Nación y Estado en Guatemala: una perspectiva desde y hacia la complejidad y algunos atrevimientos prescriptivos

Ponencia presentada al 8º. Congreso de Estudios Mayas “Multitulturalismo e Interculturalismo”, realizado en la Universidad Rafael Landívar, del 5 al 7 de agosto de 2009. Esta ponencia se basa en investigación empírica, principalmente plasmada en el texto Un Estado otra Nación: culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala (2008), de Belinda Ramos y Mario Sosa, producto de la política de investigación del INGEP. En ese sentido la responsabilidad del autor corresponde a algunos análisis e interpretaciones que le dan hilaridad e intención a esta ponencia.

Mario Sosa
Guatemala 6 de agosto de 2009.

Presentación

Esta ponencia trata de un conjunto de factores implicados en la configuración y proceso de la sociedad guatemalteca que hacen de la nación un constructo basado en relaciones de opresión, marginación y exclusión y un Estado que se sostiene en un régimen político el cual determina que los pueblos indígenas –así como otras entidades- no sean sujetos de su propio destino y, por consiguiente, actores fundamentales en su transformación para que responda a los intereses de todas las configuraciones socio étnicas que lo conformamos. En este sentido, el análisis e interpretación tendrán como ejes articuladores el tema de los sistemas políticos, las formas en las que se expresa la ciudadanía y el tema de la identidad nacional en un contexto multiétnico, lo cual será presentado en el primer apartado. En el segundo apartado, daremos un salto que esperamos también genere debate, especialmente por su orientación prescriptiva.

DE UNA PERSPECTIVA COMPLEJA SOBRE LA NACIÓN Y EL ESTADO

Hablar de Nación y Estado en la Guatemala de hoy, pasa por considerar un conjunto de factores que configuran ambas entidades. En ese sentido, un punto de partida es la constatación sobre la diversidad étnica que se expresa en la existencia de cosmovisiones, idiomas, literatura, conocimientos, vestimentas e identidades éticas particulares. Se expresa también en sistemas de salud y jurídicos, en formas de producción, organización, autoridad y representación política, todos con características comunes al mismo tiempo que diferenciadas, que encuentran en matrices socioculturales su ámbito de reproducción y se articulan en sistemas políticos propios, y, especialmente, en la existencia de sujetos colectivos: los pueblos indígenas, que se expresan en procesos económicos, políticos, sociales y culturales, en organizaciones, movimientos sociales, comunitarios y pan-étnicos a través de los cuales se reivindican y ejercen derechos en buena medida negados.

De tal manera que esta constatación nos afirma la necesidad de trascender referencias estrictamente culturales, para situar a los pueblos indígenas en específico, su relación con otras configuraciones socioculturales y con el conjunto de relaciones de las cuales hacen parte, en el marco del proceso histórico, el cual nos refiere a lo económico, político y social. Nos afirma, asimismo que pensar y proponer una nación y un Estado alternativos solamente desde la diversidad étnico-cultural, significa obviar aquel conjunto de variables que determinan las condiciones donde se encuentran los nudos problemáticos que nos impiden avanzar, al mismo tiempo, de manera práctica y estratégica.

En ese sentido, la nación, en su dimensión de realidad histórica y política, ha estado constituida por relaciones de coloniaje y ocupación, de explotación y opresión, de racismo y discriminación, en buena medida determinadas o condicionadas por las clases dominantes que, en tanto articulaciones de intereses internos y externos, han reproducido un régimen político basado en instituciones, concepciones, valores, normas y prácticas que han regulado y estructurado un sistema orientado a garantizar la acumulación de capital y poder en manos de elites que además de su carácter de clase se han caracterizado por su origen e identidad criolla, blanca o ligada a nacionalidades como la judía, alemana, anglosajona, entre otras. Es desde esta extracción social e identitaria que han reproducido un sistema de opresión histórica hacia los pueblos indígenas y sus posibilidades de ser sujetos de poder y, por consiguiente, sujetos de su destino; un sistema que han implantado en el ámbito de la sociedad civil y el Estado.

Es desde ahí que se han instituido un régimen en donde los sujetos colectivos de los pueblos indígenas no pueden ejercer poder estatal estratégico, que determina que la población indígena no pueda siquiera por la vía de la participación liberal acceder a mayores cuotas de poder correspondiente a su peso poblacional. Esto se constata cuanto se establece que, a pesar de ser quienes más participan, obtienen menos espacios de representación política (Ver Sáenz 2005), y, contrariamente, dicha participación hace parte del juego por garantizar la sucesión y relevo entre actores que representan, al final de cuentas, los intereses económicos y políticos de quienes históricamente han construido este Estado y han delineado muchas de las características de la nación.

