Esta ponencia, presentada al Foro de Universidades Jesuitas “Realidad geopolítica, realidad centroamericana y Universidad”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala 28 y 29 de octubre de 2009, se fundamenta en datos empíricos producto de observación directa, consulta de fuentes de organizaciones indígenas y campesinas, fuentes periodísticas y en textos propios y de otros académicos, así como en dos estudios: “Un Estado otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación política en Guatemala, de Ramos, Belinda y Mario Sosa, publicado en 2008 por el INGEP-URL, y Gestión Ambiental y gobernabilidad local, de Sosa, Mario y Carlos Quezada (en edición), por el IARNA e INGEP. Sin embargo, por la necesidad de síntesis, se excluyen muchas referencias empíricas y se abona sobretodo en el análisis e interpretación necesaria para abonar al debate pretendido en este Seminario.
Mario Sosa
En Realidad geopolítica, situación centroamericana y universidad. Memoria del Foro Regional de Universidades Jesuitas. INTRAPAZ-URL y Konrad Adenauer Stiftung, marzo 2010, pp. 72-83.
La historia de nuestros países centroamericanos, desde la invasión española, ha estado determinada por distintas etapas de acumulación de capital que han implicado nuevos y renovados despojos de los territorios y medios de vida vitales de los pueblos originarios, legales o ilegales, todos ellos ilegítimos. Tales etapas han sido aparejadas con regímenes políticos de opresión, algunos más represivos que otros, dependiendo de las necesidades de expolio y apaciguamiento de la resistencia que han presentado tales pueblos y movimientos que de ellos emanan.
En este marco, los pueblos indígenas han sido orillados a territorios carentes de atractivo extractivo o expoliador por parte del capital, pensados como los reservorios de fuerza de trabajo semiesclava o barata, o como masa de electores que garanticen la sustitución de unas elites por otras en el poder. De tal manera que estos han sido los segmentos principales de la población que, en el marco de nuestros Estados, han padecido los avatares de los intereses de las fuerzas principales del capital y sus consecuencias en materia de condiciones sociales, económicas y políticas, altamente cargadas de discriminación y racismo como justificación y como sistema para reproducir su opresión y exclusión. Son sujetos que en materia de derechos se encuentran con mayores rezagos en la posibilidad de ejercer ciudadanía, ya no digamos derechos de carácter colectivo.
Esto se sigue registrando en la actualidad. Así, el modelo económico actual, como organización para la acumulación de capital que se impulsa en Guatemala y, con diferencias secundarias, en los países centroamericanos en general, se basa en una estructura agraria concentradora de la tierra y con fuerte desigualdad en el acceso a medios de producción y capital para población campesina e indígena, fuerzas productivas dependientes y atrasadas, orientado y dependiente del mercado internacional en su calidad de productor de materias primas. Es un modelo que se adecúa no solamente a ese papel, sino a los vaivenes de la demanda internacional y los ejes principales de acumulación que hoy resultan ser tres: la instalación y expansión de mega cultivos para la producción de agro combustibles y aceites (palma africana, piñón, caña de azúcar, otros), la explotación minera, petrolera, y los mega proyectos, tal el caso de las grandes represas ligadas a la distribución y servicio de energía que representa altas ganancias, carreteras como la FTN y los proyectos etno-eco-turísticos de alto impacto como el Parque de los Cuatro Balam para la región de El Petén. (Para ampliar ver El Observador, Nos. 19
Dicho modelo, en la medida que tiende a acrecentar la acumulación de tierras y territorios, no solamente está ampliando aceleradamente la frontera agrícola y extractiva (como sucede en áreas como el Polochic), sino continúa el proceso histórico de disminución de áreas de cultivo de alimentos y la apropiación y privatización de recursos vitales y estratégicos como el agua, minerales, bosques, aceleración del deterioro de la naturaleza, cadenas productivas y comerciales principales con mayor concentración, disminución de fuentes de empleo, expulsión de población, aparejado de una política consistente en la re militarización de los territorios locales-regionales y la criminalización de la lucha social en general, todas estas condiciones generadoras de conflictividad.
