Elecciones, falsa salida a la crisis

Distintos actores políticos han empezado a plantear que la convocatoria a las elecciones generales abre una nueva etapa que, en tanto representa el relevo gubernamental, tenderá a disipar o a resolver la deplorable situación devenida de las políticas del actual gobierno y de su correspondiente rechazo. Desde mi perspectiva, esto no será así.

En efecto, es muy probable que buena parte de los actores políticos que forman parte de las disputas y los conflictos actualmente en marcha asuman y orienten su acción para hacer avanzar sus opciones electorales y, por esa vía, mantener o cambiar la correlación de fuerzas y la orientación en la conducción del aparato estatal.

No obstante, la llamada crisis política es más que eso en realidad. Es un proceso continuo de contradicciones y disputas que, como observamos, no se resolvieron con las elecciones de 2015 ni con la designación de un nuevo gobierno. Por el contrario, siguieron desarrollándose durante el período gubernamental actual y devinieron en varios momentos críticos.

Entre las contradicciones más relevantes que pueden citarse figuran:

1.      La contradicción devenida de la disputa por el control de los órganos decisivos del Estado con el fin de orientar sus políticas, su legislación y sus resoluciones a favor de los intereses de los grupos de poder económico, militar y político, cuyos objetivos son la acumulación de capital y el enriquecimiento lícito e ilícito.

2.      Quienes se han disputado tales ámbitos de poder se enfrentan en ocasiones y se articulan en otras, especialmente cuando se sienten amenazados. Esto explica la alianza que se ha dado en llamar pacto de corruptos, cuyos integrantes, investigados, procesados y amenazados con perder privilegios e inmunidad, desarrollan una franca estrategia para copar todos los organismos del Estado, para lo cual incluso han incurrido en actos de violación de la Constitución y del derecho internacional.

Esos sectores provienen de fuerzas defenestradas y vinculadas con la política sucia y corrupta, como la del Partido Patriota y la del partido Líder, la de militares acusados de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, la de grupos empresariales que han hecho del Estado una agencia a su servicio y la de grupos del crimen organizado. Esta alianza, con sus prácticas, atenta contra la débil, enclenque y manipulada legalidad e institucionalidad.

La contradicción procede de un modelo de acumulación de capital que ha generado despojos legales e ilegales de tierras, fuentes de agua y otros bienes públicos, así como desplazamiento o expulsión de población, y cuya competitividad se sostiene en salarios de hambre y en el uso o aprovechamiento barato o sin costo de bienes comunes y estratégicos. Esto genera resistencias y luchas sociales legítimas que, pese a ser objeto de criminalización, judicialización y represión al extremo del asesinato, se incrementan y expanden.

Quienes se benefician del control del Estado y del modelo de acumulación de capital en uno u otro aspecto o sentido son confrontados por quienes han luchado por avanzar en reformas políticas. Pero también son enfrentados por quienes, desde una interpretación histórica y estructural, se están planteando la fundación de un nuevo Estado, al cual denominan plurinacional, popular, multisectorial.

Tales contradicciones, por su magnitud, auguran un proceso electoral incierto en su legitimidad y legalidad, dado que las estructuras de poder que hoy en buena medida controlan el Estado persisten en sus pretensiones de legislar e implementar políticas a favor de la delincuencia organizada y de quienes violaron flagrantemente los derechos humanos, mermar la relativa autonomía de algunos organismos e instituciones del Estado para obligar a las cortes a que resuelvan según sus intereses corporativos, expulsar organismos internacionales, etc. En esas búsquedas están transitando por un camino que no está exento de que atenten contra las elecciones y continúen violando la Constitución.

Estas contradicciones se expresarán en buena medida en la disputa electoral. Estarán plasmadas en programas de gobierno, en candidaturas, en discursos, en estrategias, en alianzas, etc. En fuerzas políticas que por su carácter competirán con recursos de poder diferenciados en su magnitud para afrontar la competencia. Es en ese ámbito donde se dilucidará, en el corto plazo —y hasta cierto punto—, la correlación de fuerzas entre quienes sostienen el statu quo y profundizan en regresiones hacia ejercicios autoritarios de poder y entre quienes se plantean cambios democráticos y profundos.

Así las cosas, las elecciones no serán una solución a tales contradicciones, y menos a la llamada crisis política que vive el país. Por sus signos y causas, dicha crisis tiene implicaciones históricas y profundas relacionadas con el carácter, la dirección y las políticas del Estado y con el modelo imperante de acumulación de capital. Por el momento en que se desarrollan, las elecciones podrían ser un elemento crítico más surgido de dichas contradicciones.

Guatemala, en franco retroceso

Después de enormes esfuerzos y luchas por avanzar hacia la democratización del país, en particular durante los dos lustros posteriores a la firma de los acuerdos de paz, en los últimos años y gobiernos se constatan profundos retrocesos.

Varias estructuras del crimen organizado y de la burguesía emergente lograron apoderarse de algunos espacios del poder estatal, con lo cual se afianzó una disputa por el control de este ámbito nodal de poder, que en buena medida había sido detentado —a veces desde las sombras— por los principales segmentos de la burguesía tradicional. No obstante, las contradicciones entre unos y otros, con sobresaltos que los llevaron a confrontaciones relativamente relevantes, prontamente fueron gestando nodos de alianza como respuesta a objetivos comunes, ciertamente más tácticos e inmediatos que estratégicos. En ese orden de ideas, los gobiernos del Partido Patriota y del FCN-Nación constituyeron la expresión del contubernio en materia de políticas y prácticas que a estas alturas son catalogables de clasistas, corruptas y, en lo demostrable, delictivas.

Acusados y enjuiciados por casos de corrupción y de crimen organizado, ambos segmentos de poder económico y político se articularon para detener las investigaciones y los juicios en su contra. Así, controlan el Gobierno y el Organismo Judicial y han avanzado en el aseguramiento de instituciones fundamentales para ese propósito: el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público. Han infligido un golpe casi mortal a la Cicig, factor externo que apuntaló los procesos de la investigación criminal que los amenaza. Con ese mismo propósito han pretendido destituir al procurador de los derechos humanos, así como controlar el Tribunal Supremo Electoral, y avanzan en su búsqueda de desaforar a miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) que les resultan adversos en materia tanto de este tipo de casos como de aquellos relacionados con proyectos extractivos.

