidad, el Estado compartido y, por consiguiente, la soberanía como sustento para enfrentar poderes internos y externos que lo mantienen secuestrado.

En el mismo sentido, un nuevo régimen político donde se reconozca y potencie la complementariedad de diversos sistemas jurídicos en dirección a garantizarnos el goce de derechos y el ejercicio de justicia reparativa, y no solo punitiva. Un régimen donde puedan combinarse las instituciones partidarias y las elecciones como las conocemos con otras formas de consulta, decisión y representación política de pueblos y sectores sociales representativos. Que también reconozca ámbitos de autonomía o autogobierno para el ejercicio de derechos colectivos, en los cuales se asignen constitucionalmente competencias para el desarrollo de políticas basadas en variables étnicas y territoriales.

Pero, claro, pensar en esta alternativa implica dejar de lado el pensamiento simple, estrecho y petrificado en una idea única de derecho, que niega la configuración de la sociedad, el territorio y otras fuentes (sociales, culturales, políticas y jurídicas) para un cambio en el ordenamiento jurídico y en el sistema político que nos permita la construcción de una casa común —hasta ahora inexistente— y la igualdad y el bienestar en la diversidad para todos los seres humanos que coexistimos en este importante e insignificante espacio y momento del universo.

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Repensando la reforma del sistema de partidos políticos

Por Mario Sosa
9 de septiembre 2019
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La teoría política sobre los partidos políticos plantea que este tipo de instituciones, propias de la democracia representativa, tienen funciones de primer orden que trascienden su papel en la competencia por espacios de poder en el Estado. Estas funciones principales son las de representar, agregar e intermediar intereses de la ciudadanía.

En contextos como el guatemalteco, en el cual ha sido configurado un sistema de partidos políticos de orientación conservadora, tales funciones han sido plenamente cumplidas en favor de grupos de poder económico y social. Los principales partidos en cada coyuntura o período de gobierno han legislado y dirigido las políticas públicas con el propósito de beneficiar los intereses de grupos corporativos, grandes empresas de capital local y transnacionales. Esto se expresa en ejemplos como la Ley de Minería; la política económica, financiera y crediticia, y la Ley Tigo, entre muchos otros.

Los partidos políticos han sido orientados, asimismo, a tratar de que sus dirigencias se consoliden como intermediaciones principales de grupos de poder y se beneficien personalmente del manejo de instituciones y presupuestos, lo que ha quedado claro con su involucramiento en redes y estructuras de corrupción y crimen organizado, así como para satisfacer las visiones del mundo y de la vida de fuerzas poderosas en lo económico, social, político y religioso garantizando la reproducción del statu quo, promoviendo un Estado cada vez menos laico, que se niega a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, y retrotrayendo los pocos avances en materia de interculturalidad.

Investigaciones académicas y judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que operan en la reproducción de la captura del Estado. Y lo son en tanto funcionan como propiedad de sus dueños y financistas, siendo estos grandes empresarios, militares en retiro de alto rango, líderes religiosos e incluso jefes de redes criminales de distinto tipo y escala.

Sin duda, excepciones las hay, pero lo predominante en el sistema de partidos políticos es lo antes dicho. En este sentido, el problema esencial no es la falta de institucionalización de tales instituciones, sino una institucionalización de las relaciones de poder, de los intereses, de las visiones y de las prácticas que los determinan en su carácter, que tienden a excluir de sus funciones de representación e intermediación a mayorías sociales, con lo cual mantienen y reproducen exclusiones de larga data. De ahí que su orientación no sea la búsqueda de soluciones a los problemas históricos y estructurales.

Quienes controlan el sistema de partidos políticos desde afuera y desde adentro acuden a las elecciones con múltiples factores de ventaja: articulan y accionan para sí las fuentes de financiamiento, el aparato del Estado, los medios de comunicación masiva, las Iglesias, los poderes regionales y locales y las instituciones electorales y judiciales para dirimir sus recurrentes contradicciones y garantizar, al final de cada proceso electoral, el control de los organismos públicos y de las políticas, a los que acceden a través de los partidos y de aquellas otras instituciones que mantienen capturadas a través de otros mecanismos de representación y selección.

En este marco, la intermediación que logran segmentos sociales excluidos es de carácter débil porque sus expresiones partidarias actúan de forma desarticulada y, por consiguiente, reproducen su marginalidad. Asimismo, dichos segmentos sociales son de carácter contingente, en especial cuando activan formas de movilización y de protesta social con las cuales presionan la apertura de espacios de diálogo y gestión pública cuyos resultados, no obstante, son insuficientes.

Modificar el carácter y la problemática compleja del sistema de partidos políticos será complicado si no se crean condiciones de distinto orden como una democratización del financiamiento electoral, del acceso a los medios de comunicación masiva y de la representación indígena y de mujeres en las instancias de decisión partidaria y en los listados de participación electoral, así como el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de control de los financiamientos ilícitos y de las coimas para la aprobación de leyes, políticas y obras, entre otras.

En un momento en el cual se abrirá la discusión sobre nuevas reformas a la Ley Electoral de Partidos Políticos, será esencial trascender los enfoques institucionalistas y replantear las estrategias para lograr cambios que permitan configurar un sistema de partidos políticos menos capturado.