En este marco, hoy como durante la colonia y el régimen oligárquico de la república cafetalera, los pueblos indígenas —sus territorios, cultura, organización sociopolítica— son los más afectados — no solamente en Guatemala, sino en el continente—, pues están siendo amenazados sus medios vitales de vida. En ese sentido, no es casual que determinadas configuraciones sociales con identidades étnicas —como la maya—, que basándose en los recursos culturales que disponen, redefinen su posición en la sociedad, desarrollan un conjunto de acciones de resistencia, se plantean una visión de la sociedad en la que no quieren vivir y en la que querrían hacerlo, buscando de esta manera la transformación de la estructura social sea entendida desde una perspectiva de clase, de étnica o de ambas. (Ver Ramos y Sosa, 2008: 506)
Esta resistencia de los pueblos indígenas, en general, está transcurriendo a partir de dos formas de acción política íntimamente relaciones: como movimiento social, particularmente como campesino y e indígena, y como movilización de comunidades y pueblos, que por razones analíticas y por la importancia de las mediaciones organizativas que intervienen se separan, aunque podrían ser analizadas como parte de un todo.
De la acción política desde las comunidades y pueblos indígenas
Esta forma de acción política del sujeto indígena ha estado históricamente presente en formas de acción como los llamados “motines de indios” durante de época colonial, que desde los “pueblos de indios” expresaban su rebeldía ante la esclavitud, la semi esclavitud, los aumentos impositivos, los tratos crueles, etc. Ha actuado a través de sus formas de organización, autoridad y representación política, expresadas por ejemplo, como comunidades, pueblos circunscritos a entidades municipales y alcaldías indígenas, formas que conllevan procesos normativos, organizativos y de poder históricos y que son la expresión de entidades con etnicidad e identidad étnica diferenciada al interior del Estado-nación. Como tal, han sido siempre formas de acción colectiva en contra de la explotación y opresión, en defensa de sus medios de vida vital y por la reapropiación del territorio, que en determinados contextos han constituido formas de autogobierno a veces tuteladas o impuestas, pero finalmente formas de autonomía con distintas posibilidades de decisión y movilización social sobre asuntos que les afectan.
Es ahí donde se entienden las comunidades y pueblos indígenas que en la actualidad se movilizan por la defensa de sus recursos, territorios y derechos colectivos, una de cuyas formas principales hoy se expresa en la realización autogestionada de consultas comunitarias o ciudadanas, en la cuales se está decidiendo de manera colectiva sobre actividades económicas, principalmente extractivas (como la minería a cielo abierto), aunque en algunos casos también referidas a represas y últimamente a las empresas transnacionales que sirven energía eléctrica a precios y condiciones cuestionadas.
Las consultas comunitarias, que se han realizado en cerca de 30 municipios, principalmente en el occidente del país, hoy constituyen una expresión de búsqueda de ejercer derechos que, en tanto vinculan a sus formas de organización, autoridad y representación, a poblaciones enteras, aunque vinculen en el proceso a gobiernos municipales que son representación estatal en los municipios y otras instituciones ubicadas en el ámbito de la sociedad civil, también pueden ser interpretadas como un proceso de empoderamiento y apoderamiento, germen de formas de autogobierno o autonomía de hecho.
A través de este tipo de procedimientos, legales, legítimos y pacíficos, han decidido su desacuerdo a la minería, lo que es decir a concreciones de un modelo de desarrollo que garantiza la explotación y el saqueo a manos de elites empresariales, locales y transnacionales, y que resulta contrario a los intereses mayoritarios, al bien común.
El caso de Sipacapa
San Marcos, como otras regiones del país, es objeto de interés para la actividad minera, generación de energía eléctrica y proyectos etno-eco turísticos, como formas de acumulación de capital principalmente en manos de transnacionales, los cuales en muy poco benefician los procesos de desarrollo productivos soberanos en general y de los pueblos indígenas en particular. En este contexto, en el territorio de San Miguel Ixtahuacán (mam) y Sipacapa (sipakapense) se implantó el Proyecto Minero Marlin, de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, el cual constituyó una imposición a dos pueblos que reivindican su derecho a ser sujetos en este tipo de procesos.
