La
consulta asamblearia y la decisión colectiva ha sido una práctica histórica en
las comunidades de ascendencia maya, xinca y en no pocas mestizas. Sin embargo,
las consultas contra los proyectos extractivos de los últimos tres lustros han
constituido un hecho histórico de relevancia nacional.
Como
continuidad de un artículo anterior titulado La disputa por la consulta comunitaria[1],
en esta ocasión pretendo analizar algunos elementos de importancia y
aleccionadores de las consultas comunitarias contra proyectos extractivos.
La
primera consulta de esta trascendencia fue protagonizada por el Pueblo
Sipakapense, el 18 de junio de 2005. Organizaciones sociales y autoridades
comunitarias en su mayoría de origen sipakapense y algunas mestizas, llevaron a
cabo una consulta para determinar su acuerdo o desacuerdo con relación al
proyecto de la Mina Marlin. La decisión fue abrumadora en contra de este
proyecto impuesto, a pesar de la campaña política y mediática implementada por
la empresa transnacional y el gobierno central, y la ambigüedad proclive al
proyecto minero del alcalde municipal. Esta consulta fue el inicio de un proceso
en el cual cerca de cien pueblos a lo largo del país se han pronunciado en
contra de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos y agro industriales) catalogados
“de muerte”.[2]
Es
indudable que este tipo de consulta ha sido profundamente legítima y quienes
las impulsan han recurrido a bases legales incuestionables. Son legítimas porque
han sido realizadas por pueblos a quienes la legislación nacional e
instrumentos internacionales en materia de derechos humano, les reconoce como
sujetos de este y otros derechos, en especial tratándose de pueblos indígenas.
Así mismo, porque han constituido la respuesta a la imposición de proyectos e
ideas de desarrollo que atentan contra las condiciones de vida de tales
comunidades y pueblos, al mismo tiempo que permiten la acumulación de riqueza en
manos de empresas locales y transnacionales. En tercer lugar, porque han sido ejercicios
democráticos y auto gestionados por el sujeto de la soberanía, como pocos
registrados en la historia del país. Su carácter legal ha estado fundamentado
en el Convenio 169 de la OIT, el Código Municipal y la Ley del Sistema de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
La
consulta comunitaria ha sido una forma a través de la cual comunidades y
pueblos indígenas y mestizos han emergido y se han erigido como sujetos ante el
Estado y el capital. Y lo han hecho con la exigencia de serlo en la
determinación del tipo de desarrollo de su preferencia y dentro de sus
territorios, en la crítica fundamentada y profunda a la idea falsa de desarrollo
que acompaña los proyectos extractivos, y en la propuesta del Buen Vivir
(Utziläj K’aslemal) que constituye una concepción alternativa, potente,
renovada y aleccionadora en la búsqueda de otro paradigma para el logro del
bienestar y felicidad humana y la preservación del ambiente.
En
su lucha, estas comunidades y pueblos han hecho emerger la reivindicación sobre
sus territorios, los cuales han sido históricamente ámbitos de reproducción
colectiva y los espacios multidimensionales de apropiación, no solo en lo
económico, sino también en lo social, político y cultural, donde no solamente
han subsistido sino al mismo tiempo han trascendido en su heroica resistencia y
lucha. Una lucha constante frente al despojo permanente por parte de las clases
dominantes, cuyos intereses son gestionados ideológicamente a través de la
estrecha y destructiva idea que asume los territorios como simples reservorios
de “recursos” a ser explotados y como delimitaciones sobre las cuales solo
puede decidir esta forma de Estado-nación que gestiona intereses y proyectos
que nos continúan llevando al despeñadero.[3]
A
través de este tipo de consultas, los pueblos indígenas especialmente, nos aportan
otra manera de entender el mundo y la vida (otra epistemología), en la cual el
ser humano y la naturaleza (Madre Tierra) tienen una relación indisoluble de
vida y, por consiguiente, en la cual ambos resultan sujetos de derechos. Contribuyen
con una mirada de vida, potente, objetiva y realista para detener la
destrucción que ocasiona el proyecto extractivo y, más allá, el modelo de
acumulación imperante.
Con
estas prácticas y concepciones, los pueblos originarios de estos territorios nos
aportan contenidos nodales para salvar nuestro plantea.
www.plazapublica.com.gt 10/03/18
[1]
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-disputa-por-la-consulta-comunitaria
[2]
Para ampliar, véase en entre otros estudios: Mario Sosa (Coord.), Gestión ambiental y gobernabilidad local (Guatemala: IARNA-INGEP,
URL, 2009).
[3]
Para ampliar sobre el territorio como una construcción multidimensional, véase
Mario Sosa, ¿Cómo entender el territorio? (Guatemala: Editorial Cara Parens, URL, 2012)
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