Lucha contra el narcotráfico y defensa de la soberanía nacional

Por Mario Sosa* - Guatemala, 24 de agosto de 2010

Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.

Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.

Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.

El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.

Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.

Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.

La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.

Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.

Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.


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[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.

"Hacer es el mejor modo de decir"
José Martí

(*) Coordinador de Organización del Frente Popular

www.albedrio.org

José Martí, procer antioligárquico y antiimperialista

Mario Sosa
Coordinador de Organización del Frente Popular

Hoy, América Latina se encuentra en una encrucijada. O avanza hacia la unidad y la liberación de sus pueblos, en clara batalla contra el imperialismo y el capitalismo y hacia la construcción de una sociedad nueva, o daremos un paso hacia atrás que puede significarnos otros 200 años de opresión de las oligarquías y del monstruo conocido por Martí desde dentro y que oportunamente nos advirtió de sus tentáculos y venenos.

Y por qué hablamos de esto en este homenaje a uno de los más extraordinarios pensadores que ha dado nuestra Patria Grande. Porque seguramente, el mismo estaría encabezando estos procesos de liberación y estaría haciéndonos pensar en la mejor forma de transitar hacia ese futuro a construir; estaría en la vanguardia de esta batalla, como lo estuvo en el momento de su gloriosa trascendencia, ese 19 de mayo, hace 115 años atrás.

Las enseñanzas de Martí, desde la poseía y desde el ensayo, se vieron coherentemente realizadas con su práctica revolucionaria. El mismo le escribía a Manuel Mercado …ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.

José Martí, ese profeta de su tierra que es Cuba y que también es Nuestra América. José Martí, ese hombre que dio su vida para curarle la enfermedad a su madre patria y que fue antítesis de aquellos que llevan letrero de traidor en la espalda. José Martí, aquel que nos llamó a despertar, a acostarnos con las armas de almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.

Es ese José Martí al que hoy rendimos homenaje, no como riqueza etérea para contemplar una vez cada año, sino como espada desenvainada ante los enemigos de Nuestra América, ante las oligarquías lacayas y el imperialismo en todas sus formas. Porque es ahí donde adquieren sentido sus palabras, cuando nos dice: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.

Hoy, cuando la marcha unida de los pueblos de Nuestra América abre sendero hacia la independencia definitiva, cuando el ALBA empieza a ser esperanza de unidad soberana, digna y solidaria, José Martí adquiere mayor relevancia, pues su pensamiento y práctica, como lo fueron las ideas y acciones de Simón Bolívar y Francisco Morazán, es raíz y guía necesaria para enfrentar los embates de nuestros enemigos históricos.

En este marco, con el pensamiento revolucionario de José Martí y con el arte que aporta vínculos entre el pasado presente y el presente futuro, podremos andar el camino hacia la libertad de Nuestra América, de la Patria Grande, y hacer de nuestra revolución una creación humanista e integral. Es esta la trascendencia y el aporte de la Exposición pictórica colectiva José Martí, Nuestra América, en su V edición, que hoy presenta el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la cual desde la creación artística nos liga a un personaje, a un proceso, a una utopía realizable: la de Nuestra América libre, soberana, digna y solidaria.

Nuestro reconocimiento pues al STAP y, como mención especial, a su Secretario General, Fernando Minera, por concedernos esta herencia que desde el arte comprometido forma parte ya del camino que estamos recorriendo por recuperar el proyecto histórico para Guatemala y por construir ese futuro promisorio para Nuestra América.

Concluyo entonces diciendo: Martí vive, porque vive revolucionario el pueblo que le vio nacer y porque continúa en la vanguardia contra las oligarquías y contra el imperialismo, por la construcción de Nuestra América.

Llamado histórico a la juventud

Mario Sosa
http://www.url.edu.gt/brujula/opinion.html

Es indudable, en la juventud guatemalteca se cuenta con una visión crítica de la situación que generaciones precedentes nos han heredado. Es una juventud ávida de cambio y manifiesta diversas acciones a través de las cuales trata de contribuir mejorar las condiciones actuales. Es y debe ser su compromiso actual y futuro: construir una sociedad radicalmente distinta: justa, digna, soberana, solidaria, desarrollada y en paz.

Pero lograr esa sociedad anhelada requiere una visión objetiva, histórica y estratégica, desde la cual sea posible idear con coherencia las soluciones y el camino a seguir, para que en su calidad de sujetos, pueda constituirse en el motor fundamental para sacar al país del atraso y la miseria y para resolver la crisis histórica y estructural que predomina y que las fuerzas dominantes no han sido y no muestran capacidad de resolver.

Ese deseo de cambio y el entusiasmo, no obstante, es insuficiente. Toda acción, para ser transformativa, debe partir de una perspectiva crítica que de paso a una acción planificada, basada en principios, con objetivos y estrategia coherente, y con un liderazgo que nazca del proceso que genuinamente abandere el cambio que nuestra matria, Guatemala, necesita.

En este sentido, el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Sin reconocer lo que hemos sido, será imposible comprender lo que somos y, por consiguiente, lo que queremos ser en el futuro. La historia está contenida de experiencias y aprendizajes, asidero del cual no podemos prescindir.

La historia reciente de nuestro país está marcada por la rebelión cívico militar de 1944, que derrocó la dictadura de los 14 años encabezada por Jorge Ubico y Federico Ponce, en la cual participa la juventud y se incorpora, bajo la dirección de dos grandes estadistas: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, al proceso de construcción de una sociedad profundamente democrática y orientada al bienestar de las grandes mayorías, cambiando radicalmente la orientación del Estado. Es una juventud moral y éticamente solvente, que demostró su compromiso con el prójimo, que tuvo una intachable gestión pública y que hoy es reconocida por sus legados humanistas y revolucionarios.

Esa juventud fue artífice de cambios sin precedentes generados durante la década revolucionaria (1944-1954). Se instituyeron leyes y políticas orientadas a lograr que el país fuera democrático, independiente y capitalistamente desarrollado, tales como: una constitución democrática, el código de trabajo, el IGSS, la autonomía municipal y universitaria, una reforma agraria que empezaba a dinamizar el campo y el mercado interno, ruptura con monopolios extranjeros en materia de energía eléctrica y ferrocarril, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, carreteras estratégicas como la del Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla. Asimismo, suprimió el trabajo forzoso y se garantizó la protección laboral, se avanzó como nunca en garantizar educación gratuita y obligatoria y salud a través de la ampliación y mejora cualitativa de servicios. Fue un período en donde se democratizó políticamente el país y se promovió y respeto a la organización y participación sindical, campesina y social en general.

Los avances logrados fueron truncados por la invasión estadounidense y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. La contrarrevolución de 1954, representa para el país consecuencias que se extienden hasta hoy. No solamente hemos retrocedido en un conjunto de conquistas sociales, sino además nos han heredado un país -que nadie puede negar- se debate en el atraso y la miseria, la delincuencia y la impunidad, la dependencia y el expolio, la injusticia y la desigualdad, el racismo y la discriminación.

Monseñor Romero afirmó “La paz es fruto de la justicia” y para lograrla es necesario que la juventud recupere perspectiva histórica y recree el presente y futuro, con principios democráticos, siendo protagonista en la construcción de una Nación y un Estado capaz de lograr la justicia

Acción colectiva, territorio y autonomía indígena en Guatemala

Esta ponencia, presentada al Foro de Universidades Jesuitas “Realidad geopolítica, realidad centroamericana y Universidad”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 28 y 29 de octubre de 2009, se fundamenta en datos empíricos producto de observación directa, consulta de fuentes de organizaciones indígenas y campesinas, fuentes periodísticas y en textos propios y de otros académicos, así como en dos estudios: “Un Estado otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación política en Guatemala, de Ramos, Belinda y Mario Sosa, publicado en 2008 por el INGEP-URL, y Gestión Ambiental y gobernabilidad local, de Sosa, Mario y Carlos Quezada (en edición), por el IARNA e INGEP. Sin embargo, por la necesidad de síntesis, se excluyen muchas referencias empíricas y se abona sobretodo en el análisis e interpretación necesaria para abonar al debate pretendido en este Seminario.

Mario Sosa
En Realidad geopolítica, situación centroamericana y universidad. Memoria del Foro Regional de Universidades Jesuitas. INTRAPAZ-URL y Konrad Adenauer Stiftung, marzo 2010, pp. 72-83.

La historia de nuestros países centroamericanos, desde la invasión española, ha estado determinada por distintas etapas de acumulación de capital que han implicado nuevos y renovados despojos de los territorios y medios de vida vitales de los pueblos originarios, legales o ilegales, todos ellos ilegítimos. Tales etapas han sido aparejadas con regímenes políticos de opresión, algunos más represivos que otros, dependiendo de las necesidades de expolio y apaciguamiento de la resistencia que han presentado tales pueblos y movimientos que de ellos emanan.

En este marco, los pueblos indígenas han sido orillados a territorios carentes de atractivo extractivo o expoliador por parte del capital, pensados como los reservorios de fuerza de trabajo semiesclava o barata, o como masa de electores que garanticen la sustitución de unas elites por otras en el poder. De tal manera que estos han sido los segmentos principales de la población que, en el marco de nuestros Estados, han padecido los avatares de los intereses de las fuerzas principales del capital y sus consecuencias en materia de condiciones sociales, económicas y políticas, altamente cargadas de discriminación y racismo como justificación y como sistema para reproducir su opresión y exclusión. Son sujetos que en materia de derechos se encuentran con mayores rezagos en la posibilidad de ejercer ciudadanía, ya no digamos derechos de carácter colectivo.