Hasta el momento han logrado una aplicación de justicia de clase al liberar fácilmente a grandes empresarios, al tiempo que se endurece la criminalización y la judicialización contra quienes se oponen a sus intereses. Han reconfigurado los procesos judiciales y es muy probable que salgan libres, con penas mínimas y conmutables por unos quetzales. A la vez pretenden la aprobación de leyes que garanticen impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y delitos como el financiamiento electoral ilícito.

En esta disputa, y en función de garantizar impunidad, el Gobierno ha incurrido en una violación de la norma constitucional en lo tocante a la relación con otros Estados y organismos internacionales, lo cual se rige según el derecho internacional. Ha cometido desacato continuado respecto a las resoluciones de la CC, lo cual constituye un paso más en lo que varios juristas interpretan como un golpe de Estado técnico o blando, en torno a lo cual dicho organismo constitucional actúa de manera ambivalente. El camino por el que transitan el gobierno y su alianza permite afirmar que podría profundizarse por esa vía anticonstitucional, con lo cual estaría en riesgo incluso el proceso electoral y podría instalarse un régimen dictatorial como en Honduras, Paraguay y Brasil, entre otros.

Quienes integran esta alianza pro impunidad aparecen fragmentados de cara al proceso electoral. Su objetivo es posicionar lo mejor posible sus vehículos electorales y candidaturas para agenciarse de mayor poder de negociación y convertirse en la principal fuerza ungida por quienes tienen el poder real en el país. No obstante, siguen siendo parte del actual bloque de poder y, frente a las que consideran amenazas políticas —que incluyen expresiones de izquierda y de derecha moderada—, lo más probable es su rearticulación antes o después de la primera vuelta electoral, tal como ocurrió en torno a la figura de Jimmy Morales y al FCN-Nación en las elecciones de 2015. Teniendo en cuenta su capacidad financiera, su control de los medios de comunicación masiva, su manejo de fondos y de instituciones estatales y sus políticas, prácticas y discursos con fuertes signos fascistas, el riesgo es que esta alianza se consolide, logre mantener el control del Estado por la vía electoral o de facto y nos haga retroceder aún más.

Si ello ocurre, las amenazas y riesgos son varios: mayor retroceso de la enclenque fachada democrática (que podría convertirse en dictadura), aumento de la conflictividad y confrontación política (con afianzamiento de métodos y estructuras represivas al estilo de los de la etapa contrainsurgente), violación de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, consolidación de la impunidad para el saqueo de los bienes públicos y comunes y, por último, aumento de la explotación, del despojo, de la desigualdad, de la miseria y de la expulsión de niños y jóvenes, tal como ha venido ocurriendo durante los últimos dos gobiernos.

www.plazapublica.com.gt  21/01/19

La disyuntiva de la izquierda electoral

La izquierda guatemalteca se debate entre la reedición de los magros resultados obtenidos en los últimos eventos electorales o lograr la necesaria alianza de sus fuerzas de manera que se convierta en alternativa en esta arena de disputa.

Cinco o seis partidos políticos que se autodenominan de izquierda tienen la posibilidad de participar en la contienda electoral de 2019. Tres partidos inscritos, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ), Winaq y Convergencia, y tres en proceso de conformación, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Movimiento Semilla y Libre (antes Movimiento Nueva República —MNR—). Al mes de junio puede preverse que el MLP y Semilla no tendrán problema en lograr el número de afiliados requeridos y en realizar sus asambleas municipales, departamentales y nacionales, lo cual posibilitaría su inscripción como institutos políticos y la elección de candidaturas para participar en los comicios de junio de 2019. Con alrededor de dos tercios de los afiliados necesarios, el partido Libre podría enfrentar serias dificultades para llegar oportunamente al cierre de la convocatoria, que ocurriría en marzo.

Las últimas experiencias sitúan a los partidos de izquierda como fuerzas marginales a causa de la incapacidad —por razones propias— para enfrentar con coherencia las condiciones en cada competencia electoral. Los resultados electorales confirman la tendencia a su estancamiento en la marginalidad. En las últimas elecciones a la presidencia de la república alcanzó el 2.69 % de los votos al sumar lo obtenido por la alianza Winaq-URNG-MAIZ y el MNR, ambos compitiendo por separado. En la votación para diputados por lista nacional, el porcentaje se triplicó a 9.06 %, resultado obtenido de forma separada por Winaq-URNG-MAIZ (4.32 %), Convergencia (3.84 %) y MNR (0.9 %), aumento que se explica por la tendencia al voto cruzado que realiza el electorado proclive al segmento de izquierda.[1]

Si no cambia el panorama en los próximos meses, muy probablemente participarán de forma separada la alianza Winaq-URNG-MAIZ, Convergencia, MLP, Semilla y Libre, es decir, cinco opciones que competirán por un techo electoral bastante bajo, que rondaría el 10 % de los votos a nivel nacional. Esto implica que dividirían el voto de izquierda en todos los distritos y elecciones en disputa, lo cual redundaría en el resultado no solo porcentual, sino también de diputados y alcaldías que cada una obtenga. En estas circunstancias, varios partidos de izquierda podrían desaparecer.

Esto sucedería en un contexto adverso, en el cual la hegemonía sigue estando a favor de las fuerzas de derecha y de quienes ostentan históricamente el poder. Aun cuando varios partidos de derecha enfrentan dificultades legales para la contienda, las fuerzas conservadoras no tendrán mayor problema en recomponerse y optar por dos o más fuerzas principales para garantizarse —no sin dificultades— el control de los organismos estatales, como sucedió en 2015.

Un riesgo adicional de los partidos de izquierda está en acrecentar su desgaste producto de corrimientos y errores políticos. Este sería el caso de aliarse en torno a alguna candidatura de derecha, que, por su posicionamiento frente al pacto de corruptos, podría ser interpretado como estratégico para lograr su desplazamiento del Gobierno. El riesgo está en dos factores principales: 1) que se alíen con una opción electoral que responda a los intereses y a la estrategia de segmentos de poder procedentes de la clase dominante y 2) que por una alianza de este tipo se profundicen las diferencias entre partidos de izquierda y se profundice el alejamiento de las luchas que vienen impulsando representaciones importantes de movimiento sociales y de pueblos que se ubican en la izquierda social.

