El 20 de mayo se realizaron
elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, ganadas por
fuerzas aliadas que propusieron a Nicolás Maduro para un nuevo período de seis
años. Su resultado dilucidó en parte la correlación de fuerzas, en un marco de
asedio para impedirlas.
De veinticuatro elecciones desde
que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, el movimiento bolivariano ha
ganado veintidós, incluidas dos realizadas en 2017, una para gobernadores y otra
para Asamblea Nacional Constituyente. Todas ellas han sido tildadas por los
opositores como fraudulentas, aun cuando el sistema electoral venezolano ha
sido catalogado como el mejor del mundo por personajes como Jimmy Carter y
catalogadas como transparentes por el Consejo
de Expertos Electorales de Latinoamérica (integrado por ex presidentes de
órganos electorales), el cual ha confirmado: “El sistema electoral que se
utiliza en este país garantiza tanto el escrutinio como la totalización”.
Estas elecciones ocurren en el
marco de una correlación de fuerzas interna que favorecía con antelación la
candidatura de Nicolás Maduro. Esto se constató en las movilizaciones sociales
masivas, en las encuestas realizadas por empresas respetables, así como en el
apoyo al proceso de diez partidos políticos y movimientos sociales diversos.
Además de las fuerzas armadas apuestas
al golpe de Estado promovido por la oposición. Estos y otros signos políticos
hacían prever un triunfo contundente de la candidatura oficial, ante una
oposición incapaz, dividida y en buena medida dependiente de las directrices de
la embajada estadounidense.
La contienda electoral constituyó
un episodio más de la disputa política entre dos proyectos contrapuestos. Por
un lado, el proyecto denominado bolivariano y revolucionario, que ha promovido
políticas de nacionalización de los recursos estratégicos, de soberanía frente
a poderes financieros, económicos y políticos globales y regionales, y de
distribución de la riqueza socialmente producida como nunca antes. Por otra
parte, el proyecto de la clase dominante venezolana que, bajo la tutela de
Estados Unidos y con el control sobre el sistema político anterior, aplicó y es
proclive a políticas neoliberales y de saqueo de los recursos públicos para su
propio beneficio y del capital transnacional. A este segundo polo político se
fueron sumando las oligarquías latinoamericanas, gobiernos de derecha y bloques
como la Unión Europea, quienes han visto en el proyecto revolucionario un
peligro para sus intereses.
Así las cosas, las elecciones se
realizaran bajo asedio. Ha sido explícita la estrategia de Estados Unidos con
la implementación de un bloqueo económico y financiero, la promoción de intentonas
de golpe de Estado, la amenaza de una intervención militar, la articulación y
activación del injerencista Grupo de Lima, todo lo cual ha quedado revelado en
los planes del Comando Sur divulgados este año con el nombre Golpe Maestro.
Esta estrategia avanza con nuevas sanciones impuestas un día después de las
elecciones, las cuales inmovilizan recursos del Estado venezolano para sus
transacciones internacionales, incluidas compras de alimentos y medicamentos.
Internamente, el asedio consistió
en el desabastecimiento de alimentos y medicamentos fraguado por quienes
todavía controlan la producción y distribución; una inflación galopante que se
explica en la política de especulación en el precio del dólar dirigida desde la
página dolartoday.com; atentados contra el sistema eléctrico nacional. La
embestida también incluyó el intento por
fraguar un grupo paramilitar, rápidamente derrotado en enero de este año; así
como el sabotaje al diálogo impulsado por Maduro entre 2017 y 2018, mediado por
el presidente de República Dominicana.
En lo electoral, las fuerzas
opositoras internas y externas habían pedido elecciones presidenciales
anticipadas. No obstante, cuando fueron convocadas inmediatamente las
rechazaron, decretaron su carácter fraudulento y declararon que serían
desconocidas por la “comunidad internacional”. Al no poder impedir su
convocatoria y la participación de una parte importante de la oposición, las
fuerzas de extrema derecha levantaron una campaña por la abstención. Estados Unidos,
la Unión Europea, gobiernos de derecha y las oligarquías latinoamericanas
entonaron la misma nota de rechazo y deslegitimación, todo lo cual fue
difundido por una matriz mediática hegemónica articulada por corporaciones
“comunicacionales” globales y replicada por medios locales.
El asedio al gobierno y al
proceso electoral provocó una grave crisis que afecta esencialmente al pueblo
venezolano. No obstante este salió a las urnas alcanzando un respetable 47.32%
de participación. Así mismo ratificó el apoyo mayoritario al proceso encabezado
por Nicolás Maduro. Esto se expresa en el 67.84% de
los votos a favor de Maduro, 46.91 puntos por encima de Henry Falcón, uno de
los tres candidatos opositores, apoyado por cuatro partidos de derecha.
El
asedio económico, político y mediático al proceso electoral fue vencido. Sin
embargo, la agresión hacia Venezuela continúa.
www.plazapublica.com.gt 26/05/18
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