A 33 años de haber sido refrendada, la
Constitución Política de la República de Guatemala ha sido el marco para la
reproducción de un régimen político que excluye a las mayorías sociales, como
los pueblos originarios, el campesinado, las mujeres y la juventud, y de un
modelo económico que reproduce la condición de miseria en la que viven millones
de guatemaltecas y guatemaltecos.
El pacto entre oligarquía, casta
militar y partidos políticos, que configuró y dirigió el Estado
contrainsurgente y autoritario —y que en buena medida lo sigue caracterizando—,
logró la redacción de un texto constitucional que le abrió la posibilidad a un
nuevo período de oxigenación del régimen político, en el cual dichos sectores
controlan y orientan la política de Estado en función de sus intereses.
Ciertamente la Constitución fue
refrendada en consulta popular, pero también es cierto que en ese referendo no
emitieron su voto alrededor de 200,000 personas asesinadas y desaparecidas
forzosamente, un crimen de Estado que sucedió incluso durante el proceso
constituyente. A ellas se suman los miles de ciudadanos que
fueron obligados a desplazarse en el territorio nacional o fuera de este como
refugiados o exiliados, así como aquellos que no estaban siquiera empadronados
o que no tuvieron la posibilidad de movilizarse a los centros de votación
debido a la lejanía de estos. Así se constituyó la exclusión de sujetos
colectivos como los pueblos originarios, fuerzas políticas reprimidas desde
1954 y amplios segmentos sociales, los cuales no pudieron participar en la
contienda para elegir constituyentes y, por consiguiente, estuvieron
imposibilitados de incidir en la formulación y negociación constitucional.
Es claro que hoy estamos ante un Estado
que continúa capturado por las élites económicas, militares y políticas, así
como por estructuras criminales de distintos tipos y extracciones sociales. Las
sucesivas crisis institucionales devenidas de tal captura, de la aplicación de
políticas neoliberales, del despojo de los bienes comunes, de la corrupción
ampliada y de la criminalización y represión de la protesta social configuran
un Estado que se aleja absolutamente de los fines constitucionales del bien
común, la justicia, la igualdad y la paz social.
La Constitución y su desarrollo en la
legislación ordinaria configuran y sirven de marco para la reproducción de una
estructura económica históricamente injusta, enraizada en el despojo y la
explotación. Es eso lo que sirve de cimiento al modelo económico controlado por
una clase social minoritaria, gestionado de forma oligopólica desde el mercado
y el Estado, basado en salarios de miseria y en rezagos industriales,
tecnológicos y educativos. Un modelo que produce riqueza extrema, facilita la
fuga de capitales a manos del capital transnacional y reproduce la extrema
pobreza. Son este marco constitucional y este modelo económico los que explican
el porqué de la pobreza en la que sobrevive el 67 % de la población, de la
desnutrición crónica que padece cerca del 50 % de los niños menores de cinco
años, de la expulsión de miles de jóvenes que se ven obligados a transitar por
caminos de muerte en busca de empleo fuera del país y del círculo vicioso de la
inseguridad como negocio lucrativo protegido por el mismo Estado.
Esta es una Constitución con un
fundamento contrainsurgente, con una orientación claramente
liberal-conservadora, que niega la existencia de sujetos colectivos como las
clases populares, los pueblos indígenas y otras mayorías y minorías sociales.
Por ello está siendo cuestionada al punto de que han emergido propuestas para
fundar un nuevo Estado, las cuales proponen como punto de partida la
modificación de la actual Constitución a través de un proceso en el que tales
mayorías y sujetos históricamente marginados sean protagónicos en la gestación
de un acuerdo de nueva sociedad.
Sin duda, quienes están conformes y se
benefician con la actual Constitución se oponen férreamente a esta idea, tal
como quedó demostrado en el veto a la intención de reformarla para reconocer el
pluralismo jurídico. Es por ello que una nueva Constitución solo será posible
con un cambio radical en la correlación de fuerzas.
Así como la actual Carta Magna fue el
resultado de un pacto entre oligarcas, militares y partidos del régimen que
reprodujo la exclusión de las grandes mayorías, un nuevo documento
constitucional solo será posible a partir de la creación de las condiciones
objetivas y subjetivas para un nuevo sujeto histórico (por definición diverso)
que logre constituir e instituir un nuevo contrato social.
www.plazapublica.com.gt 04/06/18
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