Esto se sigue registrando en la actualidad. Así, el modelo económico actual, como organización para la acumulación de capital que se impulsa en Guatemala y, con diferencias secundarias, en los países centroamericanos en general, se basa en una estructura agraria concentradora de la tierra y con fuerte desigualdad en el acceso a medios de producción y capital para población campesina e indígena, fuerzas productivas dependientes y atrasadas, orientado y dependiente del mercado internacional en su calidad de productor de materias primas. Es un modelo que se adecúa no solamente a ese papel, sino a los vaivenes de la demanda internacional y los ejes principales de acumulación que hoy resultan ser tres: la instalación y expansión de mega cultivos para la producción de agro combustibles y aceites (palma africana, piñón, caña de azúcar, otros), la explotación minera, petrolera, y los mega proyectos, tal el caso de las grandes represas ligadas a la distribución y servicio de energía que representa altas ganancias, carreteras como la FTN y los proyectos etno-eco-turísticos de alto impacto como el Parque de los Cuatro Balam para la región de El Petén. (Para ampliar ver El Observador, Nos. 19

Dicho modelo, en la medida que tiende a acrecentar la acumulación de tierras y territorios, no solamente está ampliando aceleradamente la frontera agrícola y extractiva (como sucede en áreas como el Polochic), sino continúa el proceso histórico de disminución de áreas de cultivo de alimentos y la apropiación y privatización de recursos vitales y estratégicos como el agua, minerales, bosques, aceleración del deterioro de la naturaleza, cadenas productivas y comerciales principales con mayor concentración, disminución de fuentes de empleo, expulsión de población, aparejado de una política consistente en la re militarización de los territorios locales-regionales y la criminalización de la lucha social en general, todas estas condiciones generadoras de conflictividad.

En este marco, hoy como durante la colonia y el régimen oligárquico de la república cafetalera, los pueblos indígenas —sus territorios, cultura, organización sociopolítica— son los más afectados — no solamente en Guatemala, sino en el continente—, pues están siendo amenazados sus medios vitales de vida. En ese sentido, no es casual que determinadas configuraciones sociales con identidades étnicas —como la maya—, que basándose en los recursos culturales que disponen, redefinen su posición en la sociedad, desarrollan un conjunto de acciones de resistencia, se plantean una visión de la sociedad en la que no quieren vivir y en la que querrían hacerlo, buscando de esta manera la transformación de la estructura social sea entendida desde una perspectiva de clase, de étnica o de ambas. (Ver Ramos y Sosa, 2008: 506)

Esta resistencia de los pueblos indígenas, en general, está transcurriendo a partir de dos formas de acción política íntimamente relaciones: como movimiento social, particularmente como campesino y e indígena, y como movilización de comunidades y pueblos, que por razones analíticas y por la importancia de las mediaciones organizativas que intervienen se separan, aunque podrían ser analizadas como parte de un todo.

De la acción política desde las comunidades y pueblos indígenas

Esta forma de acción política del sujeto indígena ha estado históricamente presente en formas de acción como los llamados “motines de indios” durante de época colonial, que desde los “pueblos de indios” expresaban su rebeldía ante la esclavitud, la semi esclavitud, los aumentos impositivos, los tratos crueles, etc. Ha actuado a través de sus formas de organización, autoridad y representación política, expresadas por ejemplo, como comunidades, pueblos circunscritos a entidades municipales y alcaldías indígenas, formas que conllevan procesos normativos, organizativos y de poder históricos y que son la expresión de entidades con etnicidad e identidad étnica diferenciada al interior del Estado-nación. Como tal, han sido siempre formas de acción colectiva en contra de la explotación y opresión, en defensa de sus medios de vida vital y por la reapropiación del territorio, que en determinados contextos han constituido formas de autogobierno a veces tuteladas o impuestas, pero finalmente formas de autonomía con distintas posibilidades de decisión y movilización social sobre asuntos que les afectan.

Es ahí donde se entienden las comunidades y pueblos indígenas que en la actualidad se movilizan por la defensa de sus recursos, territorios y derechos colectivos, una de cuyas formas principales hoy se expresa en la realización autogestionada de consultas comunitarias o ciudadanas, en la cuales se está decidiendo de manera colectiva sobre actividades económicas, principalmente extractivas (como la minería a cielo abierto), aunque en algunos casos también referidas a represas y últimamente a las empresas transnacionales que sirven energía eléctrica a precios y condiciones cuestionadas.

Las consultas comunitarias, que se han realizado en cerca de 30 municipios, principalmente en el occidente del país, hoy constituyen una expresión de búsqueda de ejercer derechos que, en tanto vinculan a sus formas de organización, autoridad y representación, a poblaciones enteras, aunque vinculen en el proceso a gobiernos municipales que son representación estatal en los municipios y otras instituciones ubicadas en el ámbito de la sociedad civil, también pueden ser interpretadas como un proceso de empoderamiento y apoderamiento, germen de formas de autogobierno o autonomía de hecho.

A través de este tipo de procedimientos, legales, legítimos y pacíficos, han decidido su desacuerdo a la minería, lo que es decir a concreciones de un modelo de desarrollo que garantiza la explotación y el saqueo a manos de elites empresariales, locales y transnacionales, y que resulta contrario a los intereses mayoritarios, al bien común.

El caso de Sipacapa

San Marcos, como otras regiones del país, es objeto de interés para la actividad minera, generación de energía eléctrica y proyectos etno-eco turísticos, como formas de acumulación de capital principalmente en manos de transnacionales, los cuales en muy poco benefician los procesos de desarrollo productivos soberanos en general y de los pueblos indígenas en particular. En este contexto, en el territorio de San Miguel Ixtahuacán (mam) y Sipacapa (sipakapense) se implantó el Proyecto Minero Marlin, de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, el cual constituyó una imposición a dos pueblos que reivindican su derecho a ser sujetos en este tipo de procesos.

Mas allá de las gestiones en materia ambiental y social, fuertemente cuestionadas por diversidad de actores nacionales, regionales y locales, la empresa Montana ha venido desarrollando campañas de propaganda y proyectos de distinto tipo orientados a sectores o comunidades de influencia directa e indirecta, con el objetivo de lograr la aceptación de sus actividades en un contexto de beneplácito de sucesivos gobiernos. Sin embargo, los prontos cuestionamientos sociales, políticos y ambientales surgidos, hacen que desde el inicio de su construcción (2003) se constituya en un detonante sociopolítico en el ámbito regional y local. Desde el inicio, el proyecto minero Marlin generó oposición de diversos movimientos y sectores, incluidos líderes y comunidades sipakapenses que participaron en movilización sucedidas desde inicios del 2004

Sintéticamente y sin entrar a los pormenores del proyecto minero, las características de su imposición, así como de una descripción detallada del caso que puede ser consultado en el estudio “Gestión ambiental en territorios en disputa”, en Sipacapa asistimos a un proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, y la movilización se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.

Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Y esto ha estado cimentado en la identidad étnica, la cual jugó un papel relevante en los discursos , reivindicaciones, defensa de derechos colectivos y en la retoma de un sentido colectivo referido a la colectividad sipakapense y su territorio, ante el proyecto minero que fue visto como una incursión y apropiación externa.

La consulta comunitaria significó la búsqueda de defensa y reapropiación del territorio a partir de plantear un valor diferenciado sobre la naturaleza, no como mercancía, y sobre la cual se plantean derechos colectivos, étnicos en este caso. Y es que, como afirma Enrique Leff, “La reapropiación cultural de la naturaleza entraña una política del ser y del tiempo, de la identidad y de la diferencia que están arraigadas en la tierra, incorporadas en el Ser y hechas historia a través del tiempo… de formas de significación como construcción de sus territorios de vida.” (2004: 395) que se confronta a las formas de apropiación del territorio que realiza el capital y el Estado.

Los actores étnicos locales han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal y su apropiación, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de capital, como apropiación y explotación de recursos naturales. Tal estrategia permite concretar un proceso de apoderamiento y empoderamiento desde sus formas de organización, autoridad y representación comunitaria y sectoriales, tradicionales y novedosas, asumiendo la instancia estatal más importante en la localidad: el gobierno municipal, en dirección a demandar y reivindicar derechos colectivos y a potenciar como idea fuerza la constitución del pueblo sipakapense que reivindica su derecho a ser sujeto de su proceso de desarrollo.

Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada. Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas, la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la naturaleza, entre otros.

En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y contradictorio.

Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité cívico –una especie de partido político local-- que configura un nuevo gobierno municipal que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE, gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada: el pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa del territorio.

Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.

Trascendiendo la visión e intereses transnacionales y de la institucionalidad que apera en función de estos, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la institucionalidad y la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.

Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local, constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.

Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.

Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso en donde aparece la política minera, en buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y políticas que fundamentan el proceso desde lo local, pero también una normativa que impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está perfilando en el municipio. En este sentido, el proceso que privilegia la acción gubernamental y lo público institucional nacional y su real o potencial eficacia y legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y ambientales del territorio local.

En estos territorios en disputa, se observa claros obstáculos para el impulso de proyectos productivos de alto impacto debido a que se carece del acuerdo social, con base no solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales el Estado está llamado a garantizar. Esto debido a que la acción gubernamental, lo público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios (equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.

El caso de Sipacapa ilustra un proceso procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de autonomía o autogobierno local con una lógica y con contenidos y formas diferentes, la política pública pretendida desde lo global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones para su impugnación.

En ese sentido, un proceso democrático supone la representación, la participación, la legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar. Esto, en buena medida tiene mayores posibilidades de concretarse desde el proceso de autogobierno o autonomía indígena, y menos posibilidades desde la imposición manifiesta en las política minera, de seguridad e inclusive ambiental del Estado, y menos aun en los intereses extractivos del capital transnacional ahí presente.

Es ahí donde da inicio –que también es continuidad—un proceso autonómico del pueblo sipakapense, una autonomía entendida como proceso de empoderamiento y apoderamiento plasmado en una forma de autogobierno que se ejerce en el marco del régimen político establecido, que procede de la comunidad y que pasa por el gobierno municipal que es visto como autoridad local, antes que autoridad estatal, ha sido ejercida en confrontación al capital transnacional, en particular a una de sus principales formas de acumulación que sin duda puede ser interpretada como expolio.

No hablamos de una forma teóricamente concebida o definida, sino de un proceso sintetizado en el gobierno comunitario/municipal, como proceso actual y desde la perspectiva e intereses autodefinidos por el sujeto colectivo: el pueblo sipakapense. Hablamos de una forma de autogobierno que sin duda resulta de un proceso histórico y de una re semantización del gobierno municipal, que ha pasado de ser representación del Estado –que formalmente y realmente sigue siéndolo en varios aspectos--a ser representación política propia. Esta autonomía ha sido un ejercicio contra aquella institucionalidad del Estado cuyas decisiones y políticas de participación, minera –especialmente en su defensa de la minería- y ambiental, han sido cuestionadas, frenadas y redefinidas, no por una ciudadanía a secas, sino por un sujeto colectivo de carácter étnico.