Mas allá de las gestiones en materia ambiental y social, fuertemente cuestionadas por diversidad de actores nacionales, regionales y locales, la empresa Montana ha venido desarrollando campañas de propaganda y proyectos de distinto tipo orientados a sectores o comunidades de influencia directa e indirecta, con el objetivo de lograr la aceptación de sus actividades en un contexto de beneplácito de sucesivos gobiernos. Sin embargo, los prontos cuestionamientos sociales, políticos y ambientales surgidos, hacen que desde el inicio de su construcción (2003) se constituya en un detonante sociopolítico en el ámbito regional y local. Desde el inicio, el proyecto minero Marlin generó oposición de diversos movimientos y sectores, incluidos líderes y comunidades sipakapenses que participaron en movilización sucedidas desde inicios del 2004
Sintéticamente y sin entrar a los pormenores del proyecto minero, las características de su imposición, así como de una descripción detallada del caso que puede ser consultado en el estudio “Gestión ambiental en territorios en disputa”, en Sipacapa asistimos a un proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, y la movilización se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.
Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Y esto ha estado cimentado en la identidad étnica, la cual jugó un papel relevante en los discursos , reivindicaciones, defensa de derechos colectivos y en la retoma de un sentido colectivo referido a la colectividad sipakapense y su territorio, ante el proyecto minero que fue visto como una incursión y apropiación externa.
La consulta comunitaria significó la búsqueda de defensa y reapropiación del territorio a partir de plantear un valor diferenciado sobre la naturaleza, no como mercancía, y sobre la cual se plantean derechos colectivos, étnicos en este caso. Y es que, como afirma Enrique Leff, “La reapropiación cultural de la naturaleza entraña una política del ser y del tiempo, de la identidad y de la diferencia que están arraigadas en la tierra, incorporadas en el Ser y hechas historia a través del tiempo… de formas de significación como construcción de sus territorios de vida.” (2004: 395) que se confronta a las formas de apropiación del territorio que realiza el capital y el Estado.
Los actores étnicos locales han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal y su apropiación, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de capital, como apropiación y explotación de recursos naturales. Tal estrategia permite concretar un proceso de apoderamiento y empoderamiento desde sus formas de organización, autoridad y representación comunitaria y sectoriales, tradicionales y novedosas, asumiendo la instancia estatal más importante en la localidad: el gobierno municipal, en dirección a demandar y reivindicar derechos colectivos y a potenciar como idea fuerza la constitución del pueblo sipakapense que reivindica su derecho a ser sujeto de su proceso de desarrollo.
Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada. Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas, la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la naturaleza, entre otros.
En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y contradictorio.
Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité cívico –una especie de partido político local-- que configura un nuevo gobierno municipal que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE, gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada: el pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa del territorio.
Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.
Trascendiendo la visión e intereses transnacionales y de la institucionalidad que apera en función de estos, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la institucionalidad y la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local, constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.
Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso en donde aparece la política minera, en buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y políticas que fundamentan el proceso desde lo local, pero también una normativa que impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está perfilando en el municipio. En este sentido, el proceso que privilegia la acción gubernamental y lo público institucional nacional y su real o potencial eficacia y legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y ambientales del territorio local.
En estos territorios en disputa, se observa claros obstáculos para el impulso de proyectos productivos de alto impacto debido a que se carece del acuerdo social, con base no solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales el Estado está llamado a garantizar. Esto debido a que la acción gubernamental, lo público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios (equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.
El caso de Sipacapa ilustra un proceso procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de autonomía o autogobierno local con una lógica y con contenidos y formas diferentes, la política pública pretendida desde lo global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones para su impugnación.
En ese sentido, un proceso democrático supone la representación, la participación, la legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar. Esto, en buena medida tiene mayores posibilidades de concretarse desde el proceso de autogobierno o autonomía indígena, y menos posibilidades desde la imposición manifiesta en las política minera, de seguridad e inclusive ambiental del Estado, y menos aun en los intereses extractivos del capital transnacional ahí presente.
Es ahí donde da inicio –que también es continuidad—un proceso autonómico del pueblo sipakapense, una autonomía entendida como proceso de empoderamiento y apoderamiento plasmado en una forma de autogobierno que se ejerce en el marco del régimen político establecido, que procede de la comunidad y que pasa por el gobierno municipal que es visto como autoridad local, antes que autoridad estatal, ha sido ejercida en confrontación al capital transnacional, en particular a una de sus principales formas de acumulación que sin duda puede ser interpretada como expolio.