La información básica y el sentido común nos dicen que la izquierda electoral se encuentra en la disyuntiva de aliarse hacia abajo y hacia la izquierda o reeditar los resultados de elecciones anteriores: 1) una votación a favor, escasa y fragmentada; 2) un número mínimo de diputados y de alcaldías; 3) mayor división y fragmentación política para enfrentar los retos históricos y coyunturales, y 4) marginalidad política y un camino más largo para pensar en la posibilidad de convertirse en alternativa electoral.

www.plazapublica.com.gt   14/07/18

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[1] Con relación a los resultados y análisis de la izquierda electoral en el periodo 1995-2011, véase: “De la incompetencia y los retos de la izquierda en Guatemala”, publicado en dos partes por el Centro de Medios Independientes en julio de 2015. En  https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-en-guatemala/ y https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-ii/

Guatemala: Estado vasallo

La llegada a Guatemala del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, vuelve a revelar la condición de Guatemala de Estado vasallo. En vez de gestionar los intereses de los guatemaltecos, el Gobierno se limitó a reproducir las órdenes que el señor Pence vino a trasladarles a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El señor Pence llegó a Guatemala el 28 de junio. Como es usual, no se conocen los puntos esenciales de la agenda ni los términos en que estos iban a ser planteados por Pence. No obstante, dos asuntos centrales pueden suponerse a partir de las declaraciones públicas: 1) los avances y las orientaciones para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y 2) la política de seguridad de Estados Unidos, en la cual se incluyó el control de las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y el freno a la migración. Es indudable que la agenda de la reunión fue dictada por Estados Unidos y que para nada fueron incluidos los asuntos de interés nacional de nuestros países.

En ese contexto, los discursos fueron indignantes y vergonzantes. Pence se dedicó a clarificar e indicar la política de Estados Unidos en materia de migración afirmando que para ellos este es un problema de seguridad nacional. Seguidamente indicó que los Gobiernos debían respetar la soberanía de Estados Unidos, hacer esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el paso de drogas y generar prosperidad interna para reducir la migración. Amenazó con que la política estadounidense era asegurar su frontera «y ponerle punto final a la amenaza».

Con esa orden, los presidentes centroamericanos se limitaron a informar de los esfuerzos que hacen en esas materias y tibiamente demandaron la reunificación familiar de los migrantes capturados en Estados Unidos. En particular, el Gobierno guatemalteco le pidió con timidez al de Estados Unidos instituir el estado de protección temporal para los migrantes guatemaltecos (TPS, por sus siglas en inglés). Vergonzante fue la réplica que el gobernante local hizo de la tarea de impulsar una campaña para promover que los guatemaltecos no migren hacia ese país.

Quienes esperaban una disculpa del señor Pence por el asesinato de la ciudadana guatemalteca Claudia Gómez a manos de un guardia fronterizo el 23 de mayo se equivocaron. Quienes pensaron que habría alguna explicación por el secuestro y las torturas psicológicas de niños separados de sus padres migrantes también erraron. Todo lo contrario: el discurso del emisario estadounidense estuvo marcado por amenazas e imposiciones toleradas sumisamente por los gobernantes centroamericanos.

En este marco, las familias presas en Estados Unidos, después de haber sido capturadas por sus fuerzas de seguridad, seguirán sin encontrar solución a su grave situación. Al ser catalogados de ilegales, de delincuentes y de una amenaza a la seguridad nacional, continuarán sometidos a tratos crueles. En esas condiciones su calvario se extiende y profundiza.

Las guatemaltecas y los guatemaltecos migran por la violencia y la pobreza, pero principalmente por un modelo económico que los expulsa y orilla a ese camino de explotación, cuando no de tortura. Ante la carencia de otras opciones, sin duda seguirán migrando aun bajo la amenaza instituida por Estados Unidos con su política migratoria, caracterizada por su racismo y violatoria de derechos humanos.

Gobiernos que defiendan a los migrantes son una ilusión, tanto como una utopía es que con estos Estados y estas administraciones gubernamentales se inicien políticas para resolver las causas que provocan la emigración. Que Estados Unidos cambie su política y garantice un trato humanitario de nuestros hermanos migrantes resulta también ilusorio.

Indignante es constatar, una vez más, que el Estado guatemalteco se somete a los intereses y políticas de Estados Unidos y que el gobierno actual se constituye en gestor de políticas e intereses externos, quizá porque nunca tuvo en el centro de su orientación la defensa de los intereses del pueblo guatemalteco.

La politóloga Simona Yagenova afirma que el hecho de que Guatemala se haya convertido en protectorado de Estados Unidos tiene implicaciones profundas. Cientos de niñas y de niños migrantes y sus padres experimentan en carne propia sus consecuencias.

En www.plazapublica.com.gt 30/06/18

El Estado al desnudo

Más allá del desastre de los últimos gobiernos, ha quedado al desnudo un Estado incapaz de garantizar el bien común. ¿Qué explica esto?

Investigaciones históricas y recientes, incluidas aquellas de carácter criminal, han demostrado cómo el Estado guatemalteco es controlado por un conjunto de elites cuya extracción principal corresponde a la clase social dominante. Aun con sus contradicciones y pugnas internas que emergen en momentos electorales y de disputa por los negocios en, con y desde el aparato estatal, dicha clase social –como expresión  ínfima y supeditada al capital global y al poder imperial que nos corresponde geopolíticamente– ha tenido la capacidad para configurar los cimientos y el curso económico, ideológico y político del Estado.

La gestión continua del Estado la realiza a través de sus estructuras para-empresariales, como el CACIF como su principal partido político, cámaras empresariales, fundaciones y medios de difusión masiva, de representaciones permanentes en organismos del Estado y   operadores políticos en partidos, medios de comunicación y organismos estatales como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el gobierno nacional. Un ejemplo de lo anterior es el control que mantienen sobre el sistema de partidos políticos, a través de diversos mecanismos legales (ser dueños de partidos y/o financiarlos legalmente) e ilegales (como el financiamiento electoral ilícito), ideológicos (siendo que la mayoría abrazan las ideas dominantes, entre estas aquellas proclives al interés de la clase dominante) y económicos a través de jugosas comisiones por la aprobación de leyes, políticas y obras concesionadas.

Son estos los ámbitos, mecanismos y dispositivos con los cuales mantienen la orientación fundamental en el aparato de Estado. Esto significa que la institucionalidad, leyes y  políticas les garanticen niveles de acumulación de capital sostenidos, a través de instituir  bajos salarios, impuestos mínimos, aranceles favorables; mantenimiento de políticas monetarias, cambiarias y crediticias convenientes; apertura y facilitación de nuevas fuentes de riqueza, tales como: concesiones mineras y uso de fuentes de agua sin mayor costo, la concesión de obras y servicios públicos; solo para citar algunos ejemplos.