Este proceso, basado en un acuerdo social como expresión de una nueva hegemonía local, establece el marco de lo que es posible hacer y la posibilidad de relación política e institucional en el contexto local, incluida la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una autogestión (que no significa renunciar a recursos externos y estatales) que se encamine a potenciar las decisiones alcanzadas y los objetivos y resultados planteados.

El sujeto de este proceso autonómico, el pueblo sipakapense, aparece rebelde contra el Estado-nacional que lo niega en las decisiones trascendentales que les afectan directa e indirectamente, que lo oprime con la imposición de proyectos económicos del interés del capital transnacional y nacional que lo amenaza con despojarlos de sus recursos (tierras, territorios) y, por consiguiente, de su ambiente vital. Es un sujeto que surge o resurge con legitimidad y apropiándose de parte de la legalidad, poniendo en cuestión la institucionalidad del poder utilizada para crear las condiciones para la acumulación y garantizar el dominio de los intereses del capital. De hecho, es un sujeto que se enfrenta a las formas de acumulación de capital y a las formas de representación de la democracia liberal-representativa-elitista imperante. Además de rechazar la minería, también lo ha hecho con las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada y, como parte de ésta, con los partidos políticos, en tanto estos entes llamados teóricamente a ser los intermediarios y representantes de la ciudadanía ante el Estado no se vinculan y no logran representar e intermediar los intereses procedentes de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Contrariamente, dicho sujeto étnico constituye una expresión de democracia entendida como construcción de poder con implicaciones de autogobierno desde abajo, con carácter ético y más horizontal, ligado a la cotidianeidad y ser de las comunidades, surgido de las formas propias de organización, autoridad y representación.

De hecho, este proceso de autonomía se asienta en el carácter dado a la pregunta que se formuló para la consulta comunitaria y en la decisión mayoritaria alcanzada a favor del “No a la minería” y que se opone a la imposición y el carácter injusto de la política y explotación minera. Una pregunta y respuesta que conlleva la reivindicación de autonomía local, social y política, que se plasma en su derecho a decidir. Una autonomía en la cual ha sido esencial la decisión, estrategia y dirigencia política propia, que ha sabido apropiarse de legislación nacional que le faculta avanzar en esa dirección. Una autonomía que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica; identidad que se expresa y articula como discurso y práctica sociopolítica y que se potencia a partir de la defensa del territorio.

Este proceso autonómico conlleva el cuestionamiento al modelo de “desarrollo” impulsado por el Estado, evidencia las contradicciones de la institucionalidad y política estatal (entre la política minera y ambiental, por ejemplo) y concreta el impulso de un modelo de desarrollo y política alternativa. Asistimos a un proceso en el cual, desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.

El proceso de Sipacapa constituye una experiencia que enseña un proceso de revalorización y reapropiación sociopolítica y productiva del territorio, basado en objetivos que pueden ser catalogados en el marco del desarrollo sostenible, que se fundamenta en una perspectiva étnica en la cual emerge el ser de pueblo sipakapense, que reivindica su concepción y su derecho a ser sujeto.

Desde el pueblo sipakapense, desde sus actores hegemónicos, se ha fortalecido una concepción del desarrollo que es autodefinida como legítima, pues plasma sus intereses y objetivos en la defensa de los recursos naturales, el ambiente, la salud, entre otros elementos. Es una concepción en la cual se ubican como sujetos y no como objetos del desarrollo y, en ese sentido, reivindican un conjunto de derechos individuales y colectivos que como ciudadanos y pueblo les asiste según la normativa nacional plasmada en la Constitución Política de la República y en instrumentos legales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y el Convenio 169.

Este proceso autonómico ha tenido implicaciones todavía parciales en el ámbito de la producción, pero sustanciales en las posibilidades y limitaciones en torno al territorio, el ambiente y los elementos de la naturaleza, al gobierno local, la conflictividad, la cultura política y la participación social y comunitaria. Sus posibilidades, no obstante, pueden ser objeto de regresión a menos que se trascienda la oposición a la minería y se avance en la articulación y apropiación colectiva de un proyecto político compartido, que se plasme en políticas organizadas, sistemáticas y logrando resultados concretos que permitan disminuir la dependencia y la opresión que es ejercida por poderes económicos como el capital y políticos como el Estado oligárquico y mono cultural.

La autonomía étnica, entonces, no es algo etéreo, teórico y nebuloso, sino un proceso de ejercicio de poder desde abajo, desde el sujeto étnico por excelencia: el pueblo indígena, en defensa de sus derechos y de su territorio como ámbito esencial de vida ante un modelo de acumulación de capital que lo amenaza, desarrollando y potenciando sus formas de organización, autoridad y representación política (incluidas comunidades mestizas como representación del “Otro” que no lo es en todo sentido) y avanzando en competencias que le permitan ser sujeto de su propio destino. Es, en el caso de Sipacapa, un proceso de resistencia hacia el empoderamiento y apoderamiento como sujeto colectivo.


De la acción política como movimiento campesino e indígena

Esta se expresa como movimiento campesino y como movimiento indígena –muchas veces indisolubles-, dependiendo de lo que el liderazgo o las mediaciones organizativas determinan como más importante de reivindicar discursivamente y en los proceso de diálogo y búsqueda de negociación en los cuales han participado. Así se mezclan intereses y demandas relativas a la tierra, al crédito, a insumos necesarios para la reproducción de la producción campesina –con todo lo heterogénea que puede resultar en nuestro contexto-, con otro tipo de planteamientos relacionados con la defensa de los territorios indígenas y en oposición a mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas. En este sentido, aun con su heterogeneidad y fragmentación, es manifiesta la búsqueda por incidir en la gestión gubernamental, principalmente, tratando de abrir espacios de diálogo y negociación, hasta el momento con mínimos resultados que responden a su capacidad organizativa y política y a sucesivos gobiernos gestores de la estructura y modelo económico imperante.

Es indudable que en ambas dimensiones de movilización, los pueblos indígenas expresan el cuestionamiento profundo no solamente al modelo económico sino al régimen y sucesivos gobiernos lo sostienen. Hacen explícito dos conflictos principales de la formación social guatemalteca: el relativo a las clases sociales y a la configuración étnica. En su expresión de comunidades y pueblos, cuestionan al régimen que reproduce las condiciones económicas, sociales y políticas que reproducen el expolio y la opresión étnica, y en su expresión de clase campesinas, se enfrentan al capital local y transnacional que amenaza sus condiciones ya paupérrimas de reproducción.

En ambos casos pueden ser concebidos como parte de un movimiento social de carácter étnico. Son formas de acción colectiva que se enraízan en la historia, en el carácter de la nación y el Estado, en la estructura social y sus contradicciones, en este caso ubicada en las características el modelo económico imperante. Es desde ahí que se cuestiona el régimen económico y jurídico a través de ocupaciones de tierras, toma de carreteras, que han tenido respuestas ideológicas (como la criminalización de la lucha social), represivas (desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, persecución legal y enjuiciamiento a líderes indígenas y campesinos) y políticas (de cooptación a partir de espacios de diálogo dilatorio, inclusión al asistencialismo gubernamental como en la política llamada de cohesión social), todo ello para controlar sus expresiones, aunque en este caso, quienes ejercen el poder han tendido a realizar algunas concesiones como la suspensión momentánea de licencias de exploración y explotación minera.

Es palpable como a través de las expresiones de movimiento campesino e indígena, como de la acción procedente desde las comunidades y pueblos, han potenciado una legitimidad que tiene su asiento en el ser étnico, con interpretaciones y adhesiones actuales que se manifiestan en asumir la legalidad al basar la consultas, por ejemplo, en leyes establecidas, desde donde han encontrado sustento para hacer valer política y jurídicamente sus formas de consulta y decisión ante asuntos de interés colectivo, aun cuando el mismo régimen, a través de empresas transnacionales y la misma institucionalidad estatal, han accionado para impedir el carácter vinculante de tales decisiones. Pero también se observa esta legitimidad asentada en el ser social antes que en el régimen político, cuando se activan las formas de organización, autoridad y representación política propia de tales comunidades y pueblos, cuando se retoman normas, códigos éticos y políticos que rigen la búsqueda de ser sujetos colectivos en la lucha contra la minería, generando luchas contenidas de significados sobre lo que es bueno para la comunidad, sobre los comportamientos y relaciones aceptadas, sobre las prácticas de poder –en este caso mas horizontales, como expresión de democracia participativa y directa- que se hacen manifiestas en discursos y prácticas que limitan la posibilidad de maniobra política no solamente de las empresas extractivas sino de las representaciones estatales que actúan como operadoras de estas últimas, antes que de las comunidades y pueblos indígenas.

En especial la movilización de comunidades y pueblos han resultado de la confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de ONG, de expresiones religiosas –como parroquias y comunidades de base católicas- y liderazgos y redes que, asentados en la cotidianeidad territorial, han logrado concretar lo que a nivel nacional ha resultado en la coyuntura actual imposible, y han constituido un poder que ha configurado una correlación de fuerzas local favorable a la constitución de sujetos colectivos heterogéneos pero unificados en el objetivo de realizar las consultas ciudadanas y lograr el triunfo de la oposición a la minería, o no ha dejado mas opción que apoyarlas, tal el caso de autoridades municipales que manifestaron renuncia.

En ambas dimensiones de acción colectiva ha estado presente, asimismo, la identidad étnica y campesina, a veces íntimamente relacionada por los liderazgos y organizaciones mediadoras, que expresan una autoidentificación y un origen que traducido en elementos de cosmovisión, de auto historicidad, etc. Han constituido ideas fuerzas del sentido de pertenencia a una entidad social común (el pueblo indígena particular o el pueblo maya en general) y, por consiguiente, un factor de primer orden en la concepción, la adhesión y movilización sociopolítica. Es desde ahí, que se han planteado, asimismo, una idea particular de los oponentes: las transnacionales como agentes externos y representación del expolio histórico, las autoridades gubernamentales como gestores de éstas y al Estado como representación del poder “ladino” como representación de racismo y opresión étnica. Han sido componentes importantes para la construcción de movimiento, de comunidad, de pueblo, como sujetos actuantes.