No hablamos de una forma teóricamente concebida o definida, sino de un proceso sintetizado en el gobierno comunitario/municipal, como proceso actual y desde la perspectiva e intereses autodefinidos por el sujeto colectivo: el pueblo sipakapense. Hablamos de una forma de autogobierno que sin duda resulta de un proceso histórico y de una re semantización del gobierno municipal, que ha pasado de ser representación del Estado –que formalmente y realmente sigue siéndolo en varios aspectos--a ser representación política propia. Esta autonomía ha sido un ejercicio contra aquella institucionalidad del Estado cuyas decisiones y políticas de participación, minera –especialmente en su defensa de la minería- y ambiental, han sido cuestionadas, frenadas y redefinidas, no por una ciudadanía a secas, sino por un sujeto colectivo de carácter étnico.
Este proceso, basado en un acuerdo social como expresión de una nueva hegemonía local, establece el marco de lo que es posible hacer y la posibilidad de relación política e institucional en el contexto local, incluida la política gubernamental. Es desde este proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una autogestión (que no significa renunciar a recursos externos y estatales) que se encamine a potenciar las decisiones alcanzadas y los objetivos y resultados planteados.
El sujeto de este proceso autonómico, el pueblo sipakapense, aparece rebelde contra el Estado-nacional que lo niega en las decisiones trascendentales que les afectan directa e indirectamente, que lo oprime con la imposición de proyectos económicos del interés del capital transnacional y nacional que lo amenaza con despojarlos de sus recursos (tierras, territorios) y, por consiguiente, de su ambiente vital. Es un sujeto que surge o resurge con legitimidad y apropiándose de parte de la legalidad, poniendo en cuestión la institucionalidad del poder utilizada para crear las condiciones para la acumulación y garantizar el dominio de los intereses del capital. De hecho, es un sujeto que se enfrenta a las formas de acumulación de capital y a las formas de representación de la democracia liberal-representativa-elitista imperante. Además de rechazar la minería, también lo ha hecho con las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada y, como parte de ésta, con los partidos políticos, en tanto estos entes llamados teóricamente a ser los intermediarios y representantes de la ciudadanía ante el Estado no se vinculan y no logran representar e intermediar los intereses procedentes de sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Contrariamente, dicho sujeto étnico constituye una expresión de democracia entendida como construcción de poder con implicaciones de autogobierno desde abajo, con carácter ético y más horizontal, ligado a la cotidianeidad y ser de las comunidades, surgido de las formas propias de organización, autoridad y representación.
De hecho, este proceso de autonomía se asienta en el carácter dado a la pregunta que se formuló para la consulta comunitaria y en la decisión mayoritaria alcanzada a favor del “No a la minería” y que se opone a la imposición y el carácter injusto de la política y explotación minera. Una pregunta y respuesta que conlleva la reivindicación de autonomía local, social y política, que se plasma en su derecho a decidir. Una autonomía en la cual ha sido esencial la decisión, estrategia y dirigencia política propia, que ha sabido apropiarse de legislación nacional que le faculta avanzar en esa dirección. Una autonomía que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada, como consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica; identidad que se expresa y articula como discurso y práctica sociopolítica y que se potencia a partir de la defensa del territorio.
Este proceso autonómico conlleva el cuestionamiento al modelo de “desarrollo” impulsado por el Estado, evidencia las contradicciones de la institucionalidad y política estatal (entre la política minera y ambiental, por ejemplo) y concreta el impulso de un modelo de desarrollo y política alternativa. Asistimos a un proceso en el cual, desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo, la apropiación de los recursos de un territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y potencialidades. Implica un proceso de participación y representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
El proceso de Sipacapa constituye una experiencia que enseña un proceso de revalorización y reapropiación sociopolítica y productiva del territorio, basado en objetivos que pueden ser catalogados en el marco del desarrollo sostenible, que se fundamenta en una perspectiva étnica en la cual emerge el ser de pueblo sipakapense, que reivindica su concepción y su derecho a ser sujeto.
