En
amplios segmentos sociales se ha creído en el discurso de la clase dominante y
repiten ideas como: “El progreso del empresario, es el progreso del
guatemalteco”, “Debemos lograr el crecimiento económico, la inversión privada,
la competitividad: solo así saldremos del subdesarrollo”, “La mina es
desarrollo”, “El empresario es un actor honesto y emprendedor”, “Es mejor
elegir un rico para presidente. Ellos ya tienen dinero y no necesitan robar”.
Estas son creencias de sentido común falso, difundidas desde los sectores que
han controlado la economía y el Estado en su exclusivo beneficio.
En
artículos anteriores se ha hecho referencia a la oligarquía como ese pequeño
núcleo de la clase dominante, que ha tenido la capacidad de dar direccionalidad
al Estado guatemalteco, a través de definir los marcos constitucionales, las
leyes ordinarias, las políticas de Estado y el nombramiento de sus operadores
políticos y jurídicos; así mismo, a través de ocupar directamente el gobierno
de los organismos públicos y controlando, a través de diversos dispositivos de
poder, a quienes eventualmente llegan a cargos como el de la presidencia de la
república.
La
oligarquía ha gestado un sistema político a conveniencia, con partidos que
operan directamente como su instrumento y, cuando no es así, con partidos que
controlan a través de diversos mecanismos, entre los cuales resaltan
últimamente dos: la corrupción de políticos y funcionarios y el financiamiento
lícito e ilícito. De esta manera logran mantener capturado el Estado para
garantizarse la reproducción y ampliación de las condiciones legales,
jurídicas, políticas, económicas, ideológicas y culturales que les permiten, en
esencia, el control político del Estado, el control oligopólico del mercado, y el
control y dominio ideológico y cultural de la sociedad. Su fin: la mayor
acumulación de capital a toda cosa, esencia de la empresa, del empresario, del
capital.
En
ese sentido, el jueves 19 de abril la CICIG y el MP presentó el caso “Financiamiento
electoral ilícito FCN-Nación-Etapa 2”[1],
implicando a un conjunto de empresarios oligarcas, al partido actualmente en el
gobierno y al presidente de la república Jimmy Morales. Entre los señalados se
encuentran: Felipe Bosch, Guillermo Castillo,
Herbert González, Stefano Olivero, Salvador
Paiz, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila. Andrés Botrán, Pedro Robles,
Rodrigo Arenas y Edgar Ovalle. Las empresas vinculadas son: Banco Industrial,
Cementos Progreso, Distribuidora de Occidente, Cervecería Centro Americana,
Financiera Negocios Bursátiles Consolidados, Novaservicios. Así mismo, salen
políticamente comprometidas representaciones empresariales y para empresariales
como Fundesa, Movimiento Cívico Nacional y varios de sus intelectuales
orgánicos que desde la televisión y la prensa son encargados de posicionar y
hacer defensa de sus intereses.
Como
respuesta inmediata, varios empresarios comprometidos con el ilícito llevaron a
cabo una declaración que constituye un
acto descarado y cínico, a través del cual se pretende que creamos en sus
frases: “nos equivocamos”, “sin saberlo cometimos errores”, “lo hicimos de
buena fe”, “lo hicimos por Guatemala”, “pedimos disculpas al pueblo de
Guatemala”, “prometemos no volver a cometer estos errores”.
Dicha
declaración no puede sino calificarse de falsa por varias razones: 1) El
financiamiento de partidos y políticos ha sido uno de los mecanismos históricos
que han utilizado para controlar el sistema político, los organismos del
Estado, a los partidos, a los políticos y funcionarios públicos de alto nivel.
2) Su mea culpa intenta aminorar el carácter delictivo y corrupto de su
práctica, la cual no puede sino ser calificada como financiamiento electoral
ilícito; su explicación intenta “suavizar” un hecho irrefutable: hicieron parte
de una estructura de corrupción. 3) Su declaración es realizada después –no
antes– de la presentación por la CICIG y el MP de las pruebas irrefutables que
los vinculan, entre otras, aquellas otorgadas por dos directivas de una empresa
familiar de varios de los señalados. 4) Su
discurso no es más que un intento por allanar la búsqueda para que se
les aplique una especie de perdón y olvido, que les permita evadir la justicia
y su posible prisión.
Al
respecto, los ciudadanos honestos y comprometidos con los cambios en el país, lo
mínimo que podemos hacer es no seguir creyendo en cuentos de hadas y, al mismo
tiempo, exigir justicia contra estos “honorables empresarios”, contra el
partido FCN-Nación y contra el gobernante Jimmy Morales.
www.plazapublica.com.gt 21/04/18
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