Hoy, estas formas en las que se expresa la acción colectiva asentada en los pueblos indígenas, constituyen parte importante del cuestionamiento al régimen económico, social, étnico y político establecido, en un contexto que aun con la alta desarticulación política existente en el movimiento sociopolítico alternativo, no dejan de tener una importancia y significado de primer orden en las posibilidades de construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes a los que actualmente conocemos. Por ejemplo: aportan al proceso de democratizar la sociedad y el Estado, pues expresan rebeldías necesarias y desarrollan ejercicios de democracia participativa y directa, poniendo en cuestión intereses, ejerciendo derechos colectivos y reivindicando sistemas políticos propios que debieran ser reconocidos como base de sistemas autonómicos en territorios determinados, con competencias inclusive para decidir sobre actividades productivas, como las extractivas. Están expresando un sentido ético de la política y desde los intereses ciudadanos históricamente relegados, un sentido humanista y de ver la naturaleza, no como un recurso, sino como medio vital de vida y parte del ser social integralmente considerado,

Son parte de un movimiento indígena que expresa demandas y reivindicaciones que se convierten en objetivos de resistencia y tibiamente todavía, en objetivos de transformación social general, que inclusive plantean discursos relativos a pasar de la resistencia a la toma del poder. Son, entonces, expresiones que no dejan de abonar a la construcción de un sujeto social de primer orden en la formación social guatemalteca.

BIBLIOGRAFÍA
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14. __________ (2009) Nación y Estado en Guatemala: una perspectiva desde y hacia la complejidad y algunos atrevimientos prescriptitos. Ponencia presentada al 8º. Congreso de Estudios Mayas “Multitulturalismo e Interculturalismo”, Universidad Rafael Landívar, 5 al 7 de agosto de 2009.
15. __________ (2009) Sipacapa. De la reapropiación del territorio a la construcción de autonomía étnica. Ponencia presentada al 8º. Congreso de Estudios Mayas “Multitulturalismo e Interculturalismo”, Universidad Rafael Landívar, 5 al 7 de agosto de 2009.
16. Sosa, Mario y Carlos Quezada (2009) Gestión ambiental en territorios en disputa. IARNA e INGEP, URL, Guatemala. Mimeo
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18. Yagenova, Simona Violetta (2007) La protesta social en Guatemala: una aproximación a los actores, demandas, formas, despliegue territorial, límites y alcances. Octubre 2004-Septiembre 2006. Guatemala: FLACSO.

Del sujeto político en Guatemala: algunos retos para la construcción y articulación

Ponencia presentada en la IV Jornada de Estudios y Experiencias sobre Territorio, Poder y Política. Sujeto Político y Movimientos Sociales en Guatemala. CEDFOG, Huehuetenango, 18-20 de noviembre de 2009.

Mario Sosa
Coordinador de Organización y Movilización Política
Frente Popular

Es evidente que no hemos asimilado la derrota militar, política e ideológica, lo cual se debe, en buena medida a que no hemos logrado recuperar nuestra historia de lucha revolucionaria para establecer los aciertos y errores en su justa dimensión, como recuperación de experiencia y búsqueda de aprendizajes para la nueva etapa que significó pasar de la lucha armada como expresión militar-política para la transformación social a la lucha estrictamente política. Antes que eso, en lugar de ser creadores de una forma de impulsar la revolución por otros medios, nos convertimos en un movimiento institucional e institucionalista que abandonó los fundamentos teóricos y políticos, el proyecto histórico, los principios. Y hablamos de dichos fundamentos, no para hacer un calco a-histórico de ellos, sino para recrearlos, reconociendo aquellos elementos que con justificación o sin ella significaron concepciones y prácticas que en poco o nada tenían que ver con una coherencia revolucionaria, y para potenciar aquellos otros útiles y necesarios para enfrentar la nueva etapa de lucha.

Este proceso devino en una estrategia conservadora de enfrentar la lucha política, en donde las negociaciones tras telón y su fiel cumplimiento, llevaron no solamente a desmovilizar al movimiento social, sino a abandonar el esfuerzo por construir relaciones diferentes, basadas en la autonomía de las organizaciones sociopolíticas pero manteniendo una relación con base en un programa, una estrategia y un liderazgo renovado e incluyente, que permitiera la expresión y representación de aquellos sujetos que habían venido siendo construidos al fragor de la lucha campesina, indígena, sindical, feminista, de juventud, etc. No se supo valorar coherentemente esfuerzos como los generados en torno al FDNG, y contrariamente, hubo un empecinamiento en mantener estructuras de dirección que estaban dejando de contar con la legitimidad necesaria para conducir el proceso, no solamente por la irrupción de sujetos sino por la gestación de nuevos liderazgos.

En este marco, se articuló un proceso que por un lado las organizaciones sociopolíticas exigieron autonomía y la organización partidaria perdió su legitimidad, y por otro lado, el nuevo instrumento devino en una imposición de una concepción de unidad entendida como un decreto que haría desaparecer estructuras organizativas (las de las cuatro organizaciones revolucionarias), identidades y liderazgos, lo cual no solamente no sucedió sino se reprodujo al interior del partido de “la unidad”, que evadió la discusión política e ideológica interna a partir de la justificación de no poner en riesgo “la unidad”, y que pronto devino en abandonos y rompimientos cuyas consecuencias hoy son parte de la explicación de la fragmentación en la cual nos encontramos.

Pero todo este proceso se descentró. Una descentración que no llega a ser entendida, de tal manera que hoy encontramos esfuerzos para avanzar en la unidad de la izquierda con organismos centralizados, urbano-capitalinos, que en buena medida, atados en esquemas como el de separar “lo político” de “lo social”, obvian la necesidad de abrirse y constituirse, antes que en vanguardia imposible, en promotores de la necesaria articulación política de actores con diversas identidades, intereses, formas de organización y representación, bajo esquemas que, indudablemente, deben ser radicalmente distintos a los que nos marcaban los “cánones” revolucionarios de los años 60, 70 y 80, y alejados de las lógicas cortoplacistas, pragmáticas y pro-sistémicas de lo electoralista, que lo son en tanto devienen en una simple participación que avala la sustitución de una elites por otras en el ejercicio de gobierno y nos mantienen en la marginalidad política tratándose de lo electoral mismo. Pero esa descentración significó, asimismo, un camino de abandono del proyecto político y el asentamiento de identidades específicas, que hoy parecieran avanzar muy lentamente pero aportando valiosas luchas y aprendizajes, hacia una recuperación de la necesaria articulación y unidad.
Avanzar en ese camino, dando saltos importantes pero sin perder sustancias, se nos plantean retos que exigen fundamentación, debate y construcción en el ámbito de los discursos, relaciones y luchas en las que estamos comprometidos y comprometidas.

Algunos de estos retos que proponemos considerar son:

A partir del reconocimiento de actores y sujetos específicos, repensar el sujeto revolucionario, que además de recuperar la alternativa al capitalismo y por consiguiente recuperar la concepción de clase, como mínimo debe considerar que su integración actuante y protagónica debe ser multiforme y multiidentitaria, y por consiguiente con concreciones que contengan representatividad de tales sujetos específicos.

Articular a partir de las propuestas de los múltiples actores y sujetos específicos, una propuesta de programa político y de proyecto histórico –que proponemos sea el Socialismo-, que recoja coherentemente las reivindicaciones, derechos, demandas y propuestas que permitan idear un nuevo Estado y una nueva comunidad de comunidades (seguramente como unidad de pueblos), con relaciones sociales basadas en la apropiación colectiva, en la dignidad, la solidaridad, la justicia, la equidad, la soberanía, entre otros principios que obviamente debemos llevarlos a la práctica desde al ahora. Esto pasa por trascender el pragmatismo o el minimalismo que más que hacernos avanzar se nos han convertido en parámetros de estancamiento, sin perspectiva y proyección histórica. Esto para nosotros es la recuperación creadora del proyecto histórico y al programa de la revolución.

Coherentemente con lo anterior, idear una estrategia revolucionaria en donde dimensionemos o redimensionemos las formas de lucha. Esto desde nuestra perspectiva pasa por repensar el papel de lo electoral; por articular una estrategia que incluya la construcción de nuevo poder, la potenciación de los poderes con los que ya contamos, y por la necesaria toma del poder del Estado; por replantearnos las formas de articulación, que a la luz del proceso actual, pareciera ser más coherente hacerlo desde los territorio y los sujetos que se desarrollan desde ahí; por recuperar prácticas de formación (de reeducación política diría uno de nuestros compañeros), esfuerzos de organización y articulación, y movilización reconociendo los ámbitos donde nos estamos jugando nuestro presente y futuro que siempre –y así debiéramos comprenderlo- es compartido; por impulsar la lucha económica, política e ideológica; por fortalecer la resistencia pero haciéndola trascender en dirección a construir al sujeto revolucionario, avanzar en su programa y estrategia, que recupere su carácter ofensivo; por enlazar nuestras luchas a los procesos emancipatorios que se están dando en América Latina y en donde resulta necesario pensar en la Patria Grande de Bolívar y Nuestra América en palabras de Martí. Estos y otros aspectos formarían parte de lo que nosotros llamamos la recuperación creadora de la estrategia revolucionaria.

La recuperación de la teoría revolucionaria, donde incluimos el marxismo como cimiento, pero sin dogmatismo y recreándolo a partir de nuestros contextos y procesos, abriéndonos a aportes que desde otras matrices de pensamiento revolucionario, nos aportan elementos para pensar y repensar nuestras realidades y nuestras luchas por la transformación radical. Es necesario, pues, recuperar la teoría, los ideales y las luchas revolucionarias que se han desarrollado en Guatemala, en Latinoamérica y el mundo, y que nos pueden permitir liberarnos de todo tipo de yugos. Así, pensamiento marxista, bolivariano, martiano, morazanista, sumado a los aportes liberadores de otras matrices de pensamiento y conocimiento como el de los pueblos indígenas, debieran constituir nuestras fuentes.

La construcción de una cultura popular revolucionaria, que destierre aquella cultura de derecha y conservadora que subsiste dentro de nuestras organizaciones y movimientos y que se expresa en: jerarquización, machismo, racismo; la incomunicación y el chisme como eje de “comunicación”, entendimiento y relación con el Otro; el clientelismo y el electoralismo; el pragmatismo y la falta de vigencia de principios; la sumisión; la corrupción y la cooptación; el autoritarismo; la falta de debate serio y fraternal; la priorización del conflicto con mi hermano o mi aliado, por sobre la lucha frente a nuestros enemigos, etc. Contrariamente, que potencie, construya o reconstruya una cultura política basada en principios y valores que se centren en el Ser Humano, en relaciones dialógicas, en el intercambio de saberes, experiencias y sueños, en la recuperación de nuestra memoria y perspectiva histórica que potencie nuestras prácticas y acciones de hoy, con todas sus posibilidades y limitaciones; en el reconocimiento de identidades y sujetos de cambio, donde los liderazgos y dirigencias surjan del fragor de las luchas y no de imposiciones verticalistas, donde nuestras búsquedas de transformación abarquen el ámbito de lo política y no solamente de la política.