Esto explica el ordenamiento principal de las fuerzas que hacen parte del bloque en el poder, “fuera” y “dentro” del aparato de Estado. Un bloque en el poder que también articula otros intereses complementarios. Por ejemplo, los intentos por legislar a favor de reducir penas o suspender procesos judiciales contra empresarios y operadores políticos y militares del régimen, a favor del transfuguismo partidario, etc. Esto y más, supeditando las demandas de justicia, democracia e inclusión social que beneficien a segmentos mayoritarios como el campesinado, las comunidades rurales, los trabajadores de la ciudad, la juventud.

De esta manera la clase dominante ha construido un Estado que privilegia sus intereses económicos, excluye lo social, captura la política y se opone a todo cambio que signifique un ápice de democratización. Es decir, un Estado alejado completamente del bien común, impugnado históricamente y con crisis recurrentes.

No obstante la incapacidad y la política conservadora de la gestión gubernamental, el carácter del Estado guatemalteco explica hechos recientes como 1) el asesinato de 41 niñas del hogar seguro, quienes por su situación de vulnerabilidad debían ser protegidas, pero, por el contrario, las condiciones de la institucionalidad estatal fueron la condición para que ocurriera dicho crimen; 2) la incapacidad institucional, burocrática y presupuestaria para evacuar a tiempo las comunidades afectadas por la erupción del volcán de Fuego; 3) el asesinato de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos cuyos antecedentes inmediatos son los discursos de odio de los presidentes de la república y del Congreso, la inacción oficiosa de los organismos de seguridad e investigación criminal, la política de criminalización de la protesta social y la permisividad respecto a la existencia de aparatos de represión desde los ámbitos empresarial y propiamente estatal, y 4) el mantenimiento de un pacto de corruptos que opera en el Congreso de la República y que actúa para legislar a favor de la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, corrupción y criminalidad política.

Siendo estos los signos de un Estado al desnudo, un cambio de gobierno no resuelve el problema fundamental. La solución principal se encuentra en la transformación profunda del Estado guatemalteco.

www.plazapublica.com.gt  16/06/18

De la constitución política y el contrato social en Guatemala

A 33 años de haber sido refrendada, la Constitución Política de la República de Guatemala ha sido el marco para la reproducción de un régimen político que excluye a las mayorías sociales, como los pueblos originarios, el campesinado, las mujeres y la juventud, y de un modelo económico que reproduce la condición de miseria en la que viven millones de guatemaltecas y guatemaltecos.

El pacto entre oligarquía, casta militar y partidos políticos, que configuró y dirigió el Estado contrainsurgente y autoritario —y que en buena medida lo sigue caracterizando—, logró la redacción de un texto constitucional que le abrió la posibilidad a un nuevo período de oxigenación del régimen político, en el cual dichos sectores controlan y orientan la política de Estado en función de sus intereses.

Ciertamente la Constitución fue refrendada en consulta popular, pero también es cierto que en ese referendo no emitieron su voto alrededor de 200,000 personas asesinadas y desaparecidas forzosamente, un crimen de Estado que sucedió incluso durante el proceso constituyente. A ellas se suman los miles de ciudadanos que fueron obligados a desplazarse en el territorio nacional o fuera de este como refugiados o exiliados, así como aquellos que no estaban siquiera empadronados o que no tuvieron la posibilidad de movilizarse a los centros de votación debido a la lejanía de estos. Así se constituyó la exclusión de sujetos colectivos como los pueblos originarios, fuerzas políticas reprimidas desde 1954 y amplios segmentos sociales, los cuales no pudieron participar en la contienda para elegir constituyentes y, por consiguiente, estuvieron imposibilitados de incidir en la formulación y negociación constitucional.

Es claro que hoy estamos ante un Estado que continúa capturado por las élites económicas, militares y políticas, así como por estructuras criminales de distintos tipos y extracciones sociales. Las sucesivas crisis institucionales devenidas de tal captura, de la aplicación de políticas neoliberales, del despojo de los bienes comunes, de la corrupción ampliada y de la criminalización y represión de la protesta social configuran un Estado que se aleja absolutamente de los fines constitucionales del bien común, la justicia, la igualdad y la paz social.

La Constitución y su desarrollo en la legislación ordinaria configuran y sirven de marco para la reproducción de una estructura económica históricamente injusta, enraizada en el despojo y la explotación. Es eso lo que sirve de cimiento al modelo económico controlado por una clase social minoritaria, gestionado de forma oligopólica desde el mercado y el Estado, basado en salarios de miseria y en rezagos industriales, tecnológicos y educativos. Un modelo que produce riqueza extrema, facilita la fuga de capitales a manos del capital transnacional y reproduce la extrema pobreza. Son este marco constitucional y este modelo económico los que explican el porqué de la pobreza en la que sobrevive el 67 % de la población, de la desnutrición crónica que padece cerca del 50 % de los niños menores de cinco años, de la expulsión de miles de jóvenes que se ven obligados a transitar por caminos de muerte en busca de empleo fuera del país y del círculo vicioso de la inseguridad como negocio lucrativo protegido por el mismo Estado.

Esta es una Constitución con un fundamento contrainsurgente, con una orientación claramente liberal-conservadora, que niega la existencia de sujetos colectivos como las clases populares, los pueblos indígenas y otras mayorías y minorías sociales. Por ello está siendo cuestionada al punto de que han emergido propuestas para fundar un nuevo Estado, las cuales proponen como punto de partida la modificación de la actual Constitución a través de un proceso en el que tales mayorías y sujetos históricamente marginados sean protagónicos en la gestación de un acuerdo de nueva sociedad.

Sin duda, quienes están conformes y se benefician con la actual Constitución se oponen férreamente a esta idea, tal como quedó demostrado en el veto a la intención de reformarla para reconocer el pluralismo jurídico. Es por ello que una nueva Constitución solo será posible con un cambio radical en la correlación de fuerzas.

Así como la actual Carta Magna fue el resultado de un pacto entre oligarcas, militares y partidos del régimen que reprodujo la exclusión de las grandes mayorías, un nuevo documento constitucional solo será posible a partir de la creación de las condiciones objetivas y subjetivas para un nuevo sujeto histórico (por definición diverso) que logre constituir e instituir un nuevo contrato social.

www.plazapublica.com.gt  04/06/18

Elecciones venezolanas bajo asedio

El 20 de mayo se realizaron elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, ganadas por fuerzas aliadas que propusieron a Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años. Su resultado dilucidó en parte la correlación de fuerzas, en un marco de asedio para impedirlas.