Y es que el Estado, en su acepción actual, se funda en la aparente participación política, circunscrita esencialmente a la dimensión de ciudadano individualmente considerado y un sistema de partidos políticos que no garantiza la intermediación y representación, menos tratándose de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Es más, desde ese carácter liberal, la clase dominante a través de su Estado, ha propugnado por la homogeneización basada en su propio paradigma cultural, bajo el supuesto de que esto es garantía de fidelidad de la ciudadanía y de unidad nacional. Esto ha significado la imposición étnica y cultural (como el idioma, por ejemplo) sobre otros pueblos, etnias o nacionalidades, a través de implementar “lo oficial” y ejecutar políticas de genocidio, etnocidio, segregación o asimilación étnica que hoy transcurren por vías multi e interculturales que endulzan la reproducción de opresiones étnicas en los distintos ámbitos de las relaciones sociales y políticas.

Esto es así pues en su concepción y estrategia de poder, la oligarquía como núcleo que da orientación al proceso nacional (con intereses comunes aun cuando existan alianzas familiares y segmentos corporativos que entran en discordia por cuotas de poder económico y político), asume la homogeneidad como supuesto que le garantiza el control sobre el territorio y el mercado y, por consiguiente, la acumulación de capital. Al mismo tiempo utiliza la diversidad que tolera levemente como producto también de acumulación. Complementariedad entonces entre una búsqueda de homogeneidad administrativa, jurídica, política –por ejemplo- y, al mismo tiempo, un uso de la diversidad –como producto turístico e imágen-, que hace parte de la política de Estado, un Estado que le resulta necesario para la “unificación”, al mismo tiempo que para la subasta del país al capital transnacional y al imperio, como posibilidad de alianzas y mayor acumulación aun cuando lo hagan en condición de “súbditos”.

En ese mismo orden de ideas, los procesos de acumulación de capital, del interés de la oligarquía, del capital transnacional y del imperio de influencia, han configurado históricamente la nación y el Estado. Basta con recuperar las características esenciales del régimen colonial que trastocó procesos civilizatorios e impuso un régimen de opresión y explotación, de las reformas liberales del siglo XIX y los consiguientes despojos de tierras a pueblos indígenas, y de los procesos actuales que están reconfigurando los territorios a partir de intereses geopolíticos del capital transnacional y local que se reparten esferas, ámbitos, territorios, recursos, pueblos, comunidades, fuerza de trabajo, productos etno y eco turísticos, etc.

Esto es lo que determina en última instancia la política hacia la diversidad. De tal manera que en determinadas condiciones se propugna por la homogeneidad, especialmente cuando se identifica a los pueblos indígenas en sus acciones de resistencia a las formas de acumulación imperantes, como obstáculos y hasta factores terroristas –como los llega a definir el Departamento de Estado de EE.UU. En otras circunstancias, se propugna por la diversidad, especialmente cuando es vista como folklore y puede convertirse en mercancía turística o cuando se encuentra en ella la posibilidad de lograr resultados sin pasar por los poderes o burocracias centralizadas.

El Estado en particular ha sido construido de tal manera que garantiza palo pero no pan. Enfrenta, de hecho, profundas limitaciones para garantizar los derechos individuales y colectivos, y así es sentido en general por los guatemaltecos (Ramos y Sosa, 2008: 520). Ha sido achicado y disminuido en sus competencias para intervenir en las relaciones sociales y económicas y su orientación estratégica no se dirige a promover desarrollo equitativo sino a reproducir un modelo económico agroexportador reproductor de la desigualdad, y ha sido estructurado y organizado política y administrativamente para seguir negando y excluyendo a las grandes mayorías de la participación en la producción y control del poder político.