Estas son algunas ideas que proponemos para su discusión y debate y que indudablemente no agotan y mas bien complementan los aportes que desde todas y todos, desde nuestros conocimientos, saberes, experiencias y aportes, podemos agregar y continuar este esfuerzo que ya es de articulación y que ojalá trascendiera a prácticas y luchas unitarias antes que a desencuentros innecesarios.

ALGUNAS FUENTES UTILIZADAS

1. Frente Popular (2009). Programa político. I Congreso Político Nacional, 27 de junio de 2009, Guatemala.
2. Sosa, Mario (2008). Régimen y cultura política: un ensayo introductorio. En Lo político y la política. Una mirada desde la antropología. Guatemala: ASOGAP.
3. __________ (2007) Movimientos sociales: retos para su construcción. Documentos para la formación política. Escuela de Formación Política “Alfonso Bauer Paiz y Carlos Paz Tejada”, Guatemala.

Por el derecho de Cuba a ser un pueblo soberano

Mario Sosa
En Kaosenlared, 9 de septiembre de 2009.

Los días 11 y 12 de septiembre, la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba en Guatemala, realizará el Primer Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, un evento que se constituye en espacio de participación y acuerdo para elevar nuestra solidaridad como pueblo guatemalteco, hacia un pueblo digno que ha hecho más que manifiesta su solidaridad con el nuestro.Basta con recordar los años continuos de atención médica en los lugares más recónditos y hacia comunidades en extrema pobreza, los miles de guatemaltecos y guatemaltecas que han recuperado la vista, las decenas de jóvenes que se forman como médicos sociales en excelentes escuelas, los aportes en materia de deporte y educación, etc. todo ello procedente del gobierno, del pueblo y con la participación de cientos de especialistas cubanos. Una solidaridad que, por demás, constituye un acto de dar lo que no sobra al pueblo cubano y que surge del deseo porque los frutos de la revolución socialista lleguen a otros pueblos, como testimonio del humanismo que le ha caracterizado.

Más que una manera de ser recíprocos, lo que buscamos es enlazar la lucha del pueblo y gobierno cubanos con la lucha del pueblo guatemalteco, en dirección a hacer efectivo el derecho que tenemos a decidir nuestro propio destino, a ser soberanos, entendiendo que es y será una conquista en la medida en que derrotemos al imperio que nos oprime o busca doblegarnos.

Por ello, la lucha por la liberación del pueblo guatemalteco, pasa por observar en el ejemplo de Martí, Fidel, Raúl, Vilma, Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René, como el de millones de cubanos y cubanas articulados como pueblo, la posibilidad de concretar la utopía –como posibilidad de realización concreta- de que seamos, también nosotros, un pueblo libre; una lucha que es impensable sin recuperar las enseñanzas que nos legan a la humanidad entera.

Por eso nos unimos, en un sólo puño, en contra del bloqueo comercial, la usurpación de Guantánamo, el financiamiento de huestes traidoras, los actos de terrorismo o su financiamiento, la calumnia en materia de Derechos Humanos, entre otras acciones que el imperio estadounidense ha impulsado desde el inicio de la Revolución en 1959. Por eso, como guatemaltecos y guatemaltecas, no podemos menos que luchar en nuestro país contra las manifestaciones de ese dominio imperial, que va desde la presencia militar que extiende la ocupación mantenida desde 1954, hasta el intervencionismo político, comercial, social y cultural más sutil, que tanto el Estado y los distintos gobiernos han aceptado cómplice y servilmente en nuestro territorio.

Por eso, quienes hemos participado en la Campaña el 5 a las 5 por los 5, hemos comprendido la relevancia de manifestar nuestra condena a la proceso viciado que se sigue en Estados Unidos en contra de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino y René González, héroes antiterroristas cubanos, quienes han sido acusados de espionaje siendo que estaban realizando investigaciones para prevenir actos de terrorismo que desde Miami han estado siendo planificados por las huestes anticastristas a las cuales pertenece el terrorista Luis Posada Carriles, con financiamiento y protección del mismo Estado estadounidense.

Quienes estaremos en ese Encuentro de Solidaridad con Cuba, somos de varias generaciones y procedencias orgánicas, que confluiremos para levantar nuestra voz por la liberación de los 5 Héroes Cubanos, luchadores antiterroristas, prisioneros en cárceles del imperio. Participaremos manifestando nuestro reconocimiento a la dignidad del pueblo y gobierno cubanos, para expresar nuestro clamor por justicia y respeto al derecho de Cuba a ser un pueblo soberano

Gobernabilidad en territorios en disputa

Esta ponencia fue presentada en el marco de las Jornadas Investigativas Interdisciplinarias organizadas por la Dirección General de Investigación y Proyección (hoy Vicerrectoría) de la Universidad Rafael Landívar, realizadas el 19 y 20 de agosto de 2009. La misma surge, se documenta y fundamenta en la investigación “Gestión Ambiental en territorios en disputa”, correspondiente al proyecto Gestión ambiental y gobernabilidad local, encargada por el IARNA al INGEP, la cual fue realizada por Carlos Quezada y Mario Sosa, con la asistencia de Luis Gaytán, entre febrero de 2008 y junio de 2009. Constituye una síntesis que recupera un conjunto de elementos correspondiente a la temática de esta jornada y sacrifica datos empíricos, procesos y casos documentados, así como una riqueza analítica, crítica y propositiva contenida en dicho informe.

Mario Sosa
Guatemala 19 de agosto de 2009.

La gobernabilidad encuentra sus posibilidades y limitaciones en estructuras económicas, sociales, políticas y culturales en las cuales se desarrollan relaciones, prácticas y concepciones contradictorias, entre otras aquellas que privilegian los intereses individuales sobre los colectivos, la productividad y el crecimiento económico sobre el desarrollo humano sostenible. Pero, además, cuando nos adentramos en los ámbitos locales y regionales de nuestro país, puede delinearse un proceso que se desarrolla en una constante disputa de territorios, que no es exclusiva y que se expresa en la conflictividad que hoy configura el proceso de América Latina, que no solamente es político e ideológico, que también es la búsqueda de control económico y geoestratégico de territorios con recursos naturales, mercados y posiciones de carácter estratégico, en tanto fuentes de acumulación de capital y espacios para controlar bastas regiones que, inclusive, están determinando los cursos de la gobernabilidad regional.

Un elemento principal que impacta decididamente en las posibilidades de gobernabilidad en los territorios locales y regionales en clara disputa por sus recursos, es el modelo económico imperante, el cual se desarrolla principalmente sobre una estructura agraria concentradora de la tierra, con fuerzas productivas atrasadas y fuerte dependencia y constante adecuación a la demanda del mercado internacional en donde se ha establecido que seamos un país productor de materias primas, principalmente. Esta adecuación se expresa en el auge de los agro combustibles, el aumento en la explotación minera, los proyectos hidroeléctricos y los proyectos étno-eco-turísticos, lo cual está reconfigurando la propiedad de la tierra (extendiendo el latifundio), las áreas de cultivo, el uso de recursos (como el agua), que al generar impactos sobre poblaciones y ecosistemas profundiza o produce conflictividad. Un ejemplo de esto se desarrolla en la Franja Transversal del Norte --entre otras de importancia fundamental para la sostenibilidad ambiental y subsistencia de comunidades y pueblos-, territorio apetecible y de disputa para la ampliación de acumulación de capital en el campo y, ligado con ello, los negocios complementarios: construcción de carreteras, transporte, servicios, generación y distribución eléctrica, ecoturismo, tráfico de maderas preciosas, que está generando la reacción organizada de comunidades y pueblos que se sienten amenazados por el despojo, desplazamiento forzoso y daños en sus tierras y territorios. Todo ello en un marco de débil regulación y estímulos perversos para la reapropiación de la tierra, cobros risibles de regalías (1% en el caso de minería) expulsión de población, “nuevos” factores como el narcotráfico, conflictividad histórica, relegación de necesidades sociales, entre otros aspectos.

Estamos, entonces, ante un proceso de reconfiguración de territorios regionales y locales, a partir de la disputa de sus recursos, y con ello, de un conjunto de procesos que generan mayores presiones y que son más sensibles en territorios regionales configurados como áreas protegidas o regiones como la Franja Transversal del Norte, específicamente en el Área Ixil, Ixcán, las Verapaces, Izabal, o en El Petén y el Occidente del país.

Estamos, además, ante un modelo apoyado y promovido por el Estado, a través de políticas que se asientan en esta orientación del modelo económico, desde donde están siendo determinadas, en buena medida, las posibilidades de gobernabilidad en estos territorios, puesto que las posibilidades de respuestas creativas y proactivas que se desarrollan desde lo local y nacional –en materia de gestión ambiental o de alternativas productivas, por ejemplo- resultan limitadas e insuficientes para generar opciones de desarrollo y no evitan la conflictividad generada por dicho modelo. Así, son las respuestas reactivas, entre las cuales dominan las acciones de resistencia a proyectos de carácter minero, hidroeléctrico y a formas de organización del territorio como el caso de las áreas protegidas, reacciones que intentan frenar procesos depredadores de los recursos y las condiciones ambientales y de las cuales están surgiendo -como creación o recuperación- concepciones y prácticas que constituyen una reapropiación simbólica y política del territorio.

Un segundo elemento se refiere al Estado, su institucionalidad, su política. La gobernabilidad como condición para lograr la aplicación de políticas públicas requiere de una institucionalidad estatal que las haga posibles. En este sentido, la gestión gubernamental se enfrenta a graves e históricas condiciones de inequidad social que, reproducidas por un régimen y modelo económicos excluyentes y un ejercicio de poder contradictorio con sus propios parámetros formales de justicia, democracia, participación y diálogo, con poderes fácticos que se imponen en instituciones y territorios, generan procesos de conflictividad y un círculo sistémico que hace de la gobernabilidad una condición vulnerable y endeble.