De veinticuatro elecciones desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, el movimiento bolivariano ha ganado veintidós, incluidas dos realizadas en 2017, una para gobernadores y otra para Asamblea Nacional Constituyente. Todas ellas han sido tildadas por los opositores como fraudulentas, aun cuando el sistema electoral venezolano ha sido catalogado como el mejor del mundo por personajes como Jimmy Carter y catalogadas como transparentes por el  Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (integrado por ex presidentes de órganos electorales), el cual ha confirmado: “El sistema electoral que se utiliza en este país garantiza tanto el escrutinio como la totalización”.

Estas elecciones ocurren en el marco de una correlación de fuerzas interna que favorecía con antelación la candidatura de Nicolás Maduro. Esto se constató en las movilizaciones sociales masivas, en las encuestas realizadas por empresas respetables, así como en el apoyo al proceso de diez partidos políticos y movimientos sociales diversos. Además de  las fuerzas armadas apuestas al golpe de Estado promovido por la oposición. Estos y otros signos políticos hacían prever un triunfo contundente de la candidatura oficial, ante una oposición incapaz, dividida y en buena medida dependiente de las directrices de la embajada estadounidense.

La contienda electoral constituyó un episodio más de la disputa política entre dos proyectos contrapuestos. Por un lado, el proyecto denominado bolivariano y revolucionario, que ha promovido políticas de nacionalización de los recursos estratégicos, de soberanía frente a poderes financieros, económicos y políticos globales y regionales, y de distribución de la riqueza socialmente producida como nunca antes. Por otra parte, el proyecto de la clase dominante venezolana que, bajo la tutela de Estados Unidos y con el control sobre el sistema político anterior, aplicó y es proclive a políticas neoliberales y de saqueo de los recursos públicos para su propio beneficio y del capital transnacional. A este segundo polo político se fueron sumando las oligarquías latinoamericanas, gobiernos de derecha y bloques como la Unión Europea, quienes han visto en el proyecto revolucionario un peligro para sus intereses.

Así las cosas, las elecciones se realizaran bajo asedio. Ha sido explícita la estrategia de Estados Unidos con la implementación de un bloqueo económico y financiero, la promoción de intentonas de golpe de Estado, la amenaza de una intervención militar, la articulación y activación del injerencista Grupo de Lima, todo lo cual ha quedado revelado en los planes del Comando Sur divulgados este año con el nombre Golpe Maestro. Esta estrategia avanza con nuevas sanciones impuestas un día después de las elecciones, las cuales inmovilizan recursos del Estado venezolano para sus transacciones internacionales, incluidas compras de alimentos y medicamentos.

Internamente, el asedio consistió en el desabastecimiento de alimentos y medicamentos fraguado por quienes todavía controlan la producción y distribución; una inflación galopante que se explica en la política de especulación en el precio del dólar dirigida desde la página dolartoday.com; atentados contra el sistema eléctrico nacional. La embestida  también incluyó el intento por fraguar un grupo paramilitar, rápidamente derrotado en enero de este año; así como el sabotaje al diálogo impulsado por Maduro entre 2017 y 2018, mediado por el presidente de República Dominicana.

En lo electoral, las fuerzas opositoras internas y externas habían pedido elecciones presidenciales anticipadas. No obstante, cuando fueron convocadas inmediatamente las rechazaron, decretaron su carácter fraudulento y declararon que serían desconocidas por la “comunidad internacional”. Al no poder impedir su convocatoria y la participación de una parte importante de la oposición, las fuerzas de extrema derecha levantaron una campaña por la abstención. Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de derecha y las oligarquías latinoamericanas entonaron la misma nota de rechazo y deslegitimación, todo lo cual fue difundido por una matriz mediática hegemónica articulada por corporaciones “comunicacionales” globales y replicada por medios locales.

El asedio al gobierno y al proceso electoral provocó una grave crisis que afecta esencialmente al pueblo venezolano. No obstante este salió a las urnas alcanzando un respetable 47.32% de participación. Así mismo ratificó el apoyo mayoritario al proceso encabezado por Nicolás Maduro. Esto se expresa en el 67.84% de los votos a favor de Maduro, 46.91 puntos por encima de Henry Falcón, uno de los tres candidatos opositores, apoyado por cuatro partidos de derecha.

El asedio económico, político y mediático al proceso electoral fue vencido. Sin embargo, la agresión hacia Venezuela continúa.

www.plazapublica.com.gt 26/05/18

Panzós y la continuidad del martirio q’eqchi’

Panzós resuena en nuestra memoria, seguramente por haberse registrado en ese lugar una de las masacres más sonadas durante la guerra.

El 29 de mayo de 1978, 57 campesinos de origen q’eqchi’ fueron ejecutados por el Ejército en la plaza central de la cabecera municipal. Este crimen fue la respuesta a los campesinos que llegaron desde sus comunidades para reclamar la liberación de varios comunitarios detenidos por las fuerzas armadas que luchaban contra terratenientes que los habían despojado de sus tierras.

La masacre de Panzós es uno de varios hechos represivos contra el pueblo q’eqchi’ en la historia reciente. Masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violación de mujeres y de niñas, amenazas, desalojos y despidos ilegales e injustos, persecución y apresamientos políticos son parte del repertorio de acciones violentas y represivas cuyo objetivo sigue siendo el despojo de las tierras y de los bienes comunes de dicho pueblo.

En el marco de la guerra, militares y finqueros dirigieron acciones para imponer proyectos como la Franja Transversal del Norte y despojar a campesinos de sus tierras. Luego de la firma de la paz (1996), el despojo de tierras y territorios ha continuado para imponer a) la expansión de la producción de caña de azúcar y de palma aceitera, b) la apropiación de ríos para proyectos hidroeléctricos, c) la extracción de minerales y de metales preciosos y d) la disposición de corredores para el narcotráfico. Esto ha sido posible por las políticas estatales y la acción oficiosa de funcionarios públicos que activan mecanismos políticos, policiales, judiciales y extrajudiciales contra las comunidades y los dirigentes sociales, quienes resisten con el fin de preservar sus bienes y condiciones de subsistencia.