Elegida nueva gerencia de país

Por Mario Sosa
12 de agosto 2019
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El día de hoy, muy probablemente, ya sabemos quién administrará el apartado gubernamental durante los siguientes cuatro años.

Seguro la elección final está siendo polémica, tal y como ha venido siendo la contienda. Contienda entre dos fuerzas de derecha extrema, como la del partido político Vamos, y moderada, como la del partido UNE, las cuales han mantenido y mantendrán su confrontación durante todo el período de gobierno. Confrontación que se explica en el hecho de que tanto una como otra representan intereses de segmentos de poder económico y político distintos, que buscan controlar a su favor los apartados, la política y los recursos estatales.

Más allá de sus diferencias de matiz, lo previsible es que el ganador o la ganadora dará continuidad a las políticas fundamentales que han regido la orientación del Organismo Ejecutivo en particular. Entre las principales políticas fundamentales que tendrán continuidad figuran:

·                     Una política económica que da curso a un modelo de acumulación de capital caracterizado por asumir al país como productor de materias primas y proveedor de fuerza de trabajo barata, con un énfasis extractivo que se ha intensificado desde inicios del siglo XXI. Un modelo que somete a las grandes mayorías a la miseria, que expulsa a niños y jóvenes, a quienes orilla al drama permanente de una migración inhumana, mientras privilegia y facilita el enriquecimiento tanto de las empresas transnacionales como de los grupos corporativos oligopólicos que articulan a los capitales históricamente dominantes.

·                     El sometimiento a las imposiciones de Estados Unidos. En un contexto profundamente conservador y proclive a ver en el modelo estadounidense un paradigma de democracia, desarrollo y bienestar, con élites económicas, políticas y militares sumisas a sus designios, sin un proyecto y sin un sujeto político que se orienten a construir un Estado soberano e independiente, lo más probable es que el siguiente administrador gubernamental se someta a las políticas estadounidenses. Más allá de la negociación en torno a los términos del dominio que promueva el gobierno electo, Guatemala seguirá sometida a las políticas devenidas del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y a las imposiciones en materia migratoria, de seguridad y de control territorial, así como a la doctrina Monroe, que inspira la estrategia de injerencia y agresión contra Estados insumisos a Estados Unidos y en la cual Guatemala actúa como peón de su ajedrez.

·                     El mantenimiento de una política de impunidad que el Gobierno constituirá impulsando en dirección a minar procesos de investigación y procesamiento judicial en contra de empresarios, políticos, militares y otros actores involucrados en delitos de alto impacto. Esta ha sido la tendencia en la política que impulsan el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, que se afianzará con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en septiembre próximo. Con el actual Congreso de la República y con el que se instalará en enero próximo, muy probablemente se intentará aprobar leyes que instituyan sanciones menores y medidas sustitutivas que beneficien a quienes se encuentran encarcelados en el cuartel militar Matamoros o a aquellos altos empresarios y políticos con procesos de investigación judicial.

·                     Una política de marginación de los grandes conglomerados en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, la juventud y los niños seguirán siendo discriminados, marginados e invisibilizados en las políticas gubernamentales. Menos aún se buscarán soluciones a los problemas históricos y estructurales que padecen. Complementariamente, se continuará la política de criminalización y judicialización que implementan actores empresariales, mediáticos, políticos, y funcionarios públicos de los tres organismos del Estado.

Más allá de las diferencias en el estilo de gobierno y de las orientaciones particulares de quien haya sido elegido, lo cierto es que los problemas del país muy probablemente seguirán agudizándose, tanto como las contradicciones que estos generan. Y esto, en esencia, se deberá en buena medida a que el siguiente presidente operará como un gerente de país, sometido a las decisiones de los grupos de poder económico, militar y del crimen organizado (inserto en la institucionalidad estatal), así como a los designios de Estados Unidos, que de forma más explícita avanza en convertir nuestro país en un simple protectorado.

Un congreso de peligro

Por Mario Sosa
29 de julio 2019
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-congreso-de-peligro

En el Congreso de la República sigue predominando una alianza que articula intereses empresariales, militares y políticos que persiguen consolidar normas que garanticen privilegios, impunidad y represión.

Esta agenda legislativa, profundamente regresiva, está integrada por propuestas de iniciativas legislativas que ni por asomo buscan beneficiar a las grandes mayorías sociales y a los sujetos más vulnerables. Menos aún están dirigidas a resolver los graves problemas nacionales.

Tales iniciativas se dirigen a proteger y beneficiar intereses de poder económico, por ejemplo a empresas vinculadas con la distribución eléctrica, la seguridad privada y las vallas publicitarias. En ese sentido, han sido planteadas reformas que penalizan y aumentan las penas para aquellas personas que incurran en lo que ha sido tipificado como «robo de fluidos», sin considerar las causas que orillan a comunidades enteras a huelgas de pago que cuestionan el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica y proponen una política alternativa de «nacionalización de la energía» para garantizar ese derecho. Antes que solución al problema, se opta por una política exclusivamente represiva, que busca garantizar las enormes ganancias empresariales, mientras se obvia el problema histórico de falta de acceso a energía y los abusos que padecen, en especial, sectores rurales en condiciones de pobreza.