En este marco, el Estado presenta serias dificultades para conducir los procesos y los actores hacia una gobernabilidad democrática, basada en garantías constitucionales a la ciudadanía y en relaciones políticas de diálogo, negociación y acuerdo, para generar las bases éticas y las articulaciones institucionales, políticas y sociales que impulsen la cooperación en la política pública, en los distintos niveles y ámbitos. En esa misma dirección, los entes encargados de intermediar y representar a la ciudadanía en sus distintas expresiones, tal el caso de los partidos políticos, presentan problemas fundamentales para lograr tales funciones, mientras las instituciones estatales no logran encauzar e incorporar en buena medida las demandas de los sectores implicados en los procesos de gobernabilidad, varios de los cuales se sienten excluidos de las decisiones, recursos, etc., e incurren en medidas de distinto orden, incluidas aquellas que tienden a confrontar y transgredir la legalidad establecida.

Más allá de las debilidades en materia de política ambiental, uno de los principales problemas es que no existe complementariedad y coherencia en la implementación de una política ambiental en otros ámbitos de la política gubernamental: economía, energía y minas, por ejemplo. El Estado, en general desarrolla una política que sacrifica lo ambiental al favorecer las mismas, lo cual se logra establecer en ejemplos como: la expansión de la producción de caña, palma africana, minería, producción hidroeléctrica, etc. que independientemente de su justificación economicista, presenta serios cuestionamientos éticos, políticos, financieros y ambientales. Contrariamente, la política económica, como sucede con la minería, termina imponiéndose sobre la política ambiental, y al concretarse en territorios en disputa, se convierte en un factor y argumento que provoca conflictividad desde y hacia los proyectos mineros, que se agrava en tanto las políticas de diálogo y negociación presentan desprestigio ante los actores sociales, y que se suman a las dificultades estatales para comprender o considerar los distintos procesos sociales que impugnan la política pública desde lo local y regional.

En el territorio local resalta una presencia débil o eventual de la institucionalidad, sin mayor impacto y cuestionada por la ciudadanía. O como en el caso de las áreas protegidas, presenta el problema del reconocimiento referido a la existencia de comunidades previo a la declaración de áreas protegidas, en cuyas condiciones se abre paso la confrontación entre una lógica procedente de lo nacional y otra lógica procedente desde sujetos étnicos asentados y relacionados históricamente con tales territorios.

Así se pueden ubicar contradicciones entre el Estado que se adecúa, facilita y estimula un modelo productivo que lo hace entrar en contradicción con sus propios principios y mandatos constitucionales, con lo cual genera una fuente de conflictividad y una gobernabilidad sociopolítica y ambiental débil, deficitaria y tendiente a crisis en territorios locales y regionales. Asimismo se registra contradicción entre la construcción de una gobernabilidad procedente de lo local –basada en el interés común desde la perspectiva comunitaria y municipal- frente a la gobernabilidad nacional –basada en intereses cuestionados desde la ética, las políticas y las finanzas estatales--, imponiéndose la segunda, no obstante que podrían y deberían ser complementarias.

En muchos casos, la llegada y operación en territorios locales/regionales de compañías transnacionales o extra locales, por un lado ha generado respuestas aglutinadoras de la población, las cuales han manifestado rechazo a tales compañías y a las políticas nacionales de concesión, lo que ha estimulado que en alrededor de 30 municipios se realicen procesos de consulta ciudadana para establecer su decisión con respecto a la presencia y actividad de estas empresas. Tales procesos evidencian la negativa de la población a la explotación especialmente minera y constata que desde la perspectiva y proceso en el territorio local existen intereses comunes (aunque también intereses perversos) y recursos naturales locales a preservar. Y tales consultas, que podrían ser entendidas como parte de procesos de gobernabilidad desde el territorio y actores locales (comunidades, organizaciones sectoriales, gobiernos municipales), son asumidas por los poderes centrales como casos de ingobernabilidad, toda vez que contradicen leyes y políticas que son del interés de poderes económicos y políticos extraterritoriales y de perspectivas productivistas, economicistas y, en particular, empresariales. Esto, evidentemente, pone en cuestión la pretendida gobernabilidad desde los poderes centrales y extraterritoriales.

La mayor parte de actores y sujetos que confrontan tales manifestaciones del modelo económico y la política pública dominante, lo hacen desde la recuperación de un sentido de pertenencia e identidad étnica y re-apropiación del territorio, reivindicando derechos humanos –particularmente colectivos, propios de los pueblos y comunidades indígenas, aunque no solamente. Desde ahí, resaltan procesos de resistencia a las características del modelo y a las políticas institucionales que le acompañan –como expresión de la disputa de intereses inclusive antagónicos sobre los territorios y los recursos--, en los cuales participan sujetos críticos que cuestionan el tipo de desarrollo promovido y justificado desde lo global-nacional, sujetos que además se expresan a través de sus formas de autoridad, liderazgo y representación comunitaria, sectorial e institucional; que demandan y reivindican derechos a la información y el conocimiento, a la defensa/resistencia y al beneficio para sí de los elementos de la naturaleza, así como la aplicación de instrumentos jurídicos. Desde ahí se encuentran procesos de apropiación o reapropiación social, económica, étnica y política del territorio, que se manifiestan como resistencia ante expresiones del modelo económico y de la institucionalidad pública. Procesos que explicitan planteamientos, estrategias –incluido el diálogo y la negociación–, capacidades organizativas y políticas, y gestiones proactivas en materia ambiental, que logran incorporar la participación de comunidades, gobiernos municipales, organizaciones sociales, iglesias, ONG, como se observa en varios casos donde además se ha generado una estructura de gobernabilidad democrática, con legitimidad, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartida, con posibilidades para el desarrollo, por ejemplo, de un sistema de gestión ambiental local coherente con el territorio local y efectivo en sostenimiento, ampliación de posibilidades e impactos, si es que logra percibir los incentivos necesarios. Pero al mismo tiempo vistos y asumidos como signos de ingobernabilidad por el poder centralizado del Estado y las elites dominantes. .

Estamos ante procesos de disputa por territorios, por apropiárselos para producir en una lógica de acumulación o crecimiento económico o por resistir a las formas de producir bienes y servicios, que combinado con un ejercicio débil, deficiente y contradictorio de la institucionalidad pública, y también de la empresarial y social, más que lograr gobernabilidad democrática, producen efectos contrarios: conflictividad social, agraria y ambiental, con una tendencia a mantenerse y en algunos territorios a incrementarse. Los avances organizativos, políticos y territoriales de las acciones de resistencia, sumados a la respuesta represiva del Estado en varios casos significativos, generan una situación propensa al agravamiento de dicha conflictividad y, por consiguiente, de condiciones de ingobernabilidad que al mismo tiempo y contradictoriamente persigue la institucionalidad estatal, ciertamente en vano

En este sentido, las posibilidades de la gestión ambiental y la gobernabilidad en estos territorios pasa por reconocer la complejidad económica, social, étnica y política que los constituye y, como parte de esta, los procesos, sujetos, actores, valores simbólicos, usos, etc. que hacen racionales y entendibles tales procesos de ingobernabilidad o gobernabilidad alternativa, dependiendo del punto de vista o intereses desde donde se observen.

Sipakapa: un caso ilustrativo de gobernabilidad alternativa desde el territorio local

Sintéticamente, en Sipacapa asistimos a un proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp, y la movilización se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.

Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades.

Tales actores han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de capital, como apropiación y explotación de recursos naturales.

Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada. Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas, la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la naturaleza, entre otros.

En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y contradictorio de gobernabilidad.

Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité cívico que configura un nuevo gobierno municipal que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE, gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada: al pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa del territorio.

Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.

Trascendiendo la visión institucionalista y estatista de la gobernabilidad procedente del poder nacional, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.

Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local, constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.

Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.

Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso de gobernabilidad en donde aparece la política minera, en buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y políticas que fundamentan el proceso de gobernabilidad desde lo local, pero también una normativa que impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está perfilando en el municipio. En este sentido, la gobernabilidad como expresión que privilegia la acción gubernamental, lo público institucional y su real o potencial eficacia y legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y ambientales del territorio local.

En estos territorios en disputa, se observa ingobernabilidad para el impulso de proyectos productivos de alto impacto debido a que se carece de acuerdo social, con base no solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales el Estado está llamado a garantizar. Esto debido a que la acción gubernamental, lo público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios (equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.

El caso de Sipacapa ilustra un proceso de gobernabilidad procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de gobernabilidad local con una lógica y con contenidos y formas diferentes, la gobernabilidad pretendida desde los global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones de ingobernabilidad.

En ese sentido, una gobernabilidad democrática supone la representación, la participación, la legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar. Sin esto es inviable, en tanto aspectos sinérgicos o confluentes, la democracia y el desarrollo.

Nación y Estado en Guatemala: una perspectiva desde y hacia la complejidad y algunos atrevimientos prescriptivos

Ponencia presentada al 8º. Congreso de Estudios Mayas “Multitulturalismo e Interculturalismo”, realizado en la Universidad Rafael Landívar, del 5 al 7 de agosto de 2009. Esta ponencia se basa en investigación empírica, principalmente plasmada en el texto Un Estado otra Nación: culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala (2008), de Belinda Ramos y Mario Sosa, producto de la política de investigación del INGEP. En ese sentido la responsabilidad del autor corresponde a algunos análisis e interpretaciones que le dan hilaridad e intención a esta ponencia.

Mario Sosa
Guatemala 6 de agosto de 2009.

Presentación

Esta ponencia trata de un conjunto de factores implicados en la configuración y proceso de la sociedad guatemalteca que hacen de la nación un constructo basado en relaciones de opresión, marginación y exclusión y un Estado que se sostiene en un régimen político el cual determina que los pueblos indígenas –así como otras entidades- no sean sujetos de su propio destino y, por consiguiente, actores fundamentales en su transformación para que responda a los intereses de todas las configuraciones socio étnicas que lo conformamos. En este sentido, el análisis e interpretación tendrán como ejes articuladores el tema de los sistemas políticos, las formas en las que se expresa la ciudadanía y el tema de la identidad nacional en un contexto multiétnico, lo cual será presentado en el primer apartado. En el segundo apartado, daremos un salto que esperamos también genere debate, especialmente por su orientación prescriptiva.