Es un Estado monoétnico, racista y excluyente que reproduce la marginación y exclusión étnica. Esto se constata al recuperar las características de la nación como entidad histórica heterogénea tanto en sus formas o expresiones jurídicas, como en las culturales y lingüísticas, en las políticas (atinentes a sistemas políticos) y en las económicas, donde se combinan formas de producción y reproducción diversas. Una entidad que ciertamente es contradictoria en su configuración histórica, entre el proyecto hegemónico monoétnico de nacionalidad —nación homogénea de ciudadanos libres e iguales ante la ley— y la concreción del proceso de producción y reproducción económica, frente a la imposibilidad de suprimir —mediante relaciones combinadas de explotación y opresión étnica— una configuración de identidades y entidades sociales diferenciadas, procedentes de distintas matrices socioculturales y pertenecientes a distintos procesos sociopolíticos. Una entidad donde existe una disociación entre la realidad política del Estado —configurado monoétnica, y oligárquicamente— y el sistema política y jurídicamente establecido por el Estado que articula partidos políticos —como mecanismos de acceso al poder político— y una lógica inclusiva al mismo tiempo que excluyente que se expresa en prácticas predominantes de cultura política —como el clientelismo, el prebendarismo, la corrupción y la cooptación— que permiten incluir a unos pocos para seguir excluyendo a la mayoría, individual y colectivamente consideradas, de la cuestionada democracia. (Ibíd.: 506).

De hecho, el poder social o de los pueblos queda reducido o confinado a los ámbitos locales y comunitarios, donde se ejercen formas de democracia directa (como las consultas ciudadanas o las asambleas comunitarias), subsisten y se configuran sistemas políticos locales (como el caso de Totonicapán), formas de autoridad y actores de poder (como las cofradías, autoridades religiosas, alcaldías indígenas y auxiliares), formas diversas de ciudadanía, de participación y toma de decisiones que el poder estatal y los partidos políticos niegan, reprimen o —en el mejor de los casos— con los cuales se “dialoga” y “negocia” siempre en condición de ventaja. Además existen sistemas políticos indígenas, con instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, reglas de funcionamiento, normas y costumbres que regulan y estructuran relaciones sociopolíticas al interior de las comunidades y pueblos indígenas, y que tienden a proyectarse hacia el exterior —especialmente cuando la comunidad se ve amenazada— que no son reconocidos por el sistema político dominante.

Existe, entonces, además del sistema jurídicamente establecido e impuesto, un conjunto de sistemas locales indígenas, que se rigen por instituciones, procedimientos, normativas de carácter específico. Estos sistemas políticos están articulados además a sistemas económicos, culturales y sociales particulares de carácter regional y con vínculos especiales con el nacional y global. Como parte de esta variedad, el estudio de Ramos y Sosa también muestra en los distintos contextos locales, la existencia de culturas políticas, formas de organización, participación, representación, autoridad, intermediación, así como procesos y actores comunes y diferenciados a los del sistema político dominante, aunque en determinados procesos de forma articulada, a veces de manera contradictoria y casi siempre articulándose a esa lógica incluyente-excluyente antes referida. (Ibíd.: 508)

Íntimamente relacionado con lo anterior, también se constata la existencia de una dimensión homogénea y altamente concentrada y concentradora en la cúspide correspondiente a un modelo implantado de democracia liberal-representativa-elitista, que se asienta sobre una configuración histórica autoritaria de organización del poder de origen colonial y neocolonial; mientras que en la base encontramos formas de ejercicio del poder, de ciudadanía, de representación, sistemas de autoridad, formas de intermediación, valores, creencias, cosmovisiones y prácticas que moldean la política y lo político, que se articulan en expresiones de democracia participativa y directa en territorios principalmente correspondientes a pueblos indígenas, tal el caso de las históricas consultas comunitarias, hoy renovadas en la lucha contra la minería. Cuando hablamos de los sistemas locales, estas dos expresiones de democracia –la dominante y la alternativa- a veces se complementan, de hecho existe una interfase entre los sistemas políticos locales y el nacional, en procesos, actores, instituciones y relaciones articuladas; pero cuando entramos en el territorio de los sistemas políticos indígenas, estos dos modelos suelen impugnarse, entran en conflicto. (Ibíd.: 509).

A pesar de sus variantes, los sistemas de autoridad en las socio territorialidades, pasan por figuras de carácter político-institucional (como las autoridades municipales), de participación y representación social (como los Consejos de Desarrollo, las alcaldías auxiliares o comunitarias, los comités pro-mejoramiento), de carácter religioso (aj’ quij, sacerdotes, pastores) y toda una serie de figuras propias de los sistemas indígenas integrados que, como el observado en Totonicapán, contemplan un sistema amplio y complejo de cargos, que lo hacen ser, al mismo tiempo, un sistema político particular, desde el cual se diseñan estrategias de resistencia, a veces de negociación, y acciones contra decisiones del poder centralizado del Estado que atentan contra las formas de reproducción económica y social de las comunidades. (Ibíd.: 509-510)