Con el mismo sentido se promueven reformas a la ley que regula los servicios de seguridad privada para disminuir los requisitos, calidades y controles de su funcionamiento, es decir, para proteger un negocio altamente lucrativo, cimentado en un mecanismo de privatización de la protección que no resuelve, sino que, por el contrario, impide la gestión de una política coherente de seguridad ciudadana. Por otro lado, se promueven una mayor liberación para la colocación de estructuras de vallas publicitarias en espacios públicos y la extensión de plazos en los permisos correspondientes.

En esta agenda legislativa también se busca reformar la Ley Constitutiva del Ejército con el objetivo de garantizar aumentos presupuestarios y mejoras económicas para el segmento de oficiales que controla el aparato castrense, aun cuando esto implique afectar otros rubros estratégicos e indispensables como los de educación y salud.

En cuanto a los intereses de estructuras criminales, se han propuesto reformas a la Ley de Extinción de Dominio con el objetivo de dificultar que bienes capturados a estructuras del narcotráfico pasen a ser propiedad del Estado. Asimismo, se busca reformar la Ley de Antejuicio para evitar que funcionarios sobre quienes se interponen solicitudes para que se allanen los procesos de investigación en su contra no pasen por la Corte Suprema de Justicia y se vayan directo al Congreso. Complementariamente, se busca permitir la excarcelación, la detención domiciliar e incluso la indemnización de personas privadas de libertad, claramente para beneficiar a militares, empresarios y políticos capturados por casos de corrupción, crimen organizado y financiamiento electoral ilícito a partir de 2015. Por último, y tan grave como lo anterior, se busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el propósito de amnistiar a violadores de derechos humanos y a responsables de crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

Para cerrar el círculo legislativo vicioso, se pretenden aprobar leyes de control y represión contra la protesta social y la defensa de derechos. Así pueden interpretarse aquellas iniciativas que buscan la anulación del derecho a la negociación de pactos colectivos en un contexto donde los derechos de la clase trabajadora son violados cotidianamente, sin que existan mecanismos eficaces para su protección. En ese orden de ideas, se busca penalizar los conflictos laborales y sancionar a los trabajadores en caso de que incurran en acciones que serían tipificadas como ilegales. Se busca, al mismo tiempo, incorporar nuevos tipos penales y aumentar penas en lo relativo a la usurpación agravada y a la alteración de linderos, lo cual lleva una dedicatoria a organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos de posesión y propiedad o que ocupan fincas como mecanismo para exigir derechos laborales violados. Se pretende también calificar de terroristas acciones de protesta de calle cuyo fin suele ser demandar derechos y atención a problemas sociales desoídos y negados por el Estado.

Estas tentativas legales, profundamente antidemocráticas y regresivas, se complementan con políticas del mismo tipo instituidas por el Organismo Ejecutivo y otros órganos estatales.

El espectro del anticomuismo

Por Mario Sosa
17 de julio 2019
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-espectro-del-anticomunismo

En la historia reciente del país, la extrema derecha guatemalteca deviene de una matriz ideológica y política común: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Como partido político, el MLN tiene su origen en las fuerzas contrarrevolucionarias que, bajo la conducción de Estados Unidos y la realización de la Operación PBSuccess, derrocaron el gobierno democrático y legítimo encabezado por Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954).

El MLN, constituido formalmente en 1958, fue la más representativa expresión del anticomunismo, que como ideología fue esencial en la implementación de una política de crímenes de lesa humanidad, planificados, organizados y ejecutados por estructuras represivas de Estado y escuadrones de la muerte, cuya acción comenzó en 1954 y se extiende al día de hoy en prácticas de corte fascista.

Algunos escuadrones de la muerte tuvieron su origen directo en este partido político, autodenominado «el partido de la violencia organizada», al cual pertenecieron algunas expresiones del gran empresariado. Al rastrear a muchos políticos y poderes actuales, que se encuentran en la mayoría de los partidos políticos de derecha, puede constatarse su origen en las filas del MLN y de sus vástagos ideológicos. Así las cosas, el sustrato ideológico anticomunista se encuentra difuminado en buena parte de las organizaciones partidarias, pero también en expresiones, grupos y medios económicos, sociales, culturales e ideológicos que forman parte de quienes hegemonizan el poder dentro y fuera del Estado.

Desde la ideología anticomunista se categorizó como comunistas, cuando no como terroristas, a todas aquellas personas y organizaciones sociales y políticas que atentaran contra el establishment y el statu quo. Se incluyó no solo a las organizaciones claramente subversivas e insurrectas, sino también a expresiones orientadas a exigir derechos, a luchar por mejoras económicas y sociales, a perseguir objetivos democráticos. En este marco, la expresión quitarle el agua al pez constituyó una máxima en la estrategia anticomunista y se tradujo en la aplicación de la tierra arrasada, política consistente en un plan sistemático de masacres contra comunidades rurales, indígenas y campesinas bajo el supuesto de ser colaboradoras de las organizaciones guerrilleras.