DE UNA PERSPECTIVA COMPLEJA SOBRE LA NACIÓN Y EL ESTADO

Hablar de Nación y Estado en la Guatemala de hoy, pasa por considerar un conjunto de factores que configuran ambas entidades. En ese sentido, un punto de partida es la constatación sobre la diversidad étnica que se expresa en la existencia de cosmovisiones, idiomas, literatura, conocimientos, vestimentas e identidades éticas particulares. Se expresa también en sistemas de salud y jurídicos, en formas de producción, organización, autoridad y representación política, todos con características comunes al mismo tiempo que diferenciadas, que encuentran en matrices socioculturales su ámbito de reproducción y se articulan en sistemas políticos propios, y, especialmente, en la existencia de sujetos colectivos: los pueblos indígenas, que se expresan en procesos económicos, políticos, sociales y culturales, en organizaciones, movimientos sociales, comunitarios y pan-étnicos a través de los cuales se reivindican y ejercen derechos en buena medida negados.

De tal manera que esta constatación nos afirma la necesidad de trascender referencias estrictamente culturales, para situar a los pueblos indígenas en específico, su relación con otras configuraciones socioculturales y con el conjunto de relaciones de las cuales hacen parte, en el marco del proceso histórico, el cual nos refiere a lo económico, político y social. Nos afirma, asimismo que pensar y proponer una nación y un Estado alternativos solamente desde la diversidad étnico-cultural, significa obviar aquel conjunto de variables que determinan las condiciones donde se encuentran los nudos problemáticos que nos impiden avanzar, al mismo tiempo, de manera práctica y estratégica.

En ese sentido, la nación, en su dimensión de realidad histórica y política, ha estado constituida por relaciones de coloniaje y ocupación, de explotación y opresión, de racismo y discriminación, en buena medida determinadas o condicionadas por las clases dominantes que, en tanto articulaciones de intereses internos y externos, han reproducido un régimen político basado en instituciones, concepciones, valores, normas y prácticas que han regulado y estructurado un sistema orientado a garantizar la acumulación de capital y poder en manos de elites que además de su carácter de clase se han caracterizado por su origen e identidad criolla, blanca o ligada a nacionalidades como la judía, alemana, anglosajona, entre otras. Es desde esta extracción social e identitaria que han reproducido un sistema de opresión histórica hacia los pueblos indígenas y sus posibilidades de ser sujetos de poder y, por consiguiente, sujetos de su destino; un sistema que han implantado en el ámbito de la sociedad civil y el Estado.

Es desde ahí que se han instituido un régimen en donde los sujetos colectivos de los pueblos indígenas no pueden ejercer poder estatal estratégico, que determina que la población indígena no pueda siquiera por la vía de la participación liberal acceder a mayores cuotas de poder correspondiente a su peso poblacional. Esto se constata cuanto se establece que, a pesar de ser quienes más participan, obtienen menos espacios de representación política (Ver Sáenz 2005), y, contrariamente, dicha participación hace parte del juego por garantizar la sucesión y relevo entre actores que representan, al final de cuentas, los intereses económicos y políticos de quienes históricamente han construido este Estado y han delineado muchas de las características de la nación.

Y es que el Estado, en su acepción actual, se funda en la aparente participación política, circunscrita esencialmente a la dimensión de ciudadano individualmente considerado y un sistema de partidos políticos que no garantiza la intermediación y representación, menos tratándose de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Es más, desde ese carácter liberal, la clase dominante a través de su Estado, ha propugnado por la homogeneización basada en su propio paradigma cultural, bajo el supuesto de que esto es garantía de fidelidad de la ciudadanía y de unidad nacional. Esto ha significado la imposición étnica y cultural (como el idioma, por ejemplo) sobre otros pueblos, etnias o nacionalidades, a través de implementar “lo oficial” y ejecutar políticas de genocidio, etnocidio, segregación o asimilación étnica que hoy transcurren por vías multi e interculturales que endulzan la reproducción de opresiones étnicas en los distintos ámbitos de las relaciones sociales y políticas.

Esto es así pues en su concepción y estrategia de poder, la oligarquía como núcleo que da orientación al proceso nacional (con intereses comunes aun cuando existan alianzas familiares y segmentos corporativos que entran en discordia por cuotas de poder económico y político), asume la homogeneidad como supuesto que le garantiza el control sobre el territorio y el mercado y, por consiguiente, la acumulación de capital. Al mismo tiempo utiliza la diversidad que tolera levemente como producto también de acumulación. Complementariedad entonces entre una búsqueda de homogeneidad administrativa, jurídica, política –por ejemplo- y, al mismo tiempo, un uso de la diversidad –como producto turístico e imágen-, que hace parte de la política de Estado, un Estado que le resulta necesario para la “unificación”, al mismo tiempo que para la subasta del país al capital transnacional y al imperio, como posibilidad de alianzas y mayor acumulación aun cuando lo hagan en condición de “súbditos”.

En ese mismo orden de ideas, los procesos de acumulación de capital, del interés de la oligarquía, del capital transnacional y del imperio de influencia, han configurado históricamente la nación y el Estado. Basta con recuperar las características esenciales del régimen colonial que trastocó procesos civilizatorios e impuso un régimen de opresión y explotación, de las reformas liberales del siglo XIX y los consiguientes despojos de tierras a pueblos indígenas, y de los procesos actuales que están reconfigurando los territorios a partir de intereses geopolíticos del capital transnacional y local que se reparten esferas, ámbitos, territorios, recursos, pueblos, comunidades, fuerza de trabajo, productos etno y eco turísticos, etc.

Esto es lo que determina en última instancia la política hacia la diversidad. De tal manera que en determinadas condiciones se propugna por la homogeneidad, especialmente cuando se identifica a los pueblos indígenas en sus acciones de resistencia a las formas de acumulación imperantes, como obstáculos y hasta factores terroristas –como los llega a definir el Departamento de Estado de EE.UU. En otras circunstancias, se propugna por la diversidad, especialmente cuando es vista como folklore y puede convertirse en mercancía turística o cuando se encuentra en ella la posibilidad de lograr resultados sin pasar por los poderes o burocracias centralizadas.

El Estado en particular ha sido construido de tal manera que garantiza palo pero no pan. Enfrenta, de hecho, profundas limitaciones para garantizar los derechos individuales y colectivos, y así es sentido en general por los guatemaltecos (Ramos y Sosa, 2008: 520). Ha sido achicado y disminuido en sus competencias para intervenir en las relaciones sociales y económicas y su orientación estratégica no se dirige a promover desarrollo equitativo sino a reproducir un modelo económico agroexportador reproductor de la desigualdad, y ha sido estructurado y organizado política y administrativamente para seguir negando y excluyendo a las grandes mayorías de la participación en la producción y control del poder político.

Es un Estado monoétnico, racista y excluyente que reproduce la marginación y exclusión étnica. Esto se constata al recuperar las características de la nación como entidad histórica heterogénea tanto en sus formas o expresiones jurídicas, como en las culturales y lingüísticas, en las políticas (atinentes a sistemas políticos) y en las económicas, donde se combinan formas de producción y reproducción diversas. Una entidad que ciertamente es contradictoria en su configuración histórica, entre el proyecto hegemónico monoétnico de nacionalidad —nación homogénea de ciudadanos libres e iguales ante la ley— y la concreción del proceso de producción y reproducción económica, frente a la imposibilidad de suprimir —mediante relaciones combinadas de explotación y opresión étnica— una configuración de identidades y entidades sociales diferenciadas, procedentes de distintas matrices socioculturales y pertenecientes a distintos procesos sociopolíticos. Una entidad donde existe una disociación entre la realidad política del Estado —configurado monoétnica, y oligárquicamente— y el sistema política y jurídicamente establecido por el Estado que articula partidos políticos —como mecanismos de acceso al poder político— y una lógica inclusiva al mismo tiempo que excluyente que se expresa en prácticas predominantes de cultura política —como el clientelismo, el prebendarismo, la corrupción y la cooptación— que permiten incluir a unos pocos para seguir excluyendo a la mayoría, individual y colectivamente consideradas, de la cuestionada democracia. (Ibíd.: 506).

De hecho, el poder social o de los pueblos queda reducido o confinado a los ámbitos locales y comunitarios, donde se ejercen formas de democracia directa (como las consultas ciudadanas o las asambleas comunitarias), subsisten y se configuran sistemas políticos locales (como el caso de Totonicapán), formas de autoridad y actores de poder (como las cofradías, autoridades religiosas, alcaldías indígenas y auxiliares), formas diversas de ciudadanía, de participación y toma de decisiones que el poder estatal y los partidos políticos niegan, reprimen o —en el mejor de los casos— con los cuales se “dialoga” y “negocia” siempre en condición de ventaja. Además existen sistemas políticos indígenas, con instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, reglas de funcionamiento, normas y costumbres que regulan y estructuran relaciones sociopolíticas al interior de las comunidades y pueblos indígenas, y que tienden a proyectarse hacia el exterior —especialmente cuando la comunidad se ve amenazada— que no son reconocidos por el sistema político dominante.

Existe, entonces, además del sistema jurídicamente establecido e impuesto, un conjunto de sistemas locales indígenas, que se rigen por instituciones, procedimientos, normativas de carácter específico. Estos sistemas políticos están articulados además a sistemas económicos, culturales y sociales particulares de carácter regional y con vínculos especiales con el nacional y global. Como parte de esta variedad, el estudio de Ramos y Sosa también muestra en los distintos contextos locales, la existencia de culturas políticas, formas de organización, participación, representación, autoridad, intermediación, así como procesos y actores comunes y diferenciados a los del sistema político dominante, aunque en determinados procesos de forma articulada, a veces de manera contradictoria y casi siempre articulándose a esa lógica incluyente-excluyente antes referida. (Ibíd.: 508)

Íntimamente relacionado con lo anterior, también se constata la existencia de una dimensión homogénea y altamente concentrada y concentradora en la cúspide correspondiente a un modelo implantado de democracia liberal-representativa-elitista, que se asienta sobre una configuración histórica autoritaria de organización del poder de origen colonial y neocolonial; mientras que en la base encontramos formas de ejercicio del poder, de ciudadanía, de representación, sistemas de autoridad, formas de intermediación, valores, creencias, cosmovisiones y prácticas que moldean la política y lo político, que se articulan en expresiones de democracia participativa y directa en territorios principalmente correspondientes a pueblos indígenas, tal el caso de las históricas consultas comunitarias, hoy renovadas en la lucha contra la minería. Cuando hablamos de los sistemas locales, estas dos expresiones de democracia –la dominante y la alternativa- a veces se complementan, de hecho existe una interfase entre los sistemas políticos locales y el nacional, en procesos, actores, instituciones y relaciones articuladas; pero cuando entramos en el territorio de los sistemas políticos indígenas, estos dos modelos suelen impugnarse, entran en conflicto. (Ibíd.: 509).