Y es que la existencia de tales sistemas políticos, genera asimismo, que la ciudadanía como relación con el Estado dominante, se ejerza en este marco de sistemas políticos y de autoridad propios de los pueblos indígenas, fenómeno que encuentra a Totonicapán como uno de los sistemas políticos más estructurados, pero también otros sistemas ubicados en otros territorios. Es una ciudadanía, así entendida en Totonicapán, que aparece íntimamente vinculada con la identidad y la pertenencia a la comunidad local –con implicaciones también al pueblo en su conjunto y muchas veces a la identidad pan-étnica maya--, la que conlleva, al mismo tiempo otro conjunto de deberes y obligaciones diferenciadas a las que confiere el Estado a partir del principio de nacionalidad. Se trata de un conjunto de deberes, obligaciones y derechos como el servicio a la comunidad o el derecho de acceso al bosque comunal. En estos casos, es la comunidad organizada para su reproducción social y económica y mediante el orden jurídico y político que se dota, la que confiere el status de ciudadanía desde la comunidad, y establece quienes son admitidos y excluidos de ésta y como actuar en varios aspectos (como el referido al agua por ejemplo) en tanto parte de un actor colectivo frente al Estado.

Podemos hablar, entonces, de la existencia de prácticas y derechos ciudadanos que corresponden a diversas matrices y culturas políticas, que ponen en tela de juicio el principio de nacionalidad, según el cual la pertenencia a la nación -como comunidad mayor- es un elemento primario en la constitución de la ciudadanía. (Ibíd.: 527) Más aun, aparece una dimensión colectiva de la ciudadanía de los pueblos indígenas que implica una relación colectiva con el Estado. La consultas ciudadanas, las acciones de resistencia y oposición, como en el caso de Totonicapán, Sololá, Sipacapa, San Juan Sacatepequez entre tantos otros, e inclusive el ejercicio del voto no tienen solamente una dimensión individual y muchas veces el sujeto refiere a la comunidad o al pueblo indígena, a las autoridades y liderazgos comunitarios e indígenas funcionado como instancias de intermediación y canalización de demandas y necesidades colectivas, trascendiendo el papel asignado por el sistema político dominante a los partidos políticos. (Ibíd.: 527 y 530)

Lo anterior nos habla, entonces, del agotamiento histórico por lo menos de dos modelos. Por un lado, al agotamiento de un modelo de Estado-nación que no corresponde a la pluralidad de la sociedad guatemalteca y en particular a la existencia de sistemas políticos y formas de ciudadanía que trascienden su acepción liberal. Asistimos también al agotamiento de un modelo de régimen político, de origen colonial y oligárquico, que con sus diversas concreciones históricas desde la independencia del siglo XIX, y hoy tamizado como sistema político democrático, niega no solamente derechos individuales y colectivos, sino sistemas políticos estructurados propios de pueblos indígenas; por consiguiente, niega la diversidad de la sociedad guatemalteca. En esencia, entonces, hablamos del fracaso del modelo clásico de sistema político y por consiguiente del proyecto de Estado-nación impuesto.

Un asunto también polémico que resalta en esa discusión de la nación y el Estado, el de la identidad nacional versus las identidades étnicas. Es innegable el carácter multicultural, plurilingüe y multiétnico del país, la existencia de construcciones históricas que se concretan en configuraciones étnicas procedentes de matrices culturales diferenciadas, aun cuando contengan elementos que las hacen mestizas y que estén en constante relación. Es evidente la existencia de comunidades de cultura e identidad particulares, pero también es un hecho que tales comunidades –que no son cerradas- se ven –más o menos- como parte de una comunidad mayor. En ese sentido, es obvia la existencia de identidades étnicas y, al mismo tiempo, de una identidad nacional compartida que si bien es débil, encuentra en indicios empíricos su asiento de existencia. Y es que, todos, sin distingo nos sentimos parte de una comunidad nacional y nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, afirmación válida para segmentos étnicamente autodefinidos indagados en ocho municipios con características diversas (Quetzaltenango, Zacapa, San Marcos, Chimaltenango, Huehuetenango, Cobán, San Martín Jilotepeque y Colotenango), varios de los cuales, como se sabe, constituyen socioterritorialidades indígenas o mayoritariamente indígenas. Esto quiere decir, que ser maya o indígena no necesariamente significa dejar de sentirse parte de la nación guatemalteca, aunque se posean segmentos de cultura diferenciados de la cultura dominante, aun cuando se sea sujeto de derechos colectivos específicos o se viva en condiciones y se sienta ser objeto de discriminación y racismo por ser indígena. (Ibíd.: 513)