Con el objetivo de despojar de sus tierras a los campesinos se han utilizado diversos mecanismos que combinan la compra de tierras y contratos para la cesión de derechos sobre la tierra, en muchos casos con el engaño, la amenaza, la suplantación de títulos de propiedad y el asesinato. Complementariamente, la violencia institucional ha sido un mecanismo activado por las estructuras de poder en la apropiación injusta del territorio, la tierra y los ríos.

La represión ha sido la respuesta a la demanda y a la lucha campesina. En el territorio q’eqchi’ se refleja de forma cruda la estructura agraria del país: predomina el latifundio colonial, el minusválido minifundio y una población rural carente de medios de subsistencia. Esta situación se agrava con la invasión de los agronegocios, que provocan el desplazamiento de la economía campesina, el despido de trabajadores y la precarización de la oferta de empleo, todo lo cual impacta negativamente en el empobrecimiento, la marginación social y la producción agrícola necesaria para la subsistencia. Esto provoca que las organizaciones campesinas demanden tierras, mejores salarios y pago de prestaciones laborales, pero, ante la falta de una respuesta coherente del Estado, optan por la ocupación de tierras baldías, públicas y privadas, acciones que nuevamente encuentran la respuesta represiva y violenta de finqueros y autoridades públicas.

La masacre de Panzós constituyó un hecho histórico antecedido por el despojo y la violencia coloniales, que hoy continúan afectando al pueblo q’eqchi’. Durante la guerra, por ejemplo, dicho pueblo padeció miles de desapariciones forzosas y de ejecuciones extrajudiciales, como lo evidencia la exhumación de los restos de cerca de 600 personas en el Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz, Cobán). Recientemente, en marzo de 2011, familias campesinas en condición de mozos colonos fueron desalojadas por el ingenio Chabil Utzaj, que les negó el pago de prestaciones laborales. En agosto de 2014, las comunidades Monte Olivo y Semococh fueron reprimidas al resistirse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico que amenaza con despojarlos del río Dolores. En ambos casos el saldo fue la ejecución extrajudicial, heridas y la captura de varios campesinos. En la actualidad, dirigentes comunitarios como Bernardo Caal y María Cuc Choc, defensores del territorio y de los ríos, han sido criminalizados y capturados como mecanismo para disminuir la resistencia contra proyectos hidroeléctricos y mineros.

A 40 años de la masacre de Panzós, esta simboliza la continuidad del martirio del pueblo q’eqchi’, que sigue resistiendo al despojo y a la represión de estructuras de poder que se benefician con el modelo de acumulación de capital y del Estado que lo facilita.

www.plazapublica.com.gt 05/05/18

Honorables empresarios

En amplios segmentos sociales se ha creído en el discurso de la clase dominante y repiten ideas como: “El progreso del empresario, es el progreso del guatemalteco”, “Debemos lograr el crecimiento económico, la inversión privada, la competitividad: solo así saldremos del subdesarrollo”, “La mina es desarrollo”, “El empresario es un actor honesto y emprendedor”, “Es mejor elegir un rico para presidente. Ellos ya tienen dinero y no necesitan robar”. Estas son creencias de sentido común falso, difundidas desde los sectores que han controlado la economía y el Estado en su exclusivo beneficio.

En artículos anteriores se ha hecho referencia a la oligarquía como ese pequeño núcleo de la clase dominante, que ha tenido la capacidad de dar direccionalidad al Estado guatemalteco, a través de definir los marcos constitucionales, las leyes ordinarias, las políticas de Estado y el nombramiento de sus operadores políticos y jurídicos; así mismo, a través de ocupar directamente el gobierno de los organismos públicos y controlando, a través de diversos dispositivos de poder, a quienes eventualmente llegan a cargos como el de la presidencia de la república.

La oligarquía ha gestado un sistema político a conveniencia, con partidos que operan directamente como su instrumento y, cuando no es así, con partidos que controlan a través de diversos mecanismos, entre los cuales resaltan últimamente dos: la corrupción de políticos y funcionarios y el financiamiento lícito e ilícito. De esta manera logran mantener capturado el Estado para garantizarse la reproducción y ampliación de las condiciones legales, jurídicas, políticas, económicas, ideológicas y culturales que les permiten, en esencia, el control político del Estado, el control oligopólico del mercado, y el control y dominio ideológico y cultural de la sociedad. Su fin: la mayor acumulación de capital a toda cosa, esencia de la empresa, del empresario, del capital.

En ese sentido, el jueves 19 de abril la CICIG y el MP presentó el caso “Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación-Etapa 2”[1], implicando a un conjunto de empresarios oligarcas, al partido actualmente en el gobierno y al presidente de la república Jimmy Morales. Entre los señalados se encuentran: Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila. Andrés Botrán, Pedro Robles, Rodrigo Arenas y Edgar Ovalle. Las empresas vinculadas son: Banco Industrial, Cementos Progreso, Distribuidora de Occidente, Cervecería Centro Americana, Financiera Negocios Bursátiles Consolidados, Novaservicios. Así mismo, salen políticamente comprometidas representaciones empresariales y para empresariales como Fundesa, Movimiento Cívico Nacional y varios de sus intelectuales orgánicos que desde la televisión y la prensa son encargados de posicionar y hacer defensa de sus intereses.

Como respuesta inmediata, varios empresarios comprometidos con el ilícito llevaron a cabo  una declaración que constituye un acto descarado y cínico, a través del cual se pretende que creamos en sus frases: “nos equivocamos”, “sin saberlo cometimos errores”, “lo hicimos de buena fe”, “lo hicimos por Guatemala”, “pedimos disculpas al pueblo de Guatemala”, “prometemos no volver a cometer estos errores”.

Dicha declaración no puede sino calificarse de falsa por varias razones: 1) El financiamiento de partidos y políticos ha sido uno de los mecanismos históricos que han utilizado para controlar el sistema político, los organismos del Estado, a los partidos, a los políticos y funcionarios públicos de alto nivel. 2) Su mea culpa intenta aminorar el carácter delictivo y corrupto de su práctica, la cual no puede sino ser calificada como financiamiento electoral ilícito; su explicación intenta “suavizar” un hecho irrefutable: hicieron parte de una estructura de corrupción. 3) Su declaración es realizada después –no antes– de la presentación por la CICIG y el MP de las pruebas irrefutables que los vinculan, entre otras, aquellas otorgadas por dos directivas de una empresa familiar de varios de los señalados. 4) Su  discurso no es más que un intento por allanar la búsqueda para que se les aplique una especie de perdón y olvido, que les permita evadir la justicia y su posible prisión.