En el contexto actual se observa cómo el anticomunismo se renueva. Todo aquel que forma parte de luchas sindicales o de defensa del territorio y constituya una expresión reivindicativa desde sujetos históricamente excluidos vuelve a ser catalogado como comunista y terrorista. No obstante, su renovación está siendo recuperada y reimpulsada por un conjunto de aparatos ideológicos (medios y programas de difusión masiva, netcenters, Iglesias neopentecostales, etcétera) y políticos (Cacif, así como fundaciones y partidos políticos de derecha y extrema derecha) que integran, de forma directa o indirecta, la articulación de poder que controla los principales organismos estatales. Esto se explica en que buena parte de sus integrantes se han visto amenazados por procesos de investigación y procesamiento judicial, por resistencias a proyectos extractivos y búsquedas de reforma, los cuales son interpretados como un peligro para sus intereses y para el régimen económico, social y político instituido.

En este sentido, utilizan un conjunto de términos cercanos: comunista, socialista, izquierdista, terrorista. Asimismo, se mezclan discursos racistas y homofóbicos. Siendo elástico el uso de tales términos, estos son aplicados contra todo aquel que se distancie de alguna política específica aunque coincida en la defensa del modelo de acumulación y del régimen político. Así, el exembajador de Estados Unidos Todd Robinson fue catalogado como socialista. Embajadas europeas que propugnan por avances en la investigación criminal, además de instituciones como la Cicig y figuras como Thelma Aldana e Iván Velásquez, son acusados de ser parte de una trama izquierdista de carácter internacional que atenta contra la soberanía y la independencia del país. Y en la disputa electoral actual califican a Sandra Torres, política tradicional de derecha moderada, de exguerrillera, de representación de la izquierda y de expresión del socialismo internacional.

Más allá de una acepción y aplicación laxa de la ideología anticomunista, lo riesgoso de esto son los cambios institucionales, las nuevas leyes y las orientaciones de la política estatal, que podrían devenir en una política de mayor persecución, represión y aniquilamiento de dirigencias, luchadores y defensoras de derechos. Este sería el caso de la activación de estructuras estatales y privadas organizadas desde el mundo finquero y empresarial.

Así las cosas, el anticomunismo constituye un espectro que amenaza nuevamente a nuestro pueblo.

Las elecciones como falsedad

Por Mario Sosa
01 de julio de 2019
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En un contexto como el guatemalteco es hegemónica la idea de democracia en la cual, supuestamente, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, para lo cual se procede a elecciones periódicas para el relevo de autoridades y se recurre a la figura del partido político como instrumento al que se le atribuyen funciones de representación, intermediación y agregación de intereses de la ciudadanía.

Esta idea hegemónica pone de ejemplos las llamadas democracias del mundo occidental y ubica como paradigma la cuestionable experiencia estadounidense. Mientras tanto, se niegan otros modelos, en especial cuando estos avanzan en dotar de mayor capacidad y protagonismo al sujeto de la soberanía: el pueblo. De hecho, en retrospectiva, cuando esa idea hegemónica es rebasada, como sucedió en Guatemala entre 1944 y 1954, quienes mantienen el poder estratégico recurren a dictaduras militares y políticas represivas para impedir su relevo real.

Lo cierto es que, en democracias como la guatemalteca, en las cuales el Estado se encuentra históricamente capturado por grupos económicos, políticos y criminales emergentes, la elección de nuevas autoridades no deja de ser un simple ritual que no produce nuevos gobernantes con capacidad de decisión en las políticas de Estado, pues estas son decididas por los actores de dicha captura, incluidos los poderes empresariales, financieros e imperiales.

Con relación a la falsa idea de igualdad ante la ley, que se traduciría en que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, es evidente que no opera en la realidad concreta. Esto, porque sistemas democráticos como el nuestro parten de considerar a ese ciudadano en un sentido exclusivamente individual, sin reconocer que su concreción también se expresa en la existencia de sujetos colectivos que, como los pueblos indígenas, reivindican sus propias formas de gobierno y sus propios sistemas normativos y de representación política, que no son reconocidos y, por el contrario, son objeto de marginación, cuando no de represión cuando atentan contra esa norma e idea hegemónica de democracia.

Más allá, el sistema de partidos políticos está configurado para que, por la vía de las relaciones de poder prestablecidas y de facto, la mayoría de estos representen los intereses de las élites de poder económico, político y militar y sometan a sujetos como los campesinos, los obreros y los pueblos originarios a dinámicas de individualización a través de las cuales, en tanto sujetos colectivos, resultan desagregados y aniquilados. Además, cuando emerge alguna fuerza que pudiera catalogarse de alternativa al statu quo, se extienden e intensifican los mecanismos y dispositivos para que la competencia electoral resulte en una relación más desigual. Esto es lo que sucede cuando se constata la desigual capacidad financiera y el acceso a medios de difusión masiva que enfrentan fuerzas anti-establishment.