Desde el pueblo sipakapense, desde sus actores hegemónicos, se ha fortalecido una concepción del desarrollo que es autodefinida como legítima, pues plasma sus intereses y objetivos en la defensa de los recursos naturales, el ambiente, la salud, entre otros elementos. Es una concepción en la cual se ubican como sujetos y no como objetos del desarrollo y, en ese sentido, reivindican un conjunto de derechos individuales y colectivos que como ciudadanos y pueblo les asiste según la normativa nacional plasmada en la Constitución Política de la República y en instrumentos legales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y el Convenio 169.
Este proceso autonómico ha tenido implicaciones todavía parciales en el ámbito de la producción, pero sustanciales en las posibilidades y limitaciones en torno al territorio, el ambiente y los elementos de la naturaleza, al gobierno local, la conflictividad, la cultura política y la participación social y comunitaria. Sus posibilidades, no obstante, pueden ser objeto de regresión a menos que se trascienda la oposición a la minería y se avance en la articulación y apropiación colectiva de un proyecto político compartido, que se plasme en políticas organizadas, sistemáticas y logrando resultados concretos que permitan disminuir la dependencia y la opresión que es ejercida por poderes económicos como el capital y políticos como el Estado oligárquico y mono cultural.
La autonomía étnica, entonces, no es algo etéreo, teórico y nebuloso, sino un proceso de ejercicio de poder desde abajo, desde el sujeto étnico por excelencia: el pueblo indígena, en defensa de sus derechos y de su territorio como ámbito esencial de vida ante un modelo de acumulación de capital que lo amenaza, desarrollando y potenciando sus formas de organización, autoridad y representación política (incluidas comunidades mestizas como representación del “Otro” que no lo es en todo sentido) y avanzando en competencias que le permitan ser sujeto de su propio destino. Es, en el caso de Sipacapa, un proceso de resistencia hacia el empoderamiento y apoderamiento como sujeto colectivo.
De la acción política como movimiento campesino e indígena
Esta se expresa como movimiento campesino y como movimiento indígena –muchas veces indisolubles-, dependiendo de lo que el liderazgo o las mediaciones organizativas determinan como más importante de reivindicar discursivamente y en los proceso de diálogo y búsqueda de negociación en los cuales han participado. Así se mezclan intereses y demandas relativas a la tierra, al crédito, a insumos necesarios para la reproducción de la producción campesina –con todo lo heterogénea que puede resultar en nuestro contexto-, con otro tipo de planteamientos relacionados con la defensa de los territorios indígenas y en oposición a mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas. En este sentido, aun con su heterogeneidad y fragmentación, es manifiesta la búsqueda por incidir en la gestión gubernamental, principalmente, tratando de abrir espacios de diálogo y negociación, hasta el momento con mínimos resultados que responden a su capacidad organizativa y política y a sucesivos gobiernos gestores de la estructura y modelo económico imperante.
Es indudable que en ambas dimensiones de movilización, los pueblos indígenas expresan el cuestionamiento profundo no solamente al modelo económico sino al régimen y sucesivos gobiernos lo sostienen. Hacen explícito dos conflictos principales de la formación social guatemalteca: el relativo a las clases sociales y a la configuración étnica. En su expresión de comunidades y pueblos, cuestionan al régimen que reproduce las condiciones económicas, sociales y políticas que reproducen el expolio y la opresión étnica, y en su expresión de clase campesinas, se enfrentan al capital local y transnacional que amenaza sus condiciones ya paupérrimas de reproducción.
En ambos casos pueden ser concebidos como parte de un movimiento social de carácter étnico. Son formas de acción colectiva que se enraízan en la historia, en el carácter de la nación y el Estado, en la estructura social y sus contradicciones, en este caso ubicada en las características el modelo económico imperante. Es desde ahí que se cuestiona el régimen económico y jurídico a través de ocupaciones de tierras, toma de carreteras, que han tenido respuestas ideológicas (como la criminalización de la lucha social), represivas (desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, persecución legal y enjuiciamiento a líderes indígenas y campesinos) y políticas (de cooptación a partir de espacios de diálogo dilatorio, inclusión al asistencialismo gubernamental como en la política llamada de cohesión social), todo ello para controlar sus expresiones, aunque en este caso, quienes ejercen el poder han tendido a realizar algunas concesiones como la suspensión momentánea de licencias de exploración y explotación minera.