Al respecto, los ciudadanos honestos y comprometidos con los cambios en el país, lo mínimo que podemos hacer es no seguir creyendo en cuentos de hadas y, al mismo tiempo, exigir justicia contra estos “honorables empresarios”, contra el partido FCN-Nación y contra el gobernante Jimmy Morales.

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[1] http://www.cicig.org/uploads/img/2018/others/COM_045_20180419_Presentacion_Financiamiento_FCN.pdf

www.plazapublica.com.gt 21/04/18

Enseñanzas de las consultas contra proyectos extractivos (3)

Es indudable que las consultas autogestionadas por pueblos indígenas y mestizos en Guatemala en el ejercicio de su derecho a la libre determinación se enfrentan a un Estado que ha hecho todo lo posible por negar, deslegitimar, ilegalizar y constreñir este derecho y procedimiento.

Esto ha significado una violación del derecho de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo, según dicta el Convenio 169 de la OIT, norma de carácter constitucional que avala la negativa rotunda a los proyectos extractivos que de tales consultas ha emanado.

En su ejercicio del poder, el Estado —a través de sucesivos gobiernos y organismos— ha actuado como un instrumento del capital (de las empresas transnacionales y locales y de sus expresiones gremiales y políticas) con el propósito de garantizar las distintas formas de despojo y expolio de los territorios y bienes comunes. En contradicción con el marco constitucional, el Estado ha operado contra los derechos de la ciudadanía y de los pueblos, que se han visto afectados por la apropiación de sus tierras, por la contaminación y el despojo de ríos y de otras fuentes de agua, por enfermedades de la piel, por división comunitaria y por otras formas de represión. Los pueblos originarios y los guatemaltecos en general hemos sido afectados con concesiones leoninas, contrarias al interés público y nacional.

Prueba de lo anterior es la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 26 de mayo de 2017, que avala la continuidad por un año más de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, ordena al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta a que obliga el Convenio 169 de la OIT y encarga al Congreso de la República legislar sobre este procedimiento y derecho de los pueblos indígenas. Con esta resolución se constata el carácter de la CC como instrumento que opera bajo los intereses del capital al permitir la continuidad de un proyecto dañino en lo económico, social y ambiental, pues establece que un ministerio controlado por los intereses de la industria de la electricidad, del petróleo y de la minería sea el que realice la consulta y mandata que se apruebe una ley para normar un derecho, para imposibilitar que los pueblos no solo organicen autónomamente sus asambleas y votaciones, sino además queden impedidos para oponerse a tales proyectos.

La resolución de la CC se inserta en la estrategia de las empresas interesadas en invalidar las más de 85 consultas realizadas por pueblos indígenas y mestizos y en limitar las consultas para que no sean un mecanismo que obstaculice los proyectos extractivos. Ya que establece modificaciones al marco político y jurídico de la disputa en torno a los proyectos extractivos, tal resolución deja atrás el intento gubernamental de la ministra de Trabajo, Aura Teleguario, de normar las consultas a través de un reglamento gubernativo. Con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y del Banco Mundial, el gobierno de Jimmy Morales pretendió imponer así una guía operativa que fue rechazada por las principales formas de autoridad y de representación política de los pueblos indígenas.

Ahora el espacio de decisión estatal se encuentra en el Congreso, cuya configuración política permite suponer que se intentará legislar para cercenar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Es eso lo que se pretende con la iniciativa de ley propuesta por el diputado y operador político empresarial Oliverio García Rodas, en la cual está ausente la consulta a los pueblos indígenas, tal como norma el Convenio 169. Es una propuesta que, además, no reconoce las normas, la institucionalidad y los procedimientos de los pueblos para autoorganizar y realizar este procedimiento como mandata y permite el Convenio 169. De hecho, este convenio establece que son los pueblos indígenas el sujeto del derecho a la consulta, a quienes asiste también la decisión libremente determinada en materia de proyectos que pudieran afectarlos. No obstante, al Estado le interesa garantizar e imponer los intereses empresariales.

En este marco, lo que está por verse es hasta dónde llegará el Estado en este propósito, en vista de que la pretensión por normar y reglamentar la consulta es objeto del cuestionamiento y el rechazo mayoritario de los pueblos indígenas.

www.plazapublica.com.gt 09/04/18

Enseñanzas de las consultas contra proyectos extractivos (2)

Las consultas comunitarias contra proyectos extractivos han sido una de las principales formas de emergencia de los pueblos indígenas como sujeto político y, al mismo tiempo, una expresión de su lucha en defensa del territorio, es decir, de sus condiciones vitales de reproducción en cuanto tales.

En su carácter de sujeto político, los pueblos indígenas han organizado las consultas mediante autoridades ancestrales y formas de organización social fundamentadas en la búsqueda del bienestar colectivo, material y espiritual. Así han emergido los alcaldes auxiliares y los órganos de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), las asociaciones de desarrollo, las organizaciones sociales de mujeres, de campesinos, etcétera, e instancias como las alcaldías indígenas. Todas estas formas de organización, autoridad y representación encuentran sus raíces, su elección y su legitimidad en la comunidad y en la identidad como pueblos. En la comunidad es donde se gestan las decisiones que se orientan al tratamiento de problemas y de asuntos de interés común.

Las consultas han tenido como marco normativo los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Sus principios y normas renovadas han guiado la decisión sobre cuándo y cómo realizar las asambleas y las votaciones para decidir sobre los proyectos extractivos, así como sobre quiénes deben realizarlas. Su implicación en la toma de decisiones colectivas y democráticas ha impedido que las empresas y poderes externos logren comprar a los dirigentes y a las autoridades locales, que, en tanto condicionados política y éticamente por el interés común, han mantenido su coherencia. Antes bien, la comunidad ha decidido sobre un asunto que le compete resolver según se establece en los consensos que siguen dando vigencia a las autoridades y a los sistemas jurídicos propios.