Lo anterior resulta más grave cuando los procesos electorales presentan un conjunto de signos de carácter fraudulento, como ha sucedido en las elecciones de 2019. Algunos de estos signos son a) el registro de candidaturas no idóneas; b) el retardo en la inscripción y entrega de credenciales a candidaturas a las cuales se les impidió iniciar sus campañas oportunamente; c) impedimentos a determinados partidos para que abran cuentas bancarias, con lo cual encontraron dificultades para su financiamiento; d) la falta de asignación de fondos y espacios publicitarios para que puedan dar a conocer sus propuestas; e) las prácticas de coacción, acarreo y compra de votos, y f) la alteración de actas o datos no coincidentes con las actas digitalizadas. Está por determinarse, además, la magnitud de un posible fallo del software utilizado en la elección.

Con el análisis crítico anterior no se pretende abonar a las fuerzas de derecha que con la afirmación de fraude electoral pretenden generar desestabilización, repetición de elecciones, e incluso hacernos retroceder en las ya enclenques institucionalidad y garantías democráticas. El propósito, eso sí, es cuestionar las elecciones, que para nada son procedimientos de competencia en igualdad de condiciones y por consiguiente democráticas. Contrariamente, las normas y el desarrollo concreto de dicha competencia son controlados por los actores que mantienen capturado el Estado, lo cual convierte el sistema de partidos en instrumental y el procedimiento eleccionario en el ritual para que unos pocos mantengan el secuestro de una democracia que, en estas condiciones, resulta falsa.

Seis claves para interpretar las elecciones y el sórdido furuto

Por MarioSosa
27 de junio 2019
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Las elecciones del 16 de junio en Guatemala han definido la correlación de fuerzas que determinará, en buena medida, el curso del país en los próximos cuatro años.

1. Un Congreso diverso en el que se necesitan alianzas

El Congreso queda compuesto por un conjunto de fuerzas que puede clasificarse en segmentos a partir de sus orientaciones económicas, políticas e ideológicas así[1]:

a.                  Un segmento de partidos ligados a los poderes económicos tradicionales y al conservadurismo político e ideológico: Vamos, Valor, Todos, Viva, Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Prosperidad Ciudadana (PC), Partido Unionista (PU), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, que acumulan 51 escaños (31.88% de los diputados electos), equivalente al 36.63% de votación favorable en la elección por listado nacional.

b.                  Un segundo segmento de partidos también de derecha, pero controlados por grupos de poder emergentes. En este segmento se encuentran Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Bienestar Nacional (BN), Partido Humanista de Guatemala (PHG) y Victoria. En conjunto suman 37 diputados electos (23% de los escaños), equivalentes al 26.67%. de votos por listado nacional.  Por su conservadurismo económico, político e ideológico son bastante cercanos al primer segmento, con respecto al cual no dejan de presentar contradicciones. Dichos partidos podrían realizar alianzas estables o eventuales, tanto con Sandra Torres como con Alejando Giammattei para la segunda vuelta electoral.

c.                  Un tercer segmento es el de la UNE, un partido de derecha moderada (socialdemocracia escorada a la derecha), que además articula diputados de múltiples intereses y corrientes políticas e ideológicas. Logró 54 diputados, 17.93 de votación a diputados por listado nacional y 25.54% en la elección presidencial, además de 106 alcaldías que lo confirman como la principal fuerza política del país. Su peso dominante en el legislativo dependerá finalmente de su triunfo en el balotaje y su habilidad para concretar alianzas.

d.                 Un cuarto segmento de partidos de izquierda y progresistas. Lo integran Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca–Maíz (URNG-Maíz), Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Semilla. Acumulan 15 diputados (9.38% de los escaños), con 14.48% de votación por listado nacional. Especialmente los partidos de izquierda, tienen presencia y pueden aliarse con organizaciones que hacen parte de los principales movimientos sociales, lo cual podría constituir una fortaleza a potenciar para compensar su pequeña fuerza legislativa. La alianza legislativa entre las fuerzas que integran este segmento se les presenta como una necesidad ante sus pequeñas bancadas, pero no está garantizada por factores que impidieron su coalición en la primera vuelta de la reciente elección. Eventualmente alguno de ellos podría ser proclive a buscar acuerdo y aliarse con la UNE.

Los tres primeros segmentos de esta clasificación constituyen parte del statu quo, son el sostén del modelo de acumulación de capital y están interesados en mantener condiciones de impunidad. Sus alianzas permanentes o eventuales dependerán de quién triunfe en el balotaje y de cómo se posicionen en particular los partidos que se ubican en el segundo y cuarto segmento.

En cualquier caso, quien resulte triunfante en la carrera presidencial, requerirá de alianzas estratégicas o tácticas para lograr mayoría simple y, sobre todo, para alcanzar mayoría calificada.

2. Se impuso la continuidad de un bloque conservador y pro impunidad

Las fuerzas económicas, políticas e ideológicas que constituyeron la alianza pro impunidad desde 2017, participaron en las elecciones de manera fragmentada.

Lo hicieron con el objetivo de lograr la mayor cuota de poder y posicionarse como la fuerza dominante en torno a la cual giraran las demás. Así, un conjunto de partidos políticos que tendrá representación en el Congreso, comparten la circunstancia de que sus dueños, financistas, dirigentes e integrantes principales han sido detenidos o están en proceso de investigación por distintos delitos.