Las relaciones contradictorias entre colectividades con identidades étnicas diferenciadas, no necesariamente son contradictorias o excluyen la posibilidad de poseer una identidad nacional compartida, aunque su vivencia pueda diferir. De hecho, existen características objetivas y subjetivas comunes y un nivel de identidad en el cual todos sus miembros se imaginan a sí mismos como parte de esa comunidad mayor, tienen conciencia de pertenencia, ya sea por sentirse parte de un pasado y/o presente compartido –aun cuando sea visto como contradicción-- o por sentirse parte de un futuro común a construir. En todo caso se tiene un referente histórico: a partir de una visión de encuentro por razones de adscripción política a un Estado y por referencia a un territorio o una cultura “compartida”, o bien a partir de una visión de desencuentro o encontronazo por razones de clase, pueblo, etnia, género, entre otros elementos.

ALGUNOS ATREVIMIENTOS PRESCRIPTIVOS

Hablamos entonces que las evidencias empíricas y la incorporación de una perspectiva analítica e interpretativa compleja que trascienda la visión culturalista, que nos permita una reflexión sobre las condiciones actuales de la nación y el Estado en el contexto de la geopolítica regional, sumado a la recuperación de los sujetos colectivos, constituyen elementos esenciales para establecer el estado actual de la nación y el Estado. Hablamos, igualmente, que no obstante el fracaso del modelo y los cuestionamientos y problemas serios de gobernabilidad que presenta este Estado, éste no está en crisis. Sin embargo, es desde tal fracaso, agotamiento y problemas que puede generarse su transformación, para lo cual haría falta un sujeto o un conjunto de sujetos, con un proyecto y una estrategia coherente en esa dirección, que trascienda la resistencia.

Sin un proyecto político que transforme el Estado que nos han heredado las elites oligárquicas y en asenso, que considere las condiciones de coloniaje e imperialismo, que recupere una perspectiva de autonomía, pero también de soberanía y dignidad nacional, es imposible repensar con sentido estratégico no solamente la identidad nacional a construir sino las relaciones y el régimen político que den sustento a una Nación y un Estado donde todos los implicados podamos ser sujetos de un destino decidido y compartido.

En esa perspectiva y como condiciones mínimas, es necesario pensar la nueva nación como una posibilidad de sentirnos una comunidad diversa, una comunidad de comunidades, compartiendo un Estado que nos incluya, cuestionando la tesis de la inclusión liberal que predomina en nuestro contexto y asumiendo la tesis de inclusión de sujetos colectivos, ejerciendo derechos colectivos, incluido el derecho a la libre determinación que podría expresarse en un sistema de autonomías que debiera redefinir la división política y administrativa y las competencias. Una nación que se reconozca en sus relaciones históricas de opresión, discriminación y racismo, y se proyecte en un proyecto compartido, en donde encuentre cabida el individuo pero también el sujeto étnico colectivo: los pueblos autodefinidos étnicamente; en donde encuentre cabida la construcción de lo diverso y lo compartido, como modalidad de cohesión social sinérgica, marco en el cual se abran paso, sin opresión y no sin contradicción, la identidad étnica y la identidad nacional: una nación imaginada, no homogénea como ha pretendido vanamente el liberalismo, sino diversa, donde encuentra cimiento una nueva identidad nacional.

Pero como hemos visto y reiteramos, esto es posible siempre y cuando, concibamos ese proyecto y lo situemos en la lucha compartida por conquistar nuestros derechos colectivos en tanto pueblos y nuestra soberanía frente al capital y cualquier forma de imperialismo, abriéndole paso a procesos económicos y políticos propios de nación de comunidades, a la comunidad de comunidades. Pero esto pasa por una orientación que se plantee la construcción y toma del poder, pues el Estado mismo es instrumento imprescindible, en tanto objeto a transformar e instrumento para la construcción de la nueva nación. Preguntémonos por ejemplo: ¿Como lograr instituir un sistema político que reconozca sistemas políticos propios de los pueblos indígenas, sin tener en nuestras manos el Estado? Sin duda, desde la llanura, desde la resistencia, esto no será posible; pero tampoco será posible con estrategias liberales y con criterios de “ocupar espacios” que son expresión de esa reiterada lógica de inclusión-exclusión.

En esta dirección, antes que retroceder en reformas constitucionales fascistamente capitalistamente y oligárquicamente feudales como las propuestas por Pro-Reforma, es necesario considerar la necesaria refundación del Estado, de tal manera que refleje a la nación como comunidad de comunidades o pueblos, que tienda contundentemente a resolver la desigualdad, y no como organización de poder opresor y racista, al servicio de oligarquías e intereses transnacionales e imperiales.

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