Por Mario Sosa
En 2019 se elegirá a quienes tendrán a su cargo las tareas de dirección
política y legislativas, cuyos impactos serán sentidos —aun cuando no lo sepan—
por las grandes mayorías.
Estas se verán afectadas o simplemente marginadas de ambos ámbitos de
gestión política. En un acercamiento somero e inicial a la oferta electoral y a
las posibilidades de los partidos y las candidaturas, es evidente que se
imponen fuerzas que propugnan por mantener y consolidar el statu quo.
Aun si definen su ideología o no, la mayoría de los partidos políticos y
de las candidaturas con mayores y mejores condiciones, recursos y capacidades
para lograr las mejores tajadas del pastel en el reparto electoral han empezado
a emitir discursos que auguran la orientación de sus programas de gobierno y
legislativos.
En general, los discursos que emanan de esta oferta dominante están
marcados por la visión y el interés empresariales. Desde allí emergen
planteamientos relacionados con la mejora de las condiciones de seguridad, la
certeza jurídica, la eliminación de las trabas burocráticas y la gobernabilidad
para atraer inversión extranjera. Asimismo, se hace referencia a la necesidad
de mejorar las condiciones de competitividad del país, lo cual, como sabemos,
se refiere a la provisión de infraestructura, a bajos impuestos y a salarios
mínimos.
Más de una opción ha empezado a plantear tibiamente fórmulas viejas e
infructuosas como la privatización, panacea hoy planteada para ámbitos como el
de la seguridad social y la educación universitaria. Complementariamente,
ofertan una gestión que resuelva la resistencia social a los proyectos mineros
e hidroeléctricos, para lo cual surgen fórmulas como militarización, aumento de
prisión y, para combatir a las maras, reactivación de la pena de muerte.
Además, la mayoría de estas fuerzas partidarias proclaman su oposición a la
Cicig y reivindican una falsa soberanía aparejada con intenciones de instituir
leyes de impunidad para casos de crimen organizado y de crímenes de lesa
humanidad.
Es decir, nada nuevo en el panorama, planteamientos de antaño que han
sido base de las ofertas electorales que han gobernado el país —con sus
diferencias de matiz— entre 1985 y la fecha actual, ofertas que en su
concreción han logrado mantener y aumentar los márgenes de ganancia del
empresariado, en especial del capital oligopólico y transnacional, mientras los
problemas históricos y estructurales del país, del pueblo guatemalteco, son
cada vez más profundos, tal y como se expresan en el aumento de la desigualdad,
de la pobreza y de la criminalización de la protesta social.
En estas ofertas conservadoras, que van desde las derechas moderadas
hasta las extremas, por ningún lado surgen referencias a los sujetos
mayoritarios y a las problemáticas, por ejemplo, de los pueblos originarios, de
las mujeres, del campesinado, de la clase obrera. El único sujeto importante
que resulta relevante en algunos discursos es el migrante no solo por su peso
electoral, sino porque existe el interés por mantener y aumentar las ganancias
producto de la intermediación financiera y el control de las multimillonarias
remesas.
En este marco de ofertas, cuyos programas de gobierno podrían estar en
ciernes y muy probablemente en poco rebasen lo ya dicho y ofertado en campañas
electorales anteriores, resulta necesario preguntarle a cada opción cuáles
serán sus políticas para dotar de recursos a la economía campesina y a la
agricultura familiar, tan importantes para garantizarnos alimentos a la mayoría
de la población guatemalteca; cuál será su política para garantizar los
derechos laborales y salarios dignos para la clase trabajadora en el campo y en
la ciudad; cuáles serán los aumentos presupuestarios para garantizar cobertura
universal en salud y educación a la ciudadanía; cuáles son las propuestas para
resolver los problemas y atender las demandas legítimas de las mujeres
organizadas; cuál será su política ambiental; qué alternativas ofrecen para
resolver de raíz las violencias y las delincuencias organizadas; cuál será su
política ante la negativa de las comunidades y de los pueblos indígenas y
mestizos contra los proyectos extractivos; cómo va a lograr que disminuya la
expulsión de población al exterior en busca de opciones laborales que no
encuentran en el país.
Sin duda, son muchas las preguntas que deben planteárseles a quienes
competirán en las elecciones. ¿Qué otra pregunta plantearía usted? ¿Cómo piensa
accionar para ser sujeto —individual y colectivo—, y no objeto en las
elecciones de este año y en la gestación de un nuevo destino para el país, que
trasciende la acción y el momento electoral?
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