En más de un caso podría hablarse de organizaciones criminales legalizadas como partido político, al estilo del Partido Patriota. Pienso, por ejemplo, en el oficial.

Asimismo, varias agrupaciones podrían resultar canceladas después de proceso de investigación por financiamiento ilícito en 2015 y 2019, en las cuales están involucrados grandes empresarios y militares en situación de retiro. Estos fuerzas podrían ser Vamos, UCN, Valor, Todos, FCN-Nación, Prosperidad Ciudadana, Podemos, Pan, Fuerza, Viva, Bien, Partido Unionista, Creo. En conjunto tendrían 77 escaños.

Eventualmente podría adherirse a otras agrupaciones como la del Partido Humanista (seis escaños), Victoria (cuatro) y Bien (ocho), aunque en estos partidos pudiera haber alguna corriente orientada más a reformas y a trabajar de forma crítica contra la continuidad de la corrupción. Si este conjunto de partidos se alía, eventualmente podrían alcanzar mayoría en el Congreso.

Además, dado que varios dirigentes del partido UNE están siendo investigados, junto al grupo de partidos antes mencionado constituirían una aplanadora que garantizaría impunidad, lo cual consolida la previsión de que la captura y cooptación continuarán siendo las bases de las políticas del Estado con independencia de quien gane.

Así las cosas, el resultado de las elecciones es, en buena medida, la re-legitimación de este pacto, aun cuando varios de sus integrantes no han logrado ser electos y otros seguirán enfrentando proceso de investigación, antejuicio y procesamiento judicial.

3. Mínimo avance de las fuerzas de izquierda y progresistas

Las fuerzas de izquierda y progresistas optaron por una participación separada en la contienda electoral, en un contexto donde las condiciones y reglas son dominantemente favorables al establishment conservador.

Los partidos de izquierda fueron Winaq, URNG-Maíz, MLP y Convergencia, además de los partidos progresistas Libre y Semilla, último que solo participó en la elección de diputados y alcaldías al haber sido rechazada la inscripción de su candidatura presidencial.

La sorpresa, sin duda, estuvo constituida por la participación y avance de la candidatura presidencial del MLP. Thelma Cabrera, abanderada de este instrumento político, logró acumular 455,874 votos, equivalentes al 10.37%, para ubicarse en una cuarta posición, a 0.84% del tercer lugar y a 3.58% del segundo lugar. Sin duda, este constituye un resultado producto de la fuerza acumulada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y del esfuerzo organizativo del MLP, de la centralidad e importancia simbólica y política de su candidata en el desarrollo de su campaña, del discurso distintivo de su propuesta política relativa a la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional y la nacionalización de la energía; así mismo de la suma de votantes que se identificaron con ella por razones étnicas, de clase y de cuestionamiento a la política dominante, y por el apoyo que pudo haber recibido de votantes simpatizantes de Thelma Aldana, candidata que finalmente fue defenestrada de la contienda.

No obstante, el resultado que el MLP obtuvo en la elección presidencial contrasta con el escaso apoyo a sus candidaturas al Congreso, que para el listado nacional logran solo el 2.96% de los votos, lo cual representó el ingreso al legislativo de una diputada por representación de minorías. Podría decirse que el voto duro del MLP es el obtenido para sus candidaturas a diputados, pero el obtenido para su candidatura presidencial no deja de ser un espaldarazo al significado de sus luchas y propuestas políticas, incluida la de su abanderada.

Por su parte, Winaq, con Manuel Villacorta como candidato presidencial, logró 229,446 votos, equivalentes al 5.22 %. Con el 3.50% de votos en la elección de diputados por listado nacional, logra una diputación, y tres más por los distritos Central, Guatemala y Quetzaltenango. Un tercer partido es URNG-Maíz, cuya candidatura presidencial de Pablo Ceto no tuvo mayor avance, obtuvo el 2.16% de la votación, y para diputados por listado nacional se incrementó a 2.78%, logrando que ingresaran al Congreso tres diputados, uno por listado nacional y dos más por los distritos de Sololá y Huehuetenango. Ambos partidos participaron coaligados en las anteriores elecciones, en las cuales obtuvieron un diputado cada uno; en esta elección avanzaron con la obtención de 4 y 3 diputados respetivamente, no obstante su participación por separado.

Constituyen un avance importante asimismo las siete diputaciones obtenidas por el partido Semilla. Este logro se registra en su primera participación electoral y después que a su candidata presidencial, Thelma Aldana, se le impidiera judicialmente participar en la contienda. El apoyo logrado a nivel nacional para su propuesta al Congreso, alcanzó el 5.24%. En total ganó siete escaños. Todos sus futuros diputados proceden del núcleo de Semilla y no de la Plataforma Ciudadana con la que hizo coalición para postular a Thelma Aldana.

Los partidos Libre y Convergencia obtuvieron el 0.95 % y 0.86 % de los votos en la elección presidencial. Ninguno logró diputación alguna y tampoco el mínimo de 5% de la votación necesario para mantenerse vivos como partidos políticos.