En estas decisiones, las mujeres han sido un sujeto protagónico. No obstante los fuertes signos patriarcales presentes en los sistemas políticos de los pueblos indígenas —como sucede con el sistema político que se afinca en el Estado guatemalteco—, es relevante que, en la mayoría de las consultas, así como en las resistencias en defensa del territorio, las mujeres han sido el sujeto más importante y beligerante en la defensa del territorio en general y del agua, la tierra y las propiedades comunales en particular. Esto se explica en buena medida en el papel nodal que la mujer ha tenido históricamente en la reproducción de la vida familiar y comunitaria, así como de la economía campesina y rural, en todo lo cual sigue siendo orillada por el régimen de reproducción capitalista. Es desde ahí desde donde se levanta como un sujeto indiscutible en las resistencias contra el extractivismo y desde donde ha logrado avanzar en su incorporación en varias de las estructuras de autoridad ancestral.

El derecho a la consulta ha sido negado por el Estado y por las empresas capitalistas, que no aceptan su carácter vinculante y continúan imponiendo tales proyectos. Esto ha generado que los pueblos implementen estrategias complejas, que han incluido la realización de alianzas o la gestación de organizaciones y movimientos sociales y políticos, entre los cuales resaltan el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, el Gobierno Plurinacional Yojabil Ko Konob’, el Consejo del Pueblo Maya, la Asamblea Social y Popular, la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango (ADH) y la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida en 2016.

En la lucha contra el extractivismo, estas organizaciones, movimientos e instancias representativas de pueblos indígenas han expresado su oposición a cualquier pretensión de reglamentar el derecho a la consulta comunitaria, tal y como pretenden distintos poderes nacionales vinculados a los intereses extractivistas. En esta oposición resaltan dos argumentos: 1) con el reglamento —se afirma— se pretende invalidar las cerca de 100 consultas comunitarias en las cuales se votó contra proyectos extractivos de forma mayoritaria y legítima, y 2) el reglamento —se agrega— pretende instituir un mecanismo controlado por el Estado como la forma de validar y legalizar la imposición de los proyectos extractivos por todas las maneras posibles aun cuando los pueblos decidan su desacuerdo.

www.plazapublica.com.gt 24/03/18

Enseñanzas de las consultas contra proyectos extractivos

La consulta asamblearia y la decisión colectiva ha sido una práctica histórica en las comunidades de ascendencia maya, xinca y en no pocas mestizas. Sin embargo, las consultas contra los proyectos extractivos de los últimos tres lustros han constituido un hecho histórico de relevancia nacional.

Como continuidad de un artículo anterior titulado La disputa por la consulta comunitaria[1], en esta ocasión pretendo analizar algunos elementos de importancia y aleccionadores de las consultas comunitarias contra proyectos extractivos.

La primera consulta de esta trascendencia fue protagonizada por el Pueblo Sipakapense, el 18 de junio de 2005. Organizaciones sociales y autoridades comunitarias en su mayoría de origen sipakapense y algunas mestizas, llevaron a cabo una consulta para determinar su acuerdo o desacuerdo con relación al proyecto de la Mina Marlin. La decisión fue abrumadora en contra de este proyecto impuesto, a pesar de la campaña política y mediática implementada por la empresa transnacional y el gobierno central, y la ambigüedad proclive al proyecto minero del alcalde municipal. Esta consulta fue el inicio de un proceso en el cual cerca de cien pueblos a lo largo del país se han pronunciado en contra de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos y agro industriales) catalogados “de muerte”.[2]

Es indudable que este tipo de consulta ha sido profundamente legítima y quienes las impulsan han recurrido a bases legales incuestionables. Son legítimas porque han sido realizadas por pueblos a quienes la legislación nacional e instrumentos internacionales en materia de derechos humano, les reconoce como sujetos de este y otros derechos, en especial tratándose de pueblos indígenas. Así mismo, porque han constituido la respuesta a la imposición de proyectos e ideas de desarrollo que atentan contra las condiciones de vida de tales comunidades y pueblos, al mismo tiempo que permiten la acumulación de riqueza en manos de empresas locales y transnacionales. En tercer lugar, porque han sido ejercicios democráticos y auto gestionados por el sujeto de la soberanía, como pocos registrados en la historia del país. Su carácter legal ha estado fundamentado en el Convenio 169 de la OIT, el Código Municipal y la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La consulta comunitaria ha sido una forma a través de la cual comunidades y pueblos indígenas y mestizos han emergido y se han erigido como sujetos ante el Estado y el capital. Y lo han hecho con la exigencia de serlo en la determinación del tipo de desarrollo de su preferencia y dentro de sus territorios, en la crítica fundamentada y profunda a la idea falsa de desarrollo que acompaña los proyectos extractivos, y en la propuesta del Buen Vivir (Utziläj K’aslemal) que constituye una concepción alternativa, potente, renovada y aleccionadora en la búsqueda de otro paradigma para el logro del bienestar y felicidad humana y la preservación del ambiente.

En su lucha, estas comunidades y pueblos han hecho emerger la reivindicación sobre sus territorios, los cuales han sido históricamente ámbitos de reproducción colectiva y los espacios multidimensionales de apropiación, no solo en lo económico, sino también en lo social, político y cultural, donde no solamente han subsistido sino al mismo tiempo han trascendido en su heroica resistencia y lucha. Una lucha constante frente al despojo permanente por parte de las clases dominantes, cuyos intereses son gestionados ideológicamente a través de la estrecha y destructiva idea que asume los territorios como simples reservorios de “recursos” a ser explotados y como delimitaciones sobre las cuales solo puede decidir esta forma de Estado-nación que gestiona intereses y proyectos que nos continúan llevando al despeñadero.[3]

A través de este tipo de consultas, los pueblos indígenas especialmente, nos aportan otra manera de entender el mundo y la vida (otra epistemología), en la cual el ser humano y la naturaleza (Madre Tierra) tienen una relación indisoluble de vida y, por consiguiente, en la cual ambos resultan sujetos de derechos. Contribuyen con una mirada de vida, potente,  objetiva y realista para detener la destrucción que ocasiona el proyecto extractivo y, más allá, el modelo de acumulación imperante.

Con estas prácticas y concepciones, los pueblos originarios de estos territorios nos aportan contenidos nodales para salvar nuestro plantea.

www.plazapublica.com.gt  10/03/18

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[1] https://www.plazapublica.com.gt/content/la-disputa-por-la-consulta-comunitaria

[2] Para ampliar, véase en entre otros estudios: Mario Sosa (Coord.), Gestión ambiental y gobernabilidad local  (Guatemala: IARNA-INGEP, URL, 2009).

[3] Para ampliar sobre el territorio como una construcción multidimensional, véase Mario Sosa, ¿Cómo entender el territorio? (Guatemala: Editorial Cara Parens, URL, 2012)