Es palpable como a través de las expresiones de movimiento campesino e indígena, como de la acción procedente desde las comunidades y pueblos, han potenciado una legitimidad que tiene su asiento en el ser étnico, con interpretaciones y adhesiones actuales que se manifiestan en asumir la legalidad al basar la consultas, por ejemplo, en leyes establecidas, desde donde han encontrado sustento para hacer valer política y jurídicamente sus formas de consulta y decisión ante asuntos de interés colectivo, aun cuando el mismo régimen, a través de empresas transnacionales y la misma institucionalidad estatal, han accionado para impedir el carácter vinculante de tales decisiones. Pero también se observa esta legitimidad asentada en el ser social antes que en el régimen político, cuando se activan las formas de organización, autoridad y representación política propia de tales comunidades y pueblos, cuando se retoman normas, códigos éticos y políticos que rigen la búsqueda de ser sujetos colectivos en la lucha contra la minería, generando luchas contenidas de significados sobre lo que es bueno para la comunidad, sobre los comportamientos y relaciones aceptadas, sobre las prácticas de poder –en este caso mas horizontales, como expresión de democracia participativa y directa- que se hacen manifiestas en discursos y prácticas que limitan la posibilidad de maniobra política no solamente de las empresas extractivas sino de las representaciones estatales que actúan como operadoras de estas últimas, antes que de las comunidades y pueblos indígenas.
En especial la movilización de comunidades y pueblos han resultado de la confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de ONG, de expresiones religiosas –como parroquias y comunidades de base católicas- y liderazgos y redes que, asentados en la cotidianeidad territorial, han logrado concretar lo que a nivel nacional ha resultado en la coyuntura actual imposible, y han constituido un poder que ha configurado una correlación de fuerzas local favorable a la constitución de sujetos colectivos heterogéneos pero unificados en el objetivo de realizar las consultas ciudadanas y lograr el triunfo de la oposición a la minería, o no ha dejado mas opción que apoyarlas, tal el caso de autoridades municipales que manifestaron renuncia.
En ambas dimensiones de acción colectiva ha estado presente, asimismo, la identidad étnica y campesina, a veces íntimamente relacionada por los liderazgos y organizaciones mediadoras, que expresan una autoidentificación y un origen que traducido en elementos de cosmovisión, de auto historicidad, etc. Han constituido ideas fuerzas del sentido de pertenencia a una entidad social común (el pueblo indígena particular o el pueblo maya en general) y, por consiguiente, un factor de primer orden en la concepción, la adhesión y movilización sociopolítica. Es desde ahí, que se han planteado, asimismo, una idea particular de los oponentes: las transnacionales como agentes externos y representación del expolio histórico, las autoridades gubernamentales como gestores de éstas y al Estado como representación del poder “ladino” como representación de racismo y opresión étnica. Han sido componentes importantes para la construcción de movimiento, de comunidad, de pueblo, como sujetos actuantes.
Hoy, estas formas en las que se expresa la acción colectiva asentada en los pueblos indígenas, constituyen parte importante del cuestionamiento al régimen económico, social, étnico y político establecido, en un contexto que aun con la alta desarticulación política existente en el movimiento sociopolítico alternativo, no dejan de tener una importancia y significado de primer orden en las posibilidades de construir una Nación y un Estado radicalmente diferentes a los que actualmente conocemos. Por ejemplo: aportan al proceso de democratizar la sociedad y el Estado, pues expresan rebeldías necesarias y desarrollan ejercicios de democracia participativa y directa, poniendo en cuestión intereses, ejerciendo derechos colectivos y reivindicando sistemas políticos propios que debieran ser reconocidos como base de sistemas autonómicos en territorios determinados, con competencias inclusive para decidir sobre actividades productivas, como las extractivas. Están expresando un sentido ético de la política y desde los intereses ciudadanos históricamente relegados, un sentido humanista y de ver la naturaleza, no como un recurso, sino como medio vital de vida y parte del ser social integralmente considerado,
Son parte de un movimiento indígena que expresa demandas y reivindicaciones que se convierten en objetivos de resistencia y tibiamente todavía, en objetivos de transformación social general, que inclusive plantean discursos relativos a pasar de la resistencia a la toma del poder. Son, entonces, expresiones que no dejan de abonar a la construcción de un sujeto social de primer orden en la formación social guatemalteca.
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