A pesar de sus variantes, los sistemas de autoridad en las socio territorialidades, pasan por figuras de carácter político-institucional (como las autoridades municipales), de participación y representación social (como los Consejos de Desarrollo, las alcaldías auxiliares o comunitarias, los comités pro-mejoramiento), de carácter religioso (aj’ quij, sacerdotes, pastores) y toda una serie de figuras propias de los sistemas indígenas integrados que, como el observado en Totonicapán, contemplan un sistema amplio y complejo de cargos, que lo hacen ser, al mismo tiempo, un sistema político particular, desde el cual se diseñan estrategias de resistencia, a veces de negociación, y acciones contra decisiones del poder centralizado del Estado que atentan contra las formas de reproducción económica y social de las comunidades. (Ibíd.: 509-510)

Y es que la existencia de tales sistemas políticos, genera asimismo, que la ciudadanía como relación con el Estado dominante, se ejerza en este marco de sistemas políticos y de autoridad propios de los pueblos indígenas, fenómeno que encuentra a Totonicapán como uno de los sistemas políticos más estructurados, pero también otros sistemas ubicados en otros territorios. Es una ciudadanía, así entendida en Totonicapán, que aparece íntimamente vinculada con la identidad y la pertenencia a la comunidad local –con implicaciones también al pueblo en su conjunto y muchas veces a la identidad pan-étnica maya--, la que conlleva, al mismo tiempo otro conjunto de deberes y obligaciones diferenciadas a las que confiere el Estado a partir del principio de nacionalidad. Se trata de un conjunto de deberes, obligaciones y derechos como el servicio a la comunidad o el derecho de acceso al bosque comunal. En estos casos, es la comunidad organizada para su reproducción social y económica y mediante el orden jurídico y político que se dota, la que confiere el status de ciudadanía desde la comunidad, y establece quienes son admitidos y excluidos de ésta y como actuar en varios aspectos (como el referido al agua por ejemplo) en tanto parte de un actor colectivo frente al Estado.

Podemos hablar, entonces, de la existencia de prácticas y derechos ciudadanos que corresponden a diversas matrices y culturas políticas, que ponen en tela de juicio el principio de nacionalidad, según el cual la pertenencia a la nación -como comunidad mayor- es un elemento primario en la constitución de la ciudadanía. (Ibíd.: 527) Más aun, aparece una dimensión colectiva de la ciudadanía de los pueblos indígenas que implica una relación colectiva con el Estado. La consultas ciudadanas, las acciones de resistencia y oposición, como en el caso de Totonicapán, Sololá, Sipacapa, San Juan Sacatepequez entre tantos otros, e inclusive el ejercicio del voto no tienen solamente una dimensión individual y muchas veces el sujeto refiere a la comunidad o al pueblo indígena, a las autoridades y liderazgos comunitarios e indígenas funcionado como instancias de intermediación y canalización de demandas y necesidades colectivas, trascendiendo el papel asignado por el sistema político dominante a los partidos políticos. (Ibíd.: 527 y 530)

Lo anterior nos habla, entonces, del agotamiento histórico por lo menos de dos modelos. Por un lado, al agotamiento de un modelo de Estado-nación que no corresponde a la pluralidad de la sociedad guatemalteca y en particular a la existencia de sistemas políticos y formas de ciudadanía que trascienden su acepción liberal. Asistimos también al agotamiento de un modelo de régimen político, de origen colonial y oligárquico, que con sus diversas concreciones históricas desde la independencia del siglo XIX, y hoy tamizado como sistema político democrático, niega no solamente derechos individuales y colectivos, sino sistemas políticos estructurados propios de pueblos indígenas; por consiguiente, niega la diversidad de la sociedad guatemalteca. En esencia, entonces, hablamos del fracaso del modelo clásico de sistema político y por consiguiente del proyecto de Estado-nación impuesto.

Un asunto también polémico que resalta en esa discusión de la nación y el Estado, el de la identidad nacional versus las identidades étnicas. Es innegable el carácter multicultural, plurilingüe y multiétnico del país, la existencia de construcciones históricas que se concretan en configuraciones étnicas procedentes de matrices culturales diferenciadas, aun cuando contengan elementos que las hacen mestizas y que estén en constante relación. Es evidente la existencia de comunidades de cultura e identidad particulares, pero también es un hecho que tales comunidades –que no son cerradas- se ven –más o menos- como parte de una comunidad mayor. En ese sentido, es obvia la existencia de identidades étnicas y, al mismo tiempo, de una identidad nacional compartida que si bien es débil, encuentra en indicios empíricos su asiento de existencia. Y es que, todos, sin distingo nos sentimos parte de una comunidad nacional y nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, afirmación válida para segmentos étnicamente autodefinidos indagados en ocho municipios con características diversas (Quetzaltenango, Zacapa, San Marcos, Chimaltenango, Huehuetenango, Cobán, San Martín Jilotepeque y Colotenango), varios de los cuales, como se sabe, constituyen socioterritorialidades indígenas o mayoritariamente indígenas. Esto quiere decir, que ser maya o indígena no necesariamente significa dejar de sentirse parte de la nación guatemalteca, aunque se posean segmentos de cultura diferenciados de la cultura dominante, aun cuando se sea sujeto de derechos colectivos específicos o se viva en condiciones y se sienta ser objeto de discriminación y racismo por ser indígena. (Ibíd.: 513)

Las relaciones contradictorias entre colectividades con identidades étnicas diferenciadas, no necesariamente son contradictorias o excluyen la posibilidad de poseer una identidad nacional compartida, aunque su vivencia pueda diferir. De hecho, existen características objetivas y subjetivas comunes y un nivel de identidad en el cual todos sus miembros se imaginan a sí mismos como parte de esa comunidad mayor, tienen conciencia de pertenencia, ya sea por sentirse parte de un pasado y/o presente compartido –aun cuando sea visto como contradicción-- o por sentirse parte de un futuro común a construir. En todo caso se tiene un referente histórico: a partir de una visión de encuentro por razones de adscripción política a un Estado y por referencia a un territorio o una cultura “compartida”, o bien a partir de una visión de desencuentro o encontronazo por razones de clase, pueblo, etnia, género, entre otros elementos.

ALGUNOS ATREVIMIENTOS PRESCRIPTIVOS

Hablamos entonces que las evidencias empíricas y la incorporación de una perspectiva analítica e interpretativa compleja que trascienda la visión culturalista, que nos permita una reflexión sobre las condiciones actuales de la nación y el Estado en el contexto de la geopolítica regional, sumado a la recuperación de los sujetos colectivos, constituyen elementos esenciales para establecer el estado actual de la nación y el Estado. Hablamos, igualmente, que no obstante el fracaso del modelo y los cuestionamientos y problemas serios de gobernabilidad que presenta este Estado, éste no está en crisis. Sin embargo, es desde tal fracaso, agotamiento y problemas que puede generarse su transformación, para lo cual haría falta un sujeto o un conjunto de sujetos, con un proyecto y una estrategia coherente en esa dirección, que trascienda la resistencia.

Sin un proyecto político que transforme el Estado que nos han heredado las elites oligárquicas y en asenso, que considere las condiciones de coloniaje e imperialismo, que recupere una perspectiva de autonomía, pero también de soberanía y dignidad nacional, es imposible repensar con sentido estratégico no solamente la identidad nacional a construir sino las relaciones y el régimen político que den sustento a una Nación y un Estado donde todos los implicados podamos ser sujetos de un destino decidido y compartido.

En esa perspectiva y como condiciones mínimas, es necesario pensar la nueva nación como una posibilidad de sentirnos una comunidad diversa, una comunidad de comunidades, compartiendo un Estado que nos incluya, cuestionando la tesis de la inclusión liberal que predomina en nuestro contexto y asumiendo la tesis de inclusión de sujetos colectivos, ejerciendo derechos colectivos, incluido el derecho a la libre determinación que podría expresarse en un sistema de autonomías que debiera redefinir la división política y administrativa y las competencias. Una nación que se reconozca en sus relaciones históricas de opresión, discriminación y racismo, y se proyecte en un proyecto compartido, en donde encuentre cabida el individuo pero también el sujeto étnico colectivo: los pueblos autodefinidos étnicamente; en donde encuentre cabida la construcción de lo diverso y lo compartido, como modalidad de cohesión social sinérgica, marco en el cual se abran paso, sin opresión y no sin contradicción, la identidad étnica y la identidad nacional: una nación imaginada, no homogénea como ha pretendido vanamente el liberalismo, sino diversa, donde encuentra cimiento una nueva identidad nacional.

Pero como hemos visto y reiteramos, esto es posible siempre y cuando, concibamos ese proyecto y lo situemos en la lucha compartida por conquistar nuestros derechos colectivos en tanto pueblos y nuestra soberanía frente al capital y cualquier forma de imperialismo, abriéndole paso a procesos económicos y políticos propios de nación de comunidades, a la comunidad de comunidades. Pero esto pasa por una orientación que se plantee la construcción y toma del poder, pues el Estado mismo es instrumento imprescindible, en tanto objeto a transformar e instrumento para la construcción de la nueva nación. Preguntémonos por ejemplo: ¿Como lograr instituir un sistema político que reconozca sistemas políticos propios de los pueblos indígenas, sin tener en nuestras manos el Estado? Sin duda, desde la llanura, desde la resistencia, esto no será posible; pero tampoco será posible con estrategias liberales y con criterios de “ocupar espacios” que son expresión de esa reiterada lógica de inclusión-exclusión.

En esta dirección, antes que retroceder en reformas constitucionales fascistamente capitalistamente y oligárquicamente feudales como las propuestas por Pro-Reforma, es necesario considerar la necesaria refundación del Estado, de tal manera que refleje a la nación como comunidad de comunidades o pueblos, que tienda contundentemente a resolver la desigualdad, y no como organización de poder opresor y racista, al servicio de oligarquías e intereses transnacionales e imperiales.

BIBLIOGRAFÍA
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