En total, considerando los partidos que pudieran ser identificados como izquierda o con una plataforma programática orientada a transformaciones desde los intereses de los pueblos, campesinos, trabajadores urbanos y las comunidades rurales: MLP, URNG-Maíz, Winaq y Convergencia, para la elección presidencial juntos obtuvieron 817,874 votos, equivalentes al 18.61 %; por mucho superaron los 129,730 votos, equivalentes al 2.7 % obtenidos por URNG-Maíz-Winaq y Movimiento Nueva República (MNR) en el 2015.

No obstante, al considerar las votaciones de diputados por listado nacional en esta elección, estos cuatro partidos obtuvieron 422,775 sufragios (10.46 %), lo que representa un crecimiento mínimo con relación a la elección de 2015, cuando obtuvieron 416,184 votos, para un 9.13 %.

Más allá de sus diferencias políticas y los caminos por los que opten estas fuerzas, existen elementos que podrían ser la base de su articulación en el Congreso. Comparten una orientación contra la corrupción, por reformas  legislativas de corte democrático y en favor de la defensa de grupos, sectores y pueblos marginados. Esto, sumado a las presiones hacia la unidad de varias organizaciones y movimientos sociales, más el tamaño de sus bancadas, haría pensar en la necesidad y posibilidad para una alianza parlamentaria. Sus quince diputados sumarían el 9.38 %, lo cual permitiría que, como alianza, tengan mejores condiciones de avanzar en una agenda compartida, y solventar la marginalidad en la cual podrían ubicarse al actuar por separado.

Con relación al balotaje, estas fuerzas están más cerca de Sandra Torres que de Alejandro Giammattei, pero el MLP y Winaq ya han manifestado que no apoyarán a nadie en la segunda vuelta electoral. Información reciente indica que URNG-Maíz está analizando su posición.

4. La decadencia del FCN-Nación

Esta elección permite constatar el planteamiento hecho producto de las elecciones de 2015: el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y su candidato Jimmy Morales, constituyeron una marca y un candidato/presidente (un outsider), cuyo resultado electoral fue resultado de la confluencia de múltiples intereses. En especial de la decisión de las elites de poder económico y político para concretar una salida a la crisis de 2015 y para evitar el triunfo de Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática (Lider) y de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), candidaturas contra las cuales impulsaron una campaña efectiva que logró tal propósito. Esto sucedió, además, después que su principal opción, la candidatura de Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota (después del Movimiento Reformador, MR), fuera descartada por su involucramiento en un caso de corrupción con la empresa transnacional Odebrecht. En ese contexto, tales elites trasladaron su apoyo político, financiero y mediático a la candidatura del FCN-Nación, lo cual redundó en que este finalmente pasara a segunda vuelta y finalmente ganara la elección.

En el reciente evento electoral, el resultado del FCN-Nación y su candidato Estuardo Galdámez obtienen una diferencia sustancial comparada con la elección de 2015. En ese año, para la primera vuelta electoral obtuvieron 1,152,394 de los votos válidos (23.42%) y en la segunda vuelta 2,751,058 votos válidos (67.44%). En tanto, en el evento de 2019 logran apenas 180,983 votos, equivalente al 4.12% en la elección presidencial y de 211,104 votos (5.23%) en la elección de diputados por listado nacional, con una bancada de ocho diputados al Congreso de la República.

El escaso apoyo logrado por el FCN-Nación es resultado de las profundas debilidades e incapacidades para hacer gobierno y los múltiples señalamientos y procesos de investigación que comprometen a sus dirigentes y altos funcionarios gubernamentales, incluidos Jimmy Morales, presidente de la República, y el ex candidato presidencial Galdámez. Así las cosas, esta fuerza política organizada principalmente por un grupo de militares de viejo cuño contrainsurgente, es muy probable que tienda a desaparecer y sus integrantes se reubiquen más temprano que tarde con otras expresiones partidarias. No obstante, esto dependerá de su estrategia para mantener la impunidad para sus dirigentes, que desde el primer año de gobierno enfrentaron procesos de antejuicio y persecución judicial por casos de crímenes de lesa humanidad y de corrupción.

5. La disputa en el balotaje

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganador de la primera vuelta electoral, logró 1,122,630 votos, equivalentes al 25.54 %, 7.79 % más que en 2015[2]. Así mismo, aumentó en 173,821 mil los votantes a su favor. Esto ocurrió en un evento electoral donde la participación disminuyó del 71.33 % en 2015 al 62.12 %.

El segundo lugar, Alejandro Giammattei y Vamos, logran el 13.95 % de los votos. En este sentido, Torres logra una ventaja de 11.59 % y 509,328 votos. Esto podría interpretarse como una ventaja bastante alta de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, puede no resultar así al considerar el voto anti Sandra Torres que muy probablemente sea promovido y se incremente en los potenciales votantes en el balotaje. Tendencialmente, este voto anti Sandra Torres se encuentra en los conglomerados ciudadanos que votaron por los partidos Pan, Podemos, Viva, Creo, Todos, PU, FCN-Nación, quienes en conjunto suman 1,073,036 votos, equivalente al 24.41 %. Junto a los sufragios emitidos por Giammattei acumularían un 38.36%. Este es un voto que aun cuando no es necesariamente endosable, está constituido en buena medida por un electorado principalmente urbano, cuyo imaginario sobre la UNE y Sandra Torres hace que tendencialmente ser más favorable a la propuesta del partido Vamos.

