Panzós resuena en nuestra memoria, seguramente por haberse registrado
en ese lugar una de las masacres más sonadas durante la guerra.
El 29 de mayo de 1978, 57 campesinos de origen q’eqchi’ fueron
ejecutados por el Ejército en la plaza central de la cabecera municipal. Este
crimen fue la respuesta a los campesinos que llegaron desde sus comunidades
para reclamar la liberación de varios comunitarios detenidos por las fuerzas
armadas que luchaban contra terratenientes que los habían despojado de sus
tierras.
La masacre de Panzós es uno de varios hechos represivos contra el
pueblo q’eqchi’ en la historia reciente. Masacres, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, violación de mujeres y de niñas, amenazas,
desalojos y despidos ilegales e injustos, persecución y apresamientos políticos
son parte del repertorio de acciones violentas y represivas cuyo objetivo sigue
siendo el despojo de las tierras y de los bienes comunes de dicho pueblo.
En el marco de la guerra, militares y
finqueros dirigieron acciones para imponer proyectos como la Franja Transversal
del Norte y despojar a campesinos de sus tierras. Luego de la firma de la paz
(1996), el despojo de tierras y territorios ha continuado para imponer a) la
expansión de la producción de caña de azúcar y de palma aceitera, b) la
apropiación de ríos para proyectos hidroeléctricos, c) la extracción de
minerales y de metales preciosos y d) la disposición de corredores para el
narcotráfico. Esto ha sido posible por las políticas estatales y la acción
oficiosa de funcionarios públicos que activan mecanismos políticos, policiales,
judiciales y extrajudiciales contra las comunidades y los dirigentes sociales,
quienes resisten con el fin de preservar sus bienes y condiciones de
subsistencia.
Con el objetivo de despojar de sus tierras
a los campesinos se han utilizado diversos mecanismos que combinan la compra de
tierras y contratos para la cesión de derechos sobre la tierra, en muchos casos
con el engaño, la amenaza, la suplantación de títulos de propiedad y el
asesinato. Complementariamente, la violencia institucional ha sido un mecanismo
activado por las estructuras de poder en la apropiación injusta del territorio,
la tierra y los ríos.
La represión ha sido la respuesta a la
demanda y a la lucha campesina. En el territorio q’eqchi’ se refleja de forma
cruda la estructura agraria del país: predomina el latifundio colonial, el
minusválido minifundio y una población rural carente de medios de subsistencia.
Esta situación se agrava con la invasión de los agronegocios, que provocan el
desplazamiento de la economía campesina, el despido de trabajadores y la
precarización de la oferta de empleo, todo lo cual impacta negativamente en el
empobrecimiento, la marginación social y la producción agrícola necesaria para
la subsistencia. Esto provoca que las organizaciones campesinas demanden
tierras, mejores salarios y pago de prestaciones laborales, pero, ante la falta
de una respuesta coherente del Estado, optan por la ocupación de tierras
baldías, públicas y privadas, acciones que nuevamente encuentran la respuesta
represiva y violenta de finqueros y autoridades públicas.
La masacre de Panzós constituyó un hecho
histórico antecedido por el despojo y la violencia coloniales, que hoy
continúan afectando al pueblo q’eqchi’. Durante la guerra, por ejemplo, dicho
pueblo padeció miles de desapariciones forzosas y de ejecuciones
extrajudiciales, como lo evidencia la exhumación de los restos de cerca de 600
personas en el Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz
(Creompaz, Cobán). Recientemente, en marzo de 2011, familias campesinas en
condición de mozos colonos fueron desalojadas por el ingenio Chabil Utzaj, que
les negó el pago de prestaciones laborales. En agosto de 2014, las comunidades
Monte Olivo y Semococh fueron reprimidas al resistirse a la construcción de un
proyecto hidroeléctrico que amenaza con despojarlos del río Dolores. En ambos
casos el saldo fue la ejecución extrajudicial, heridas y la captura de varios
campesinos. En la actualidad, dirigentes comunitarios como Bernardo Caal y
María Cuc Choc, defensores del territorio y de los ríos, han sido
criminalizados y capturados como mecanismo para disminuir la resistencia contra
proyectos hidroeléctricos y mineros.
A 40 años de la masacre de Panzós, esta
simboliza la continuidad del martirio del pueblo q’eqchi’, que sigue
resistiendo al despojo y a la represión de estructuras de poder que se
benefician con el modelo de acumulación de capital y del Estado que lo
facilita.
www.plazapublica.com.gt 05/05/18
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