La ventaja actual de la candidata Sandra Torres y sus hábiles primeros pasos hacia la primera vuelta electoral, haría suponer un resultado favorable a su triunfo en el balotaje. Esto podría consolidarse de lograr alianzas públicas u ocultas con partidos como UCN y Bien. Más aun al considerar que la UNE constituye una maquinaria política cuya capacidad organizativa, mecanismos de movilización política, alcaldes y bancada actual y entrante, resultan ser muy importantes para librar favorablemente la disputa. Esto podría variar a partir de las alianzas que logre Giammattei, del avance de la campaña anti Sandra Torres y del proceso de investigación y antejuicio en contra de la candidata por el caso de financiamiento electoral ilícito durante el 2015.

6. Cursos generales de la agenda y el proceso político nacional

Independientemente de la fuerza que triunfe, la correlación de fuerzas resultante de la primera vuelta permite prever que, para el siguiente período gubernamental, se desarrollará una agenda política caracterizada por:

a.                   Grupos corporativos y transnacionales, estructuras militares y de crimen organizado, en conjunto con políticos rentistas, serán los principales conductores del país. Estas fuerzas, al verse evidenciadas, investigadas y procesadas, fueron recrudeciendo su batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Finalmente mermaron la estrategia de investigación criminal del órgano internacional, coparon la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, después de que con cabildeo y presión habían ablandado el apoyo de EEUU a dicha Comisión. Estas fuerzas probablemente sean las determinantes del proceso político que, desde su control en el organismo ejecutivo y legislativo, y su influencia en el judicial, darán seguimiento a una política que priorizará el interés de algunos empresarios y de pequeñas elites, antes que el interés colectivo y común de los pueblos, de la ciudadanía y del cuidado ambiental. Al respecto, sus políticas seguirán generando protesta, resistencia y conflictividad social.       

b.                  Tanto en el organismo ejecutivo como el legislativo continuará el impulso de una agenda de carácter regresivo en materia de derechos, libertad para el saqueo y la explotación, para garantizar impunidad a corruptos y criminales y que relegará la solución a los graves e históricos problemas del país. Gane quien gane, se mantendrán la privatización de los servicios públicos y la exclusión de las grandes mayorías de la educación y salud, también la política de salarios de hambre y condiciones de trabajo indecentes. Aunque Torres ofrecerá matices: es posible que desarrolle programas sociales para contener la pobreza y para dar soporte clientelar a su gobierno. También que tenga cierta apertura al diálogo con movimientos sociales con el fin de mediatizarlos. De un gobierno encabezado por Giammattei se prevé una propuesta económica con un mayor énfasis neoliberal y represivo.

c.                   Gane quien gane, muy probablemente seguirá siendo determinante la política de Estados Unidos hacia Guatemala. Como resultado de la sumisión del gobierno actual –y los anteriores– en materia de seguridad, migración y política internacional, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra. Pero se mantendrá la oposición férrea a la continuidad de la investigación criminal mediante instancias como la CICIG.

d.                  El devenir de la disputa electoral está en ciernes. Las inconsistencias en el escrutinio, los conflictos sociales a nivel local que podrían multiplicarse y el desarrollo de las estrategias de diversos actores que pudieran llevar a una nueva crisis política permiten afirmar que el período de campaña y el balotaje se desarrollarán en condiciones poco estables. Unido a factores ya analizados, hay motivos para pensar posibles momentos de crisis política en el corto o mediano plazo.

Dados los posibles cursos del proceso político, el polo social y popular debe reconsiderar la posibilidad de construir alianzas políticas para enfrentar la intensificación de las políticas neoliberales, los planes pro impunidad, la criminalización de la protesta. También para afrontar procesos institucionales inmediatos, como la elección de las nuevas Cortes. Solo desde una mayor articulación y alianzas será posible que se logren algunos resultados en materia de derechos colectivos, desarrollo rural, contención de la miseria, políticas de equidad. Solo desde ahí podrá gestarse una hegemonía alternativa que permita pensar en un cambio real.

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[1] Los datos que acá se presentan proceden de la fuente oficial de datos preliminares del TSE, procesados con el 99% de las mesas correspondientes a la elección presidencial (129 mesas faltantes para el 100%) y de diputados por listado nacional (139 mesas faltantes para el 100%). Tribunal Supremo Electoral. Elecciones generales y de diputados al parlamento centroamericano 2019. En https://resultados2019.tse.org.gt/201901/# consultado el 25 de junio 2019  Estos datos pueden variar si se considera las inconsistencias entre las actas digitalizadas y los datos digitalizados en la página de resultados preliminares del TSE, las cuales han sido confirmadas por los magistrados de esa institución.

[2] Tribunal Supremo Electoral. Memoria elecciones, 247